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Investigadores del Instituto de Ciencia y Tecnología de Austria (ISTA) descubrieron que larvas de hormigas terminalmente enfermas emiten un olor químico específico que actúa como señal de alarma. Las obreras reaccionan eliminando la pupa para evitar la propagación de la infección. Este mecanismo, documentado en Nature Communications, muestra un comportamiento altruista que beneficia a la colonia al evitar la propagación de patógenos. Las pupas de reina no emiten esta señal porque tienen defensas inmunes más fuertes. El estudio compara este proceso con cómo las células infectadas en organismos animales emiten moléculas para ser detectadas y destruidas por el sistema inmunitario. El olor no se basa en sustancias volátiles sino en compuestos no volátiles presentes en la superficie del cuerpo de la pupa. Los científicos comprobaron que al transferir este olor a pupas sanas, las obreras reaccionaban como si estuvieran ante una pupa moribunda. El comportamiento distingue entre diferentes castas y solo las pupas obreras terminalmente enfermas alertan al nido. La señal aparece cuando la infección es incontrolable, protegiendo al grupo sin eliminar individuos recuperables.
El Ministerio de Transportes licitó un contrato de 646.172 euros para promocionar medidas de 2026 y 2027. Óscar Puente anunció un plan para aumentar la velocidad de los trenes a 350 km/h. Críticas por priorizar alta velocidad sobre media distancia. El contrato incluye diseño de estrategia, creatividades y producción para difusión en distintos canales publicitarios. El gasto en publicidad institucional para 2025 es de 161,2 millones de euros, un 16% más que en 2024. Es el mayor gasto en 18 años, superando todas las legislaturas de Mariano Rajoy. El plan incluye 146 campañas. El presupuesto total para publicidad en 2008 fue de 187,3 millones de euros, el más alto registrado. La velocidad de los trenes aumentará de 300 km/h a 350 km/h gracias a nuevas traviesas aerodinámicas, reduciendo el trayecto Madrid-Barcelona a menos de dos horas.
El Tribunal de Cuentas detectó hasta cinco precios diferentes por el mismo medicamento en el Hospital de Melilla (HCM) y cuatro en el Hospital de Ceuta (HUC). El informe analizó los ejercicios 2022 y 2023, y encontró que el 26% de los productos adquiridos en Melilla y el 16% en Ceuta presentaban variaciones de precio superiores al 10% y 50% respectivamente. Las diferencias de precios se debieron a la falta de planificación y control en las compras directas, lo que favoreció que se produjeran variaciones en los precios de un mismo producto. El informe también destaca que cuando un mismo artículo se adquiere a más de un proveedor no se han apreciado disparidades en los precios. El Tribunal de Cuentas insta al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) a efectuar un adecuado control, supervisión y análisis de las adquisiciones de farmacia hospitalaria y a implantar sistemas de control de precios y planificación de las adquisiciones. El Ingesa depende del Ministerio de Sanidad. En total, se identificaron 523 artículos de uso común en ambos hospitales durante 2022 y 2023. Las diferencias de precio final después de descuentos fueron inferiores al 10% en 149 artículos, superiores al 10% en 107 productos, superiores al 50% en 14 ocasiones y superiores al 100% en 15 artículos. Los descuentos medios para medicamentos biosimilares y genéricos fueron del 44% y 6% respectivamente.
La polémica surge en Melilla por el nuevo contrato de iluminación festiva para 2026-2030. Coalición por Melilla (CpM) denuncia un recorte del 80% en la cuantía para el alumbrado del Ramadán, pasando de 332.000 euros a 69.500 euros. El Gobierno de Juan José Imbroda asegura que no existe tal recorte y que la iluminación se reforzará. El presupuesto global se mantiene en 4,5 millones de euros. Otras celebraciones como Navidad y Feria experimentan incrementos significativos: Navidad pasa de 417.000 euros a 479.000 euros y Feria de 98.000 euros a 301.000 euros. El Gobierno defiende que el contrato introduce más puntos de luz y motivos ornamentales adaptados. CpM considera que el desequilibrio afecta a la convivencia y reclama una distribución más ajustada. El consejero de Fomento, Miguel Marín, acusa a CpM de transmitir mensajes infundados y de alimentar la división. La controversia recuerda a debates anteriores en Melilla y Ceuta sobre la distribución de la iluminación festiva.
