El artículo cumple con las expectativas del título, proporcionando información clara sobre la compensación económica para los jurados populares en España. La calidad informativa es buena, pero podría incluir más detalles sobre el proceso de selección y las obligaciones de los jurados.
La Comisión Europea ha seleccionado a Asval (Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler) para liderar el proyecto LIFE INSPIRE-US, cuyo objetivo es fomentar la rehabilitación energética de viviendas en alquiler. Este proyecto, que se desarrollará hasta 2028, busca promover viviendas más asequibles, sostenibles y seguras. Asval colaborará con Testa Home, EuroPace, Almond Real Estate, la Unión Internacional de Propiedad Privada (UIPI), la consultora URBHE y la Universidad de Alicante. El proyecto aspira a rehabilitar 1.000 viviendas y abordar el 'split incentive dilemma', que dificulta la rehabilitación energética en viviendas en alquiler debido a la separación de incentivos entre propietarios e inquilinos. Se implementarán modelos innovadores de financiación, trámites simplificados y un sistema de ventanilla única. El consorcio pondrá en marcha tres proyectos piloto en Madrid, con el objetivo de mejorar las calificaciones energéticas de los inmuebles. El proyecto contará con un Consejo Asesor de expertos, incluyendo a Julio César Tejedor Bielsa, Bruno Sauer, Inés Leal, José Antonio Granero, Juan Palacios y Luis Kar Delgado. La rehabilitación energética es crucial para reducir emisiones, cumplir con compromisos climáticos europeos y aumentar la oferta de alquiler asequible.
El AVE llegó a Ourense hace casi cuatro años con una inversión de 10.000 millones de euros, acortando la distancia con Madrid a poco más de dos horas. Sin embargo, el potencial turístico de la ciudad no se ha aprovechado. Los datos de visitantes muestran que, aunque el tráfico ferroviario aumentó, la mayoría de los pasajeros no se apearon para visitar la ciudad. En el verano de 2021, Ourense recibió 37.577 turistas, un 14,7% menos que los 44.000 del verano de 2019. La ciudad carece de promoción turística y la Intermodal de Ourense no cuenta con un punto de información para guiar a los viajeros. La 'marca Ourense' no se explota a nivel municipal y el gobierno local considera el termalismo un 'bluf'. La falta de promoción del patrimonio y la escasa oferta cultural durante el verano refuerzan la sensación de oportunidad perdida.
Iberdrola ha presentado su nuevo plan estratégico para 2025-2028 y visión hasta 2031, asumiendo el cierre de centrales nucleares en España. El grupo considera el peor escenario posible. Iberdrola, Endesa y Naturgy están negociando con el Gobierno para extender la vida operativa de las centrales, renegociando el pacto de 2019 para cerrarlas entre 2027 y 2035. El plan de Iberdrola asume el cierre de Almaraz, con un impacto de 550 megavatios menos en 2028. La central de Almaraz, donde Iberdrola tiene más del 50%, cerrará Almaraz I en noviembre 2027 y Almaraz II en octubre 2028. El grupo prioriza proyectos en construcción en Reino Unido (2.720 MW) y EEUU (2.300 MW).
Iberdrola, Endesa y Repsol han iniciado un pleito masivo en el Tribunal Supremo por el apagón del 28 de abril. Veintena de empresas como Elawan, Gesternova, IBV, Magnon, Norvento, grupo Gallo y Acesur se han personado en las demandas. El objetivo es tumbar la validez del informe del comité gubernamental que analizó las causas del apagón. El comité, creado el 30 de abril, concluyó que el apagón se debió a un problema de sobretensión con origen multifactorial. Las empresas eléctricas, distribuidoras y comercializadoras se juegan entre 2.000 y 4.000 millones en potenciales indemnizaciones. La estrategia legal de Iberdrola y Endesa busca blindaje y retrasar la causa años si es necesario. Otras empresas se han sumado como partes implicadas para obtener protección legal y seguimiento de los desenlaces jurídicos.
La alta velocidad en España experimentó un aumento del 77,2% en el número de pasajeros en 2024 respecto a 2019, con un total de 39,6 millones de viajeros. Esto se debe a la liberalización del sector y la entrada de nuevos operadores como Ouigo e Iryo, que junto a Renfe, han provocado una caída en los precios del 44% (ajustado por inflación). La competencia ha llevado a un aumento del 42% en el uso de la red de alta velocidad, destacándose el corredor Madrid-Levante con un incremento del 80%. Los precios han bajado un 33% respecto a 2019. Renfe mantiene la liderazgo con el 54% de cuota de mercado, seguido de Iryo con el 21% y Ouigo con el 13%. La liberalización ha generado un beneficio social de 503,9 millones de euros, con ahorros para los viajeros de 431,3 millones y una reducción de emisiones de CO2 de más de 220.000 toneladas. Adif ha ganado 133,3 millones más por cánones, pero las empresas ferroviarias han registrado pérdidas de 99,5 millones en 2024.
El SEPE detalla que para cobrar el paro, el trabajador debe perder su empleo por causas ajenas a su voluntad. Si un empleado renuncia voluntariamente, no podrá acceder a la prestación por desempleo, a menos que cumpla ciertas condiciones. Por ejemplo, si después de la dimisión trabaja al menos tres meses y es despedido por causas legales en ese nuevo empleo, puede solicitar la prestación por desempleo acumulada en trabajos anteriores. La normativa contempla que, incluso si los contratos posteriores a la renuncia voluntaria son de corta duración, siempre que en conjunto sumen un mínimo de tres meses trabajados, el trabajador recupera su derecho al paro. El motivo de la finalización de esos empleos debe ser por despido ordinario, fin de contrato, no haber superado periodos de prueba o estar afectado por un ERE. También se requiere haber cotizado previamente el tiempo necesario. Con 360 días cotizados, se tiene derecho a 120 días de paro. A partir de 2.160 días cotizados (unos seis años) se tiene derecho a 720 días (unos dos años) de prestación por desempleo. Cuando el empleado dimite, el empresario no está obligado a indemnizar al trabajador, pero puede simular un despido disciplinario, lo que es ilegal y puede tener consecuencias legales. El Estatuto de los Trabajadores contempla excepciones en las que la baja voluntaria sí da derecho a cobrar el paro, como cambios unilaterales en la ubicación del puesto de trabajo, modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo, acoso laboral o retrasos reiterados en el pago del salario.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ordenado al Juzgado de lo Social número 31 de Madrid que admita a trámite la macrodemanda interpuesta por más de 200 trabajadores de El Corte Inglés contra la compañía y los sindicatos CCOO, Fetico y Valorian. La demanda, presentada en septiembre de 2024, reclama cantidades salariales que los trabajadores consideran adeudadas conforme al convenio colectivo que invocan. El TSJM ha estimado que el juzgado debe pronunciarse sobre el fondo del asunto, pese a que inicialmente había archivado la demanda. El conflicto se remonta a la integración de trabajadores de logística en El Corte Inglés tras la covid, lo que llevó a la aplicación del Convenio de Grandes Almacenes en lugar del convenio de logística. Los trabajadores reclaman que deberían estar amparados por el convenio de logística debido a las características y riesgos de su trabajo. La demanda reclama cantidades concretas de salarios que solo afectan a los demandantes, sin extenderse a terceros. El Juzgado de lo Social deberá tramitar la macrodemanda y decidir si a los trabajadores les corresponde percibir las cantidades reclamadas.
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