La noticia es un retrato costumbrista impecable, aunque omite el impacto fiscal real de este aumento de censo. Se queda en la anécdota del libro roto sin cuestionar la utilidad política de ciudadanos que votan en un lugar donde ya no queda nadie.
En el mundo de la alta burocracia, existe una magia muy particular llamada 'no conservamos documentación'. Es el equivalente institucional a decir que el perro se comió los deberes, pero con el sello de la Fiscalía General del Estado. El juez Santiago Pedraz pidió papeles sobre el plan para hundir a la jueza Beatriz Biedma —aquella que tuvo la osadía de investigar a David Sánchez, el hermano del presidente— y la respuesta del 8 de septiembre fue un vacío absoluto. Ni un correo, ni una nota, ni un suspiro. Un silencio sepulcral que parecía cerrar el caso. Pero entonces aparece José Luis Alonso Tejuca, el fiscal jefe de Badajoz, y rompe el hechizo. El señor Tejuca no juega a las adivinanzas; él tiene el historial de llamadas y los recibos. El 10 de septiembre, el fiscal dejó claro que hubo un baile de papeles muy concreto: tres documentos que viajaron de Badajoz a Madrid. De hecho, fue tan preciso que puso fecha y hora: el 20 de junio a las 15:02 envió el paquete y a las 18:00 la Secretaría Técnica confirmó que lo tenía en el horno. ¿Dónde quedó ese rastro? Aquí entra en juego Diego Villafañe, entonces responsable de la Secretaría Técnica, quien parece haber descubierto la utilidad del 'borrado automático' desde el 14 de diciembre de 2024. Es una jugada maestra: si el mensaje desaparece del emisor y del receptor, el problema deja de existir. Una ingeniería financiera de la información digna de un espía, pero aplicada a una denuncia del 6 de junio de 2025 que implicaba a Leire Díez y al exjuez Luis José Sáenz de Tejada. Mientras el ciudadano medio guarda hasta el ticket del parking por si hay una inspección, en las cloacas del poder los documentos tienen la vida útil de un helado al sol.
La televisión es como ese primo que te jura que ha ido al gimnasio mientras se come un donut: el engaño es parte del encanto. El pasado 17 de septiembre, 'Pesadilla en la Cocina' intentó vendernos una innovación disruptiva en el Gastrobar Terelita: un grupo de WhatsApp donde los clientes, en tiempo real, soltaban sus verdades sobre la comida y el servicio. Un experimento social fascinante, si no fuera porque la cámara, en un descuido de principiante, mostró que los mensajes llegaban desde terminales registrados a nombre de Warner Bros. ITVP España. Sí, los 'clientes indignados' resultaban ser, en la agenda del móvil, el equipo de guion y producción. Es el clásico sablazo a la credibilidad. Mientras nosotros intentamos que no nos timen con la letra pequeña del contrato del gas, laSexta nos presenta un 'reality' donde la realidad parece venir prefabricada en una oficina de producción. La respuesta de Atresmedia ha sido un ejercicio de gimnasia mental digno de medalla olímpica: dicen que los comensales escribieron opiniones auténticas, pero que lo hicieron usando los móviles de la productora porque les habían quitado los suyos por 'protocolidad de seguridad'. Traducción para los que no hablamos 'corporativo': 'Sí, hemos puesto el teléfono de la empresa, pero el cliente es el que ha tecleado'. Una explicación que suena a intentar tapar un agujero en la pared con un póster de oferta. Alberto Chicote vuelve este 1 de octubre, pero el sabor amargo no lo deja la cocina del Gastrobar Terelita, sino la sensación de que el guion pesa más que el menú. Al final, la única pesadilla real es creer que en la telerrealidad alguien no está moviendo los hilos desde la sombra.
