Crítica:
La noticia en sí es curiosa, pero la falta de contexto sobre el coste real de esta 'hazaña' y su relevancia social es preocupante. El titular es un poco simplista y podría ser interpretado como una celebración acrítica.
La noticia en sí es curiosa, pero la falta de contexto sobre el coste real de esta 'hazaña' y su relevancia social es preocupante. El titular es un poco simplista y podría ser interpretado como una celebración acrítica.
La Playa de Palma, ese edén de protector solar y desvelos, ha encontrado su particular 'blindaje legal'. Fernando Bustamante, un veterano del trile con más años que Matusalén, ha decidido que la era de las acusaciones se acabó. Ahora, cada partida se graba con una GoPro, como si fuera una película de acción con aroma a salitre y desesperación ajena. ¿El motivo? Evitar las denuncias de turistas que, tras perder sus vacaciones en tres patatas, deciden que han sido víctimas de una estafa épica. Bustamante lo explica sin tapujos: antes lo acusaban de 'robar', ahora tiene pruebas en vídeo de que los turistas juegan 'por gusto'. Un giro de guion digno de Hollywood, donde el villano se convierte en documentalista de su propia 'honestidad'. La policía, según el trilero, ya conoce el tinglado y, tras ver las grabaciones, prefiere ocuparse de otras cosas. Es decir, de perseguir a quien se queja, en lugar de a quien se aprovecha de la ingenuidad ajena. Las patatas, esos humildes escondites de la bola, se han convertido en objeto de deseo policial. Bustamante, con una sonrisa socarrona, recuerda haberle pagado 50 euros a un agente para que le devolviera una patata un domingo por la noche. ¡Un rescate vegetal digno de película! Y para rematar la faena, el trilero luce una cresta roja 'porque es español', una declaración de intenciones patriótica que rivaliza con el himno nacional. Aunque, según confiesa, su vicio más caro no es el juego, sino el tabaco: 100 euros al día en cigarrillos. Una fortuna que podría invertir en más GoPro, para seguir documentando su particular versión de la realidad.
Mientras el bolsillo tiembla con la inflación, parece que a algunos les arde más la mecha religiosa. Mayo ha cerrado con 37 ataques contra iglesias y espacios cristianos en Europa, según el Observatorio OIDAC Europe. Trece de esos incidentes, directamente relacionados con fuego. Sí, fuego. ¿Estamos en la Edad Media o en 2026? Alemania, Francia e Italia lideran el 'ranking' de la intolerancia con diez, ocho y ocho incidentes respectivamente, dejando a Polonia, Irlanda y hasta Grecia con el humo en los ojos. No son solo llamas. Hablamos de robos de objetos religiosos, agresiones físicas (una monja polaca sin su cruz, ¡el colmo!), y pintadas que incitan a la quema de templos en Génova. En España, la Verge de la Pau en Òdena (Barcelona) amaneció con el altar destrozado y una página de la Biblia convertida en cenizas. Pero la cosa va más allá de los edificios. La hostilidad, según OIDAC, se extiende a las personas. Un café cristiano en Leipzig, tras 26 ataques en dos años y medio, ha bajado la persiana. Grecia, por su parte, registra más de 4.400 incidentes contra la Iglesia ortodoxa entre 2015 y 2024, un 96% de los ataques religiosos del país. OIDAC avisa: la cifra real podría ser mayor, porque no todos los 'agujeros' en la fe se documentan. El dato frío: 37 incidentes. La traducción callejera: a alguien no le gusta lo que predicamos, y lo demuestra a base de fuego y pintura.