El Consejo de Ministros aprobó 228 millones de euros para sufragar la línea 2 del metro de El Cairo (Egipto). El techo de gasto para el siguiente ejercicio se sitúa en 212.026 millones de euros. Además, se aprobaron ayudas a la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (114.080 euros) y a la Oficina para la Juventud (35.000 euros). El Gobierno también destinó fondos para formación profesional en Costa de Marfil y 37 millones de euros en ayudas al cine para 2026. El total de ayudas al metro de El Cairo asciende a más de 387 millones de euros previos. Se utilizaron mecanismos jurídicos como el artículo 47 de la Ley 47/2003 General Presupuestaria para comprometer el gasto público. El Gobierno también aprobó ayudas directas para turismo y cooperación internacional.
La Unidad Militar de Emergencias (UME) intervino en Cataluña para controlar la peste porcina africana. 117 militares participaron en la operación para abatir jabalíes o localizar ejemplares muertos en la comarca del Vallés Occidental. El despliegue incluyó drones con capacidad de búsqueda nocturna mediante infrarrojos y estaciones de descontaminación. Críticas dentro del Ejército por la tarea encomendada tras la disolución del Seprona en Cataluña por exigencias de ERC. El Ministerio de Defensa proporcionó equipos de gestión de capturas y descontaminación. La Generalitat había solicitado ayuda tras años de 'ninguneo' con ejecutivos autonómicos anteriores. El CReSA, un centro de investigación en sanidad animal, está ubicado cerca del epicentro del brote, lo que ha generado debate sobre su posible relación con el origen de la enfermedad.
El Gobierno renuncia a 60.000 millones de euros de fondos UE Next Generation, el 37% del total asignado. España recibirá 80.000 millones en ayudas directas y deberá devolver 23.000 millones en créditos. El Ejecutivo reconoce dificultades para gastar 15.000 millones restantes. La decisión afecta programas como el Perte Chip (10.750 millones), Línea ICO-Verde (22.000 millones) y Fondo de Resiliencia Autonómica (20.000 millones). Hasta noviembre de 2023, solo se habían adjudicado 6.900 millones de los 83.000 millones en créditos disponibles. El Gobierno elabora una nueva adenda al Plan de Recuperación, modificando la anterior aprobada en octubre de 2023. La renuncia incluye el 75% de los préstamos asignados (83.000 millones). El coste de estos créditos ronda el 3,84%. Los fondos comprometidos se destinaron principalmente a entidades públicas: Adif (2.961 millones), Adif Alta Velocidad (2.915 millones) y Generalitat de Cataluña (1.072 millones).
La Audiencia Nacional ha rechazado la solicitud del PSOE de limitar la información sobre pagos en metálico entre 2017 y 2024. El juez Ismael Moreno considera que la petición es «suficientemente clara» y afecta a todos los pagos en metálico, no solo a los realizados a José Luis Ábalos y Koldo García. El PSOE deberá revelar incluso el dinero en efectivo entregado a Pedro Sánchez. El magistrado también solicita los justificantes de los abonos. La decisión se alinea con la opinión de la Fiscalía Anticorrupción, que considera que la resolución judicial es clara y no contiene conceptos oscuros. El juez Moreno abrió una pieza separada sobre los pagos en metálico del PSOE tras recibir un auto del magistrado del Supremo Leopoldo Puente, quien advirtió «incógnitas» en las liquidaciones de gastos de los socialistas. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil informó que Ábalos y Koldo García recibieron alrededor de 32.000 euros en efectivo del PSOE. El partido admite pagos en efectivo a Ábalos, pero defiende que todos están justificados. El juez Ismael Moreno dictó su resolución el 26 de noviembre, requiriendo al PSOE que facilitara la información en un plazo de diez días. El 29 de octubre, el exgerente del PSOE Mariano Moreno y la empleada Celia Rodríguez declararon ante el juez sobre el «descontrol» en las liquidaciones de pago. La empresaria Carmen Cano declaró haber llevado 90.000 euros a la sede del PSOE en la calle Ferraz.
