El artículo expone la relación entre la demanda social de conocer el sexo del feto y la respuesta estatal centrada en la bioseguridad nacional, evidenciando una tensión no resuelta. La crítica se centra en cómo el Estado desplaza el foco hacia la soberanía y la amenaza externa.
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha multado con 3.000 euros al propietario de un piso turístico por instalar cámaras de seguridad en el interior del inmueble. El propietario, identificado como A.A.A., justificó la instalación por miedo a la okupación ilegal, pero la AEPD consideró que esto vulneraba la privacidad de los inquilinos. Las cámaras estaban ubicadas en el salón-cocina y en el dormitorio principal, y grababan imágenes y vídeo que eran visionadas por una empresa de seguridad. El propietario argumentó que las cámaras tenían un cierre manual para proteger la privacidad, que se informaba de su existencia en la plataforma de reservas y mediante carteles, y que respondían a un interés legítimo de protección de la propiedad. Sin embargo, la AEPD desestimó estos argumentos al considerar que la información proporcionada a los inquilinos era insuficiente y que la presencia de cámaras violaba el principio de minimización de datos. La Agencia equiparó el alquiler vacacional a un domicilio, donde los inquilinos tienen derecho a la intimidad personal y familiar protegido por el artículo 18 de la Constitución. La multa podría haber sido mayor, pero se redujo al considerar la colaboración del propietario tras la propuesta de resolución. Finalmente, el dueño retiró las cámaras y dio de baja el contrato con la empresa de seguridad el 20 de septiembre de 2024.
Un ciudadano marroquí fue detenido el 19 de diciembre en el Aeropuerto de Gran Canaria por abandonar a su hijo de 10 años. El hombre y el menor habían llegado a la isla el 15 de diciembre. El padre abandonó al niño en la sede de la Cruz Roja de Telde y huyó. La Policía Nacional interceptó al sospechoso en la puerta de embarque de un vuelo con destino a Marrakech. El menor fue encontrado indocumentado y se encuentra ahora en un centro de acogida en San Bartolomé de Tirajana. El detenido fue ingresado en prisión provisional sin fianza por el delito de abandono de menores y tráfico de personas. La investigación reveló que el sospechoso y el menor fueron escoltados por un tercer hombre, un 'facilitador', cuya identidad está siendo investigada. El caso pone de relieve la vulnerabilidad de la frontera sur española y el uso de vuelos regulares para el abandono de menores. El menor se encuentra bajo la tutela de la fiscalía, que debe decidir su futuro en un sistema ya saturado. El Cuerpo Nacional de Policía ha confirmado que el sospechoso intentó regresar a Marruecos tras abandonar a su hijo.
Una mujer en un Mercedes GLE valorado en 100.000 euros arrancó manualmente la barrera de salida de un aparcamiento subterráneo en la plaza de San Pablo, Madrid, para evitar pagar. El incidente fue grabado por cámaras de seguridad. La acción constituye un delito y puede resultar en un costo superior a 1.500 euros en indemnizaciones por daños a la barrera. Las redes sociales cuestionan la relación entre poseer un Mercedes y tener educación vial. El acto puede conllevar una multa y daños y perjuicios.
Dos okupas polacos de 19 y 42 años con historial delictivo fueron detenidos tras matar a dos hombres alemanes de 50 y 62 años y dejar a un tercero grave en un chalet de Elche. La jueza les atribuye dos delitos de homicidio, uno de homicidio en grado de tentativa y un delito leve de usurpación de vivienda. El incidente ocurrió cuando tres ciudadanos alemanes intentaron echar a los okupas del chalet de lujo ubicado en la urbanización El Pinet de La Marina de Elche. Los okupas respondieron con violencia desmedida, golpeando a los tres hombres sin usar armas. La magistrada ordenó su ingreso en prisión provisional sin fianza el 24 de diciembre. Los detenidos habían ocupado previamente el chalet varias veces sin consecuencias legales significativas.
El Phyllostachys nigra var. henonis, conocido en Japón como hachiku, es un bambú que florece cada 120 años. Investigadores liderados por Toshihiro Yamada de la Universidad de Hiroshima han observado que tras la floración en 2020, no han aparecido nuevos brotes ni semillas viables. La última floración generalizada ocurrió en 1908. El equipo ha documentado que más del 80% de los tallos florecieron y murieron sin regenerarse. Entre las causas posibles se barajan la incompatibilidad genética y la acción de larvas de moscas que destruyen las semillas. La desaparición de este bambú tendría graves consecuencias: pérdida de recursos comestibles y materiales, transformación del paisaje, menor estabilidad del suelo y aumento del riesgo de erosión. Además, afectaría al hábitat de especies que dependen del bambú. A corto plazo, la ausencia de tallos vivos facilita la intervención, pero plantea dudas sobre cómo recuperar estas zonas. La próxima floración, si ocurre, será dentro de muchas décadas.
Especialistas en comportamiento animal explican que cuando un perro apoya su pata sobre su dueño, está comunicando algo concreto. Según PetsCare, este gesto deriva de la etapa de cachorro, cuando utilizaban las patas para estimular a su madre. Ahora lo usan con humanos para obtener atención o transmitir un mensaje. Los motivos más destacados son: reclamo de atención o necesidad de interacción, expresión de afecto y vínculo emocional, y transmisión de necesidades concretas. Por ejemplo, pueden solicitar juego, afecto, recordar que es hora del paseo o comida, indicar que quieren salir o que su bol de agua está vacío. Los expertos advierten que si el perro repite el gesto con insistencia y muestra signos de inquietud como jadear en exceso, orejas hacia atrás o rigidez corporal, podría estar solicitando consuelo emocional o sufriendo estrés o ansiedad. En estos casos, recomiendan observar otras señales corporales y, si es necesario, acudir a un etólogo o veterinario para evaluar el contexto y descartar problemas de conducta. El 25 de diciembre de 2025, Ana López Vera publicó este estudio en un artículo.
Dos mujeres denunciaron un desahucio irregular en Marratxí tras doce años de alquiler. Los nuevos propietarios cambiaron la cerradura y se quedaron con 17.000 euros en efectivo y pertenencias personales, incluidas las cenizas de un perro. Una de las afectadas tiene un 49% de discapacidad y sufrió un fuerte impacto emocional. El desahucio se produjo sin mostrar un acta judicial ni documentación que acreditara el derecho de los nuevos propietarios a impedir la entrada. Las afectadas relatan un trato humillante e intimidatorio por parte de los nuevos dueños, quienes afirmaron que las pertenencias habían sido embargadas. Solo devolvieron algunas prendas en bolsas de basura y medicamentos. La situación causó graves problemas de ansiedad y amenazas de suicidio en la afectada con discapacidad.
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