Crítica:
La noticia se pierde en detalles técnicos de la mecánica del juego en lugar de profundizar en la cuantía económica del conflicto. Es un despliegue de burocracia televisiva disfrazado de entretenimiento.
Mediaset demandará a Atresmedia por plagiar 'El Rosco' de Pasapalabra y pedirá que deje de emitir AlaZ cautelarmente
El Rosco: guerra de clones televisivos
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Empresarios alertan: EE.UU. nos roba Marruecos
Hay un clásico en el teatro del poder: el empresario que, tras darse un paseo por el terreno, vuelve a casa asustadísimo porque alguien más le está pisando los talones. Esta vez, el Círculo de Empresarios, bajo el mando de Juan María Nin, ha soltado una Declaración Institucional que suena a urgencia. El motivo es simple: mientras nosotros seguimos discutiendo el menú, Estados Unidos ha llegado a Marruecos con el talonario abierto y una sonrisa americana, aprovechando que Rabat ha montado un escaparate industrial que envidiaría cualquier provincia española. Para que nos entendamos, Marruecos no está jugando a las casitas. Han multiplicado por 20 su red de autopistas y ya tienen más de 2.000 kilómetros de vías férreas, incluyendo el Al Boraq, que es el AVE africano. En energía, han sumado 30 gigavatios desde el cambio de siglo, apostando por el sol y el viento mientras nosotros seguimos peleándonos con la burocracia. Es como si el vecino hubiera reformado toda la casa con materiales de primera y nosotros seguéramos pensando que, como somos los que más hemos comprado en su tienda (con un intercambio de 22.500 millones de euros anuales), ya tenemos el sitio reservado en el sofá. El Círculo de Empresarios sabe que tener 300 empresas operando allí y un 'stock' de inversión de 2.000 millones de euros es un buen colchón, pero no es suficiente. Con 30.000 trabajadores españoles en sectores como el textil o la banca, el miedo es que la 'ambición' de Washington termine por dejarnos como el socio sentimental que ya no seduce. La petición a los políticos es clara: menos ruido en Twitter y más respaldo diplomático permanente, antes de que el sueño marroquí se convierta en una exclusiva estadounidense.
El Rosco: guerra de clones televisivos
En el patio de recreo de la televisión española, las peleas por un juguete no terminan nunca. Mediaset y la productora MC&F han decidido que es hora de volver a pasar factura a Atresmedia. El motivo es el 'AlaZ', ese intento de Atresmedia por disfrazar el famoso 'Rosco' de Pasapalabra para que no pareciera el mismo perro con distinto collar. Mientras nosotros nos peleamos por el precio del aceite, estas corporaciones se lanzan dardos legales por el derecho a preguntar palabras con la letra 'A'. La historia es un círculo vicioso. El Tribunal Supremo ya dejó claro en 2022 que 'El Rosco' es un formato sagrado propiedad de MC&F y que Atresmedia e ITV Studios se lo habían estado comiendo gratis durante años. Para evitar la multa, Antena 3 se inventó el 'AlaZ', alegando que copiaban el formato de la televisión suiza RSI (el tal DallAZetA). Pero hay un problema de tamaño: mientras que en Suiza el concursante está solo en una cabina, en España tenemos el mismo duelo frenético de siempre. Mediaset, que ahora tiene los derechos y se siente el dueño del parque, dice que el 'AlaZ' es simplemente 'El Rosco' con un lavado de cara cutre. Cierto es que han añadido chucherías: ahora el tiempo base sube a 110 segundos, pueden pedir pistas diciendo 'letra' a cambio de 5 segundos y el concursante elige si empieza por la A o la Z. Pero para MC&F, esto es como cambiarle el color a un coche robado; sigue siendo el mismo motor. La productora neerlandesa ya pide medidas cautelares para que Antena 3 deje de emitir el juego. Mientras tanto, Mediaset ya está cocinando un nuevo concurso para Telecinco donde 'El Rosco' será la joya de la corona, demostrando que en este negocio la venganza es un plato que se sirve con definiciones y letras del abecedario.
Pasaportes exprés: ¿Memoria histórica o truco electoral?
