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Hay que tener valor, o una cuenta corriente ajena muy generosa, para aterrizar en una empresa de Defensa y lo primero que hacer es comprar yoyós. Manuel Cutrín, exdirigente del PSOE en Galicia y asesor jurídico en Santiago de Compostela, llegó a ISDEFE en abril de 2025 con un currículum que brilla por su ausencia en temas militares, pero con un hambre voraz de 'estilo'. Mientras el ciudadano medio mira la cuenta del supermercado con pánico, Cutrín decidió que la 'nueva estrategia' de la compañía requería un logo nuevo por 95.000 euros y un despliegue de merchandising de 215.000 euros. Sí, han gastado una fortuna en tazas, botellas y gafas para eclipses, porque aparentemente la seguridad nacional ahora depende de que el personal tenga un yoyó con el logo oficial. El despliegue de lujo no se detuvo en la papelería. El 40º aniversario de ISDEFE se celebró en el Teatro Real de Madrid con un catering de 90.000 euros; una fiesta de etiqueta pagada con el dinero de todos. Para desplazarse a estas citas sociales, Cutrín se aseguró un BMW Serie 3 con todos los extras, un renting que costó 32.000 euros por cuatro años. Y para que el cerebro estuviera a la altura del coche, se inscribió en un MBA del IESE Business School por 95.000 euros, cursando las clases en horario laboral. Todo esto mientras la empresa lidia con la sombra de la trama de Leire Díez y la imputación de María Teresa Castillo Pasalodos por el juez Santiago Pedraz. Para rematar el cuadro, contrataron en enero a David Romero Sánchez, el gurú de TikTok de Pedro Sánchez. En resumen: menos defensa y más postureo corporativo en la zona de Moncloa.
Gobernar es el arte de gestionar el caos, pero lo de Pedro Sánchez ya parece más una partida de Tetris donde las piezas no encajan y la pantalla se llena de huecos. El balance es desolador: siete leyes en el último curso. Siete. Para quien no tenga el radar político calibrado, esto es como intentar montar un mueble de IKEA y que solo te queden siete tornillos puestos después de un año de trabajo. En 2018, llegando a mitad de año tras desplazar a Mariano Rajoy, el Congreso le sacó adelante once normas en medio ejercicio. Ahora, en la recta final de la legislatura, la maquinaria se ha gripado. El culpable tiene nombre y apellidos: Carles Puigdemont y su gente de Junts. Desde octubre, cuando decidieron que el apoyo estable era un concepto anticuado y que solo votarían lo que les diera un beneficio directo a Cataluña, el Ejecutivo vive en un estado de ansiedad permanente. Sin esos siete diputados, cada votación es una moneda al aire. Mientras tanto, Félix Bolaños intenta vender humo con una cifra de 52 normas publicadas en el BOE en la primera mitad de la legislatura, pero es un truco de magia contable. No confunda legislar con 'firmar papeles'. El Gobierno ha optado por la vía rápida: el real decreto ley. Es la versión 'fast food' de la democracia: el Ejecutivo dicta y el Congreso convalida sin enmendar, como quien acepta los términos y condiciones de una app sin leerlos. Entre las siete leyes supervivientes rescatamos la de Movilidad Sostenible y la de atención a la clientela (para que no te deje un robot hablando solo), además de una reforma del Código Penal contra la multirreincidencia que, curiosamente, contó con el visto bueno de la derecha. El jueves intentarán colar tres más, como la AP-9 para Galicia, pero eso es maquillaje en un edificio que se cae a pedazos.
