Crítica:
El texto original es una mina de datos, pero se pierde en la aritmética. Le falta valentía para llamar 'estafa sistémica' a un reparto donde casi 5 millones de personas votan para nada.
El voto basura siembra el pánico en los partidos: 4,5 millones de papeletas no sirven para elegir un solo diputado
Votar en España: el sablazo electoral
Otros artículos
Frenan seguridad ferroviaria para no 'crucificar' Adif
Hay una diferencia abismal entre gestionar la seguridad ferroviaria y gestionar la imagen de una empresa. En Adamuz, el pasado 18 de enero, 46 personas pagaron con su vida el precio de un carril que permaneció roto durante 22 horas sin que nadie se diera cuenta. Un descuido que, en términos de calle, es como dejar que una tubería reviente en el salón y no enterarte hasta que el vecino de abajo te avisa que tiene una piscina en el techo. Lo lógico sería instalar alarmas ya, pero en el mundo de los despachos, la lógica es un estorbo. Gonzalo Julián Guillén, el jefe de la AITAT, ha decidido jugar al gato y al ratón con la seguridad. El 30 de septiembre canceló una reunión donde se iba a aprobar una recomendación clave para detectar roturas de carril. ¿El motivo? Según Mario Samper, presidente de la Asociación de Víctimas, Guillén temía que alguien pudiera «crucificar a Adif». Es fascinante: preferimos que el riesgo siga ahí, latente, antes que admitir que el sistema falla y que Adif quede mal parada en el periódico. Es la típica maniobra de quien prefiere maquillar la grieta de la pared antes que arreglar la estructura del edificio. Mientras tanto, la burocracia se estira como un chicle. Guillén anunció el 5 de octubre que la investigación superará los doce meses por su «complejidad excepcional», aunque las víctimas denuncian que el equipo investigador es un chiste: empezaron tres y a veces solo había dos trabajando. Para colmo, las piezas del carril siguen esperando el traslado al laboratorio. En lugar de priorizar la vida, parece que la prioridad es que el informe final no tenga aristas que molesten al poder. Una gestión donde el 'salvoconducto' corporativo pesa más que la seguridad de los pasajeros.
El 'chapuzón' jurídico de Gabilondo contra el Supremo
Hay quien dice que en la política, como en el fútbol, lo importante es intentar el gol aunque estés fuera de juego. Ángel Gabilondo, el Defensor del Pueblo y exaspirante a la Comunidad de Madrid en 2021, acaba de intentar un triple salto mortal jurídico que huele a desesperación. El escenario es el siguiente: el Supremo ha puesto el freno de mano a las nacionalizaciones exprés de la 'ley de nietos' impulsadas por Sofía Puente desde el Ministerio de Justicia, dejando en el aire el voto de los Residentes Ausentes (CERA) para las elecciones del 29-N. Ante este sablazo judicial, Pedro Sánchez ha activado el botón de pánico y Gabilondo ha lanzado un recurso de amparo al Tribunal Constitucional (TC) el viernes a última hora. El problema es que el escrito parece redactado con la misma ligereza con la que algunos gestionan el presupuesto público. Primero, el recurso ignora el modelo oficial aprobado en septiembre; es como intentar presentar la declaración de la renta en una servilleta de bar. Segundo, Gabilondo se ha saltado la fila, acudiendo al TC sin agotar la vía ordinaria, un movimiento que la Fiscalía y la Abogacía del Estado ya han tachado de ilegítimo. Pero el chiste final es la competencia. Gabilondo pretende defender a personas que, legalmente, todavía no son españolas porque su nacionalidad está en disputa. Es el colmo de la ingeniería jurídica: defender los derechos constitucionales de alguien que, a efectos prácticos, es un extranjero que vive en Buenos Aires o Pekín y que, según el artículo 13.1, no puede gozar de esos derechos fuera de España. Bajo la batuta de Cándido Conde-Pumpido, el TC, con Inmaculada Montalbán y Enrique Arnaldo al frente de la Sala Segunda, tiene ahora el placer de decidir si archiva este 'invento' o lo eleva al Pleno. Un movimiento arriesgado que, más que justicia, parece un intento de parchear el censo electoral.