Fuentestrún es el espejo donde España se mira y no reconoce. Un pueblo soriano donde el censo es una broma de mal gusto: mientras solo 23 o 24 almas resisten el frío del día a día, el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) presume de 177 electores allende nuestras fronteras. Un contraste obsceno frente a los 38 españoles en el extranjero que no son 'nietos'. Es la matemática del abandono: el pueblo no tiene colegio ni farmacia, y el médico pasa por allí dos veces al mes, como quien hace una visita de cortesía, pero los papeles vuelan hacia Santiago de Chile. Isidoro Gil, alcalde 'popular' desde 2006, se ha convertido en el detective de genealogías más involuntario de la comarca del Moncayo. Entre 60 y 70 solicitudes de partidas de nacimiento en los últimos dos años han transformado el ayuntamiento en un archivo histórico de urgencias. Mientras el presupuesto municipal probablemente no dé para un café decente para todos, Gil y la secretaria pasan las mañanas peleándose con libros de 1876 que se caen a trozos. Buscar un acta de nacimiento es ahora como intentar encontrar una aguja en un pajar de caligrafía ilegible, obligando al regidor a usar el móvil para descifrar letras que parecen jeroglíficos. La ironía es fina y amarga. Fuentestrún tiene un monumento a los emigrantes, pero ahora esos emigrantes —o sus descendientes— vuelven en formato PDF para reclamar un pasaporte. Familias de doce hijos que huyeron de la miseria y que ahora, décadas después, generan una carga administrativa en un pueblo que depende de servicios ambulantes para comprar el pan. 'Tela marinera', dice el alcalde. Efectivamente, una tela que tapa el agujero demográfico con tinta y sellos oficiales.
Hay una habilidad casi mística en el arte de hacer desaparecer elefantes usando una calculadora. Fernando Grande-Marlaska ha aterrizado en Luxemburgo el 1 de octubre de 2026 con un manual de prestidigitación estadística bajo el brazo. Mientras Ceuta sigue digiriendo la entrada de 80.000 inmigrantes marroquíes el pasado 30 de julio —un volumen de gente que haría colapsar cualquier centro comercial en rebajas—, el ministro ha preferido jugar al juego de los porcentajes pequeños para que el problema parezca un error de redondeo. Con una tranquilidad envidiable, Marlaska alardeó de que las rutas atlánticas y del Mediterráneo occidental solo suponen el 17 % de las llegadas a la UE, y que Ceuta es apenas un 0,7 %. Es la técnica del 'sablazo invisible': si divides la tragedia en trozos muy pequeños, parece que no duele. El problema es que los números no saben de diplomacia. Frontex indica que entre enero y agosto entraron 100.929 irregulares en Europa, de los cuales 20.161 llegaron a España. Si a esa cifra le sumamos los 80.000 del 30 de julio, el 17 % del ministro se convierte en un chiste de mal gusto y su 'eficacia' en un agujero contable de seguridad. Lo más surrealista es que, tras ser reprobado por el Congreso y recibido con pitadas monumentales en su cuarta visita a Ceuta, el ministro ha ido a pedir 'solidaridad operativa, financiera y política' a sus socios europeos. Básicamente, ha ido a pedir que le ayuden a limpiar el salón después de haber asegurado que no había entrado nadie por la puerta. Mientras la Comisión Europea propone endurecer el asilo y reforzar la vigilancia, España prefiere el maquillaje estadístico para evitar admitir que el control fronterizo tiene más grietas que una carretera secundaria.
Hay quien dice que la diplomacia es el arte de decir 'estoy contigo' mientras se busca la salida de emergencia más cercana. Pedro Sánchez ha dominado esta disciplina a la perfección. El próximo 13 y 14 de octubre, los Reyes visitarán Ceuta y Melilla, pero el presidente ha decidido que su presencia sería un 'exceso de equipaje' peligroso. La razón es tan simple como un tique de parking: no quiere molestar a Mohamed VI. Básicamente, prefiere que el Rey ponga la cara mientras él evita que el Rey de Marruecos le mande un mensaje incómodo al WhatsApp oficial. Es una estrategia de supervivencia que ya conocemos. Desde aquel episodio en Paiporta en noviembre de 2024, donde los Reyes se quedaron a recibir el chaparrón de indignación popular mientras Sánchez desaparecía en su coche oficial como quien huye de una cena familiar incómoda, el presidente ha evitado compartir el mismo código postal con Felipe VI. Incluso en la final del Mundial intentó hacer el truco de magia de la agenda apretada, inventándose un viaje a Argelia para no coincidir con el monarca y Donald Trump, aunque al final acabó subiéndose al carro cuando vio que el postureo era obligatorio. Mientras Felipe VI se pone serio y define la intrusión masiva del 30 de julio en Ceuta como 'inaceptable' durante una cena con Emmanuel Macron, Sánchez opta por la condescendencia. Es curioso que el 31 de agosto, en la SER, el presidente intentara hacerle un 'sablazo' reputacional al Rey recriminándole que en sus 12 años de reinado (que Sánchez, con una aritmética creativa, llamó 20) no hubiera visitado las ciudades autónomas. Al final, el Gobierno enviará probablemente a Ángel Víctor Torres, el hombre del mando único, para que gestione la crisis mientras el jefe del Gobierno se queda en casa, asegurándose de que el tablero geopolítico no se le mueva mientras él sigue jugando a la silla musical con la Monarquía.