La detección de Peste Porcina Africana (PPA) en Barcelona, específicamente en el mismo territorio donde hace años se implementó un proyecto controvertido para controlar la sobrepoblación de jabalíes, ha vuelto a encender el debate sobre las estrategias de gestión de fauna silvestre. Este experimento, financiado con fondos públicos y promovido por colectivos animalistas como una alternativa ética a la caza, consistía en la inmunocontracepción mediante una vacuna anticonceptiva aplicada a las hembras para frenar el crecimiento de las piaras. Sin embargo, las dudas sobre su efectividad surgieron rápidamente. Se constató que la vacuna no proporcionaba una esterilización permanente, sino un tratamiento temporal y reversible que requería la recaptura constante de los animales para mantener su supuesto efecto. A los pocos meses del inicio del proyecto, circularon imágenes de jabalinas marcadas que aparecían acompañadas de crías, desvirtuando la promesa de un control reproductivo efectivo. Esto expuso la ineficacia del método y la dificultad de garantizar los resultados esperados. El fracaso práctico se vio agravado por obstáculos logísticos insalvables. Veterinarios y técnicos habían advertido desde el principio que la aplicación de estos tratamientos a fauna silvestre a gran escala era irrealizable. La complejidad de localizar, capturar, sedar, tratar y recapturar a los animales periódicamente convertía la propuesta en una operación de coste desorbitado. La factura global del proyecto superó los 160.000 euros, sufragados por diversas administraciones locales y provinciales, lo que lo convirtió en un símbolo del uso ideológico del dinero público. Desde una perspectiva técnica, el enfoque presentaba una limitación estructural crítica: para alterar significativamente la evolución de una población salvaje, se requería actuar sobre un porcentaje altísimo de hembras, algo inviable tanto por costes como por capacidad operativa. Expertos advirtieron que incluso como experiencia piloto, su viabilidad era prácticamente nula. Con el tiempo, la polémica se intensificó con nuevas pruebas gráficas de animales marcados que continuaban reproduciéndose. El relato de la «solución ética» perdió credibilidad, mientras la población de jabalíes seguía creciendo en Cataluña. Hoy, con la presencia de la PPA en Barcelona, el contexto ha cambiado drásticamente. La discusión ya no es solo sobre convivencia urbana o daños agrícolas, sino sobre un riesgo sanitario y económico que puede devastar la ganadería. En este nuevo escenario, las medidas simbólicas han quedado obsoletas. La respuesta actual frente a la PPA exige actuaciones drásticas, incluyendo el sacrificio masivo de animales en amplios perímetros de seguridad, resultando irónico que el mismo lugar que defendió el control «sin muerte» sea ahora el epicentro de un exterminio total para contener el virus.
Gerry McGovern, exdirector creativo de Jaguar Land Rover, fue despedido de inmediato tras la llegada del nuevo consejero delegado, PB Balaji. Su marcha confirma el fracaso del rebranding 'woke' que pretendía reinventar la marca con códigos ideológicos ajenos al automovilismo. El proyecto incluyó el prototipo eléctrico Type 00 con paleta rosa y azul brillante, que generó comparaciones con el FAB 1 de Lady Penelope y el descapotable de Barbie, y un anuncio protagonizado por modelos andróginos sin vehículos. Figuras como Nigel Farage y Donald Trump criticaron públicamente la deriva de la compañía. Jaguar detuvo la venta de nuevos modelos en noviembre para preparar el salto a una gama totalmente eléctrica en 2026, con un gran turismo de cuatro puertas como primer modelo. La estrategia 'woke' de Jaguar ha generado una crisis de identidad y alejado al público. El despido de McGovern marca un giro evidente en la compañía y el fin de más de dos décadas de influencia. La dirección evitó relacionar su salida con la del anterior consejero delegado, Adrian Mardell, quien avaló el rebranding y fue retirado meses después.
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Rocío Delgado