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La Policía Nacional detecta visitas de familias marroquíes a MENAS (Menores Extranjeros No Acompañados) en centros de acogida durante fines de semana. Los padres dejan dinero y vuelven a Marruecos. La mayoría son de clase media que buscan mejores oportunidades para sus hijos. La Policía ha encontrado casos en diversas comunidades autónomas como País Vasco, Ceuta y Melilla. El objetivo es el reagrupamiento familiar aprovechando que el sistema les proporciona un oficio y nacionalidad. El registro inicial de estos menores es crucial para determinar su edad, utilizando radiografías del carpo izquierdo, tercer molar o clavícula. Si se determina que son menores, permanecen en los centros; si son mayores, se les traslada a Centros de Internamiento de Extranjeros. Sin embargo, el proceso de devolución se complica por los recursos legales y la falta de resolución de la Delegación del Gobierno. Los expertos critican la saturación de los centros y la falta de cooperación internacional para cotejar identidades. La Ley actual, de hace 25 años, prioriza la reeducación sobre el internamiento en régimen cerrado, lo que permite a los menores reincidir en delitos. Los agentes piden ser consultados para mejorar los protocolos.
Las declaraciones en el caso cloaca revelan maniobras de Leire Díez y otros contra el teniente coronel Balas de la UCO. El objetivo era desacreditar a Balas y evitar su ascenso a coronel. La UCO investiga casos de corrupción relacionados con el Gobierno y Pedro Sánchez. El comandante Villalba, un topo en la trama de Koldo, declaró que Leire Díez le reveló planes para acabar con Balas. La Guardia Civil ha sido atacada por el Gobierno desde la llegada de Pedro Sánchez. Documentos revelan reuniones secretas en 2025 entre Leire Díez y Santos Cerdán para coordinar acciones contra jueces, fiscales y periodistas que investigan corrupción. El 10 de marzo de 2025, se discutió la vinculación directa con la Fiscalía y la directora de la Guardia Civil. Leire Díez afirmó que la UCO intentaba enlazar casos de corrupción sin relación. El objetivo era ir contra Balas y otros miembros de la Guardia Civil. 'Los de arriba' se refiere probablemente a Pedro Sánchez y Santos Cerdán, según testimonios de Javier Pérez Dolset y Joaquín Parra.
La Organización Mundial del Turismo (OMT) apoyó a Eurofins Megalab en la adjudicación de contratos para realizar test de COVID-19 en aeropuertos canarios. La empresa, representada por Ignacio Díaz Tapia, socio de Víctor de Aldama, ejerció presión para imponer estas pruebas. El secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, cercano a Aldama, respaldó el proyecto. En agosto de 2020, Díaz Tapia contactó con Aldama para informarle sobre Megalab. La OMT patrocinó la carrera de Begoña Gómez junto con Globalia y los Hidalgo. Air Europa habría avalado el plan. Los contratos suscritos por el Servicio Canario de Salud con Eurofins Megalab contenían irregularidades. Ángel Víctor Torres, consejero del Gobierno canario, apoyó la adjudicación de contratos a Megalab. El contrato se firmó el 18 de diciembre de 2020, después de meses de presión y negociaciones. Eurofins Megalab facturó 5.3 millones de euros en Canarias. El negocio se impulsó junto con Fertinvest Consulting.
La Policía Nacional intervino 2.000 kilogramos de hachís, un fusil AK-47 y dos vehículos Land Cruiser robados en una operación contra el narcotráfico en el río Guadalete, Cádiz. Una persona fue detenida. Los investigadores detectaron embarcaciones neumáticas que transportaban droga desde el mar hasta puntos de alijo en tierra. El dispositivo policial se activó la noche del 1 al 2 de noviembre. A las 3:00 horas del 2 de noviembre, se detectaron tres embarcaciones sospechosas cargadas con fardos de hachís y dos vehículos todoterreno que se dirigían a una zona de alijo. Con autorización judicial, se realizaron registros en dos fincas en Jerez, incautando la droga y los vehículos robados, que contaban con sistemas para dificultar la persecución policial. El hachís intervenido estaba valorado para su distribución en España y otros países europeos.
Endika Alonso, concejal de Seguridad Ciudadana de Bildu en Pamplona, reconoció desconocer el operativo de seguridad durante la Carpa Universitaria el 24 de octubre, donde ocurrió una agresión sexual. Había informes de la Policía Municipal sobre asentamientos de inmigrantes cerca del evento. Alonso tiene formación en Jardinería y no posee cualificación para su cargo. Comparte con el alcalde Joseba Asirón una condena por intromisión al honor de una concejal de UPN. Ambos aceptaron una multa de 4.000 euros por compartir un video comparando a la concejal con Hitler. El concejal afirmó no tener información sobre el refuerzo policial durante el evento. La agresión sexual ocurrió cuando la víctima fue asaltada por un grupo de magrebíes y llevada a un asentamiento de inmigrantes donde fue violada. La Policía Municipal no encontró a la víctima, sino que fueron otros jóvenes quienes la descubrieron semiinconsciente. El suceso conmocionó a Pamplona y generó críticas hacia el operativo de seguridad. La formación de Alonso se limita a un curso en la Granja Escuela de Aranzadi en Pamplona después de terminar el Bachillerato.
