Crítica:
El artículo carece de información sobre las consecuencias de consumir carne congelada que ha sobrepasado el tiempo máximo de conservación. Además, no se menciona la importancia de verificar la calidad de la carne antes de congelarla.
Ni tres meses ni 21 días : ¿Cuánto tiempo puede conservarse la carne en el congelador para que no pierda sa...
Carne congelada, ¿hasta cuándo?
Otros artículos
Fiscalía apoya a Sánchez
La Fiscalía se ha puesto de nuevo al servicio del actual gobierno, liderado por Pedro Sánchez, al presentar un recurso de amparo contra la sentencia del Supremo que condenó al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación y al pago de una multa de 7.200 euros. Esta decisión se produce tras la confirmación de que García Ortiz filtró datos reservados de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La actual fiscal general, Teresa Peramato, defiende la labor de su predecesor y ha firmado el decreto necesario para rehabilitarle en la Carrera, pese a las críticas. La Sala Segunda del Alto Tribunal consideró que García Ortiz incurrió en un delito al trasladar información de la causa abierta contra el empresario González Amador. La Fiscalía argumenta que la sentencia del Supremo vulneró varios derechos constitucionales de García Ortiz, como el derecho a la presunción de inocencia, el derecho de la defensa y el derecho a un juicio celebrado con todas las garantías. El Ministerio Público también sostiene que se vulneró el derecho fundamental a la legalidad penal, ya que la tesis del Supremo defiende que el delito de revelación de datos reservados puede cometerse incluso si los datos ya eran de conocimiento público. La presentación de este recurso de amparo ha generado un debate político y jurídico en torno a la independencia de la Fiscalía y su relación con el gobierno. La decisión del Tribunal Constitucional será crucial para determinar el futuro de García Ortiz y la credibilidad de la Fiscalía. Con un precio de salida de 7.200 euros, fijado para el pago de la multa, la empresa busca... en este caso, la Fiscalía busca la anulación de la sentencia. La fecha de la presentación del recurso de amparo es clave para entender el cronograma de la decisión. La Fiscalía ha informado de la presentación de su recurso de amparo ante el TC, en el que considera que la sentencia del Supremo vulneró un total de hasta cuatro derechos constitucionales de García Ortiz. La Fiscalía ha defendido la labor de García Ortiz desde su toma de posesión, lo que ha generado críticas y debate en torno a la independencia de la institución. La relación entre la Fiscalía y el gobierno es cada vez más estrecha, lo que ha generado preocupación entre los expertos y la oposición política. La decisión del Tribunal Constitucional será un punto de inflexión en la relación entre la Fiscalía y el gobierno, y determinará el futuro de la institución y su credibilidad. La Fiscalía ha argumentado que la sentencia del Supremo no tuvo en consideración el suficiente grado exculpatorio a los testimonios de descargo que actuaban en favor de García Ortiz. La Fiscalía también ha sostenido que se vulneró el derecho a un juicio celebrado con todas las garantías, dado que el borrado de toda la información contenida en los dispositivos informáticos incautados por la Guardia Civil se corresponde con terminales y efectos que fueron obtenidos de forma ilícita. La Fiscalía ha pedido la anulación de la sentencia y la absolución de García Ortiz, lo que ha generado un debate político y jurídico en torno a la independencia de la Fiscalía y su relación con el gobierno. La decisión del Tribunal Constitucional será crucial para determinar el futuro de García Ortiz y la credibilidad de la Fiscalía. La Fiscalía ha defendido la labor de García Ortiz y ha argumentado que la sentencia del Supremo vulneró varios derechos constitucionales de García Ortiz. La presentación de este recurso de amparo ha generado un debate político y jurídico en torno a la independencia de la Fiscalía y su relación con el gobierno. La decisión del Tribunal Constitucional será un punto de inflexión en la relación entre la Fiscalía y el gobierno, y determinará el futuro de la institución y su credibilidad.
Tensión en Cantillana
La pequeña localidad de Cantillana, a tan solo 30 kilómetros de Sevilla, se ha convertido en un polvorín de tensión y miedo tras una serie de robos violentos que han tenido su punto culminante en el robo de un teléfono móvil a un menor de 12 años de etnia gitana. El autor del delito, un joven magrebí, fue desalojado del pueblo por un grupo de 50 personas que buscaban venganza, lo que llevó a la Guardia Civil a intervenir y trasladar al presunto culpable a Sevilla para evitar nuevos enfrentamientos. La situación ha generado una oleada de inquietud y temor entre los vecinos, que exigen mayor seguridad y tranquilidad en la localidad. El Ayuntamiento, dirigido por la socialista Rocío Campos, ha expresado su firme condena ante cualquier acto delictivo y ha asegurado que trabajarán para restablecer la normalidad y la convivencia en Cantillana. Mientras tanto, más de una decena de patrullas del instituto armado permanecen desplegadas en la localidad para contener la situación y reforzar la seguridad. La noche del lunes, un compañero de piso del autor del delito también magrebí, fue herido en una paliza como represalia por los actos de su compatriota, y tuvo que ser evacuado al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. La situación en Cantillana es cada vez más volátil, y los vecinos esperan que se tomen medidas efectivas para restaurar la paz y la seguridad en la localidad. Con un clima de tensión máxima, la comunidad de Cantillana anhela un retorno a la normalidad y la convivencia pacífica que caracterizó a la localidad hasta hace poco. La Semana Santa, que debería ser un tiempo de reflexión y celebración, se ha visto empañada por la violencia y el miedo. Es hora de que las autoridades tomen medidas contundentes para evitar que la situación se prolongue y se agrave.
