El artículo destaca la venta apresurada de balizas V16 por Correos antes de la fecha límite de 2026, pero omite detalles sobre la rentabilidad real de esta operación para la empresa. El contraste de precios con Aliexpress añade un toque sensacionalista.
La planta automovilística de Linares vuelve a producir vehículos 15 años después gracias a un acuerdo con firmas chinas Zhengzhou Automobile y Anhui Coronet, con una inversión de 5 millones de euros y 200 empleos. La inauguración contó con la presencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo que generó controversia. Moreno acusó a Montero de acudir 'para hacerse la foto' sin aportar fondos. La Junta de Andalucía invirtió 15 millones de euros para recuperar la actividad. La planta, ahora llamada Parque Científico Tecnológico del Transporte Santana, tenía 2.000 trabajadores en 2011 y cesó su actividad ese año. Actualmente cuenta con 18 empresas y 500 trabajadores. El relanzamiento coincide con la llegada de otras empresas chinas como Zhengzhou Nissan. Las primeras unidades del modelo Santana 400 PHEV y 400D saldrán el 5 de diciembre con una capacidad inicial de 5.000 unidades anuales. El PSOE respondió que la reactivación industrial lleva 'sello socialista'.
Pedro Sánchez ha presentado Casa 47, una iniciativa gubernamental para abordar el problema de la vivienda que se proyecta como pilar de su política en 2026. Inicialmente, Sánchez estableció el ambicioso objetivo de construir 184.000 viviendas en España durante la legislatura para mitigar una de las crisis habitacionales más severas. Sin embargo, hacia finales de 2025, el desarrollo de viviendas no ha alcanzado ni un tercio de lo prometido, con solo cuatro de cada diez unidades en construcción, haciendo improbable el cumplimiento de la meta. La ministra Isabel Rodríguez oficializó en Madrid la creación de una nueva Entidad Estatal de Vivienda, derivada de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), para administrar el parque público de vivienda a precios asequibles. Este anuncio, realizado hace un año, se concretó recientemente y es interpretado por fuentes del Partido Popular como una maniobra de 'maquillaje' para encubrir el deficiente resultado del Ejecutivo en políticas de vivienda, acusando al Gobierno de 'aniquilar los proyectos de vida de miles de españoles'. Casa 47 implica la asunción por parte del Estado de la deuda de la Sareb, cifrada en 16.500 millones de euros. Este monto, según el artículo, permitiría la construcción de 100.000 viviendas asequibles. Como consecuencia de esta operación, Sareb retiró del mercado 40.000 viviendas económicas y 2.400 terrenos, transfiriéndolos a Sepes, lo que ha demorado significativamente la disponibilidad de este parque inmobiliario para los ciudadanos, agravando la crisis habitacional. El Partido Popular critica este traspaso, que tardó un año en materializarse y lo califica de "misma política equivocada", señalando que las futuras licitaciones incluirán "medidas restrictivas que generarán problemas de concurrencia" y dificultarán la gestión. Se ha generado controversia por el nombramiento de Laura Sánchez Espada, jefa de gabinete de la ministra Isabel Rodríguez y señalada por la UCO en un caso relacionado con el fiscal general del Estado, como miembro del consejo de administración de Sepes. El presupuesto estimado para Casa 47 en contratos de gestión y mantenimiento supera los 67 millones de euros (IVA incluido), destinados a las primeras viviendas transferidas por Sareb a Sepes. Esta licitación, estructurada en cuatro lotes geográficos (Asturias y Galicia; Murcia y Valencia; Andalucía, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha y Madrid; y Cataluña, Navarra y País Vasco), busca operar la nueva "empresa pública" que gestionará aproximadamente 50.000 pisos. El plazo para presentar ofertas vence el 8 de enero de 2026. Sepes exige que las empresas licitadoras demuestren haber gestionado integralmente carteras de alquiler equivalentes al 50% del lote correspondiente en al menos uno de los últimos tres años, y que un 5% de esas viviendas hayan estado bajo programas de alquiler asequible o social para colectivos vulnerables. Un licitador no podrá adjudicarse más de dos lotes. Se prevé que 13.000 viviendas estén disponibles para 2026 mediante estos contratos de dos años y tres meses, con el objetivo de gestionar 50.000 viviendas para 2029.
