Crítica:
La noticia carece de declaraciones directas de los alumnos afectados, lo que la hace unilateral. El titular, aunque llamativo, podría ser más específico. Parece más un desahogo que una investigación profunda.
La noticia carece de declaraciones directas de los alumnos afectados, lo que la hace unilateral. El titular, aunque llamativo, podría ser más específico. Parece más un desahogo que una investigación profunda.
Madrid, 11 de junio de 2026. La selectividad, ese rito de paso que decide futuros, ha vuelto a desatar la tormenta, pero esta vez no por el nerviosismo de los alumnos, sino por la torpeza de quienes diseñan el examen. Dos errores, dos auténticos sablazos a la credibilidad: un problema de física con más erratas que un teclado de mecánico y una pregunta de química que directamente no estaba en el temario. La teoría de ácidos de Lewis, una reliquia del pasado, ha vuelto para atormentar a los estudiantes madrileños, mientras que en otras comunidades autónomas, la vida sigue su curso, con temarios actualizados y problemas sin fallos. La cosa no queda ahí. El error de física, con unidades de medida que bailan el flamenco entre centímetros y metros, no se comunicó a los alumnos hasta los compases finales del examen, dejando a muchos con la mosca detrás de la oreja y la nota en peligro. Unos diez minutos para corregir un fallo que, según los profesores, puede echar por tierra meses de estudio. Y la universidad, en un movimiento digno de estudio, colgó el examen corregido sin reconocer el error, como si nada hubiera pasado. La comisión de la selectividad, imperturbable, sigue en su torre de marfil, ignorando las quejas de los profesores y el enfado de los alumnos. El Decreto 64/2022, la ley que regula el temario, parece una hoja de papel en blanco ante la prepotencia de los examinadores. Mientras tanto, los estudiantes de Madrid se preguntan si su futuro universitario depende de sus conocimientos o de la suerte que tengan al enfrentarse a un examen plagado de errores. Los profesores, resignados, admiten que impugnar algo es misión imposible. El sistema, al parecer, está diseñado para perpetuar la injusticia.
Mientras el fútbol se prepara para la fiesta del 2026, España se enfrenta a una resaca mucho más amarga. Pedro Sánchez ha dicho 'no' a un salvavidas lanzado por los acreedores internacionales de las renovables, un 'no' que suena a 'vamos a verlas venir' en plena vorágine de embargos. La cosa va seria: 700 millones de euros en sentencias firmes en Estados Unidos, más un rosario de laudos pendientes que convierten a España en el moroso VIP de la inversión internacional. El despacho King & Spalding, representando a inversores con más paciencia que un monje trapense, ofreció una tregua: suspender los embargos durante el Mundial a cambio de una fianza, un seguro de que el Estado no saldría corriendo con el balón. Pero Moncloa, con la testarudez de quien se niega a reconocer que se ha pasado de presupuesto, prefirió el pulso. El precedente belga, donde España tuvo que poner 250 millones en una cuenta bloqueada para calmar las aguas, quedó en anécdota. Ahora, los acreedores, en lugar de esperar un milagro, están ampliando el registro de sentencias en las ciudades que acogerán el Mundial, como quien prepara la lista de la compra antes de ir al supermercado. La estrategia es clara: facilitar la localización de activos, como buscar las llaves justo antes de salir de casa. Y no se trata de una amenaza vacía. El programa de notificaciones judiciales y rastreo de activos se ha puesto en modo turbo. Los recortes retroactivos a las renovables, la raíz del problema, han convertido a España en un caso de estudio de cómo no hacer las cosas. Un agujero contable de 700 millones y contando, mientras se alaban las virtudes de la transición ecológica. La ironía, en este caso, es tan fina como el hielo.
