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La venustrafobia, un término que ha irrumpido en redes sociales con fuerza, describe el miedo irracional a mujeres atractivas. Sin embargo, expertos coinciden en que no se trata de una fobia específica, sino más bien de una manifestación de inseguridad o ansiedad social. En las últimas semanas, videos en TikTok e Instagram con millones de visualizaciones han mostrado a hombres simulando quedar paralizados ante mujeres atractivas. Aunque algunos celebran que se hable abiertamente de ansiedad masculina, otros critican que el término refuerce la cosificación de la mujer. Desde el punto de vista clínico, la ansiedad social puede ser un problema serio que provoca evitación y malestar. La venustrafobia se relaciona con la baja autoestima, el miedo al rechazo y la falta de habilidades sociales. El impacto cultural también es relevante, ya que los estándares de belleza en redes sociales pueden intensificar sentimientos de inferioridad. En última instancia, el fenómeno muestra cómo las redes sociales pueden convertir inseguridades en etiquetas masivas, abriendo conversaciones necesarias pero también trivializando problemas psicológicos.
Ana Rosa Quintana abrió su programa del 2 de marzo con un contundente editorial criticando a Susan Sarandon por defender a Pedro Sánchez en los Goya. Quintana cuestionó la postura del presidente español ante el régimen iraní y su falta de claridad en momentos de crisis global. La presentadora de Telecinco también abordó la situación en Irán tras la muerte de Mahsa Amini y la respuesta de la comunidad internacional. Además, vinculó la actuación de Sarandon con la política de Sánchez y la influencia de figuras como José Luis Rodríguez Zapatero en decisiones controvertidas.
Renfe ha anunciado la creación de una empresa de autobuses propia para dar respuesta a los viajeros ante los continuos cortes de la circulación ferroviaria. La operadora invertirá 61,5 millones de euros en este servicio y espera ahorrar entre 9 y 13 millones anuales. Renfe contará con un socio especializado en transporte en autobús que controlará el 51% de la nueva empresa. El modelo propuesto consiste en un contrato marco a largo plazo (10 años más 5 de prórroga) para la prestación de planes de transporte alternativo por carretera (PAT). La entidad argumenta que esta solución garantizará la prestación del servicio en todo el territorio y reducirá la dependencia del mercado externo. Hasta ahora, Renfe contrataba autobuses a través de licitación pública o contratación directa en situaciones de urgencia.
En un dramático rescate, la Guardia Civil liberó a una mujer de 25 años que estaba siendo retenida contra su voluntad por su marido de 32 años en Zamora. La víctima, casada con el agresor hace solo semanas, había sido sometida a maltrato físico y psicológico, y se le había prohibido aprender español para evitar que pidiera ayuda. La mujer intentó escapar saltando desde una ventana de segundo piso tras arrojar un colchón para amortiguar la caída. Gracias a la rápida intervención de la Guardia Civil y los bomberos, la mujer fue rescatada sana y salva. El detenido, un ciudadano marroquí, enfrenta cargos por violencia de género con agravantes de detención ilegal, coacciones y maltrato.
Un mecánico experto alerta de que si se enciende la luz de la batería en el salpicadero mientras el coche está en marcha, es crucial parar inmediatamente para evitar daños mayores. Esta señal suele indicar un problema en el alternador o en la correa de accesorios. Si se rompe, los fragmentos pueden dañar la correa de distribución, provocando una avería grave que puede suponer un coste de hasta 1.750 euros. Según el RACE, las averías más frecuentes están relacionadas con la batería, los neumáticos, el motor, el alternador y el motor de arranque. El mantenimiento adecuado del vehículo es esencial para prevenir estas averías y garantizar la seguridad en carretera.
La Guardia Civil ha entregado un nuevo atestado a la jueza encargada del siniestro de Adamuz, revelando que 'especialistas no ferroviarios' realizaron las soldaduras. El informe destaca la denuncia de un responsable del sindicato CGT que afirma que la delegación en sucesivas subcontratas determina que no sean especialistas quienes acometan los trabajos. La soldadura que unía un carril instalado en 1989 y otro en 2023 es investigada como principal causante del accidente que provocó 46 muertes. La Guardia Civil ha solicitado información a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tras detectar 'incongruencias' en la documentación sobre las soldaduras. La investigación también revela que la soldadura se realizó por un trabajador de Maquisaba S.L. con más de cinco años de experiencia. Además, se informa que la última inspección por ultrasonidos se realizó el 25 de junio de 2025 y se dio por 'aceptada', pero el acta es considerada 'documentación de carácter reservado' por Adif.