La asociación Pie en Pared ha producido un documental titulado 'Lo que nos ocultaron', dirigido por Carlos Saura, que analiza el pasado 'criminal' del PSOE durante la Segunda República. El documental estaba previsto estrenarse el 19 de mayo en el Congreso de los Diputados, pero fue vetado por la Mesa de la Cámara, presidida por Francina Armengol, cuatro horas antes del acto. El preestreno tendrá lugar el 16 de noviembre y se emitirá completo el 17 de noviembre en El Toro TV a las 22:00. El documental cuenta con el guion de Marcos de Quinto, Juan Carlos Girauta y Javier García Isac, y análisis de historiadores como Alfonso Bullón de Mendoza, Pío Moa y Luis Togores. Los impulsores del documental denuncian que la decisión de la Mesa fue 'discrecional' y una 'maniobra de censura'. Vox calificó la decisión de 'completa deriva antidemocrática' del Gobierno. El documental pretende arrojar verdad histórica sobre el papel de los socialistas en la Segunda República y su conexión con la Guerra Civil. La producción audiovisual se presenta como un 'repaso serio y documentado' a la historia de la II República y el papel del PSOE.
Juan Vega Amaya, 'El Vito', narco de 24 años de Son Banya, fue brutalmente agredido en la cárcel de Palma el pasado 18 de octubre. Acumula una decena de antecedentes por tráfico de drogas y agresiones. Fue atacado por varios internos que lo acusaban de ser un 'bocachancla y chivato'. La dirección del centro penitenciario decidió trasladarlo de módulo por motivos de seguridad. La paliza se produce en un contexto de guerra interna entre clanes de narcotraficantes de Palma, marcado por detenciones masivas y acusaciones cruzadas de delación. 'El Vito' era señalado como uno de los principales compradores de hachís y cocaína de la red dirigida por Stefan Milojevic. Su rápida ascensión levantó recelos y fue acusado de filtrar información que permitió incautaciones y detenciones de miembros de otros clanes. En abril, fue detenido por atropellar intencionadamente a un integrante de un clan rival en Palma y fue acusado de homicidio en grado de tentativa, aunque el juez decidió dejarlo en libertad. La Justicia ha dictado su propia sentencia dentro de los muros del penal, donde los 'bocachanclas' y 'chivatos' no tienen perdón.
El 7 de noviembre de 2025, TVE entrevistó a María del Mar Suárez, liberada sindical de UGT, presentándola como médica. Suárez admitió no ser sanitaria sino administrativa y haber trabajado como cocinera en el hospital Virgen del Rocío. Javier Ruiz, presentador de Mañaneros, la presentó como médica tres veces sin que Suárez corrigiera. La entrevista se centró en la crisis de cribados de cáncer de mama en Andalucía. Ruiz intentó justificar la presencia de Suárez citando un nombramiento interno del SAS en 2021 como responsable de admisión de Traumatología. Suárez aprovechó para invitar a la manifestación de la marea blanca convocada por UGT. El presentador terminó la entrevista sin explicar por qué se permitió hablar a una no sanitaria como médica en TVE.
La trama de corrupción endosó 1,4 millones de mascarillas al Gobierno de Francina Armengol al inicio de la pandemia por 3,7 millones de euros. El Gobierno balear pagó 2,75 euros por unidad, pero los cubrebocas nunca se utilizaron y resultaron no cumplir con los estándares de calidad. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil descubrió mensajes entre Íñigo Rotaeche, administrador de Soluciones de Gestión, y Víctor de Aldama, comisionista, que evidencian la operación. El 26 de abril de 2020 se entregaron las mascarillas, pero el contrato se formalizó el 8 de mayo. La compra se realizó con financiación de fondos comunitarios, lo que motivó la investigación de la Fiscalía Europea. El Gobierno canario, presidido por Ángel Víctor Torres, también adquirió 2,7 millones de mascarillas por 6,87 millones de euros a la misma empresa. Torres tuvo un papel activo en la agilización de los pagos, contradiciendo sus declaraciones en sede parlamentaria. La UCO halló mensajes que demuestran su involucramiento, incluyendo la presión a funcionarios para acelerar los pagos. El consejero de Presidencia, Antonio Olivera, garantizó la adquisición pese a las dudas sobre el precio y la calidad. La trama recibió cuatro contratos por valor de 12,3 millones de euros por material sanitario. La investigación también apunta a que Armengol retuvo mascarillas mientras el resto del país sufría escasez. El director del Servicio de Salud de Baleares (IB-Salud), Manuel Palomino, recibió una llamada de Koldo García, facilitando el contacto con Rotaeche para la contratación.
Nuevas pruebas en el 'caso Leire Díez' apuntan a Santos Cerdán, exsecretario de organización del PSOE, como representante del Gobierno en una trama para obtener información crítica contra fiscales y mandos de la UCO. El fiscal Ignacio Stampa presentó mensajes que lo implican directamente. La investigación, llevada a cabo por el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, incluye presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho relacionados con Leire Díez, Javier Pérez Dolset y Pere Rusiñol. Los mensajes revelan que Cerdán organizó una reunión con Stampa el 7 de mayo en representación del Gobierno. Luis del Rivero, expresidente de Sacyr, confirmó que 'el enviado' era 'Santos C'. La trama ofrecía favores judiciales a cambio de información reservada sobre jueces, fiscales y agentes de la Guardia Civil. El caso está relacionado con la esposa del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez, y su implicación en una causa judicial.
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Rocío Delgado