Profesores jubilan antes
En un movimiento que busca revolucionar la forma en que los profesores de educación concertada en Madrid se acercan a su jubilación, la Comunidad de Madrid ha anunciado un plan innovador. A partir del próximo curso 2026/27, los docentes podrán optar por reducir su jornada lectiva a solo 7 horas semanales durante los dos años previos a su jubilación, manteniendo al mismo tiempo el 100% de su cotización a la Seguridad Social. Este acuerdo, fruto de la colaboración entre la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades y las organizaciones patronales y sindicales, no solo responde a una reivindicación histórica de los profesores, sino que también abre las puertas a la incorporación de nuevos talentos en los centros educativos concertados madrileños. Con un enfoque en la contratación de personas en situación de desempleo y la garantía de contratos indefinidos a tiempo completo, este plan tiene el potencial de revitalizar el sector educativo. La iniciativa, que tendrá vigencia hasta el 31 de agosto de 2027 y se renovará anualmente, permitirá a más de medio millar de profesores beneficiarse de esta medida, siempre y cuando acrediten una antigüedad mínima de seis años en el centro. La flexibilidad es clave, ya que los docentes podrán concentrar su disminución de horas de trabajo, siempre que exista un acuerdo con el colegio y se garantice el correcto funcionamiento del centro. Con este plan, Madrid busca no solo mejorar la calidad de vida de sus profesores en el umbral de la jubilación, sino también asegurar la continuidad y excelencia en la educación concertada.
Presos: Síntesis de derechos sindicales
En la madrugada de hoy, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, lanzó su más audaz apuesta: transformar el trabajo penitenciario en un derecho laboral básico. No se trata solo de ajustar salarios, sino de abrir la puerta a la libertad sindical dentro de los talleres de las cárceles, un territorio donde el Real Decreto 782/2001 ha mantenido, durante casi dos décadas, un régimen de trabajo aislado del mercado. La propuesta, presentada como una Proposición no de Ley por el grupo parlamentario Sumar, pinta un cuadro de inequidad que no deja espacio para la palabra. El texto denuncia que apenas el 20 % de la población reclusa puede acceder a empleo dentro de las instalaciones, y que los puestos se asignan sin procesos públicos ni criterios objetivos, creando una burocracia opaca que favorece la desigualdad. La retribución media, en torno a los 250‑300 € mensuales, está muy por debajo del Salario Mínimo Interprofesional y, según la iniciativa, incluso por debajo del 75 % del SMI que la propia legislación penitenciaria fija como referencia. Al mismo tiempo, presos y trabajadores externos comparten el mismo espacio productivo con diferencias salariales que escapan a la lógica de competencia leal. El texto también señala la falta de protección frente al cese: los internos que pierden su puesto no tienen un mecanismo claro de indemnización ni de readmisión, un riesgo que, en un contexto de estancias promedio cortas, deja al recluso sin recursos. La reforma propone, entre otras cosas, la publicación de procesos transparentes para la adjudicación de puestos, la equiparación progresiva de salarios con el SMI y, lo más polémico, el reconocimiento del derecho a la libertad sindical dentro de la cárcel. Este último punto ha generado voces críticas que temen alterar la disciplina interna de los centros, pero también aplaude a Díaz por intentar normalizar los derechos de un sector históricamente marginal. Con la propuesta en el radar, la política española se prepara para un debate que podría redefinir el trabajo penitenciario como una herramienta de reinserción social, alineada con la Constitución y con los estándares laborales del resto del país.
