El PSOE y su red de influencias: cuando el ‘respeto a la legalidad’ cuesta dos millones (y un rescate a la aerolínea fallida). Mientras los españoles ahorraban para llegar a fin de mes en plena pandemia, el Gobierno de Zapatero —ese mismo que nos vendió la crisis como oportunidad— destinaba 53 millones de euros a rescatar Plus Ultra, una aerolínea que, según los papeles, olía a desastre desde el momento en que despegó.
Pero el verdadero escándalo no es el dinero público malgastado (eso ya lo sabíamos), sino quién cobró por el favor y cómo lo hizo: con una organización criminal disfrazada de ‘gestiones políticas’, jerarquizada como un bufete de abogados de serie B, donde el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ocupaba el puesto de socio fundador. El juez José Luis Calama, que no es de los que se deja intimidar por currículums políticos, ha destapado en un auto de 85 páginas (sí, el mismo que algunos diputados leen en el baño) una trama en la que Zapatero monetizó su cargo como si fuera un influencer de lujo: dos millones de euros en comisiones irregulares, sociedades offshore para lavar el dinero y un 1% de remuneración por cada decisión favorable.
Mientras el expresidente graba un vídeo jurando que nunca hizo nada ilegal (claro, como el de la gripe A o los ERES), los mensajes internos de Plus Ultra revelan otra historia: «Vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín», escribió el dueño de la aerolínea, Julio Martínez Sola, en un correo que hoy huele a salsa blanca más que a negociación política. El hijo del senador: el eslabón venezolano. En medio de este casting de corrupción, aparece Manuel Aarón Fajardo, hijo del senador del PSOE por Lanzarote Francisco Manuel Fajardo (un tipo con currículum de funcionario reciclado: fiscal, abogado, consejero insular y diputado canario).
Mientras el padre sigue en la política como si nada —el PSOE, en un alarde de memoria selectiva, asegura no saber de la relación—, el hijo operaba en Venezuela como el hombre de confianza de Zapatero en la trama. Según el juez, Aarón Fajardo actuaba como intermediario directo con los clientes de Plus Ultra, coordinando gestiones con Ramón Gordils (viceministro de Cooperación de Maduro, sí, ese Maduro) y José Luis Ábalos (entonces ministro de Transportes, hoy en el olvido como un chicle en la suela).
La ironía es que, mientras el PSOE denunciaba a la oposición por conspiraciones, su propia red usaba a altos cargos chavistas para cerrar negocios opacos. La máquina bien engrasada. La trama funcionaba como un reloj suizo (o como un mecanismo de cuento de hadas, si prefieren): en la cima, Zapatero con sus contactos en la Administración; en el segundo nivel, Julio Martínez Martínez (el testaferro oficial, según la Fiscalía) y Aarón Fajardo, el enlace venezolano; y en la base, María Gertrudis Alcázar (la secretaria que hacía fotos de familia mientras movía hilos) y Cristóbal Cano Quiles, el ejecutor de órdenes.
Todo ello respaldado por informes de asesoría ad hoc y pagos que, según Calama, beneficiaron directamente al entorno del expresidente. Mientras, Plus Ultra recibía su rescate y Ábalos (ahora en el banquillo de los olvidados) se lavaba las manos: «Que le den por culo a ZP», le espetó un asesor en el juicio de las mascarillas, cuando alguien pisó su territorio. El rescate que no era tal. Lo más cínico es el timing: el Consejo de Ministros aprobó el rescate en marzo de 2021, en plena pandemia, cuando el país estaba en modo supervivencia.
53 millones para una aerolínea que luego quebraría (como era de esperar), pero dos millones bien repartidos entre los socios de la trama. El juez no solo imputa a Zapatero por tráfico de influencias y falsedad documental, sino que lo acusa de liderar una organización criminal —sí, criminal— con el objetivo claro: convertir el poder público en un negocio privado.
Y mientras los heroes del socialismo se rasgan las vestiduras, los mensajes internos demuestran que el PSOE no solo negociaba con Venezuela, sino que lo hacía a cambio de comisiones. La moraleja canaria. En Lanzarote, donde el senador Francisco Manuel Fajardo sigue en el Parlamento como si nada, la familia parece haber aplicado el principio de «el que algo quiere, algo le cuesta»: el padre, en la política; el hijo, cobrando en Caracas por gestiones que nunca deberían haber existido.
Y todo ello bajo el paraguas de un partido que, mientras investiga a otros por corrupción, tapa a sus propios hijos con la excusa de «desconocer el vínculo». Como diría un vecino de la calle: «Esto no es un escándalo, es un sablazo con factura firmada».
Crítica:
El artículo acierta al desmontar la trama con datos duros, pero pecaría de tímido al no profundizar en cómo el PSOE borró de sus archivos cualquier rastro de vinculación entre el senador Fajardo y su hijo. También omite analizar por qué Ábalos sigue en libertad cuando su nombre aparece en chats clave. Y ese ‘PSOE desconoce el vínculo’ huele a mentira institucional más que a inocencia.
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