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En un movimiento estratégico para esquivar el Congreso, el Gobierno ultima un Real Decreto para regularizar a inmigrantes sin papeles acreditando cinco meses de residencia en España. La reforma, pactada entre PSOE y Podemos tras un año de negociaciones, permitiría documentar a quienes estuvieran en el país antes del 31 de diciembre de 2025 y carezcan de antecedentes penales relevantes. El procedimiento, que podría beneficiar a entre medio millón y un millón de personas según las fuentes, tendría un efecto inmediato al suspender procedimientos de retorno y órdenes de expulsión, concediendo una autorización provisional de residencia que permite trabajar legalmente y acceder a derechos como la asistencia sanitaria. La medida se enmarca en una tradición de regularizaciones en España, que comenzaron en 1986 y han permitido documentar a más de 1,1 millones de personas hasta 2004. La última gran regularización, en 2005 bajo Zapatero, benefició a 572.961 personas. Ahora, el Ejecutivo retoma esta herramienta por vía reglamentaria, evitando el trámite parlamentario y atribuyendo a Podemos el impulso de la negociación.
La regularización de hasta medio millón de inmigrantes acordada entre el Gobierno y Podemos ha generado un fuerte rechazo en la Policía Nacional. Los sindicatos policiales advierten de que provocará un 'efecto llamada' y beneficiará a las mafias del tráfico de personas y drogas. Además, supondrá un aumento significativo en la carga de trabajo para los agentes destinados a extranjería y fronteras, quienes ya se encuentran saturados. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) critica que el Gobierno no ha explicado cómo se garantizará la seguridad ni con qué medios se ejecutará la regularización. La medida también ha sido cuestionada por romper un consenso previo de dos décadas en materia de inmigración y por no considerar los antecedentes penales de los inmigrantes de manera efectiva.
En un giro inesperado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantó su reacción al descalabro parlamentario con un vídeo grabado desde la Moncloa antes de que se produjera la votación en el Congreso de los Diputados. Con 178 votos en contra, liderados por PP, Vox y los diputados de Junts, se frustró la derogación de la ley antidesahucios y la revalorización de las pensiones a través de un decreto ómnibus. La estrategia de Sánchez, lejos de fragmentar el decreto para evitar polémicas, se centró en forzar un 'todo o nada', culpando a la oposición de la derrota y capitalizando políticamente el rechazo. Este movimiento se produce en un contexto de debilidad parlamentaria del Ejecutivo y en vísperas de la campaña electoral en Aragón, donde una parte significativa de la población es jubilada.
En un fallo histórico, el juzgado de lo Contencioso número 2 de Logroño ha dictaminado que la prohibición de una alumna de 17 años de asistir a clase con el hiyab en el instituto Práxedes Mateo Sagasta vulnera su derecho fundamental a la libertad religiosa. La joven, que cursaba primero de Bachillerato Internacional, fue expulsada el 15 de septiembre por llevar el velo islámico y no descubrirse la cabeza. Aunque días después regresó sin el hiyab para continuar sus estudios, el juzgado ha estimado parcialmente su recurso y ha condenado al centro educativo a pagarle 2.000 euros por daños morales. La sentencia critica la interpretación simplista del Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro, que equipara el hiyab a gorros y gorras. El fallo destaca que restringir el uso del hiyab es ilegítimo y no está justificado por razones de orden público legalmente previstas. El instituto puede recurrir la sentencia ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha retirado a España el estatus de país libre de sarampión que ostentaba desde 2017. La decisión se debe a un aumento significativo de casos y una caída en las coberturas vacunales de la triple vírica. En 2025, España registró 397 casos de sarampión, casi el doble que en 2024. La ministra de Sanidad, Mónica García, enfrenta críticas por la gestión de la vacunación y la prevención de enfermedades. El aumento de casos se atribuye a la disminución de las tasas de vacunación, influenciada por la pandemia de covid y movimientos antivacunas. La OMS recomienda una cobertura del 95% con dos dosis de la vacuna triple vírica para mantener la inmunidad colectiva.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha propuesto prohibir la participación y asistencia de menores a los toros, argumentando que se ejerce violencia contra los animales. Esta medida se incluirá en la ampliación de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), cumpliendo así con las exigencias del Comité de los Derechos del Niño de la ONU desde 2018. La ministra de Infancia, Sira Rego, destacó que esta reforma es crucial para garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia. La prohibición no solo afectará a la asistencia como público, sino también a la participación activa en actividades como la caza. Además, la LOPIVI reforzará la prevención de violencias contra la infancia y mejorará el acompañamiento a las víctimas. Entre los cambios previstos se incluye la obligatoriedad de escuchar a los menores en procesos judiciales que les afecten y la ampliación a diez años de la prescripción de delitos sexuales contra la infancia.
