Yolanda Díaz exige cambiar la ley para que los presos puedan ser liberados sindicales en los talleres de las cárceles

Presos: Síntesis de derechos sindicales

social Un interior de centro penitenciario con talleres industriales: varias mesas de trabajo, maquinaria de corte y ensamblaje, internos con ropa de trabajo y cascos de seguridad, una pared con carteles de normas laborales y un tablero de anuncios con horarios de turno. El ambiente es funcional pero austero, con iluminación tenue y muros de concreto. No se muestran rostros, solo siluetas en perfil.

En la madrugada de hoy, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, lanzó su más audaz apuesta: transformar el trabajo penitenciario en un derecho laboral básico. No se trata solo de ajustar salarios, sino de abrir la puerta a la libertad sindical dentro de los talleres de las cárceles, un territorio donde el Real Decreto 782/2001 ha mantenido, durante casi dos décadas, un régimen de trabajo aislado del mercado.

La propuesta, presentada como una Proposición no de Ley por el grupo parlamentario Sumar, pinta un cuadro de inequidad que no deja espacio para la palabra. El texto denuncia que apenas el 20 % de la población reclusa puede acceder a empleo dentro de las instalaciones, y que los puestos se asignan sin procesos públicos ni criterios objetivos, creando una burocracia opaca que favorece la desigualdad.

La retribución media, en torno a los 250‑300 € mensuales, está muy por debajo del Salario Mínimo Interprofesional y, según la iniciativa, incluso por debajo del 75 % del SMI que la propia legislación penitenciaria fija como referencia. Al mismo tiempo, presos y trabajadores externos comparten el mismo espacio productivo con diferencias salariales que escapan a la lógica de competencia leal.

El texto también señala la falta de protección frente al cese: los internos que pierden su puesto no tienen un mecanismo claro de indemnización ni de readmisión, un riesgo que, en un contexto de estancias promedio cortas, deja al recluso sin recursos. La reforma propone, entre otras cosas, la publicación de procesos transparentes para la adjudicación de puestos, la equiparación progresiva de salarios con el SMI y, lo más polémico, el reconocimiento del derecho a la libertad sindical dentro de la cárcel.

Este último punto ha generado voces críticas que temen alterar la disciplina interna de los centros, pero también aplaude a Díaz por intentar normalizar los derechos de un sector históricamente marginal. Con la propuesta en el radar, la política española se prepara para un debate que podría redefinir el trabajo penitenciario como una herramienta de reinserción social, alineada con la Constitución y con los estándares laborales del resto del país.

Crítica:

El artículo omite datos sobre la opinión de los propios presos y se centra casi exclusivamente en la perspectiva de los legisladores. El tono, aunque crítico, suena más a propaganda que a análisis equilibrado.

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