Mientras la cesta de la compra sube de precio, el silencio del Gobierno sobre el asesinato de Lahbib Abdelaziz, líder del Frente Polisario, se vende al precio de la diplomacia. La prensa marroquí, por supuesto, lo celebra. ¿Quién necesita un comunicado cuando tienes un pacto por el Sáhara Occidental? En 2022, España entregó el Sáhara a Marruecos, y desde entonces, la cautela se ha convertido en la norma. Elma Saiz, ministra de Seguridad Social y Migraciones, es experta en esquivar preguntas como si fuera un torero novillero, alegando “falta de información oficial”. ¡Qué casualidad! Y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha decretado silencio sepulcral en su Ministerio, como si el tema fuera radiactivo. Fuentes diplomáticas, temerosas de perder su puesto, confirman que había “contexto y posicionamiento” listos, pero la orden era clara: ¡callar! Yabiladi, medio marroquí, aplaude esta “coherencia” desde 2020. El Frente Polisario, por su parte, denuncia una doble moral flagrante. España, campeona en condenar ataques en Oriente Próximo y Líbano (con comunicados pomposos que Albares firma con entusiasmo), parece tener la vista selectiva cuando se trata de Marruecos. La hipocresía, al parecer, tiene precio, y el silencio, en este caso, es de oro.
El Ingreso Mínimo Vital (IMV), ese parche social que prometía ser salvación, se ha convertido en un laberinto kafkiano para miles de españoles. No es que la pobreza no exista, es que ahora viene con un plus de burocracia y facturas imposibles. Mientras Pedro Sánchez presume de cifras, la Plataforma de Afectados por los Cobros Indebidos (más de 3.000 miembros en Facebook, ojo) denuncia que la Seguridad Social está reclamando dinero que, irónicamente, ya se gastaron en sobrevivir. ¿El sistema te da con una mano y te quita con la otra? Bingo. Estamos hablando de cantidades que, para familias al borde del precipicio, son auténticos sablazos. El drama se agrava porque, según la plataforma, los errores administrativos son la norma, no la excepción. Algunos incluso intentan avisar, pero sus cartas se pierden en el limbo burocrático. Otros, ante la imposibilidad de devolver lo que no tienen, recurren a medidas drásticas: cancelar cuentas, vivir con el agua al cuello... Y no olvidemos las 40.000 firmas en Change.org, un grito desesperado que clama por cordura. Pero la cosa no acaba ahí. Un informe de la Airef revela que el IMV, lejos de incentivar el trabajo, lo desalienta. Un 12% menos de posibilidades de encontrar empleo, un 20% menos si la nómina promete ser decente. Y lo peor: el 90% de los beneficiarios lleva más de un año cobrando, el 60% supera los tres años. ¿Dónde quedó la idea de una ayuda de emergencia? Desde mayo, el IMV ha llegado a 862.859 hogares, con un coste acumulado de 20.831 millones de euros. Una cifra que, vista así, parece más un agujero negro que un escudo social. La pregunta es: ¿quién paga los platos rotos?
Zapatero, el ex-presidente que nos prometió el cambio, ahora se ve envuelto en un pequeño contratiempo de brillo. Manos Limpias, ese sindicato con olfato para los líos ajenos, ha decidido que Hacienda también es parte de la ecuación. ¿El motivo? Una colección de joyas digna de un jeque, hallada en un registro de la UDEF, que parece sacada de un catálogo de Sotheby's, no del patrimonio de una “familia de clase media”. La historia, digna de una telenovela, se complica. Zapatero dice que son herencia de su esposa. Sí, señora. Como si un fin de semana en El Corte Inglés te dejara con una caja fuerte llena de diamantes. Manos Limpias, con la lógica de un detective de novela negra, sospecha de “pagos en especie” por “trabajos de intermediación”. En cristiano: comisiones. Y claro, las comisiones, aunque vengan con pedrería, hay que declararlas. ¡Hacienda somos todos, recuerden! El drama continúa. El expresidente, según el sindicato, intentó tasar las joyas en Ansorena, pero ni rastro de certificados. ¿De dónde salieron esos brillos? La hipótesis más rocambolesca apunta a una “valija diplomática”, ese agujero negro donde desaparecen cosas sin dejar rastro. Un detalle, si es cierto, que complicaría aún más el asunto. Y mientras tanto, la AEAT observa, con la calma china de quien sabe que el pastel es jugoso. ¿Será que, al final, Hacienda no es para todos, sino para unos pocos afortunados con gusto por las gemas?