Hay quien dice que la memoria es un refugio, pero en los pasillos del poder parece que la memoria es, sobre todo, una herramienta de ingeniería electoral. Hazte Oír ha decidido llevar el ruido hasta Bruselas, registrando una petición en el Parlamento Europeo para que alguien, en algún despacho comunitario, analice si la 'ley de nietos' es una reparación histórica o un truco de magia para inflar el censo. Para el ciudadano de a pie, que lucha con la declaración de la renta, la aritmética es sencilla: la Ley de Memoria Democrática de 2022 abrió el grifo. El plazo cerró el 22 de octubre de 2025 con un volumen de solicitudes que parece la cola de un concierto de Taylor Swift: 2,45 millones de personas, con un 90% concentradas en Latinoamérica y un Buenos Aires que, con 645.000 peticiones, parece el verdadero ayuntamiento de España. De momento, el Gobierno ha aprobado unas 545.000. La joya de la corona es la instrucción de octubre de 2022 de Sofia Puente —hermana del ministro de Transportes—, quien decidió que probar la persecución política era un trámite aburrido. Basta con haber salido del país entre 1936 y 1955 para ser 'exiliado' por decreto. Es el equivalente administrativo a decir que cualquiera que haya salido a comprar pan en esos años era un refugiado. El problema no es el pasaporte, sino el voto. El CERA es el comodín donde unos pocos miles de votos desde el extranjero pueden decidir el último escaño de una provincia, permitiendo que el interesado elija dónde registrarse aunque no haya pisado esa tierra en su vida. Entre esto y la regularización masiva de más de 750.000 personas, Hazte Oír advierte que se está alterando la estructura electoral española, poniendo en duda los valores del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. Bruselas ha respondido con la burocracia habitual: que hay mucha cola y que ya mirarán la petición cuando puedan.
Baja laboral: ¿Vacaciones o despido fulminante?
Parece un chiste de mal gusto, pero el Estatuto de los Trabajadores tiene un sentido del humor muy negro. La historia es sencilla: te pones el pijama de la baja, cobras el 100% de tu sueldo —un lujo que hoy en día es casi un deporte de riesgo— y decides que el Caribe suena mejor que el sofá. Aquí es donde entra el 'artículo 54', ese pequeño párrafo que es el terror de los optimistas, permitiendo el despido disciplinario sin un solo euro de indemnización si el jefe decide que tu viaje es una traición a la 'buena fe contractual'. La justicia no es un libro de reglas blanco y negro, sino más bien un juego de interpretación. No es que esté prohibido salir a caminar o viajar; el problema es si tu actividad parece un anuncio de Nike mientras pretendes que no puedes levantar un clip. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ya ha dejado claro que si tienes una lesión lumbar pero te dedicas a hacer rutas de montaña y gimnasio como si fueras un atleta olímpico, el despido es más que válido. Es como intentar convencer al cajero del súper de que el jamón ibérico es un alimento básico para la dieta del hambre. Sin embargo, hay grietas en el muro. En Murcia, un empleado con depresión y ansiedad se fue doce días al extranjero y el tribunal dijo: 'Vale, adelante'. ¿La diferencia? Que no hubo pruebas de que el viaje saboteara su recuperación. Al final, todo se reduce a un papel: el informe médico. Si el doctor dice que el pádel moderado es medicina, puedes jugar. Si el médico dice 'reposo absoluto' y te pillan en un torneo de Aragón, prepárate para actualizar el currículum. La moraleja es que, en el juego de la baja laboral, la documentación médica es el único escudo real contra la ingeniería financiera de los despidos.
Nacionalidad flash: el 'pack' PSOE para nietos
Hay que tener una agilidad mental envidiable para convertir un viaje de emigración de 1923 en un exilio político de 1936. Juan Manuel de Hoz, el portavoz del Centro de Descendientes de Españoles Unidos (CeDEU), ha ejecutado una maniobra de ingeniería administrativa que dejaría pequeño cualquier truco de magia. Mientras el ciudadano medio pelea con la burocracia para renovar el DNI, De Hoz se deslizó por la Ley de Memoria Democrática con la velocidad de un Fórmula 1: tres semanas bastaron para obtener la nacionalidad española. Lo fascinante no es la rapidez, sino la gimnasia temporal. Sus abuelos paternos se fueron de España en 1921 y se instalaron definitivamente en Buenos Aires en 1923, huyendo de la pobreza y el golpe de Primo de Rivera. Es decir, se fueron 13 años antes de que estallara la Guerra Civil. Pero en el universo paralelo de la Ley de Nietos, eso parece ser un detalle insignificante. El 21 de octubre de 2022 la norma entró en vigor según el BOE, y para el 1 de diciembre de 2022, el PSOE de Argentina ya presumía en redes sociales de su nuevo afiliado. Cuarenta días. Eso es lo que tardó el ciclo completo: nacionalidad y carné del partido. Un 'pack bienvenida' que hace que cualquier oferta de cuenta bancaria parezca lenta. El Gobierno de Pedro Sánchez ha abierto la veda a un flujo de pasaportes que ya no distingue entre exiliados y quienes emigraron en el siglo XIX, incluyendo casos de 1882 o 1898. El objetivo es claro: importar votos. El PSOE presume de que Argentina tendrá más nacionalizados con derecho a voto que el 95% de las ciudades españolas. Básicamente, están haciendo una compra de electorado transatlántica usando la memoria histórica como moneda de cambio.
