Aumento sospechoso en obras
La investigación del caso Koldo ha puesto en el punto de mira un aumento del 20% en el presupuesto de varias obras públicas, incluyendo proyectos adjudicados a Acciona y Ferrovial. La Investigación General de la Administración del Estado (IGAE) ha remitido un informe al juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, en el que se analiza un total de once adjudicaciones de obra pública que forman parte de una pieza separada del caso Koldo. Estas obras incluyen la construcción de tirantes del Puente Centenario de Sevilla, trabajos en carreteras y autovías en provincias como Teruel, Córdoba y un tramo de la autovía A-12 del Camino de Santiago entre La Rioja y Burgos. La IGAE ha detectado que tres proyectos adjudicados a Acciona y Ferrovial presentan un aumento ligeramente por debajo del 20% del precio, con modificaciones previas al inicio de las obras que incumplen la normativa. Por ejemplo, el soterramiento de dos estaciones de tren en Murcia, las de Barriomar y Nonduermas, se adjudicó a una UTE formada por Acciona y Ferrovial por 158,8 millones de euros, a los que luego se sumaron 31 millones más, un incremento de 19,72%. La IGAE también cuestiona otros contratos, como el adjudicado por la Dirección General de Carreteras a una UTE formada por Acciona, Tecade y Freyssinet para la construcción de los tirantes del Puente del Centenario, en Sevilla. Esta obra se adjudicó en 2021 por 71,4 millones de euros, pero después se hizo un modificado por 13,5 millones en junio de 2023 que incrementó el coste un 19,02%. La mayor partida de dicho modificado era la sustitución de unas piezas de acero, y los investigadores discrepan del precio dado por la UTE, puesto que se aplicó el de mercado en junio de 2022 y según la IGAE se debió aplicar el de la primera adjudicación, de mayo de 2021. La inspección del Ministerio hizo en 2022 alegaciones también por el precio del acero. Los investigadores calculan que la diferencia de precio asciende a 5,08 millones de euros. En total, la investigación del caso Koldo involucra a catorce personas, incluyendo a la expresidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, y al exdirector general de Carreteras, Javier Herrero. El magistrado ha incorporado en esta pieza a empresarios y antiguos cargos públicos que estaban imputados en el Tribunal Supremo, como el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el exdirigente socialista Santos Cerdán. La investigación sigue en marcha, y se espera que se revele más información sobre las posibles mordidas en obra pública y los aumentos de presupuesto en las obras del caso Koldo.
Margarita Ramírez