Hay quienes juegan al Tetris con la vida ajena y quienes, como esta pareja sentimental de Mallorca, deciden jugar al Tetris con la agenda del IB-Salut. Mientras el ciudadano medio espera tres meses para que un médico le mire la garganta, una doctora de familia y un celador descubrieron la magia de los 'pacientes fantasma'. Entre enero y octubre de 2023, el dúo dinámico convirtió el centro de salud en su propia máquina expendedora de complementos salariales. El truco era de una sencillez insultante: el celador, que tenía las llaves del reino informático, marcaba como 'atendidos' a pacientes que ni siquiera habían cruzado la puerta. El botín de esta ingeniería financiera de barrio asciende a 7.196 euros. Para algunos será una cifra modesta, pero para el Servicio de Salud de las Islas Baleares es la prueba de que la confianza es un lujo caro. Ahora, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares ha decidido que el romanticismo de la pareja se traslade a los juzgados este miércoles a las 10.45 horas. La Fiscalía no ha venido a hacer caridades: pide cinco años y medio de cárcel para cada uno, una multa de 7.200 euros por cabeza y que devuelvan hasta el último céntimo de los 7.196 euros percibidos irregularmente. La receta médica para este caso es severa: seis años de inhabilitación profesional. Al final, por intentar inflar la nómina con citas imaginarias, se han ganado una cita real con la justicia que podría durar once años sumando condenas. Una lección magistral de cómo convertir un interinato en un boleto de lotería con fecha de caducidad muy prematura.
Jaime Martínez ha decidido que este verano la Playa de Palma no sea un centro comercial a cielo abierto y sin ticket. Mientras el ciudadano medio mira el precio de la luz con pánico, el alcalde del PP ha desplegado una maquinaria bélica contra el top manta que hace que la gestión de José Hila parezca un campamento de vacaciones. Ocho macrooperativos en apenas un mes. Ocho. Para quien viene de una era donde las detenciones se contaban con los dedos de una mano, esto es pasar del modo 'siesta' al 'turbo'. El despliegue no es broma. El pasado 17 de julio, 50 agentes de la Policía Local y Nacional se lanzaron sobre la calle del Pare Bartomeu Salvà. El botín: una montaña de trastos que equivaldría a cinco contenedores de basura urbanos. Imaginen el volumen de camisetas falsas y gafas de plástico necesarias para llenar cinco cubos de residuos; es básicamente el PNJ de cualquier turista distraído. El balance final deja 41 vendedores controlados, 12 actas por venta no autorizada y ocho personas enfrentando diligencias penales por delitos contra la propiedad industrial. Incluso hubo tiempo para levantar un acta por estupefacientes, el clásico 'bonus' de estas jornadas. Pero el verdadero giro de guion está en la nueva ordenanza cívica, esa que los socialistas, Més y Podemos rechazaron como si fuera una plaga. Ahora, el sablazo no es solo para el que vende, sino para el que compra. Si te pilla con un bolso o unas zapatillas del top manta, la multa oscila entre los 300 y los 750 euros. Básicamente, comprarse una imitación barata puede salirte más caro que comprar la original en la tienda oficial, un movimiento maestro para asfixiar la demanda mientras el pequeño comercio, ese que paga impuestos hasta por respirar, celebra la fiesta con aplausos desde sus escaparates.
Hay un arte casi místico en la capacidad de algunos políticos para descubrir problemas que ellos mismos ignoraron mientras tenían las llaves del coche. En Palma, la formación Més ha decidido que el Ayuntamiento de Jaime Martínez padece una ceguera climática terminal y le ha soltado una moción que es, básicamente, un mapa de sombras. Exigen que en seis meses se redacte un plan municipal de espacios y zonas de sombra, como si el sol de Baleares fuera una novedad de este trimestre y no un elemento básico del paisaje. La ironía es tan espesa que se puede cortar con un cuchillo. Los regidores de Més, que ahora gritan desde la oposición con Neus Truyol al mando, claman por ampliar horarios en piscinas, bibliotecas y casales de barrio. Lo curioso es que esos horarios, que ahora les parecen un castigo medieval, son exactamente los mismos que ellos mismos diseñaron y mantuvieron durante las dos legislaturas pasadas cuando gobernaban coaligados con el PSOE y Podemos. Es el clásico caso de 'el perro que se muerde la cola': critican la inacción institucional mientras el reloj marca la misma hora que cuando ellos mandaban. Para rematar la jugada, exigen una campaña de sensibilización contra el calor. Un detalle menor: el Govern balear —donde sus colores también pintan— ya tiene en marcha la campaña 'La calor pot ser mortal, la prevenció és vital'. Parece que la comunicación interna entre sus propias filas es tan eficiente como un teléfono escacharracado en mitad de una tormenta. El pleno del jueves 30 será el escenario de este teatro, donde la urgencia climática se usa como moneda de cambio para el juego político, mientras el ciudadano sigue sudando la gota gorda esperando que alguien, alguna vez, deje de hacer inventarios de sombras y empiece a plantar árboles.
