El título sensacionalista contrasta con el contenido informativo que detalla las razones detrás de la decisión de España de no solicitar los préstamos UE. La crítica implícita al Gobierno español por no aprovechar estos fondos está bien fundamentada con datos.
Pedro Sánchez ha presentado Casa 47, una iniciativa gubernamental para abordar el problema de la vivienda que se proyecta como pilar de su política en 2026. Inicialmente, Sánchez estableció el ambicioso objetivo de construir 184.000 viviendas en España durante la legislatura para mitigar una de las crisis habitacionales más severas. Sin embargo, hacia finales de 2025, el desarrollo de viviendas no ha alcanzado ni un tercio de lo prometido, con solo cuatro de cada diez unidades en construcción, haciendo improbable el cumplimiento de la meta. La ministra Isabel Rodríguez oficializó en Madrid la creación de una nueva Entidad Estatal de Vivienda, derivada de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), para administrar el parque público de vivienda a precios asequibles. Este anuncio, realizado hace un año, se concretó recientemente y es interpretado por fuentes del Partido Popular como una maniobra de 'maquillaje' para encubrir el deficiente resultado del Ejecutivo en políticas de vivienda, acusando al Gobierno de 'aniquilar los proyectos de vida de miles de españoles'. Casa 47 implica la asunción por parte del Estado de la deuda de la Sareb, cifrada en 16.500 millones de euros. Este monto, según el artículo, permitiría la construcción de 100.000 viviendas asequibles. Como consecuencia de esta operación, Sareb retiró del mercado 40.000 viviendas económicas y 2.400 terrenos, transfiriéndolos a Sepes, lo que ha demorado significativamente la disponibilidad de este parque inmobiliario para los ciudadanos, agravando la crisis habitacional. El Partido Popular critica este traspaso, que tardó un año en materializarse y lo califica de "misma política equivocada", señalando que las futuras licitaciones incluirán "medidas restrictivas que generarán problemas de concurrencia" y dificultarán la gestión. Se ha generado controversia por el nombramiento de Laura Sánchez Espada, jefa de gabinete de la ministra Isabel Rodríguez y señalada por la UCO en un caso relacionado con el fiscal general del Estado, como miembro del consejo de administración de Sepes. El presupuesto estimado para Casa 47 en contratos de gestión y mantenimiento supera los 67 millones de euros (IVA incluido), destinados a las primeras viviendas transferidas por Sareb a Sepes. Esta licitación, estructurada en cuatro lotes geográficos (Asturias y Galicia; Murcia y Valencia; Andalucía, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha y Madrid; y Cataluña, Navarra y País Vasco), busca operar la nueva "empresa pública" que gestionará aproximadamente 50.000 pisos. El plazo para presentar ofertas vence el 8 de enero de 2026. Sepes exige que las empresas licitadoras demuestren haber gestionado integralmente carteras de alquiler equivalentes al 50% del lote correspondiente en al menos uno de los últimos tres años, y que un 5% de esas viviendas hayan estado bajo programas de alquiler asequible o social para colectivos vulnerables. Un licitador no podrá adjudicarse más de dos lotes. Se prevé que 13.000 viviendas estén disponibles para 2026 mediante estos contratos de dos años y tres meses, con el objetivo de gestionar 50.000 viviendas para 2029.
Correos está acelerando la venta de balizas de emergencia V16 antes del 1 de enero de 2026, fecha límite para su comercialización. Estas balizas, que sustituirán a los triángulos de emergencia, deben llevarse en la guantera del coche y conectarse a la DGT para geolocalizar incidencias. La ley establece que las balizas deben tener 12 años de conectividad a Internet. Correos comercializa estas unidades con una fecha de expiración para el 1 de enero de 2038. El precio de venta al público incluye el coste de las comunicaciones durante al menos 12 años. La empresa presidida por Pedro Saura asegura que sus productos se ajustan a la normativa vigente. Un dispositivo similar se vendía en Aliexpress por 26,50 euros, mientras que Correos lo ofrece por 49,90 euros. La empresa que fabrica estos dispositivos es 'LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED', con varias balizas homologadas por la DGT. Las balizas V16 se colocan en el techo del vehículo en caso de avería o accidente y disponen de fuerte iluminación y conexión a la DGT para su geolocalización.
