Crítica:
La noticia es un ejercicio de cautela excesiva que casi justifica al infractor al mencionar el 'agua reciclada'. Falta una investigación real sobre los permisos específicos de CoreSite para no quedarse en la anécdota del vídeo viral.
Data Center Caught Watering Its Lavish Lawn While Human Neighbors Are on Year-Long Water Restriction
IA riega jardín mientras Denver se seca
Otros artículos
TSA: Perros lindos para olvidar colas
En un mundo donde pasar el control de seguridad de un aeropuerto es una experiencia diseñada para hacernos sentir como sospechosos de un crimen que no cometimos, la Transportation Security Administration (TSA) ha decidido que la mejor estrategia de relaciones públicas es un concurso de belleza canina. Así, Bolt, un Braco Alemán de tres años que opera en el Aeropuerto Internacional de Dallas Fort Worth (DFW), ha sido coronado como el 'Canino más Lindo de 2026'. La ingeniería del concurso es fascinante: 85 perros nominados, una criba interna de empleados y un voto final del público en redes sociales. Es el tercer Braco Alemán que gana en cuatro años; básicamente, la TSA tiene un 'tipo' y es el perro atlético que no para quieto. Mientras nosotros peleamos con la bandeja de plástico para que no se nos caiga el móvil, Bolt y su guía, Daphne Wang, se dedican a rastrear explosivos con una intensidad que haría palidecer a cualquier empleado motivado por un bono anual. El podio lo completan Ember (una Labrador de Orlando que prefiere los trozos de filete), Epic (otro Labrador de Pittsburgh que vive por el pollo seco) y Xaro (un Pastor Alemán de St. Louis de nueve años que ya huele la jubilación y prefiere galletas de mantequilla y siestas al sol). La paradoja es deliciosa: la agencia nos recuerda que estos animales son 'vitales para la seguridad nacional' y que, por favor, no los toquemos mientras trabajan, aunque nos los vendan como peluches gigantes en un calendario gratuito para 2027. Es el marketing perfecto: convertir la tensión de la detección de explosivos en una colección de fotos adorables para colgar en la cocina.
País Vasco: mucha pasta, poca lectura
España acaba de firmar su acta de defunción educativa. El último informe PISA de la OCDE no es una noticia, es un accidente ferroviario en cámara lenta. Hemos retrocedido en las tres materias troncales, pero el desplome en Lectura es sencillamente obsceno: 23 puntos menos que en 2022, una fecha que ya nos parecía el fondo del pozo. En Matemáticas, la media española se ha hundido hasta los 457 puntos, 16 puntos por debajo de la edición anterior, dejándonos en una zona de confort donde lo único que crece es la ignorancia. En Ciencias, con 477 puntos, estamos básicamente empatados con Croacia o Eslovaquia, aunque técnicamente hemos perdido 7 puntos respecto a 2022. Pero el verdadero monumento a la ironía se levanta en el País Vasco. Resulta que la comunidad que más dinero escupe por cada pupitre es, paradójicamente, la que peor lee. En Lectura, el País Vasco es la última de la fila, solo con la consolación de no ser Ceuta o Melilla. En Ciencias, se lleva la medalla de plata al peor resultado. Aquí es donde la aritmética se vuelve surrealista. Según el IVIE y el Ministerio de Educación, el País Vasco invirtió 11.880 euros por alumno en la red pública durante el curso 2022/2023. Es un 60% más que la media nacional y un 96% más que la Comunidad de Madrid. Mientras que en Madrid el presupuesto parece una dieta estricta, en el País Vasco es un banquete donde el 5,4% del PIB de 2022 se fue en educación, becas y comedores. El resultado es un sablazo presupuestario sin retorno: gastar el doble que Madrid para terminar siendo el colista en comprensión lectora. Es como comprarse el Ferrari más caro del mercado para descubrir que no sabes conducir ni en línea recta.