Hay quienes confunden la terapia holística con un catálogo privado de voyerismo. En Rivas-Vaciamadrid, Ricardo M., un señor de 60 años con la ética de un rascacielos de arena, decidió que su consulta en la clínica Kukai era el escenario ideal para un reality show no consentido. Mientras el cliente paga por aliviar un nudo en el cuello, el terapeuta se dedicaba a coleccionar intimidades. El tipo operaba con la tranquilidad de quien cree que el mundo es su patio trasero, grabando a mujeres y menores durante tres largos años. La burbuja explotó en abril de 2025. Una joven, que solo quería dejar de sufrir por el cuello, terminó con un ataque de ansiedad tras un 'masaje' que derivó en tocamientos no solicitados en el pecho. Fue ella quien, con la intuición que el sistema a veces ignora, señaló la cámara de seguridad. Cuando la Guardia Civil entró en escena y requisó el móvil y las tarjetas de memoria, el volumen de material era obsceno: 1.800 vídeos. Para que nos entendamos, no es un descuido; es una biblioteca digital de abusos. La cifra final es un puñetazo en la mesa: 131 mujeres identificadas y 97 denuncias formales. De esas, nueve denuncian agresión sexual directa. Hay casos surrealistas, como la paciente que contrató Reiki —una técnica donde, por definición, no se toca al paciente— y acabó desnuda y siendo acariciada. El Juzgado de Instrucción número 3 de Arganda del Rey lleva el caso, mientras las víctimas asimilan que su visita al fisioterapeuta fue, en realidad, una sesión de grabación para el archivo personal de un pervertido.
Hacer malabares con el dinero público es un arte, pero lo del Gobierno es ya cirugía estética de presupuesto. Imaginen que en su casa deciden quitarle el presupuesto de la comida de los niños para pagar la suscripción al gimnasio del padre porque se le olvidó renovar el contrato. Pues bien, el Consejo de Ministros ha aplicado esa misma lógica a escala nacional. Han decidido que el Ministerio de Educación soltará 309.840.377,20 euros para que el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones no tenga que dejar a sus empleados en el aire. La excusa es la de siempre: la prórroga presupuestaria. Llevamos desde finales de 2022 intentando aprobar unos Presupuestos Generales que parecen un unicornio: todo el mundo habla de ellos, pero nadie los ha visto. El resultado es que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha pasado tres años ignorando la obligación constitucional de presentar cuentas claras. Para solucionar este agujero contable, han decidido que la educación es la hucha perfecta. Mientras el departamento de Bolaños gasta más del 73% de sus fondos en personal —nóminas, trienios y complementos que no perdonan—, el Gobierno prefiere no decirnos qué se queda sin fondos en las aulas. ¿Becas? ¿Digitalización? ¿Refuerzo escolar? El texto brilla por su ausencia en detalles, pero el sablazo es quirúrgico. Todo esto ocurre mientras intentan vender una senda de estabilidad para 2027-2029 con un déficit del 1,8% del PIB para el próximo año, bajando al 1,6% en 2028 y al 1,5% en 2029. Un ejercicio de optimismo matemático donde la Administración Central se lleva la tajada del 1,5%, 1,4% y 1,3% respectivamente, dejando a las comunidades autónomas con unas migajas de 5.849 millones de euros de margen fiscal. Básicamente, han vaciado la mochila del alumno para pagar el café del despacho.
Hacer la compra hoy es un deporte de riesgo, pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha decidido que gastar 1.908.710 euros en un informe para reírse de sus adversarios es una inversión razonable. No es un folleto de barrio; es el proyecto 'DemocraZia con Z', una joya de la ingeniería financiera cofinanciada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y el Consejo de la Juventud de España (CJE), con el INJUVE soltando la pasta. El resultado es un tostón de 145 páginas titulado 'Entre el cuestionamiento y el cambio', que pretende analizar la desafección juvenil pero termina pareciendo el grupo de WhatsApp de un militante muy motivado. Mientras el ciudadano medio cuenta los céntimos, el Gobierno paga para que una joven de 24 años describa a Santiago Abascal como 'Jesucristo reencarnado' en un tono de burla que haría palidecer a cualquier manual de neutralidad administrativa. Lo más fascinante es la gimnasia mental del texto. Vox, con sus más de 3 millones de votantes, es pintado como una 'amenaza' sistémica. En cambio, la corrupción del entorno de Sánchez —con Begoña Gómez y su hermano en el ojo del huracán— se diluye en un caldo primigenio donde 'todos son iguales' y la desconfianza es general. Es el truco del mago: distraer con el 'fascismo' del vecino mientras se barre el polvo de los propios casos de las cloacas bajo la alfombra de la 'desafección política'. Todo este despliegue de pedagogía selectiva tiene fecha de caducidad: octubre de 2026, coincidiendo con los 50 años de España en libertad. Un brindis con champán pagado con el dinero de quienes, precisamente, no confían en la política profesional.