Madrid, 11 de junio de 2026. La selectividad, ese rito de paso que decide futuros, ha vuelto a desatar la tormenta, pero esta vez no por el nerviosismo de los alumnos, sino por la torpeza de quienes diseñan el examen. Dos errores, dos auténticos sablazos a la credibilidad: un problema de física con más erratas que un teclado de mecánico y una pregunta de química que directamente no estaba en el temario. La teoría de ácidos de Lewis, una reliquia del pasado, ha vuelto para atormentar a los estudiantes madrileños, mientras que en otras comunidades autónomas, la vida sigue su curso, con temarios actualizados y problemas sin fallos. La cosa no queda ahí. El error de física, con unidades de medida que bailan el flamenco entre centímetros y metros, no se comunicó a los alumnos hasta los compases finales del examen, dejando a muchos con la mosca detrás de la oreja y la nota en peligro. Unos diez minutos para corregir un fallo que, según los profesores, puede echar por tierra meses de estudio. Y la universidad, en un movimiento digno de estudio, colgó el examen corregido sin reconocer el error, como si nada hubiera pasado. La comisión de la selectividad, imperturbable, sigue en su torre de marfil, ignorando las quejas de los profesores y el enfado de los alumnos. El Decreto 64/2022, la ley que regula el temario, parece una hoja de papel en blanco ante la prepotencia de los examinadores. Mientras tanto, los estudiantes de Madrid se preguntan si su futuro universitario depende de sus conocimientos o de la suerte que tengan al enfrentarse a un examen plagado de errores. Los profesores, resignados, admiten que impugnar algo es misión imposible. El sistema, al parecer, está diseñado para perpetuar la injusticia.
El Ingreso Mínimo Vital (IMV), ese parche social que prometía ser salvación, se ha convertido en un laberinto kafkiano para miles de españoles. No es que la pobreza no exista, es que ahora viene con un plus de burocracia y facturas imposibles. Mientras Pedro Sánchez presume de cifras, la Plataforma de Afectados por los Cobros Indebidos (más de 3.000 miembros en Facebook, ojo) denuncia que la Seguridad Social está reclamando dinero que, irónicamente, ya se gastaron en sobrevivir. ¿El sistema te da con una mano y te quita con la otra? Bingo. Estamos hablando de cantidades que, para familias al borde del precipicio, son auténticos sablazos. El drama se agrava porque, según la plataforma, los errores administrativos son la norma, no la excepción. Algunos incluso intentan avisar, pero sus cartas se pierden en el limbo burocrático. Otros, ante la imposibilidad de devolver lo que no tienen, recurren a medidas drásticas: cancelar cuentas, vivir con el agua al cuello... Y no olvidemos las 40.000 firmas en Change.org, un grito desesperado que clama por cordura. Pero la cosa no acaba ahí. Un informe de la Airef revela que el IMV, lejos de incentivar el trabajo, lo desalienta. Un 12% menos de posibilidades de encontrar empleo, un 20% menos si la nómina promete ser decente. Y lo peor: el 90% de los beneficiarios lleva más de un año cobrando, el 60% supera los tres años. ¿Dónde quedó la idea de una ayuda de emergencia? Desde mayo, el IMV ha llegado a 862.859 hogares, con un coste acumulado de 20.831 millones de euros. Una cifra que, vista así, parece más un agujero negro que un escudo social. La pregunta es: ¿quién paga los platos rotos?
Calvià, Mallorca, ha decidido que el Mundial 2026 es asunto de estado… o, al menos, de los bares. El alcalde, Juan Antonio Amengual (PP), ha decretado una prórroga horaria para que nadie se pierda un gol, una prórroga o, Dios no lo quiera, los penaltis. ¿La razón? Equilibrar el derecho a ver fútbol con el derecho a dormir… o a no tener que escuchar a los vecinos gritar “¡Goooool!” a las 2 de la mañana. La normativa, que ya se probó con éxito en la Eurocopa 2024, permite a los bares alargar hasta 15 minutos su horario si un partido está en juego al cierre. 15 minutos, el tiempo justo para digerir una derrota o celebrar una victoria. Pero ojo, que no todo vale. A medianoche, el volumen baja, y las pantallas deben mirar al interior, porque en Calvià, la tranquilidad del guiri es sagrada. La medida beneficia a los fans de España, Alemania, Inglaterra y Escocia, y se aplica hasta la final del 11 de julio. ¿El coste? Aún no lo sabemos, pero seguro que es menor que el impacto de un penal fallado en el minuto 90. Mientras tanto, los hosteleros deben colaborar, bajo amenaza de multa, para que la fiesta no se convierta en un caos. En resumen, un bando municipal para que el Mundial no interrumpa las vacaciones… y los beneficios.