El Gobierno español no solicitará los 67.000 millones de euros pendientes en préstamos de los fondos UE Next Generation debido a su buen acceso a mercados financieros con costes inferiores. Italia y Portugal ya han recibido el 73% y 58% de sus préstamos respectivamente. España ha captado solo el 19% de sus 83.000 millones en préstamos. La Comisión Europea ofreció 83.000 millones en préstamos a España, pero el Ejecutivo priorizó las transferencias a fondo perdido. Fuentes del Ministerio de Economía señalan que España se financia a costes inferiores en los mercados (3,77%) frente a la media UE (3,84%) en préstamos a 20 años. El mecanismo de fondos UE acaba en agosto de 2026. España necesita acelerar su ritmo de ejecución de transferencias, actualmente en 1.100 millones mensuales, para alcanzar los 1.800 millones mensuales necesarios para completar las inversiones. Bruselas ha sugerido simplificar los planes de recuperación y permitir el intercambio de préstamos por subvenciones.
El Gobierno sabía que la familia Hidalgo, propietaria del 95% de Globalia (matriz de Air Europa), se repartió un dividendo de 6 millones de euros el 8 de septiembre de 2020, cuando el rescate público de 475 millones ya estaba decidido. La Junta General de Accionistas aprobó esta distribución a cuenta del ejercicio 2019. El servicio técnico de la SEPI consideró esto 'muy feo e inmoral' ya que no se les informó. La Orden PCM/679/2020 prohibía distribuir dividendos en un plazo de tres años desde la concesión del apoyo. El rescate se aprobó en el Consejo de Ministros del 3 de noviembre de 2020. Víctor de Aldama presionaba en el Ministerio de Transportes para el rescate desde marzo de 2020. El 16 de julio de 2020, Pedro Sánchez trató la preocupación por el dividendo en una reunión con Ábalos y Calviño. La aerolínea consiguió que se aprobara el fondo de ayudas de la SEPI a su medida el 21 de julio y el 7 de agosto se anunció que se ultimaba el rescate. A cambio, Ábalos se hospedó en un chalet en Marbella costeado por la familia Hidalgo. Las cuentas de 2019 muestran un reparto a cuenta de reservas de 34 millones y las de 2020 revelan el reparto de 6 millones aprobado el 8 de septiembre.
Los grandes inversores de Estados Unidos están cambiando su estrategia en España debido a la corrupción, adoptando un enfoque 'más selectivo' y 'oportunista'. La inversión extranjera procedente de EEUU se desplomó un 53% en la primera mitad de 2025, según datos del Ministerio de Economía. Históricamente, EEUU es el principal inversor extranjero en España, canalizando alrededor del 20% del capital inyectado desde fuera. La corrupción y el riesgo político son factores clave en esta decisión. El crecimiento del PIB español, superior a la media europea, justifica que mantengan inversiones en el país. La tensión política con Donald Trump, quien presionó a Pedro Sánchez para aumentar la inversión en defensa al 5% del PIB, también afecta negativamente. En el segundo trimestre de 2025, la inversión norteamericana cayó un 60% respecto al mismo periodo de 2024. Los datos del tercer trimestre, que se conocerán en las próximas semanas, marcarán el comportamiento en el conjunto del ejercicio.
España recibió 83.000 millones de euros en préstamos del programa Next Generation, pero solo ha solicitado 16.270 millones. El resto, 67.000 millones, quedará sin ejecutar debido a incapacidad administrativa y parálisis política. El plazo para solicitar los créditos expira en agosto de este año. Italia ha recibido el 80% de los préstamos asignados, mientras que España acumula siete modificaciones del Plan de Recuperación y ha perdido 1.100 millones por no cumplir hitos. La renuncia a los préstamos implica renunciar a inversiones transformadoras por valor de hasta 60.000 millones. La ejecución se degrada año tras año, proliferando renuncias en las convocatorias y discrecionalidad en la adjudicación de fondos. Los Next Generation eran la oportunidad de modernizar España, pero se han convertido en el reflejo de un Gobierno que confunde propaganda con gestión.
El Ministerio de Hacienda pospone a 2027 la entrada en vigor de Verifactu, sistema de verificación de facturas en tiempo real. La decisión causa estupor entre asesores fiscales y perjudica a empresas que ya habían adaptado sus sistemas. La Asociación Española de Asesores Fiscales critica la falta de planificación y el impacto negativo en la confianza empresarial. El retraso afecta a empresas que habían invertido en tecnología y formación para cumplir con la normativa, generando dudas sobre la estabilidad normativa y la capacidad de previsión de la política fiscal. El sistema Verifactu pretende controlar la mayoría de las facturas emitidas en España de forma exhaustiva y en tiempo real. El aplazamiento constituye un reconocimiento implícito de que la preparación no ha sido suficiente. La decisión puede desincentivar a empresas que se adaptaron y premiar a quienes no lo hicieron. El mensaje que lanza esta decisión es desalentador y mina la confianza empresarial. La pérdida de tiempo y dinero entre empresarios y autónomos es evidente. El perjuicio entre los que decidieron cumplir de forma diligente es total.
Comentarios