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El neurocirujano Brian Hoeflinger ha publicado un vídeo en Facebook alertando sobre cinco conductas comunes que pueden causar lesiones cerebrales graves. El especialista destaca que ignorar síntomas y minimizar el dolor pueden ser tan dañinos como cualquier droga. Según Hoeflinger, el abuso del alcohol es el principal motivo de lesiones graves que ha atendido, causando accidentes de tráfico y poniendo en riesgo a otros conductores. También enfatiza la importancia de usar casco al conducir motocicletas y evitar tirarse de cabeza en aguas poco profundas para prevenir lesiones cervicales graves o mortales. El doctor ha acumulado más de 300.000 visualizaciones en su vídeo y basa sus advertencias en su experiencia médica. Los hábitos saludables y la prevención son fundamentales para evitar accidentes fatales y lesiones permanentes.
Un ciudadano marroquí fue detenido en el aeropuerto de Gando (Gran Canaria) el 19 de diciembre de 2025 por abandonar a su hijo menor en España y regresar a Marruecos. El menor, de nacionalidad marroquí, llegó con su padre a Gran Canaria el 15 de diciembre y se presentó en la Cruz Roja de Telde el 19 de diciembre, delatando a su padre. La Policía Nacional detuvo al hombre cuando intentaba coger un vuelo a Marrakech. El niño fue ingresado en un centro de acogida de menores en San Bartolomé de Tirajana bajo tutela institucional. El padre fue puesto a disposición judicial y se decretó su ingreso en prisión provisional.
Dos okupas polacos fueron detenidos por la Guardia Civil el 23 de diciembre de 2025 tras matar a dos ciudadanos alemanes que intentaban desalojarlos de un chalé en la pedanía de La Marina, Elche. Un tercer alemán resultó gravemente herido. Los okupas estuvieron atrincherados desde la tarde del lunes 22 de diciembre hasta su detención. La Guardia Civil irrumpió en la vivienda y descartó que los okupas tuvieran armas de fuego. Los investigadores creen que los tres alemanes acudieron a desalojar a los okupas cuando se produjo el enfrentamiento. Los vecinos alertaron a la Guardia Civil tras ver a los okupas deshaciéndose de los cadáveres. Los okupas arrastraron los cuerpos hasta la entrada del chalé donde fueron encontrados por la Policía Local y la Guardia Civil. Las víctimas fallecieron tras sufrir una paliza brutal.
El Gobierno ha prorrogado por séptimo año la ley antidesahucio que protege a okupantes con ingresos inferiores a 1.800 euros o 2.200 con hijos. La Plataforma de Afectados por la Ocupación critica que estas condiciones son fáciles de cumplir y que el 93,4% de los propietarios de viviendas de alquiler son familias trabajadoras. Según la plataforma, hasta 80.000 familias están manteniendo a 'okupas vulnerables' debido a la ley. Las ayudas gubernamentales solo llegan al 7% de los afectados y se consideran 'miseria'. La medida ha sido pactada entre EH Bildu y el PSOE. El salario medio en España es de menos de 1.500 euros. Los propietarios denuncian que se está 'hundiendo' a familias trabajadoras y que no se han considerado sus situaciones.
Una auditoría independiente revela que el Govern balear de Francina Armengol pagó 106 millones de euros en material sanitario durante la pandemia. 45,6 millones no pueden ser rastreados por falta de actas de recepción y certificaciones de entrega. La auditoría de 60 expedientes del Servicio de Salud de Baleares muestra que algunos precios pagados estaban sobrevalorados: mascarillas quirúrgicas a 1,40 € (precio medio 0,70 €), guantes de nitrilo a 0,29 € (precio medio 0,16 €) y FFP3 a 8,40 € (precio medio 4,31 €). Proveedores como Innjoo Technology SL, Add Valorem Finance SL y Tyrval Import Export estuvieron involucrados. La auditoría denuncia compras fraccionadas y licitaciones simplificadas sin comparativas de precios ni referencias de mercado. Se cuestiona la trazabilidad y control de las compras, lo que podría implicar responsabilidad penal o administrativa. La falta de transparencia convierte las compras en un 'agujero negro financiero'. Expertos recuerdan que la urgencia no puede sustituir la rendición de cuentas.