En la Benemérita, parece que el manual de disciplina se aplica según el rango: para la tropa, la guillotina; para el mando, un masaje en la espalda. Mientras Carlos Román y Manuel Velarde, dos veteranos con el currículum lleno de cruces al mérito y experiencia en antiterrorismo, fueron suspendidos de empleo y sueldo justo antes de Navidad por publicar un comunicado defendiendo el Estado de Derecho el 10 de noviembre de 2023, la cúpula opera en otra dimensión. A estos agentes les aplicaron la 'máxima', dejándolos sin un euro en la cuenta bancaria por una nota redactada por abogados, tratándolos como si fueran golpistas en lugar de quienes persiguieron el procés. El Tribunal de Justicia Central Militar tuvo que intervenir para decir que la medida era 'desproporcionada con creces', pero el daño psicológico ya estaba hecho. La comedia se vuelve surrealista cuando miramos hacia arriba. Manuel Llamas, el DAO, lleva casi dos semanas imputado por prevaricación y obstrucción a la Justicia en el caso de las 'cloacas del PSOE', y sigue en su despacho como si nada hubiera pasado. Es la doble vara de medir en estado puro: a un agente como Serviliano Valencia le clavan 15 días de suspensión y un sablazo de 1.400 euros por mirar la matrícula de Carles Puigdemont —un prófugo con euroorden—, mientras que los mandos imputados no pierden ni el sitio en el parking. Desde Agustín Leal, suspendido seis meses por decir que sin Guardia Civil España sería como Venezuela, hasta Braulio J. Calvo, procesado por buscar el DNI de su hermano desaparecido, el mensaje es claro. Si eres la escala básica, cualquier 'exasperación' retórica te deja en la calle; si eres el DAO o la directora Mercedes González, la imputación es solo un trámite administrativo que no interfiere con el horario de oficina.
En España, una orden de expulsión judicial tiene hoy el mismo valor práctico que un ticket del parking caducado. Según los datos del Poder Judicial para 2024, el 94% de los condenados con orden de salida se queda aquí cómodamente instalado. De 22.977 casos proyectados, solo 1.338 fueron efectivos. Una eficiencia tan baja que haría llorar a cualquier gestor de barrio. ¿El truco de magia? El bendito 'arraigo'. Basta con decir que tienes un primo, un perro o un contrato de alquiler para que la sentencia se convierta en una sugerencia decorativa. Mientras el ciudadano medio hace malabares para que no le suban la cuota del gas, el Estado se gasta 770 millones de euros anuales en mantener a presos extranjeros. Para que nos entendamos: el 33,45% de la población reclusa es extranjera, y en Cataluña esa cifra se dispara al 52,85%. Es como pagar la cena de un desconocido que, además, te ha robado la cartera antes de sentarse a la mesa. Vox, que no piensa dejar pasar el desliz, ha registrado una batería de medidas para acabar con este 'oscurantismo'. Denuncian que el sistema SEC maquilla la realidad al contar como españoles a los 3 millones de nacionalizados, independientemente de su origen. Para solucionar este agujero contable, proponen copiar a la Ertzaintza y publicar el lugar de nacimiento. El objetivo es claro: que el origen no sea un escudo y que el artículo 89 del Código Penal se modifique para revocar la nacionalidad a quien cometa cualquier delito. Al final, el mensaje es simple: si vienes a jugar con las reglas de la casa pero rompes los muebles, la maleta te espera en la puerta, sin importar cuánto tiempo lleves aquí.
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Cristian Sanz