Champú en la playa: gaviotas intoxicadas
Ceuta ha descubierto que el camino más corto hacia un desastre ecológico es un bote de champú en una ducha pública. Mientras la administración mira hacia otro lado, la playa de El Trampolín se ha convertido en un cóctel químico donde las gaviotas patiamarilla (Larus michahellis) están pagando el pato —o el gel—. En apenas un mes, la asociación DAUBMA ha tenido que recoger a más de 40 aves que, en lugar de volar, presentan un cuadro clínico que parece sacado de una mala noche: parálisis parcial, vómitos y una desorientación que haría dudar a cualquiera. La trama es tan simple como absurda. Hay una ordenanza que prohíbe el uso de detergentes en las duchas, pero las normas en la calle tienen la misma fuerza que un castillo de arena frente a la marea. El resultado es que el agua de escorrentía, cargada de perfumes y tensioactivos, termina en los charcos donde las aves beben. Es como si sustituyéramos el agua del grifo por detergente de platos y nos sorprendiéramos de que alguien se sienta mal. El telón de fondo no es menor: la zona fue el epicentro de una crisis migratoria brutal entre el 30 y 31 de julio, con cifras que el Ministerio del Interior elevó hasta las 72.000 entradas irregulares. Aunque el Gobierno movió a 1.800 personas de la calle a mediados de agosto, el rastro químico permanece. DAUBMA, que ya tuvo que denunciar la muerte a golpes de un delfín en el mismo arenal, ahora pide análisis toxicológicos y el cierre de duchas. Básicamente, piden que la ley sea algo más que un papel mojado mientras la fauna urbana se intoxica con fragancia de primavera.
Informático sin título 'hackea' el juzgado
En el mundo de la informática, hay quien estudia cinco años para que un título le avale y hay quien decide que el título es un accesorio prescindible, como el manual de instrucciones de un microondas. Manuel Huerta, el director general de Lazarus Technology, parece pertenecer a este segundo grupo. Mientras el ciudadano medio lucha contra el laberinto de la administración pública para renovar un carné, Huerta se paseaba por el caso de Marta del Castillo haciendo de perito informático con el móvil de Miguel Carcaño entre manos, sin tener una titulación académica válida en España. Un detalle menor, casi anecdótico, si no fuera porque estaba manejando pruebas en un caso que ha paralizado al país. El Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía (CPITIA), encabezado por su decano Pedro de la Torre, ha decidido que ya basta de jugar al 'informático de barrio' en los juzgados. El CPITIA ha pedido al juez de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla que deje de dar vueltas y pase directamente al procedimiento abreviado. ¿El motivo? Un presunto delito de intrusismo profesional en su modalidad agravada. Lo más delirante de la crónica es la desfachatez: Huerta no solo firmó informes periciales, sino que presumió de ello en medios de comunicación, sosteniendo que para ser perito no hace falta estudiar. Es como si un señor que sabe cambiar una rueda pretendiera operar un corazón alegando que 'lo importante es la práctica'. El decano de los ingenieros no se ha tragado el cuento y denuncia una continuidad delictiva, ya que el equipo de Lazarus Technology sigue operando sin títulos. Al final, la ingeniería informática se ha convertido en un buffet libre donde algunos se sirven el prestigio sin haber pagado la matrícula.
Ceuta arde: 40 chabolas y caos total
Hay algo profundamente poético, si es que uno disfruta de la tragedia, en el hecho de que mientras el mundo discute sobre sostenibilidad, en Ceuta el método de gestión urbanística sea el fuego. El viernes noche, el campamento junto a las naves del Tarajal decidió convertirse en una hoguera improvisada. Cuarenta chabolas calcinadas. Así de simple. Para quien vive en un piso con hipoteca, cuarenta chabolas son un dato; para cientos de inmigrantes que llegaron en la ola de finales de julio, es la pérdida total de lo poco que habían logrado rescatar del barro. El despliegue fue digno de una película de acción: bomberos, Policía Nacional, Policía Local y militares. Un despliegue de fuerza y recursos públicos impresionante para evitar que las llamas tocaran las naves, que presumiblemente valen más que el sueño de quien duerme en una lona. Lo curioso es que el fuego no fue un evento aislado, sino parte de un 'festival' de llamas. Entre las ocho de la tarde y la una de la madrugada, se registraron 10 llamadas por incendios. Dos coches, contenedores y el campamento. Alguien, con el tiempo libre que da la desesperación o el odio, se dio a la fuga tras quemar un vehículo, dejando la ciudad autónoma como un tablero de Monopoly incendiado. Y no olvidemos el monte de la Tortuga en García Aldave. Allí, entre 8.000 y 10.000 metros cuadrados de bosque pasaron a mejor vida esta misma semana. Las entidades ecologistas ya habían avisado, pero claro, las advertencias ambientales suelen quedar en segundo plano cuando el problema es humano y el remedio es mirar hacia otro lado hasta que el humo se ve desde el centro de la ciudad. Al final, el balance es el de siempre: cenizas, investigaciones abiertas y una gestión de la crisis que parece basarse en esperar a que el fuego lo borre todo.
