Crítica:
El texto original es un despliegue de indignación jurídica que roza el panfleto. Se centra en la torpeza procesal para ignorar la raíz política del conflicto electoral.
El triple tirabuzón de Gabilondo contra el Supremo: un recurso insólito, con defectos de forma y fuera de sus competencias
El 'chapuzón' jurídico de Gabilondo contra el Supremo
Otros artículos
Ley de nietos: pasaporte, mudanza y voto
Hay una danza de pasaportes muy curiosa ocurriendo en nuestras fronteras. Mientras el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) en Cuba se desploma en 1.800 inscritos, el resto del mundo parece estar haciendo cola en el consulado: Argentina subió casi 40.000 y México y EE. UU. superaron los 15.000 cada uno entre septiembre de 2025 y 2026. Pero el truco maestro está en el aterrizaje. Los cubanos no están esperando el turno en la isla; llegan con el pasaporte español ya cosido al bolsillo, como quien lleva el ticket del parking pagado para no perder tiempo al salir. La Ley de Memoria Democrática, esa famosa 'ley de nietos' de octubre de 2022, ha funcionado como un imán industrial. En 2021, los cubanos en España eran 166.076; para 2025, la cifra ha saltado a 252.290. Un incremento del 52 % que deja pequeña cualquier otra estadística. Para que nos entendamos: pasamos de una media de 10.000 llegadas anuales en la última década a 34.000 al año desde que la ley entró en vigor. Es como si el flujo migratorio hubiera pasado de un goteo a una tubería rota. Lo más jugoso es el giro político. El Instituto Nacional de Estadística (INE) confirma que el 40 % de los 38.179 cubanos que emigraron en 2024 ya eran españoles. Y aquí viene la jugada maestra: mientras el Tribunal Supremo ha puesto una suspensión cautelar que deja fuera a los del CERA, los que ya están empadronados en España tienen el camino libre hacia las urnas. El 63 % de esta comunidad tiene derecho a voto y, huyendo de una dictadura comunista, no piensan darle el voto a quien suena a salsa revolucionaria. Según el CIS, el 27 % se va con Vox y el 26 % con el PP. Un 53 % que prefiere la derecha, solo superados por los venezolanos en este 'estira y afloja' electoral.
Frenan seguridad ferroviaria para no 'crucificar' Adif
Hay una diferencia abismal entre gestionar la seguridad ferroviaria y gestionar la imagen de una empresa. En Adamuz, el pasado 18 de enero, 46 personas pagaron con su vida el precio de un carril que permaneció roto durante 22 horas sin que nadie se diera cuenta. Un descuido que, en términos de calle, es como dejar que una tubería reviente en el salón y no enterarte hasta que el vecino de abajo te avisa que tiene una piscina en el techo. Lo lógico sería instalar alarmas ya, pero en el mundo de los despachos, la lógica es un estorbo. Gonzalo Julián Guillén, el jefe de la AITAT, ha decidido jugar al gato y al ratón con la seguridad. El 30 de septiembre canceló una reunión donde se iba a aprobar una recomendación clave para detectar roturas de carril. ¿El motivo? Según Mario Samper, presidente de la Asociación de Víctimas, Guillén temía que alguien pudiera «crucificar a Adif». Es fascinante: preferimos que el riesgo siga ahí, latente, antes que admitir que el sistema falla y que Adif quede mal parada en el periódico. Es la típica maniobra de quien prefiere maquillar la grieta de la pared antes que arreglar la estructura del edificio. Mientras tanto, la burocracia se estira como un chicle. Guillén anunció el 5 de octubre que la investigación superará los doce meses por su «complejidad excepcional», aunque las víctimas denuncian que el equipo investigador es un chiste: empezaron tres y a veces solo había dos trabajando. Para colmo, las piezas del carril siguen esperando el traslado al laboratorio. En lugar de priorizar la vida, parece que la prioridad es que el informe final no tenga aristas que molesten al poder. Una gestión donde el 'salvoconducto' corporativo pesa más que la seguridad de los pasajeros.