Madrid, 11 de junio de 2026. Mientras el IBEX 35 se pavonea y las autonomías se quejan de la financiación, el centro de menas Arteaga en Carabanchel ha declarado la guerra… a las chinches. Sí, esos pequeños vampiros de la cama, que campan a sus anchas como si fueran inversores extranjeros en un paraíso fiscal. Los empleados públicos, lejos de sentirse héroes de la integración, se sienten abandonados, picoteados y con la moral por los suelos. La primera alerta saltó el 23 de marzo. Chinches en el comedor, en las neveras, ¡hasta en las taquillas! Una invasión silenciosa que KUO, la empresa de seguridad, y el centro, gestionado bajo la batuta del Gobierno de Pedro Sánchez, ignoraron olímpicamente. Tras la segunda denuncia en abril, la respuesta fue… mascarillas. Mascarillas contra chinches. Genial. Algunos trabajadores de Cruz Roja, literalmente mordidos por el problema, acabaron de baja médica. Y no solo ellos; incluso los propios menores extranjeros no acompañados se han visto afectados, aunque el centro maneja la información “internamente”, porque la transparencia, ya saben, es un lujo. El Real Decreto 664/1997 exige evaluar y prevenir riesgos biológicos, pero parece que las chinches no entran en esa categoría. Tragsa hizo un tratamiento “superficial”, como ponerle un parche a un iceberg. Y mientras tanto, los vigilantes de seguridad, además de velar por el orden, deben hacer de auxiliares de limpieza, porque en este país, la polivalencia es la nueva norma. FTSP USO Madrid reclamó EPIs (Equipos de Protección Individual) y controles médicos para los residentes, pero sus peticiones se perdieron en el laberinto burocrático. En el centro, además de chinches, también se han detectado casos de tuberculosis, varicela y sarna. Un cóctel de bienvenida para los recién llegados. La situación es tan grotesca que roza lo surrealista. Mientras los políticos debaten sobre inmigración, las chinches se reproducen sin control, y los empleados públicos se preguntan si han entrado en una pesadilla kafkiana.
Malú, la voz que vendió un millón de copias con 'Aprendiz' a los 15 años (y con ella, la excusa perfecta para saltarse el instituto), se enfrentó a una noche de contrastes en 'El Hormiguero'. Mientras Pablo Motos, con su sonrisa de presentador profesional, relataba la voracidad de la cantante con la merienda de David de Jorge –morcilla, chistorra, pollo, lechazo y pan de pueblo, un festín digno de un rey, o de una artista con ansiedad–, Malú confesaba haber pasado “muy mal” consigo misma, lidiando con un síndrome del impostor que, irónicamente, no impidió la venta de quince álbumes. Quince, número místico en su vida, pero que no parece protegerla de las pullas de Trancas y Barrancas. La cosa escaló cuando las hormigas, con su particular sentido del humor, le recordaron su origen escolar –“Cantabas para no ir al colegio y llamas al disco Aprendiz”–, provocando la genuina incomprensión de Malú: “No entiendo ese humor”. La reacción de Motos, una pausa para “reflexionar”, fue la guinda de una noche que demostró que, incluso para las estrellas, el sablazo del humor ajeno puede ser más indigesto que un festín de productos ibéricos. El episodio, digno de un meme instantáneo, revela cómo la búsqueda de la autoaceptación, tras 28 años, puede verse interrumpida por un chiste mal digerido en horario de máxima audiencia. Y todo, mientras la cuenta de Twitter del programa (@El_Hormiguero) publicaba un vídeo de Malú proclamando su felicidad, ajena a la tormenta de morcilla y sarcasmo.
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