El rey del fraude: de Bilbao a Quebec
Hay gente que nace con un don y luego está Omar Ndiaye, que convirtió el formulario de ayudas sociales en su propia mina de oro personal. Mientras el ciudadano medio hace malabares para que el sueldo llegue al día 30, Ndiaye se dedicó durante 14 años —desde 2008 hasta marzo de 2022— a jugar al 'Sims' con la administración vasca. No se conformó con una identidad; se fabricó 62. Sesenta y dos formas de ser alguien distinto para que el Servicio Vasco de Empleo-Lanbide y las ayudas de vivienda le soltaran 1,09 millones de euros. De esos, 780.000 euros fueron de la Renta de Garantía de Ingresos y 311.000 euros fueron para el techo, aunque irónicamente acumuló sentencias por no pagar alquileres de 1.262 y 8.954 euros. Un genio de la contabilidad creativa. Pero el hambre de 'beneficios' no conoce fronteras. Tras desaparecer de Bilbao en 2022, aterrizó en Canadá como solicitante de asilo, alegando una persecución por su orientación sexual que choca frontalmente con el hecho de tener esposa y cinco hijos en Senegal. Allí, en Quebec, intentó repetir la receta: 55 solicitudes fraudulentas, 37 aprobadas y un agujero contable de 180.000 dólares canadienses (unos 155.000 euros) entre 2024 y 2026. Lo pillaron con un pasaporte congoleño trucado y otro pasaporte ajeno en casa. La jueza Sonia Mastro Matteo, que no compra el cuento, lo mantiene en prisión preventiva porque el riesgo de que Ndiaye se convierta en humo es más alto que la inflación. Ahora se enfrenta a cinco años de cárcel, descubriendo que, al final, el juego de las identidades falsas siempre termina en una celda muy real.
Adelantar averiados: 20 km/h menos o multa
El Gobierno ha decidido que la seguridad vial se mide ahora con regla y cronómetro, transformando el acto de adelantar a un coche averiado en una operación de precisión quirúrgica. A partir del 1 de octubre, el Real Decreto 518/2026 —cocinado en el Consejo de Ministros el pasado junio— nos obliga a levantar el pie del acelerador con una exactitud casi religiosa: 20 km/h menos que el límite de la vía. No es una sugerencia amable; es un mandato. Traducido al lenguaje de la calle, si vas por la autopista a 120 km/h y te encuentras un vehículo inmovilizado, deberás bajar a 100 km/h. Si el tramo ya está recortado a 80 km/h, te tocará pasar a 60 km/h. En carretera convencional, el baile es similar: de 90 km/h a 70 km/h, o de 70 km/h a 50 km/h. Todo esto mientras mantienes una distancia de 1,5 metros, la misma que se le exige a un ciclista, como si el coche averiado fuera una bicicleta gigante y metálica. La justificación es humana y dolorosa: este verano de 2026 han muerto 26 personas atropelladas, tres más que el año pasado. De esas tragedias, 14 ocurrieron en autopistas y 12 en convencionales, incluyendo a un operario de conservación. Es el precio de la prisa. Ahora bien, aquí llega la ironía administrativa. El Artículo 88 del Reglamento General de Circulación se actualiza para que, si no cumples este ritual de deceleración, te lleves un sablazo de 200 euros en la cuenta corriente. Una 'infracción grave' que, curiosamente, no te quita puntos del carnet, a diferencia de lo que ocurre con los ciclistas. Parece que para el Estado, el bolsillo duele más que la licencia, pero solo si el obstáculo tiene cuatro ruedas y un motor fundido.
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