España: Más ayudas, menos inventos
En España hemos perfeccionado el arte de la 'ingeniería del subsidio'. Mientras que en otros países innovar es un negocio, aquí parece un deporte de gestión de formularios. Los datos de OCDE Innotax son demoledores: por cada euro invertido en I+D, el Estado nos regala un «subsidio impositivo implícito» de 33 céntimos. Para que nos entendamos, es como si el Gobierno te pagara un tercio de la cena solo por sentarte a la mesa, mientras que en Italia solo te dan 9 céntimos y en Alemania 22. Un festín público envidiable, ¿verdad? El problema es que comer gratis no llena la despensa de patentes. Italia, con una fracción de nuestras ayudas, nos mete un baile digno de carnaval: patentan el doble que nosotros cada año. En 2025, la Oficina Europea de Patentes registró 4.767 solicitudes italianas frente a las 2.255 españolas. Estamos en el noveno puesto de la UE, lejos del brillo de Alemania, que con 24.476 patentes nos mira desde el Olimpo. ¿Dónde está el agujero contable? En la inversión privada. Las empresas españolas pusieron 10.500 millones de euros en 2025, una cifra que suena a mucho hasta que ves que Alemania invierte 18 veces más. Las firmas italianas ponen un 62% más de capital propio que las nuestras. Hemos creado un ecosistema donde el sector público es la manta que nos adormece; el FMI ya avisó en junio que la carga burocrática es un muro infranqueable. Al final, nos quedan consuelos estadísticos: un crecimiento del 43% en peticiones en una década y la esperanza puesta en el sector biotecnológico, con 185 solicitudes. Pero mientras el CSIC, Telefónica o Amadeus mantienen el barco a flote, la realidad es que España es el país donde es más barato pedir ayuda que inventar el futuro.
Vaca violada en Lugo: multa de risa
Hay días en los que la realidad supera a la ficción, y luego está el caso de Castro de Rei. Imaginen la escena: madrugada del 29 de junio de 2025, un silencio rural absoluto y, de repente, un feriante llega en patinete eléctrico. Pero no venía a buscar el camino más corto al hotel, sino que traía un kit de 'supervivencia' bastante perturbador: un taburete y cuerdas. El sujeto decidió que una vaca preñada era el objetivo ideal para sus impulsos, atándola de cuello y rabo para que el animal no pudiera defenderse. Un despliegue de logística digno de un manual de perversiones. Lo surrealista no es solo el acto, sino la confesión. El dueño de la explotación, en un momento de incredulidad digno de un sketch, le preguntó directamente si estaba violando a la vaca, a lo que el individuo respondió con una naturalidad pasmosa: «sí». Hasta la madre del ganadero fue testigo, escuchando al sujeto susurrar un «quietiña» al animal mientras consumaba la agresión. Un detalle que hiela la sangre. Pero aquí llega la joya de la corona: la justicia. La Audiencia Provincial de Lugo ha confirmado la sentencia del Juzgado de Instrucción número 1. ¿El precio de semejante aberración? 270 euros. Sí, han leído bien. Una multa que no llega ni a cubrir el coste de un electrodoméstico mediano por un delito leve de maltrato animal. Para colmo, el 'artista' del patinete recibe una inhabilitación de cuatro meses para trabajar con animales. Básicamente, el Estado le ha dicho que se tome unas vacaciones cortas antes de volver a su rutina. Mientras el ganadero pedía que este hombre no se acercara a los niños, la ley ha decidido que con un sablazo menor a tres cientos de euros y un descanso trimestral es suficiente para resarcir el 'menoscabo y humillación' de la vaca.
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