Marruecos ignora Ceuta: túnel revelado
Con un pulso de alarma, la Policía Nacional de Ceuta descubrió una segunda entrada a un narcotúnel que se extiende más de 20 metros bajo la frontera con Marruecos. Este hallazgo, más sofisticado que el primero que la Guardia Civil detectó el año pasado en el mismo polígono industrial de El Tarajal, reaviva la exigencia de cooperación de Marruecos, que hasta la fecha ha ignorado múltiples solicitudes judiciales. La jueza María Tardón, a través de la Audiencia Nacional, ya había enviado varios oficios a las autoridades marroquíes solicitando información sobre el túnel anterior; el silencio persiste, marcando un patrón de falta de diálogo que amenaza la eficacia de la investigación. El nuevo pasadizo se compone de tres niveles: un pozo vertical que funge como entrada de la droga, una cavidad intermedia para el almacenamiento de fardos de hachís, y un tramo final equipado con rieles que permitían el transporte de la sustancia en vagones subterráneos. Los agentes encontraron la entrada escondida detrás de un refrigerador dentro de una nave insonorizada, mientras que el tramo marroquí, situado cerca de una base militar, permanece sellado y parcialmente inundado, lo que ha obligado a la Unidad de Subsuelo y a los bomberos a deshacer el agua durante jornadas exhaustivas. La investigación, liderada por la UDYCO Central de la Policía, ha identificado a Mustafá C., el "narcoarquitecto" que diseñó ambos túneles y que, tras la fuga del primero, se ha convertido en uno de los 27 detenidos en la operación. La sofisticación de la segunda instalación, con su sistema de rieles y su profundidad de casi 20 metros, evidencia un nivel de planificación que no deja margen de error. Sin la autorización de Marruecos, los investigadores no podrán transgredir la línea fronteriza, ni siquiera subterrándose, y la colaboración del vecino se vuelve crucial para mapear el tramo marroquí y el punto de conexión con la entrada española. En un escenario donde la frontera de Ceuta se ha convertido en una zona de tránsito ilícito, la falta de respuesta marroquí no solo retrasará la desarticulación de la red, sino que también podría poner en riesgo la seguridad de los civiles y la integridad de las instituciones que velan por la justicia. La comunidad internacional observa, la Guardia Civil mantiene la vigilancia, y la Policía Nacional continúa insistiendo, aunque el silencio del vecino persiste, dejando al descubierto una brecha que amenaza la eficacia de toda la operación contranarcotráfico.
Regularización inmigrantes Senegal
La embajada de Senegal ha desplegado una 'embajada ambulante' en La Coruña, con el objetivo de atender a cientos de inmigrantes senegaleses que buscan regularizar su situación en España. Desde el domingo, la Casa de la Cultura Salvador de Madariaga de La Coruña se ha convertido en un punto de encuentro para estos inmigrantes, muchos de los cuales llegaron a España sin documentación, después de tirar sus pasaportes para evitar ser repatriados. Con la regularización masiva anunciada por el Gobierno de España, estos inmigrantes ven una nueva oportunidad para permanecer en el país y no la van a desaprovechar. La 'embajada ambulante' cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de La Coruña y la Xunta de Galicia, y se espera que atienda a más de 500 inmigrantes en solo dos días. La ausencia de incidentes y la organización eficiente han permitido que el proceso transcurra sin contratiempos, y se prevé que la delegación diplomática siga atendiendo a emigrantes hasta que no quede ninguno sin resolver sus necesidades. La medida ha generado un gran interés entre los inmigrantes senegaleses, que ven en esta oportunidad una chance para empezar de nuevo en España. Con un plazo que expira este lunes, los inmigrantes están haciendo cola para renovar sus pasaportes y obtener la documentación necesaria para la regularización. La 'embajada ambulante' es un paso importante hacia la integración de estos inmigrantes en la sociedad española, y se espera que sea un ejemplo para futuras iniciativas de regularización. La colaboración entre la embajada de Senegal y las autoridades españolas ha sido fundamental para hacer posible esta iniciativa, que busca dar una oportunidad a aquellos que han estado viviendo en la sombra. La regularización masiva es un tema delicado, pero la 'embajada ambulante' de La Coruña ha demostrado que, con la voluntad política y la colaboración adecuada, es posible encontrar soluciones para los inmigrantes que buscan una vida mejor en España.
Atropello en Getafe
En un giro trágico, lo que comenzó como un momento romántico en Getafe se convirtió en una escena de horror. Un joven, con el corazón lleno de amor y esperanza, decidió pedir matrimonio a su novia en medio de una concentración ilegal de coches trucados, un entorno cualquier cosa menos seguro. Las imágenes compartidas en redes sociales mostraban a la pareja en el centro de un 'corro' formado por vehículos que realizaban derrapes a escasos metros de ellos, una mezcla de romanticismo y temeridad. La decisión del joven de arrodillarse y proponer matrimonio en ese momento y lugar resultó ser fatalmente imprudente. Uno de los conductores, participante en los derrapes, perdió el control de su vehículo y arrolló violentamente al joven, dejándolo con heridas de extrema gravedad en el suelo. La respuesta del conductor fue aún más escalofriante: en lugar de prestar ayuda, huyó a toda velocidad, iniciando una fuga que se prolongó varios kilómetros desde Getafe hasta Fuenlabrada. Finalmente, las fuerzas de seguridad lograron localizar y detener al conductor. La concentración ilegal de coches trucados, que parecía ser el telón de fondo perfecto para una propuesta romántica, se convirtió en el escenario de una tragedia que podría haberse evitado. La imprudencia y la falta de consideración hacia la seguridad de los demás llevaron a este joven a pagar un precio muy alto por un momento que debería haber sido inolvidable por razones completamente diferentes. La noticia ha conmocionado a la comunidad, destacando la importancia de la seguridad y la responsabilidad en nuestras acciones.
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