Crítica:
La noticia es un ejercicio de obviedad que confunde la anécdota con la crónica. Le falta profundidad sobre la discrecionalidad policial para centrarse en el 'drama' de una multa evitable.
Multada con 200 euros por cruzar la calle sin usar el paso de cebra mientras varias personas hacen lo mismo: «Yo no le he insultado»
Sablazo de 200€ por no usar cebra
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Sablazo de 200€ por no usar cebra
Hay días en los que el universo decide que tú eres el elegido para pagar la fiesta. Una joven acaba de descubrir que el Reglamento General de Circulación no es una sugerencia, sino un arma cargada. Mientras la mayoría de nosotros cruzamos la calle siguiendo el instinto del 'aquí no pasa nadie', ella se topó con un Policía Local que decidió despertar de su letargo institucional para aplicarle el artículo 124 con una precisión quirúrgica. El resultado: un boletín de denuncia de 200 euros. Un sablazo que, si se paga rápido, baja a 100 euros, aunque sigue siendo un precio carísimo por ahorrarse diez pasos hasta el paso de cebra. Lo verdaderamente poético, lo que convierte esta anécdota en una comedia del absurdo, es el paisaje circundante. Mientras el agente le redactaba la multa, una procesión de peatones seguía cruzando por el mismo sitio, ignorando la ley con la naturalidad de quien respira. El agravio comparativo es total. Cuando la joven señaló el desfile de infractores, la respuesta del agente fue una joya de la burocracia: no podía hacer nada porque estaba demasiado ocupado sancionándole a ella. Es la lógica del sistema: para castigar el pecado, hay que ignorar a todos los demás pecadores. Para rematar la faena, apareció un segundo agente. Pero lejos de montar una redada contra los peatones rebeldes, se limitó a charlar con su compañero, dejando que el flujo de gente siguiera fluyendo fuera de las rayas blancas. Al final, la ley es como una multa de tráfico en un lunes lluvioso: se aplica al que tiene la mala suerte de estar en el radar del funcionario que ese día ha decidido que el mundo debe ser un lugar más ordenado, aunque sea solo para una persona.
DGT fulmina el ámbar: menos sustos, más frenos
Hay una danza macabra en cada esquina de nuestras ciudades. El peatón ve el muñequito verde y cruza con la fe del inocente; el conductor ve el ámbar y, en lugar de pisar el freno, decide que es el momento ideal para jugar al Fórmula 1 y pasar antes de que el mundo se acabe. Esta confusión mental ha convertido los cruces en una ruleta rusa donde la DGT, harta de los datos de siniestralidad, ha decidido que el ámbar intermitente es un invento peligroso que debe desaparecer del Reglamento de Circulación. La lógica es aplastante: el conductor medio confunde la señal de 'precaución' con el 'acelera que te pilla el rojo'. Para intentar que dejemos de atropellar a peatones y ciclistas, la DGT ha blindado el reglamento. Ahora, los ciclistas deben llevar casco obligatoriamente y los coches tienen que dejar una distancia lateral de 1,5 metros al adelantarlos, una distancia que para algunos conductores parece el ancho del océano Atlántico. Pero claro, cambiar la mentalidad es gratis, lo que cuesta es cambiar los cables. Mientras la DGT quiere borrar el ámbar intermitente ya mismo para salvar vidas, los ayuntamientos han soltado el clásico 'esperad un poco'. Piden un año mínimo para adaptar los semáforos de todas las calles. Básicamente, nos dicen que mientras el hardware se actualiza, sigamos rezando en los pasos de cebra. Es la eterna historia de España: tenemos la norma en el papel, pero el semáforo sigue parpadeando mientras el conductor decide si frena o vuela.