La secretaria política de Podemos, Irene Montero, ha confirmado que el acuerdo para regularizar a 500.000 inmigrantes ilegales en España tiene un precio, aunque ha asegurado que el PSOE ha pedido discreción sobre los detalles. Montero ha negado que el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado o al aumento del gasto en Defensa sea la moneda de cambio. Sin embargo, ha condicionado el respaldo de Podemos a que se baje el precio de los alquileres por ley y se deje de invertir en armas. El acuerdo se ha cerrado horas antes de la votación del decreto ómnibus en el Congreso de los Diputados, para la que el Gobierno también necesitará los votos de Junts. La regularización, según Montero, es una obligación legal para garantizar derechos a las personas sin papeles que estaban en España antes del 31 de diciembre de 2025. Podemos critica que el PSOE no habría tomado esta medida sin el apoyo de su partido, que 'aguanta el chaparrón mediático'. Además, Irene Montero ha destacado que la regularización es fundamental para evitar que el traspaso de competencias en inmigración a Cataluña refuerce el racismo y la violencia institucional contra los migrantes.
La exsecretaria general de Transporte Terrestre, Marta Serrano Balbuena, culpó a dibujos animados como 'Peppa Pig' y 'La Patrulla Canina' de la baja representación femenina en el sector del transporte. Según ella, estos programas perpetúan estereotipos de género al mostrar hombres musculosos reparando carreteras y mujeres dedicadas a labores de cuidado. Serrano hizo estas declaraciones en un acto sobre el papel de la mujer en la conservación de la red viaria en 2024, cuando aún ocupaba su cargo en el Ministerio dirigido por Óscar Puente. Su intervención ha resurgido en plena crisis ferroviaria tras el accidente de Adamuz y los problemas en el servicio de Rodalies en Cataluña. La dirigente argumentó que los dibujos animados influyen en la percepción de las niñas sobre el sector de transportes, haciéndoles creer que no es para ellas. Aunque fue cesada en mayo de 2025, sus palabras siguen generando debate sobre la representación de género en los medios y su impacto en las vocaciones profesionales.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional encontró 100.000 euros en efectivo en la casa del presidente de la aerolínea Plus Ultra, Julio Martínez Sola, en La Moraleja, Madrid. La operación, parte de una investigación contra blanqueo de capitales, resultó en la detención de Martínez Sola, el CEO Roberto Roselli y Julito Martínez Martínez, presunto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero. Los detenidos quedaron en libertad provisional con medidas cautelares. La investigación se centra en posibles irregularidades en el rescate de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra en 2021. Tres sociedades opacas vinculadas a Simon Leendert Verhoeven realizaron préstamos por 1,3 millones de euros a Plus Ultra entre 2020 y 2021, dinero que luego fue devuelto tras recibir el rescate gubernamental. El caso tiene conexiones con una presunta organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes de Venezuela.
En un escándalo sanitario que ha sacudido Euskadi, el Servicio Vasco de Salud-Osakidetza ha admitido haber administrado vacunas caducadas a 253 personas, en su mayoría bebés, en 12 de las 13 Organizaciones Sanitarias Integradas (OSIs) de la región. Las dosis caducadas, pertenecientes a un lote de vacuna hexavalente (que protege contra difteria, tétanos, tosferina, poliomelitis, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo B), fueron administradas 'recientemente', según Osakidetza. Aunque la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) y el Consejo Asesor de Vacunas de Euskadi (CAVE) han sido consultados, y se ha asegurado que no hay riesgo para la salud, EH Bildu ha denunciado los hechos y exigido explicaciones al consejero de Salud, Alberto Martínez. La parlamentaria Rebeka Ubera, firmante de la iniciativa parlamentaria, ha criticado la falta de seguimiento de la trazabilidad de las vacunas y ha asegurado que algunos menores recibieron una segunda dosis caducada. Osakidetza recomienda a los afectados administrarse una nueva dosis para asegurar la máxima protección, y ya ha comenzado a contactar con las familias afectadas.
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Rocío Delgado