Crítica:
La noticia se centra en los síntomas (los suspensos) pero no profundiza en las causas. ¿Hay un problema con el nivel de euskera en los colegios concertados? ¿O es un fallo sistémico en la corrección de los exámenes? Falta contexto.
La noticia se centra en los síntomas (los suspensos) pero no profundiza en las causas. ¿Hay un problema con el nivel de euskera en los colegios concertados? ¿O es un fallo sistémico en la corrección de los exámenes? Falta contexto.
La PAU de euskera en el País Vasco, señores, se ha convertido en un cesto de grillos. No por la dificultad de la lengua, que ya es un arte en sí misma, sino por una serie de ceros dignos de estudio estadístico. Hablamos de casi 60 alumnos, la mayoría de colegios concertados, que han visto su futuro universitario esfumarse con un rotundo 0 en la prueba. Y aquí viene el sablazo: una estudiante con nivel B2 de euskera –que, para los no iniciados, es como pedir un café con leche sin problemas–, un ocho en Biología en euskera (¡sí, en euskera!), y un 0,5 en el examen de la lengua materna. ¿Alguien entiende algo? La profesora Ana, del colegio Carmen Indautxu, lo resume a la perfección: “Es como si la lógica se hubiera tomado unas vacaciones”. Sospechan, y con razón, de una corrección sesgada. Resulta que los suspensos se agrupan en aulas específicas, ordenadas alfabéticamente, lo que sugiere que un mismo corrector podría estar poniendo la zancadilla a un rango de apellidos. El director del colegio Ayalde, Eloy Olabarri, lo ve igual: “Es llamativo que los resultados anómalos se concentren en un tramo concreto de apellidos”. El drama no es solo el suspenso en sí, sino la desventaja que supone para acceder a carreras con notas de corte estratosféricas como Medicina. Un cero en euskera, aunque seas un genio en el resto, te deja fuera de juego. Imaginen la lista de la compra: si uno de los productos tiene un precio desorbitado, la cesta al final sale por las nubes. Aquí pasa lo mismo: un error en una única asignatura puede dinamitar el futuro académico de estos jóvenes. Ahora, todos están tirando de papeleo para solicitar la revisión de los exámenes, esperando que la justicia (o al menos, un tercer corrector) prevalezca.
El Gobierno, con la previsión de un astrónomo y la agilidad de una tortuga, ha decidido que la mejor forma de proteger a las mujeres durante el 'Trío de Eclipses' (2026-2028) es instalar puntos violeta. Sí, esos mismos puntos violeta que en 2024 fueron el centro de un 'agujero contable' de contratos adjudicados a la exdirectora del Instituto de la Mujer, Isabel García, y su pareja, por un total de al menos 64 operaciones. Un pequeño detalle que, obviamente, no aparece en el documento oficial 'Recomendaciones para la observación segura del eclipse'. ¿El motivo? Prevenir “posibles situaciones de acoso o violencia sexual en contextos de alta concurrencia”. Traducido: mientras miles mirarán al cielo, el Gobierno teme que haya quien mire a las mujeres de forma…indebida. Una preocupación comprensible, sí, pero que choca con la falta de control real sobre estos puntos. Según admitieron en el Portal de Transparencia, no tienen ni idea de cuántos hay ni cuánto cuestan. Es como pedirle a un gato que vigile la leche. El 'Trío de Eclipses' –dos totales y uno anular– promete ser un evento histórico, el primero de este tipo en España en más de un siglo. Se espera una afluencia masiva de gente, nacional e internacional. Y para esa masificación, el Gobierno propone…más puntos violeta. Un parche sobre una herida abierta, un gesto simbólico que suena a 'ya hemos hecho algo' mientras el dinero público se evapora en contratos dudosos. Mientras tanto, la Oficina Nacional contra las Violencias Sexuales (Onvios) aconseja lo de siempre: estar atento, proteger las consumiciones (¿para evitar la 'sumisión química'?) y respetar los límites. En resumen, un eclipse de medidas y una sombra de sospecha.