El Gobierno sabía que la familia Hidalgo, propietaria del 95% de Globalia (matriz de Air Europa), se repartió un dividendo de 6 millones de euros el 8 de septiembre de 2020, cuando el rescate público de 475 millones ya estaba decidido. La Junta General de Accionistas aprobó esta distribución a cuenta del ejercicio 2019. El servicio técnico de la SEPI consideró esto 'muy feo e inmoral' ya que no se les informó. La Orden PCM/679/2020 prohibía distribuir dividendos en un plazo de tres años desde la concesión del apoyo. El rescate se aprobó en el Consejo de Ministros del 3 de noviembre de 2020. Víctor de Aldama presionaba en el Ministerio de Transportes para el rescate desde marzo de 2020. El 16 de julio de 2020, Pedro Sánchez trató la preocupación por el dividendo en una reunión con Ábalos y Calviño. La aerolínea consiguió que se aprobara el fondo de ayudas de la SEPI a su medida el 21 de julio y el 7 de agosto se anunció que se ultimaba el rescate. A cambio, Ábalos se hospedó en un chalet en Marbella costeado por la familia Hidalgo. Las cuentas de 2019 muestran un reparto a cuenta de reservas de 34 millones y las de 2020 revelan el reparto de 6 millones aprobado el 8 de septiembre.
Los grandes inversores de Estados Unidos están cambiando su estrategia en España debido a la corrupción, adoptando un enfoque 'más selectivo' y 'oportunista'. La inversión extranjera procedente de EEUU se desplomó un 53% en la primera mitad de 2025, según datos del Ministerio de Economía. Históricamente, EEUU es el principal inversor extranjero en España, canalizando alrededor del 20% del capital inyectado desde fuera. La corrupción y el riesgo político son factores clave en esta decisión. El crecimiento del PIB español, superior a la media europea, justifica que mantengan inversiones en el país. La tensión política con Donald Trump, quien presionó a Pedro Sánchez para aumentar la inversión en defensa al 5% del PIB, también afecta negativamente. En el segundo trimestre de 2025, la inversión norteamericana cayó un 60% respecto al mismo periodo de 2024. Los datos del tercer trimestre, que se conocerán en las próximas semanas, marcarán el comportamiento en el conjunto del ejercicio.
España recibió 83.000 millones de euros en préstamos del programa Next Generation, pero solo ha solicitado 16.270 millones. El resto, 67.000 millones, quedará sin ejecutar debido a incapacidad administrativa y parálisis política. El plazo para solicitar los créditos expira en agosto de este año. Italia ha recibido el 80% de los préstamos asignados, mientras que España acumula siete modificaciones del Plan de Recuperación y ha perdido 1.100 millones por no cumplir hitos. La renuncia a los préstamos implica renunciar a inversiones transformadoras por valor de hasta 60.000 millones. La ejecución se degrada año tras año, proliferando renuncias en las convocatorias y discrecionalidad en la adjudicación de fondos. Los Next Generation eran la oportunidad de modernizar España, pero se han convertido en el reflejo de un Gobierno que confunde propaganda con gestión.
El Ministerio de Hacienda pospone a 2027 la entrada en vigor de Verifactu, sistema de verificación de facturas en tiempo real. La decisión causa estupor entre asesores fiscales y perjudica a empresas que ya habían adaptado sus sistemas. La Asociación Española de Asesores Fiscales critica la falta de planificación y el impacto negativo en la confianza empresarial. El retraso afecta a empresas que habían invertido en tecnología y formación para cumplir con la normativa, generando dudas sobre la estabilidad normativa y la capacidad de previsión de la política fiscal. El sistema Verifactu pretende controlar la mayoría de las facturas emitidas en España de forma exhaustiva y en tiempo real. El aplazamiento constituye un reconocimiento implícito de que la preparación no ha sido suficiente. La decisión puede desincentivar a empresas que se adaptaron y premiar a quienes no lo hicieron. El mensaje que lanza esta decisión es desalentador y mina la confianza empresarial. La pérdida de tiempo y dinero entre empresarios y autónomos es evidente. El perjuicio entre los que decidieron cumplir de forma diligente es total.
La UE estudia un impuesto que podría afectar a 3.700 millones de euros en Extremadura. Dinamarca propone un aumento del 132% en los impuestos al tabaco calentado. El sector del tabaco aporta 3.750 millones al PIB nacional y sostiene 61.500 empleos. Extremadura concentra más del 98% de la producción nacional de tabaco y genera un valor añadido de 70 millones anuales. El cultivo de tabaco en la región beneficia a unas 20.000 familias. En 2024, el 74% del tabaco extremeño se exportó, alcanzando los 80 millones de euros en ventas al exterior. El rendimiento por hectárea del tabaco (14.000 euros) supera al del olivar (1.000 euros). La propuesta danesa podría reducir la demanda de tabaco calentado y poner en peligro miles de puestos de trabajo rurales. El sector reclama una regulación equilibrada que reconozca su importancia económica y social. La imposición propuesta establece que un kilogramo de tabaco no quemado pague un 67% más que el tabaco quemado (360 euros frente a 215 euros para cigarrillos convencionales).
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