Calvià, Mallorca, ha decidido que el Mundial 2026 es asunto de estado… o, al menos, de los bares. El alcalde, Juan Antonio Amengual (PP), ha decretado una prórroga horaria para que nadie se pierda un gol, una prórroga o, Dios no lo quiera, los penaltis. ¿La razón? Equilibrar el derecho a ver fútbol con el derecho a dormir… o a no tener que escuchar a los vecinos gritar “¡Goooool!” a las 2 de la mañana. La normativa, que ya se probó con éxito en la Eurocopa 2024, permite a los bares alargar hasta 15 minutos su horario si un partido está en juego al cierre. 15 minutos, el tiempo justo para digerir una derrota o celebrar una victoria. Pero ojo, que no todo vale. A medianoche, el volumen baja, y las pantallas deben mirar al interior, porque en Calvià, la tranquilidad del guiri es sagrada. La medida beneficia a los fans de España, Alemania, Inglaterra y Escocia, y se aplica hasta la final del 11 de julio. ¿El coste? Aún no lo sabemos, pero seguro que es menor que el impacto de un penal fallado en el minuto 90. Mientras tanto, los hosteleros deben colaborar, bajo amenaza de multa, para que la fiesta no se convierta en un caos. En resumen, un bando municipal para que el Mundial no interrumpa las vacaciones… y los beneficios.
Madrid, 11 de junio de 2026. Mientras el IBEX 35 se pavonea y las autonomías se quejan de la financiación, el centro de menas Arteaga en Carabanchel ha declarado la guerra… a las chinches. Sí, esos pequeños vampiros de la cama, que campan a sus anchas como si fueran inversores extranjeros en un paraíso fiscal. Los empleados públicos, lejos de sentirse héroes de la integración, se sienten abandonados, picoteados y con la moral por los suelos. La primera alerta saltó el 23 de marzo. Chinches en el comedor, en las neveras, ¡hasta en las taquillas! Una invasión silenciosa que KUO, la empresa de seguridad, y el centro, gestionado bajo la batuta del Gobierno de Pedro Sánchez, ignoraron olímpicamente. Tras la segunda denuncia en abril, la respuesta fue… mascarillas. Mascarillas contra chinches. Genial. Algunos trabajadores de Cruz Roja, literalmente mordidos por el problema, acabaron de baja médica. Y no solo ellos; incluso los propios menores extranjeros no acompañados se han visto afectados, aunque el centro maneja la información “internamente”, porque la transparencia, ya saben, es un lujo. El Real Decreto 664/1997 exige evaluar y prevenir riesgos biológicos, pero parece que las chinches no entran en esa categoría. Tragsa hizo un tratamiento “superficial”, como ponerle un parche a un iceberg. Y mientras tanto, los vigilantes de seguridad, además de velar por el orden, deben hacer de auxiliares de limpieza, porque en este país, la polivalencia es la nueva norma. FTSP USO Madrid reclamó EPIs (Equipos de Protección Individual) y controles médicos para los residentes, pero sus peticiones se perdieron en el laberinto burocrático. En el centro, además de chinches, también se han detectado casos de tuberculosis, varicela y sarna. Un cóctel de bienvenida para los recién llegados. La situación es tan grotesca que roza lo surrealista. Mientras los políticos debaten sobre inmigración, las chinches se reproducen sin control, y los empleados públicos se preguntan si han entrado en una pesadilla kafkiana.
Comentarios