Leire Díez, la fontanera que ha convertido la plomería política en un arte, suelta la bomba: sabe más de lo que figura en las agendas del PSOE. Y no precisamente de tuberías. Mientras la ciudadanía se aprieta el cinturón, esta fontanera facturó al partido 45.000 euros en dos años y medio, unos míseros 1.700 euros brutos al mes, según ella. ¡Vaya sueldazo! La UCO, esa unidad que desentierra verdades incómodas, certifica que sus viajes a “reuniones de la cloaca” los pagaba Ferraz. Díez, imputada por maniobras contra fiscales, jueces y agentes, se defiende con una frase que destila ironía: “Absolutamente claro que nada es delito”. Afirma que la están usando como “llave inglesa” para llegar a Pedro Sánchez, pero niega haber estado con él, una y otra vez. Mientras tanto, Santos Cerdán, otro en el ojo del huracán, se enfrenta a acusaciones de comisiones ilegales. Según Díez, cinco millones de euros no caben en un ladrillo, una metáfora que habla de dinero oculto y corrupción. Ella prefiere volver a sus cabras en Vega de Pas, pero antes deja claro que conoce “una guerra mucho más profunda” de lo que parece. El PSOE tiembla, ¿la denunciará? No se atreven, porque lo que ella calla vale más que lo que dicen. Y esa, señores, es la clave.
Miguel Sebastián, exministro con memoria selectiva, ha decidido que es el momento de defender a su exjefe, José Luis Rodríguez Zapatero, en medio del tsunami judicial por las joyas encontradas en su despacho. Unas joyas cuyo valor, según el juez Calama, supera el millón y medio de euros. ¿Un capricho? No, un “detalle” de Arabia Saudí. Sebastián, con la soltura de quien ha visto pasar muchas ‘carteras’ (literal y figurada), cuenta cómo, en 2008, el rey Abdalá le obsequió con un ‘paquete’ que incluía esmeraldas, brillantes y un reloj que harían palidecer la lista de la compra semanal. El exministro, lejos de mostrar sorpresa, confiesa que la práctica era común: regalos sin declarar introducidos en el Falcon, como si fueran paquetes de tabaco. La excusa: “todos los ministros se llevaban sus regalos”. Y claro, ¿quién iba a sospechar del valor de esas piedrecitas? Ni Ansorena ni un joyero de barrio. Lo más curioso es que Sebastián, en vez de ocultar las suyas, mandó a construir una vitrina en el Ministerio para exhibirlas, como quien pone trofeos en la estantería. Hoy, según él, pertenecen a Patrimonio Nacional. La defensa de Zapatero es un ejercicio de normalización: “un regalo de algún país árabe”. ¿Contrabando? ¡Por favor! ¿Acaso es delito aceptar un obsequio? El PP, según Sebastián, seguramente también ha recibido regalitos. Pero el juez Calama no se traga el cuento. Para él, la falta de trazabilidad fiscal y la introducción de bienes sin pagar impuestos son indicios de una “defraudación tributaria relevante”. Y la ironía es que, mientras Sebastián justifica lo injustificable, el patrimonio oculto de Zapatero dinamita la credibilidad del PSOE. En resumen, un espectáculo dantesco de hipocresía aderezado con esmeraldas y una vitrina llena de preguntas sin respuesta.