Votar en España: el sablazo electoral
Votar en España es, a veces, como intentar pagar el alquiler con cupones de descuento que el casero no acepta: te esfuerzas, haces la cola, pero al final el papel no vale nada. El próximo 29-N, mientras los analistas se pelean por la ley de nietos o el voto por correo, hay un elefante en la habitación llamado 'voto basura'. En las generales del 23 de julio de 2023, la broma fue pesada: 4.539.539 papeletas terminaron en el triturador democrático. Hablamos del 18,5% de los 24,5 millones de votos, una cifra que hace que cualquier presupuesto doméstico llore. El culpable es el sistema D'Hondt, que funciona como un portero de discoteca elitista. Si no tienes el 'ticket' completo para un escaño, te quedas fuera. En Ceuta, el desastre fue total: el 60,9% de los votos no sirvieron para nada, dejando el camino libre al PP. Siguieron Melilla (50,4%) y Teruel (47,2%), donde votar por alguien que no es el gigante de turno es casi un acto de caridad. La hipocresía es deliciosa cuando miras el precio del diputado. Mientras que al PP le costó 59.568 votos y al PSOE 64.642, Vox tuvo que pagar un 'sobrecoste' de 92.636 y Sumar un sablazo de 98.226. Es como comprar el mismo producto en dos tiendas distintas, pero que a unos les apliquen el descuento de socio y a otros les cobren la tarifa de turista. El caso del PACMA es la crónica de un fracaso matemático: 169.237 votos, más que el BNG o Coalición Canaria, pero cero escaños porque su apoyo estaba tan repartido que no llenaron ni una sola 'caja' de votos en ninguna provincia. En Barcelona, por ejemplo, el precio de entrada eran 73.257 votos; el PACMA llegó con 28.201. Básicamente, fueron a la fiesta pero no pasaron del vestíbulo.
Sánchez: amor público y blindaje electoral
Hay momentos en los que la política deja de ser una partida de ajedrez para convertirse en un episodio de telenovela de tarde. El pasado 17 de octubre de 2026, en Fuenlabrada, Pedro Sánchez decidió que el Comité Federal del PSOE era el escenario ideal para un despliegue de romanticismo cinematográfico. Mientras el país digiere el acuerdo entre socialistas y Frente Amplio para lanzarse juntos al Senado en 46 provincias para las generales del 29-N, el presidente prefirió cambiar la estrategia electoral por el guion de 'La Rosa de Guadalupe'. Con una camiseta roja de 'la fuerza de la gente' que parecía recién sacada del paquete, Sánchez lanzó un 'te quiero' a Begoña Gómez que resonó más que cualquier promesa programática. Fue un despliegue de sentimentalismo coreografiado: ritmo entrecortado, agradecimientos por ser la madre de sus hijas y un beso improvisado que dejó a la militancia en un estado de éxtasis digno de los tiempos de 'Furor'. La escena, celebrada en el Centro de Arte Tomás y Valiente, tuvo un toque de drama necesario: Begoña, que no pisaba estos eventos desde el 41 Congreso de Sevilla en 2024, volvió al foco justo ahora que se prepara para sentarse en el banquillo por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias. Es fascinante el contraste. Por un lado, la ingeniería política de las alianzas electorales; por otro, el uso del sentimiento público como escudo protector. Flanquear a su mujer con figuras como Óscar López y María Jesús Montero no fue un detalle casual, sino un mensaje: 'estamos blindados'. Al final, el mensaje no fue sobre el programa electoral, sino sobre la resistencia emocional, transformando un mitin político en una declaración de amor que busca limpiar la imagen de quien tiene una cita pendiente con la justicia.
ICO juega al escondite con Netun Solutions
Hay una magia muy particular en la administración pública: la capacidad de ser transparente hasta que el asunto huele a dinero público. El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha decidido jugar a las escondidas con la información sobre Netun Solutions, la empresa detrás de las balizas V16. ¿El truco? El secreto bancario. Es fascinante. El organismo, que depende del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, se ha puesto el traje de banco privado para no soltar prenda sobre si los préstamos avalados por el Estado han vuelto a casa o si se han quedado a vivir permanentemente en las arcas de la empresa. Todo empezó con una petición al Portal de Transparencia sobre aquella línea de financiación de 2022, creada para amortiguar el golpe económico de la guerra en Ucrania. Básicamente, se quería saber si el dinero público está a salvo o si el Estado ha tenido que tirar de la tarjeta para cubrir el agujero. Pero el ICO ha respondido con un 'no' rotundo a los puntos 1, 2, 3, 4 y 5 de la solicitud. Para el ICO, decir si un aval ha sido ejecutado es como revelar el código de una caja fuerte. Lo más surrealista es el malabarismo dialéctico: mientras se niegan a decir si Netun Solutions ha pagado un solo euro, aseguran que 'no han detectado incumplimientos'. Es como si un portero te dijera que no sabe si el cliente ha pagado la cuenta, pero que el cliente parece un señor muy decente. Para rematar la faena, cuando se les pidió el impacto presupuestario de posibles impagos en el sector de señalización vial, el ICO aplicó la técnica del 'no tengo el Excel a mano', alegando que dar esos datos requeriría una reelaboración de la información. En resumen: el dinero es público, el aval es del Estado, pero el silencio es sagrado.