En 2023, año de máximo fraude de fuel, el Ministerio de Transición Ecológica no inhabilitó a ningún operador de hidrocarburos pese a un aumento del 55% en el fraude de IVA, alcanzando 715.1 millones de euros. La Agencia Tributaria otorgó el título para el comercio de hidrocarburos a 17 nuevas compañías en 2023. El sector petrolero critica la gestión del fraude y denuncia criterios dispares para dar de alta a operadores. La subdirección de hidrocarburos exigió un requisito financiero de tres millones de euros, pero se aceptaron diversas formas de acreditarlo. En 2025, se han inhabilitado 13 operadores por fraude. El fraude se disparó al permitir a empresas extraer combustible del depósito fiscal sin IVA y venderlo con IVA sin liquidar el impuesto. El 1 de febrero de 2026 entrará en vigor una norma que combate el fraude del IVA en hidrocarburos, conocida como 'solución italiana', que exige al último depositante garantizar el ingreso del IVA o constituir un aval del 110% del IVA de las operaciones anteriores. La orden ministerial crea un registro de operadores confiables con requisitos específicos.
Los agricultores españoles arrancan naranjos debido a la falta de rentabilidad causada por las importaciones de terceros países que hunden el precio. La entrada de frutas y hortalizas de países como Sudáfrica, Marruecos y Egipto aumenta la competencia desleal. La producción de cítricos en España ha disminuido de 8 millones de toneladas a un aforo previsto de 5,6 millones para la temporada 2025/2026. Los acuerdos comerciales de la UE con terceros países permiten a estos competir con precios más bajos debido a menores costes laborales y legislaciones más favorables. España ha importado 65.403 toneladas de naranjas y mandarinas de Sudáfrica entre enero y octubre, un 41,98% más que en el mismo periodo de 2024. Las importaciones de Marruecos han aumentado un 272,1%, pasando de 7.341 a 27.325 toneladas. Sin embargo, las importaciones de Egipto han caído de 105.502 a 28.805 toneladas debido a su transformación en productor de zumo de naranja.
La Audiencia Nacional ha bloqueado cuentas bancarias de Leire Díez, exmilitante del PSOE, Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, y Antxon Alonso, empresario, en el marco de una investigación sobre presunta trama de comisiones por ayudas y contratos públicos. La medida fue adoptada por el juez Antonio Piña y ratificada por Santiago Pedraz. Los tres investigados fueron detenidos este mes por presunta participación en una trama que cobró 700.000 euros en comisiones. La investigación, impulsada por la Fiscalía Anticorrupción, aborda presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. Según la Guardia Civil, los investigados pertenecen a un grupo llamado «Hirurok» que habría orientado expedientes en la Administración pública en beneficio propio. La actividad delictiva se habría desarrollado entre 2021 y 2023, afectando varias administraciones públicas. Los investigados habrían utilizado la mercantil Mediaciones Martínez para canalizar fondos. El juez Piña impuso medidas cautelares como la retirada de pasaporte y comparecencias quincenales.
La Guardia Civil de Alicante ha desmantelado una infraestructura tecnológica capaz de enviar 2,5 millones de SMS y realizar miles de llamadas fraudulentas diarias. El sistema, valorado en 400.000 euros, fue descubierto en Barcelona tras denuncias de ciudadanos ucranianos estafados en 170.000 euros. Un informático ucraniano de 41 años fue detenido el 18 de noviembre y posteriormente liberado con medidas cautelares. Sin embargo, fue detenido nuevamente el viernes al intentar salir de España. La operación 'Mosenik', dirigida por un juzgado de Novelda, implica la incautación de 35 SIMBOX industriales, 865 módems, 852 tarjetas SIM activas y más de 60.000 tarjetas SIM nacionales. El dinero estafado podría ascender a varios millones de euros. La Guardia Civil alerta sobre el riesgo de estafas, especialmente durante épocas de compras elevadas, y ofrece consejos para protegerse.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a España por vulnerar el derecho a un juicio justo en el caso Latorre Atance c. España. La Audiencia Nacional fue arbitraria al obligar a un administrador concursal a responder con su patrimonio por una deuda de 2.5 millones de euros ante Hacienda, mientras exoneraba parcialmente a sus socios. El TEDH criticó la falta de coherencia en la aplicación de la ley y la insuficiencia de los remedios ofrecidos por el sistema judicial español. La sentencia destaca que la derivación de responsabilidad tiene una naturaleza 'civil' y patrimonial, afectando directamente al bolsillo y la reputación del individuo. España ha sido condenada a indemnizar al administrador con 17,600 euros por daños morales y costas. El fallo subraya la necesidad de mecanismos de reparación efectivos y no meramente compensatorios. La sentencia pone de manifiesto deficiencias estructurales en el sistema de justicia administrativa y tributaria español, particularmente en la dificultad para revertir sentencias injustas una vez que adquieren firmeza.
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Julián Serrano