La caja fuerte de José Luis Rodríguez Zapatero, situada a un tiro de piedra de la sede del PSOE en la madrileña calle Ferraz, albergaba un tesoro de 1.323.915 euros en joyas y relojes. Un hallazgo que, irónicamente, coincide con el endurecimiento de la lupa fiscal sobre las transacciones cotidianas. Mientras el ciudadano de a pie debe justificar cada euro que recibe por Bizum o Wallapop, incluso por una manicura a domicilio, el origen de las deslumbrantes adquisiciones del expresidente sigue siendo, digamos, una cuestión en proceso de aclaración. El Real Decreto 253/2025, en vigor desde enero de 2026, obliga a los bancos a informar mensualmente a Hacienda sobre cualquier operación por Bizum vinculada a una actividad económica, sin límite de cantidad. Si vendes un bañador de segunda mano con demasiada frecuencia, Hacienda te mira. Si olvidas una casilla en la declaración, te miran con lupa. Pero si eres un expresidente con una caja fuerte repleta de 'herencias' y 'regalos', la justicia se toma su tiempo. El juez José Luis Calama abrió una pieza separada en la causa Plus Ultra para investigar a Zapatero por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y contrabando. El ciudadano, mientras tanto, se enfrenta a multas de hasta el 150% de la cantidad oculta si no declara correctamente sus ingresos. Una desigualdad que, aunque ya no provoque crisis de gobierno, sigue siendo un agujero negro en el Estado de Derecho. El Caso Leire, el Caso Mascarillas y ahora el Caso Plus Ultra se suman a una lista que ya anestesia a la ciudadanía. Zapatero se enfrenta a una posible sanción de hasta 1,2 millones de euros y una pena de prisión de entre uno y cinco años, pero la presunción de inocencia, como siempre, está ahí.
Zapatero, el hombre que nos vendió el oro barato, ahora presume de un ajuar joyero tasado en 1,3 millones de euros. Ansorena y el Instituto Gemológico Español certifican el botín: oro blanco, diamantes, esmeraldas… un catálogo de caprichos mientras la cesta de la compra se encarecía. La ironía, amigos, es que el oro, precisamente el que él vendió en 2007 argumentando que “ya no era rentable”, se ha disparado un 124% en cinco años, alcanzando los 4.238 dólares la onza. ¿Rentable ahora, verdad? Aquella operación, que le inyectó 2.150 millones a las arcas públicas, hoy equivaldría a casi seis veces más. La plata, por si fuera poco, ha subido un 150%. Los diamantes, eso sí, han perdido brillo, víctimas de la competencia de los sintéticos y la sobreoferta. Una caída del 6% desde 2021. Pero las esmeraldas y los zafiros, más exclusivos, han visto su valor incrementarse, impulsando el índice Gemval un 10,84%. Y no olvidemos que una joya ya tallada vale el doble. Mientras tanto, un 21% de los españoles ve las joyas como inversión, un 19% como ahorro y el resto… ¿sentimentalismo? En 2024, la joyería y relojería facturó 2.100 millones, con la joyería representando el 55% del total. Un dato que contrasta con la austeridad que nos predicaban. ¿Casualidad? Difícilmente. La pregunta no es cuánto valen las joyas de Zapatero, sino quién pagó la factura de su “rentabilidad” fallida.
El PSOE, al parecer, no solo tiene una sede, sino también una fontanería especializada en tapar agujeros… contables, claro. La Operación ‘Vacaciones y Viajes’ (sí, así la llamaron) destapa un complot digno de serie de Netflix, donde el objetivo era ‘apartar’ al fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, porque tuvo la osadía de dejar en la calle a Víctor de Aldama. Aldama, un comisionista que, según parece, colaboró con el Ministerio Público, lo que, para algunos, es un pecado mortal. Santos Cerdán, el exsecretario de Organización, y su fontanera Leire Díez, orquestaron la operación, reclutando a Javier Pérez Dolset, Luis José Sáenz de Tejada y Joaquín Parra Páez. Un grupo de WhatsApp con un nombre sospechosamente inocente –‘Vacaciones y Viajes’– servía como cuartel general. La UCO ha desenterrado una libreta de Cerdán con la pregunta estrella: “¿Por qué está Aldama en la calle?”. La libreta, aparentemente, cuestiona si Luzón desobedeció órdenes o simplemente no informó al entonces fiscal general, Álvaro García Ortiz. El quid de la cuestión: la libertad de Aldama provocó un “cambio de estrategia” en el PSOE. ¿Estrategia para qué? Para proteger a sus intocables, supongo. Mientras tú y yo nos peleamos por el precio de la leche, ellos se preocupan por si un fiscal hace bien su trabajo o no. La próxima vez que veas un político prometiendo transparencia, recuerda el nombre ‘Vacaciones y Viajes’. Porque, en este país, las vacaciones suelen ser a costa de nuestra cartera.
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