El Senado: de freno a alfombra roja
El Senado siempre ha sido el patito feo de la política española, esa cámara que sirve más para que los senadores echen la siesta que para legislar. Pero cuidado, que el patito tiene colmillos. El 27 de octubre de 2017, el Senado fue el muro de contención que frenó el delirio secesionista con 214 votos a favor del artículo 155, mientras 47 decían que no y uno se quedaba mirando. En aquel entonces, el PSOE jugaba en el equipo de la Constitución, salvo por las excepciones de José Montilla y Francesc Antich, que ya olían el viento del cambio. Ahora, la película ha cambiado y el guion es puro surrealismo. El PSOE ha cruzado el Rubicón y se ha mudado al barrio de la insurgencia para mantener a Sánchez en La Moncloa. La jugada maestra es el acuerdo en 46 provincias con la extrema izquierda para formar el 'Frente Amplio'. Básicamente, es como intentar que el lobo cuide a las ovejas para evitar que el pastor use el bastón. Si logran darle la vuelta al reparto en plazas como Valencia, Castellón, Badajoz, Cádiz o Zaragoza, podrían blindar el Senado contra cualquier intento de aplicar el 155 en un futuro 'procés'. Mientras el ciudadano medio lucha contra la inflación en la caja del súper, en el tablero político se reparten los 208 senadores electos del 29 de noviembre y los 58 designados por las autonomías. El PP llega con una ventaja cómoda de 120 frente a los 72 del PSOE, pero la ingeniería electoral del Frente Amplio busca dinamitar esa mayoría. Si Junts y ERC deciden que 'lo volverán a hacer', el Senado podría pasar de ser el freno de mano a ser la alfombra roja, dependiendo de si los parlamentos autonómicos de mayo de 2027 mantienen los 16 escaños actuales de la derecha o si el tablero se vuelve a barajar.
Sánchez vende milagro mientras el PSOE agoniza
El presidente Pedro Sánchez ha pasado de evitar los canapés del Palacio Real el año pasado —para no dar explicaciones sobre esa caja B que el juez Ismael Moreno sigue diseccionando en la Audiencia Nacional— a jugar a ser el optimista del grupo. Este 12 de octubre, el jefe del Ejecutivo se paseó entre periodistas vendiendo una remontada milagrosa, asegurando que va primero en unas encuestas que, curiosamente, solo existen en su imaginario o en el Excel de su despacho, ya que las privadas siguen poniendo a Alberto Núñez Feijóo en el trono. Es el clásico truco del capitán que sonríe mientras el barco hace agua: si dices que vas ganando, quizá el electorado se lo crea. Pero bajando al barro, la realidad es que el PSOE está operando con la ansiedad de quien ve que la tarjeta de crédito está al límite. Han disparado la bengala de las pensiones demasiado pronto, un movimiento desesperado que Feijóo neutralizó en un abrir y cerrar de ojos con un 'no se tocan'. Mientras tanto, el partido se desangra en hipocresías: desde la dimisión de su portavoz por tener una pareja que es, básicamente, el 'buitre inmobiliario' que ellos mismos critican en los mítines, hasta el recuerdo de las joyas de Zapatero o los pisos de Ábalos. La situación es tan delicada que los cargos del Gobierno se están dando codazos por un hueco en las listas al Congreso y al Senado, tratándolas como botes salvavidas en mitad del Atlántico. A esto sumémosle el 'regalito' de Ceuta, con buques marroquíes entrando en aguas españolas sin que el Ejecutivo soltara prenda en dos meses y medio. Como bien dice Iván Redondo, el exestratega que ahora analiza el desastre desde la barrera, Sánchez está a 'diez escaños y un penalti'. Mucho 'Yes we can' en los carteles, pero en la calle el barniz se está pelando.
Ley de nietos: pasaporte, mudanza y voto
Hay una danza de pasaportes muy curiosa ocurriendo en nuestras fronteras. Mientras el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) en Cuba se desploma en 1.800 inscritos, el resto del mundo parece estar haciendo cola en el consulado: Argentina subió casi 40.000 y México y EE. UU. superaron los 15.000 cada uno entre septiembre de 2025 y 2026. Pero el truco maestro está en el aterrizaje. Los cubanos no están esperando el turno en la isla; llegan con el pasaporte español ya cosido al bolsillo, como quien lleva el ticket del parking pagado para no perder tiempo al salir. La Ley de Memoria Democrática, esa famosa 'ley de nietos' de octubre de 2022, ha funcionado como un imán industrial. En 2021, los cubanos en España eran 166.076; para 2025, la cifra ha saltado a 252.290. Un incremento del 52 % que deja pequeña cualquier otra estadística. Para que nos entendamos: pasamos de una media de 10.000 llegadas anuales en la última década a 34.000 al año desde que la ley entró en vigor. Es como si el flujo migratorio hubiera pasado de un goteo a una tubería rota. Lo más jugoso es el giro político. El Instituto Nacional de Estadística (INE) confirma que el 40 % de los 38.179 cubanos que emigraron en 2024 ya eran españoles. Y aquí viene la jugada maestra: mientras el Tribunal Supremo ha puesto una suspensión cautelar que deja fuera a los del CERA, los que ya están empadronados en España tienen el camino libre hacia las urnas. El 63 % de esta comunidad tiene derecho a voto y, huyendo de una dictadura comunista, no piensan darle el voto a quien suena a salsa revolucionaria. Según el CIS, el 27 % se va con Vox y el 26 % con el PP. Un 53 % que prefiere la derecha, solo superados por los venezolanos en este 'estira y afloja' electoral.