Sánchez: amor público y blindaje electoral
Hay momentos en los que la política deja de ser una partida de ajedrez para convertirse en un episodio de telenovela de tarde. El pasado 17 de octubre de 2026, en Fuenlabrada, Pedro Sánchez decidió que el Comité Federal del PSOE era el escenario ideal para un despliegue de romanticismo cinematográfico. Mientras el país digiere el acuerdo entre socialistas y Frente Amplio para lanzarse juntos al Senado en 46 provincias para las generales del 29-N, el presidente prefirió cambiar la estrategia electoral por el guion de 'La Rosa de Guadalupe'. Con una camiseta roja de 'la fuerza de la gente' que parecía recién sacada del paquete, Sánchez lanzó un 'te quiero' a Begoña Gómez que resonó más que cualquier promesa programática. Fue un despliegue de sentimentalismo coreografiado: ritmo entrecortado, agradecimientos por ser la madre de sus hijas y un beso improvisado que dejó a la militancia en un estado de éxtasis digno de los tiempos de 'Furor'. La escena, celebrada en el Centro de Arte Tomás y Valiente, tuvo un toque de drama necesario: Begoña, que no pisaba estos eventos desde el 41 Congreso de Sevilla en 2024, volvió al foco justo ahora que se prepara para sentarse en el banquillo por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias. Es fascinante el contraste. Por un lado, la ingeniería política de las alianzas electorales; por otro, el uso del sentimiento público como escudo protector. Flanquear a su mujer con figuras como Óscar López y María Jesús Montero no fue un detalle casual, sino un mensaje: 'estamos blindados'. Al final, el mensaje no fue sobre el programa electoral, sino sobre la resistencia emocional, transformando un mitin político en una declaración de amor que busca limpiar la imagen de quien tiene una cita pendiente con la justicia.
ICO juega al escondite con Netun Solutions
Hay una magia muy particular en la administración pública: la capacidad de ser transparente hasta que el asunto huele a dinero público. El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha decidido jugar a las escondidas con la información sobre Netun Solutions, la empresa detrás de las balizas V16. ¿El truco? El secreto bancario. Es fascinante. El organismo, que depende del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, se ha puesto el traje de banco privado para no soltar prenda sobre si los préstamos avalados por el Estado han vuelto a casa o si se han quedado a vivir permanentemente en las arcas de la empresa. Todo empezó con una petición al Portal de Transparencia sobre aquella línea de financiación de 2022, creada para amortiguar el golpe económico de la guerra en Ucrania. Básicamente, se quería saber si el dinero público está a salvo o si el Estado ha tenido que tirar de la tarjeta para cubrir el agujero. Pero el ICO ha respondido con un 'no' rotundo a los puntos 1, 2, 3, 4 y 5 de la solicitud. Para el ICO, decir si un aval ha sido ejecutado es como revelar el código de una caja fuerte. Lo más surrealista es el malabarismo dialéctico: mientras se niegan a decir si Netun Solutions ha pagado un solo euro, aseguran que 'no han detectado incumplimientos'. Es como si un portero te dijera que no sabe si el cliente ha pagado la cuenta, pero que el cliente parece un señor muy decente. Para rematar la faena, cuando se les pidió el impacto presupuestario de posibles impagos en el sector de señalización vial, el ICO aplicó la técnica del 'no tengo el Excel a mano', alegando que dar esos datos requeriría una reelaboración de la información. En resumen: el dinero es público, el aval es del Estado, pero el silencio es sagrado.
Bocao y yates: el festín de Vélez
Hay quien lucha por llegar a fin de mes y hay quien, simplemente, tiene el código de acceso al éxito. Sergi Vélez Viola, la pareja de la dimisionaria Montse Mínguez, ha convertido la hostelería en una máquina de hacer billetes que dejaría en ridículo cualquier plan de ahorro doméstico. Su sociedad, Bocao Restaurantes, ha pasado de facturar unos modestos 192.985 euros en 2024 a engullir 1,112 millones en 2025. Un salto del 476% que no es precisamente fruto de una receta secreta de tortilla, sino de una suerte que parece venir instalada de fábrica. Mientras el ciudadano medio ve cómo la inflación le muerde el sueldo, el beneficio neto de Vélez se disparó un 933%, pasando de 17.464 a 180.459 euros en solo doce meses. Con semejante viento a favor, el empresario no se ha conformado con el bar de Lérida; ha lanzado Desbocao en diciembre de 2025 y se ha lanzado al alquiler de yates en Ibiza, porque claro, el rentismo inmobiliario —ese que causó el terremoto político que acabó con la carrera de Mínguez en el Congreso— ya se le quedaba corto. Lo más fascinante es la 'ingeniería financiera' del pasado. En 2014, cuando Mínguez era la jefa de Economía en Lérida, el Ayuntamiento decidió que una deuda de 281.783 euros de una discoteca de Vélez era más bien una sugerencia que no hacía falta pagar. Se perdonaron cánones de 240.000 euros y se olvidaron de un derribo de edificio. Y aunque la Fiscalía Anticorrupción husmeó, el archivo fue el destino final. Sumemos a esto una urbanización de lujo en Palafrugell con 700 árboles talados y sin licencia, desbloqueada convenientemente por el PSC en 2022. Al final, el éxito no es cuestión de esfuerzo, sino de saber quién firma el decreto.