Bocao y yates: el festín de Vélez
Hay quien lucha por llegar a fin de mes y hay quien, simplemente, tiene el código de acceso al éxito. Sergi Vélez Viola, la pareja de la dimisionaria Montse Mínguez, ha convertido la hostelería en una máquina de hacer billetes que dejaría en ridículo cualquier plan de ahorro doméstico. Su sociedad, Bocao Restaurantes, ha pasado de facturar unos modestos 192.985 euros en 2024 a engullir 1,112 millones en 2025. Un salto del 476% que no es precisamente fruto de una receta secreta de tortilla, sino de una suerte que parece venir instalada de fábrica. Mientras el ciudadano medio ve cómo la inflación le muerde el sueldo, el beneficio neto de Vélez se disparó un 933%, pasando de 17.464 a 180.459 euros en solo doce meses. Con semejante viento a favor, el empresario no se ha conformado con el bar de Lérida; ha lanzado Desbocao en diciembre de 2025 y se ha lanzado al alquiler de yates en Ibiza, porque claro, el rentismo inmobiliario —ese que causó el terremoto político que acabó con la carrera de Mínguez en el Congreso— ya se le quedaba corto. Lo más fascinante es la 'ingeniería financiera' del pasado. En 2014, cuando Mínguez era la jefa de Economía en Lérida, el Ayuntamiento decidió que una deuda de 281.783 euros de una discoteca de Vélez era más bien una sugerencia que no hacía falta pagar. Se perdonaron cánones de 240.000 euros y se olvidaron de un derribo de edificio. Y aunque la Fiscalía Anticorrupción husmeó, el archivo fue el destino final. Sumemos a esto una urbanización de lujo en Palafrugell con 700 árboles talados y sin licencia, desbloqueada convenientemente por el PSC en 2022. Al final, el éxito no es cuestión de esfuerzo, sino de saber quién firma el decreto.
El Estado casero: desahucios y sablazos públicos
Resulta fascinante observar cómo el Estado, ese gran predicador de la justicia social y el techo digno, se pone el traje de casero implacable cuando le toca cobrar la renta. Mientras en los mítines se habla de proteger al vulnerable, el Ministerio de Defensa aplica la Ley 26/1999 con la precisión de un francotirador: tres meses sin pagar el canon y el contrato vuela por los aires. No hay espacio para la poesía; si no hay pasta, el artículo 23 del Estatuto del Invied activa la maquinaria del desahucio. Eso sí, para los que saben navegar el papeleo, existen los aplazamientos, porque el Estado es implacable pero burocrático. Pero el verdadero espectáculo ocurre con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). Aquí la jugada es más sofisticada: no es que no pagues, es que el contrato ha vencido y el casero público quiere recuperar sus llaves. En la calle Mallorca de Madrid, la TGSS gestionaba 29 pisos, de los cuales solo tres estaban habitados. Una joya inmobiliaria donde a familias como la de Ariadna de la Rubia le ofrecieron comprar su hogar por 435.956 euros o hacer las maletas antes del 30 de noviembre. Es el clásico 'o pagas el precio de un castillo o te vas a la calle', mientras otros 26 pisos permanecían vacíos, acumulando polvo y cinismo. Entre el inventario de 31.542 registros inmobiliarios ministeriales y las 183 enajenaciones de la Seguridad Social entre 2022 y 2025 (con 57 viviendas en Madrid), queda claro que el patrimonio público se gestiona como un fondo de inversión. El contraste es brutal: el anuncio de mayo de incorporar pisos al alquiler asequible mediante Casa 47 suena muy bonito en el BOE, pero en la práctica, la maquinaria de ventas y desahucios —desde el caso de Maricarmen Abascal hasta los líos de Muface— sigue girando. El Estado no es tu amigo; es el propietario que, si le conviene, te vende el piso o te pide las llaves.
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