Frenan seguridad ferroviaria para no 'crucificar' Adif
Hay una diferencia abismal entre gestionar la seguridad ferroviaria y gestionar la imagen de una empresa. En Adamuz, el pasado 18 de enero, 46 personas pagaron con su vida el precio de un carril que permaneció roto durante 22 horas sin que nadie se diera cuenta. Un descuido que, en términos de calle, es como dejar que una tubería reviente en el salón y no enterarte hasta que el vecino de abajo te avisa que tiene una piscina en el techo. Lo lógico sería instalar alarmas ya, pero en el mundo de los despachos, la lógica es un estorbo. Gonzalo Julián Guillén, el jefe de la AITAT, ha decidido jugar al gato y al ratón con la seguridad. El 30 de septiembre canceló una reunión donde se iba a aprobar una recomendación clave para detectar roturas de carril. ¿El motivo? Según Mario Samper, presidente de la Asociación de Víctimas, Guillén temía que alguien pudiera «crucificar a Adif». Es fascinante: preferimos que el riesgo siga ahí, latente, antes que admitir que el sistema falla y que Adif quede mal parada en el periódico. Es la típica maniobra de quien prefiere maquillar la grieta de la pared antes que arreglar la estructura del edificio. Mientras tanto, la burocracia se estira como un chicle. Guillén anunció el 5 de octubre que la investigación superará los doce meses por su «complejidad excepcional», aunque las víctimas denuncian que el equipo investigador es un chiste: empezaron tres y a veces solo había dos trabajando. Para colmo, las piezas del carril siguen esperando el traslado al laboratorio. En lugar de priorizar la vida, parece que la prioridad es que el informe final no tenga aristas que molesten al poder. Una gestión donde el 'salvoconducto' corporativo pesa más que la seguridad de los pasajeros.
El 'chapuzón' jurídico de Gabilondo contra el Supremo
Hay quien dice que en la política, como en el fútbol, lo importante es intentar el gol aunque estés fuera de juego. Ángel Gabilondo, el Defensor del Pueblo y exaspirante a la Comunidad de Madrid en 2021, acaba de intentar un triple salto mortal jurídico que huele a desesperación. El escenario es el siguiente: el Supremo ha puesto el freno de mano a las nacionalizaciones exprés de la 'ley de nietos' impulsadas por Sofía Puente desde el Ministerio de Justicia, dejando en el aire el voto de los Residentes Ausentes (CERA) para las elecciones del 29-N. Ante este sablazo judicial, Pedro Sánchez ha activado el botón de pánico y Gabilondo ha lanzado un recurso de amparo al Tribunal Constitucional (TC) el viernes a última hora. El problema es que el escrito parece redactado con la misma ligereza con la que algunos gestionan el presupuesto público. Primero, el recurso ignora el modelo oficial aprobado en septiembre; es como intentar presentar la declaración de la renta en una servilleta de bar. Segundo, Gabilondo se ha saltado la fila, acudiendo al TC sin agotar la vía ordinaria, un movimiento que la Fiscalía y la Abogacía del Estado ya han tachado de ilegítimo. Pero el chiste final es la competencia. Gabilondo pretende defender a personas que, legalmente, todavía no son españolas porque su nacionalidad está en disputa. Es el colmo de la ingeniería jurídica: defender los derechos constitucionales de alguien que, a efectos prácticos, es un extranjero que vive en Buenos Aires o Pekín y que, según el artículo 13.1, no puede gozar de esos derechos fuera de España. Bajo la batuta de Cándido Conde-Pumpido, el TC, con Inmaculada Montalbán y Enrique Arnaldo al frente de la Sala Segunda, tiene ahora el placer de decidir si archiva este 'invento' o lo eleva al Pleno. Un movimiento arriesgado que, más que justicia, parece un intento de parchear el censo electoral.
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