El Estado casero: desahucios y sablazos públicos
Resulta fascinante observar cómo el Estado, ese gran predicador de la justicia social y el techo digno, se pone el traje de casero implacable cuando le toca cobrar la renta. Mientras en los mítines se habla de proteger al vulnerable, el Ministerio de Defensa aplica la Ley 26/1999 con la precisión de un francotirador: tres meses sin pagar el canon y el contrato vuela por los aires. No hay espacio para la poesía; si no hay pasta, el artículo 23 del Estatuto del Invied activa la maquinaria del desahucio. Eso sí, para los que saben navegar el papeleo, existen los aplazamientos, porque el Estado es implacable pero burocrático. Pero el verdadero espectáculo ocurre con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). Aquí la jugada es más sofisticada: no es que no pagues, es que el contrato ha vencido y el casero público quiere recuperar sus llaves. En la calle Mallorca de Madrid, la TGSS gestionaba 29 pisos, de los cuales solo tres estaban habitados. Una joya inmobiliaria donde a familias como la de Ariadna de la Rubia le ofrecieron comprar su hogar por 435.956 euros o hacer las maletas antes del 30 de noviembre. Es el clásico 'o pagas el precio de un castillo o te vas a la calle', mientras otros 26 pisos permanecían vacíos, acumulando polvo y cinismo. Entre el inventario de 31.542 registros inmobiliarios ministeriales y las 183 enajenaciones de la Seguridad Social entre 2022 y 2025 (con 57 viviendas en Madrid), queda claro que el patrimonio público se gestiona como un fondo de inversión. El contraste es brutal: el anuncio de mayo de incorporar pisos al alquiler asequible mediante Casa 47 suena muy bonito en el BOE, pero en la práctica, la maquinaria de ventas y desahucios —desde el caso de Maricarmen Abascal hasta los líos de Muface— sigue girando. El Estado no es tu amigo; es el propietario que, si le conviene, te vende el piso o te pide las llaves.
Millones públicos para remover cenizas históricas
Hay quien dice que el pasado es un país extranjero, pero en RTVE es una mina de oro. Mientras el ciudadano medio hace malabares con la hipoteca y mira la factura de la luz como quien mira una película de terror, la corporación pública ha decidido que no hay nada más rentable que remover cenizas. La nueva apuesta se llama '¡Cuánta guerra!', un formato que promete lágrimas, trincheras y road movies emocionales conducidas por Conchi Cejudo. El guion es sencillo: traer a figuras como Carlos Bardem, Rozalén, Juan Carlos Rivero o Rodrigo Cuevas para que descubran qué hicieron sus abuelos hace 90 años, mientras el espectador descubre cuánto cuesta el minuto de televisión pública. La ingeniería financiera detrás del proyecto es fascinante. RTVE ha vuelto a tirar de la tarjeta con Minoría Absoluta, la productora de 'Polònia'. Para este nuevo viaje al pasado, se han reservado 796.606 euros en las cuentas de 2025. Pero no nos dejemos engañar por la cifra aislada; esto es un ecosistema. Si sumamos los 1,3 millones de euros que la productora ya se embolsó entre 2024 y 2025 por 'Los archivos secretos del NO-DO', el sablazo por resucitar el conflicto bélico ya supera los dos millones de euros. Es un negocio redondo: importar un formato de 3Cat, ponerle caras conocidas y venderlo como 'memoria colectiva'. De hecho, en los últimos tres ejercicios —hasta septiembre de 2026—, Minoría Absoluta ha visto cómo su cuenta corriente se inflaba con más de cuatro millones de euros provenientes de la televisión pública. Al final, la verdadera tragedia no son los 500.000 muertos de la guerra, sino que, décadas después, la memoria histórica siga siendo el producto estrella para llenar los bolsillos de unas cuantas productoras externas.
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