El psicólogo Javier García Ruiz advierte que la queja excesiva puede lastar nuestra felicidad y reforzar circuitos cerebrales negativos. Según Ruiz, existen cuatro motivos principales por los que el cerebro tiende a regodearse en la queja: la plasticidad cerebral, el aumento de la reactividad emocional, el deterioro de las relaciones y la incapacidad para encontrar soluciones a los problemas. El especialista subraya que la reactividad emocional es clave para entender nuestro bienestar y que la queja constante puede mantener al sistema nervioso en un estado de alerta constante, aumentando el estrés y la tensión. Sin embargo, Ruiz no niega el derecho a quejarse, sino que insiste en que la queja debe ser constructiva y orientada a encontrar soluciones. El alivio real viene de la regulación emocional, la reflexión y el seguir adelante.
El Ministerio de Igualdad ha sido objeto de críticas por parte del Tribunal de Cuentas debido a su uso indebido de contratos públicos para financiar actividades privadas. Según el informe del Tribunal, correspondiente al ejercicio de 2024 y analizado por THE OBJECTIVE, el ministerio utilizó la figura del contrato menor para adjudicar directamente servicios o suministros por importes inferiores a 15.000 euros, sin necesidad de licitación pública, cuando en realidad debería haber tramitado esas ayudas como subvenciones. Entre los casos examinados se encuentran la organización de premios, congresos, jornadas y seminarios vinculados al ámbito competencial del Ministerio de Igualdad, organizados por entidades privadas que recibieron financiación pública mediante adjudicación directa. El Tribunal de Cuentas advirtió que 'prima el apoyo a actividades privadas de carácter social sobre la obtención de un retorno publicitario' y concluyó que 'en realidad no hay contrato, sino subvención'. Esto implica que el ministerio utilizó contratos públicos no para recibir servicios, sino para financiar actividades externas. El informe identificó expedientes cuyo objeto formal era el patrocinio de iniciativas externas vinculadas a la actividad institucional del Ministerio de Igualdad, como eventos divulgativos, encuentros profesionales, certámenes y jornadas públicas relacionadas con la igualdad y la sensibilización social. El análisis también detectó que una parte significativa de los contratos se adjudicó por importes próximos al límite máximo permitido para el contrato menor, lo que refleja un recurso generalizado a esta fórmula. Además, se encontraron deficiencias en la justificación de los contratos analizados, ya que en numerosos casos la documentación aportada se limitaba a señalar que el importe estaba dentro del límite legal, sin explicar por qué se recurrió al contrato menor en lugar de utilizar procedimientos ordinarios. Entre los casos destacados figura un contrato adjudicado a Santiago Antonio Yerga Cobos, exdirector general de Migraciones, para la elaboración de un texto normativo, y otro para elaborar un análisis sobre la acreditación de entidades especializadas en la atención a víctimas de trata con fines de explotación sexual. El Tribunal recordó que el contrato menor es una figura excepcional y advirtió de que su uso no debe sustituir los procedimientos ordinarios previstos en la normativa.
En una tensa comparecencia ante la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, José Luis Rodríguez Zapatero negó rotundamente haber sido el facilitador del rescate a Plus Ultra, calificando de 'falsedades' las afirmaciones de José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama. El expresidente del Gobierno aseguró que su primer encuentro con Ábalos como titular de Transportes ocurrió después de que el Consejo de Ministros aprobara la ayuda de 53 millones de euros en marzo de 2021. Zapatero también desvinculó sus trabajos de asesoría para Análisis Relevante, la empresa que ha cobrado una media de 70.000 euros anuales durante seis años de Plus Ultra, su único cliente. La empresa de sus hijas, Whathefav, habría cobrado otros 200.000 euros por tareas de marketing. Ábalos, Koldo y Aldama han contradicho la versión de Zapatero, afirmando que este presionó para favorecer a la aerolínea. La investigación continúa mientras el PP acusa al exmandatario de orquestar una campaña electoral en Castilla y León.
La comparecencia de José Luis Rodríguez Zapatero en la comisión de investigación del caso Koldo del Senado ha destapado un nuevo cabo suelto en torno a su presunta implicación en la concesión del rescate público a Plus Ultra. La investigación ha revelado que una empresa llamada Voli Analítica, fundada por el empresario Martínez Martínez, considerado 'testaferro' de Zapatero, cobró 99.000 euros procedentes de la aerolínea. Esta empresa cambió su actividad de inmobiliaria a bróker aéreo justo después de que el Gobierno aprobara el rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra en marzo de 2021. Zapatero negó conocer el asunto, pero admitió haber cobrado 450.000 euros por informes y que la empresa de sus hijas recibió casi 200.000 euros por editarlos. La investigación apunta a que la dirección de Voli Analítica se ocultó deliberadamente para proteger al expresidente. El chalé de Zapatero en la urbanización de Vera, donde se registró inicialmente la empresa, ha sido un punto clave en la investigación. Zapatero también reconoció haber cobrado 70.000 euros anuales durante seis años por labores de consultoría para la empresa de Martínez Martínez.
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Julián Serrano