Crítica:
El título sensacionalista no refleja la gradualidad del incremento. La información detallada sobre el MEI y sus implicaciones a largo plazo es valiosa.
El absentismo laboral en España supone un coste del 1% del PIB, unos 15.000 millones de euros, cifra superior a la media de la UE, que se sitúa en el 0,6%. La duración media de las bajas por contingencias comunes en España es de más de 40 días, mientras que en países como Alemania o Países Bajos es de 25 y 30 días respectivamente. La Fundación Civismo propone implementar revisiones médicas tempranas, planes de reincorporación obligatorios y la digitalización del sistema de bajas para reducir esta cifra. El impacto macroeconómico del absentismo se estima entre el 3% y el 3,5% del PIB anual, lo que equivale a más de 45.000 millones de euros anuales. Además, el coste directo para las empresas superó los 4.600 millones de euros en 2024, un 62% más que en 2019. España produce de media 39,4 euros por hora trabajada, mientras que Alemania produce 50,8 euros y Países Bajos 58,4 euros. El informe advierte de que mantener el diferencial con Europa supone un sobrecoste de 5.000 millones de euros al año.
El Tribunal Supremo (TS) ha dictaminado que la Agencia Tributaria no puede remitir más de dos liquidaciones a los contribuyentes si ambas fueron anuladas por error del fisco. Esta decisión se basa en una sentencia del 29 de septiembre que resuelve un litigio entre tres hermanos y Hacienda por el pago del impuesto de Sucesiones. El fisco emitió inicialmente una liquidación que fue anulada por el Tribunal Económico-Administrativo de Galicia debido a falta de motivación. Posteriormente, Hacienda emitió una segunda liquidación que fue caducada y reemplazada por una tercera, y luego una cuarta liquidación tras la anulación por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. El TS recordó su jurisprudencia de 2014-2015, que establece que la Administración solo tiene una segunda oportunidad para corregir liquidaciones anuladas por errores formales o materiales. El tribunal enfatizó que los contribuyentes no deben soportar reiteradas correcciones por parte de la Administración de forma indefinida. La doctrina del 'doble tiro' nació para limitar el poder de la Administración, no para ampliarlo, y se fundamenta en principios de buena administración y buena fe. El Supremo concluyó que solo es lícito un segundo acto de liquidación en sustitución del primero anulado, y que dictar terceras o ulteriores liquidaciones constituye una vulneración de estos principios.
Ángela de Miguel, presidenta de Cepyme desde el 20 de mayo, criticó al Gobierno de Pedro Sánchez por gastar fondos europeos en la Administración en lugar de invertirlos. En los últimos cinco años han desaparecido 2.700 empresas. Cepyme representa al 99.6% del tejido empresarial español formado por pymes y microempresas. La asociación denuncia que las políticas se diseñan pensando en grandes corporaciones. Los tres grandes retos identificados son: complejidad normativa, fiscalidad con un esfuerzo empresarial del 33% (8 puntos por encima de la media europea) y aumento de costes laborales. Cepyme exige consenso en el diálogo social para mejorar las condiciones laborales. La mala gestión de los fondos europeos se considera una oportunidad perdida para transformar España.
A partir del 9 de octubre de 2025, entra en vigor en la UE una nueva normativa que obliga a los bancos a verificar si el nombre del beneficiario coincide con el IBAN antes de ejecutar una transferencia. La medida busca prevenir fraudes bancarios y pagos erróneos. Los bancos deberán comprobar la coincidencia entre el nombre y el IBAN, y podrán mostrar tres tipos de mensajes: coincidencia total, coincidencia parcial y sin coincidencia. En caso de coincidencia parcial o sin coincidencia, el usuario podrá seguir adelante con la transferencia bajo su propia responsabilidad. La verificación se aplicará a transferencias SEPA estándar, inmediatas y periódicas programadas después del 9 de octubre de 2025. La medida surge debido al aumento de fraudes bancarios en la última década, incluyendo técnicas como vishing, smishing, estafas románticas y fraude del CEO. La verificación no elimina estos riesgos, pero puede actuar como una pausa para detectar posibles engaños. La normativa afecta a todos los proveedores de servicios de pago en la UE que gestionen transferencias en euros.
El Banco de España, dirigido por José Luis Escrivá, ha advertido sobre una nueva técnica fraudulenta que implica pagar el alquiler con transferencia bancaria. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 18% de la población en España vive de alquiler y el año pasado se alquilaron 717.338 viviendas, un 11% menos que en 2023. El Banco de España aconseja evitar este método de pago por transferencia, ya que puede resultar en una situación difícil si no existe un contrato firmado entre arrendatario y arrendador. Las transferencias son mandatos de pago irrevocables, lo que significa que una vez ejecutada, no puede cancelarse salvo en dos supuestos: que el beneficiario devuelva el dinero voluntariamente o que una orden judicial obligue a la reversión. El organismo recomienda extremar las precauciones antes de realizar cualquier envío de fondos, especialmente en operaciones como el alquiler de viviendas. En caso de fraude, se sugiere contactar urgentemente con el banco y denunciar ante la policía aportando pruebas posibles.
En Europa, se han vendido 1,13 millones de coches eléctricos puros en lo que va de año. Los modelos más asequibles, como el Renault 5 eléctrico y el Citroën ë-C3, han impulsado las ventas. El Renault 5 E-Tech y el Citroën ë-C3 son dos de los eléctricos más vendidos en España, con precios de 24.950 euros y 19.990 euros, respectivamente. Las ventas de coches eléctricos en el segmento A y B han crecido un 128% entre enero y agosto de 2025 en Europa. El Citroën ë-C3 y el Renault 5 E-Tech son los modelos que más han contribuido a este crecimiento. En España, el Renault 5 eléctrico se sitúa cuarto en el total de ventas de 2025 con más de 3.200 unidades. Los eléctricos más baratos, como el Dacia Spring, tienen un precio de 17.890 euros pero una autonomía limitada. Los Tesla siguen siendo competitivos gracias a su relación rango-precio-tecnología. Renault planea reducir aún más el precio de sus coches eléctricos con baterías LPF más asequibles.
Las empresas adjudicatarias de proyectos millonarios financiados por los fondos UE Next Generation están replanteándose su participación debido a los retrasos en los desembolsos por parte de la administración pública. Proyectos como el PERTE Agro, PERTE VEC y PERTE de Descarbonización, orientados a fortalecer la industria agroalimentaria, desarrollar el vehículo eléctrico y aumentar el peso de las energías renovables, respectivamente, han visto sus inversiones retrasadas. A pesar de que el plazo máximo de ejecución es el 30 de junio de 2026, las empresas solo tienen un escaso margen para realizar las inversiones comprometidas. La Asociación Española para el Fomento de la Financiación de la I+D+i (AFIDI) ha confirmado que el proceso de evaluación se está alargando más de diez meses, lo que está motivando perjuicios para las entidades beneficiarias. El PERTE Agro II cerró el plazo de solicitudes en octubre de 2024 y la resolución definitiva llegó en mayo de 2025. El Gobierno aún tiene pendiente solicitar 25.000 millones de euros a la Comisión Europea antes de agosto de 2026. España ha recibido 55.000 millones de euros de los fondos UE y se le asignaron 83.000 millones de euros en préstamos europeos con condiciones ventajosas.
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