Bruselas ha decidido que la solución a la inmigración irregular es, básicamente, pasarle el problema al vecino. Este jueves, 26 de los 27 estados miembros de la Unión Europea han dado luz verde a la creación de centros de retorno en terceros países. Un festín de consenso europeo donde España ha decidido jugar al rebelde, siendo el único voto en contra. La jugada es sencilla: negociar con países 'seguros' para exportar allí a quienes no tengan el derecho de asilo reconocido. Es como si en una comunidad de vecinos decidieran tirar los trastos viejos al portal del edificio de al lado para que el pasillo quede limpio. Mientras Italia y Alemania ya están con la calculadora en la mano y en fases avanzadas de negociación, Madrid prefiere aferrarse a los CETI, aunque el viento sople en contra. Lo irónico es que el Consejo de la UE no se ha limitado a abrir centros; ha diseñado un catálogo de castigos para quien no coopere con la salida. Hablamos de recortes en prestaciones, denegación de incentivos para el retorno voluntario y hasta sanciones penales. Un sablazo administrativo para asegurar que nadie se quede cómodamente instalado. Todo esto llega después de que en enero se endurecieran los requisitos de asilo y se cocinara esa lista de 'países seguros', donde Marruecos figura con sello de calidad en Derechos Humanos, facilitando que sus nacionales vean su solicitud de asilo rechazada más rápido que un pedido de Amazon. Para cerrar el círculo, los que representen un riesgo de seguridad se enfrentan a detenciones de más de 24 meses o prohibiciones de entrada indefinidas. En resumen: Europa ha decidido cerrar la persiana y España es la única que sigue intentando mantener la puerta entornada, aunque el resto del barrio ya haya echado el cerrojo.
Hay una ironía deliciosa en el aire: resulta que luchar contra el sistema es un negocio redondo si el sistema es quien paga la nómina. Mientras el ciudadano medio hace malabares con la tarjeta para que el alquiler no se coma el sueldo, existe un ecosistema de activismo 'anticapitalista' que se mueve con la soltura de un fondo de inversión, regado con 3,7 millones de euros de fondos públicos. Es la magia de la ingeniería financiera social. El Gobierno de Sánchez, a través de AECID y el Ministerio de Exteriores de José Manuel Albares, soltó 670.547 euros en noviembre de 2023 para un proyecto con un nombre que parece generado por un algoritmo de palabras modernas: 'transición ecosocial justa, intercultural y ecofeminista'. Un título tan etéreo que casi puedes oler el incienso, pero con un cheque muy concreto que llega a Entrepueblos y al Observatori DESC. Pero el verdadero festín ocurre en Cataluña. La Generalitat de Salvador Illa, el Ayuntamiento y la Diputación de Barcelona han sido los grandes mecenas. Solo la ACCD puso 699.849 euros (2022-2024) y el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) se llevó casi un millón más, repartido en tres programas hasta 2024. Si sumamos los 1,1 millones del Ayuntamiento de Barcelona desde 2019 y los 95.000 euros de la Diputación para 2025-2026, la cuenta es astronómica. Lo más fascinante es la 'cantera'. El Observatori DESC no es solo una ONG; es la academia donde Ada Colau, Gerardo Pisarello y Vanesa Valiño aprendieron el arte de pasar de la calle al despacho. Ahora, Colau vuelve a la carga diciendo que no llega a fin de mes, mientras su red de influencia sigue engrasada con millones. El Sindicato de Inquilinas de Madrid dice que no recibe subvenciones, pero compartir manuales, cuadros y estrategias con quienes sí las cobran es como decir que no tienes hambre mientras te comes el postre de otro.
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