El contenido del artículo detalla claramente la denuncia de ATA contra el Gobierno por no aplicar la directiva europea del IVA, aunque podría profundizar más en las implicaciones legales y económicas de esta omisión. La crítica al Gobierno es directa y está bien fundamentada con datos específicos.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, propone una séptima subida consecutiva del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Los sindicatos UGT y CCOO solicitan un incremento del 7.5%, desde 1.184€ hasta 1.273€. Según cálculos sindicales, de la subida total, 57€ mensuales irían a Hacienda (IRPF) mientras que los trabajadores recibirían solo 32€ más al mes. Cuesta y García expresan su preocupación por el impacto en autónomos y PYMEs. La subida se plantea en un contexto de debate sobre las implicaciones para el tejido empresarial.
La Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios y Trabajadores Autónomos (ATA) ha denunciado a España ante la Comisión Europea por no eximir del IVA a autónomos que facturan menos de 85.000 euros anuales. La Directiva europea establece que autónomos y pequeñas empresas de la UE con facturación inferior a 85.000 euros deben estar exentos de repercutir, liquidar y declarar el IVA. El Gobierno español ha rechazado esta medida y solo permitirá acogerse al régimen de exención a profesionales que realicen ventas a otros países de la UE por menos de 100.000 euros al año. ATA exige la implantación de un régimen real de simplificación/exención de IVA para pequeños negocios, alineado con la UE. El Ejecutivo debía transponer esta medida antes del 31 de diciembre de 2024 para que entrara en vigor el 1 de enero de 2025. Lorenzo Amor, presidente de ATA, destaca que los autónomos españoles son los únicos de la UE que no pueden acogerse al IVA franquiciado si facturan menos de 85.000 euros.
China lanzó su 'Plan Marshall verde' en 2011, invirtiendo 227.000 millones de dólares en más de 450 proyectos de manufactura de nueva energía. El 88% de esta inversión se concentró desde 2022, acelerando su hoja de ruta. La Belt and Road Initiative (BRI) es central en esta estrategia, destinando gran parte de la inversión en energía verde a países miembros. En 2024, China invirtió 11.800 millones en energía verde, y 9.700 millones en los primeros seis meses de 2025. China produce el 80% de los paneles solares, 75% de las baterías de litio y 70% de las turbinas eólicas mundiales. En 2024, exportó tecnologías renovables por valor de 177.000 millones, de los cuales 72.000 millones fueron a países en desarrollo. Etiopía y Marruecos son ejemplos de países que han recibido inversiones chinas para transición energética. Brasil aumentó aranceles para atraer fábricas chinas como BYD y Great Wall Motors. India, pese a tensiones diplomáticas, depende de China para tecnologías renovables. La COP30 en Brasil destacó el papel de China como líder en energías renovables, llenando un vacío dejado por EEUU.
La Policía Nacional registró la sede de Plus Ultra el 11 de diciembre de 2025, deteniendo a su consejero delegado, Roberto Roselli, y al dueño, Julio Martínez, en una investigación por presunto blanqueo de capitales. Los 300 empleados de la aerolínea venezolana se quedaron sin su cena de Navidad programada para ese día en el Gran Casino de Madrid. La investigación se centra en posibles movimientos económicos sospechosos vinculados a la gestión y uso de dinero público. El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid ya había archivado una causa similar en enero de 2023, pero la ha reactivado tras nuevas aportaciones. El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, cercano al dueño de la aerolínea, negó que las detenciones le puedan afectar. La aerolínea recibió un rescate de 53 millones de euros durante la pandemia. Los agentes de la UDEF accedieron a archivos internos y sistemas informáticos de la aerolínea y realizaron copias de datos de móviles y equipos para analizar comunicaciones y pruebas digitales.
El Gobierno financió con 17.3 millones de euros un proyecto de Forestalia en 2022 a través de Sepides. La ayuda se otorgó mediante el Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (Faiip). Forestalia, holding de Fernando Samper, centra su actividad en energías renovables. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizó 19 registros en tres provincias: Sevilla, Madrid y Zaragoza, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en contrataciones públicas. El Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional investiga a Sepides y otras empresas públicas. Forestalia tiene un megaproyecto en Teruel con 22 parques eólicos que ha generado denuncias por posibles delitos medioambientales. El proyecto, iniciado en 2023, cuenta con una inversión prevista de 800 millones de euros y la creación de 2.500 puestos de trabajo. La Justicia de Aragón investiga posibles infracciones en los informes de impacto ambiental aprobados por el Ministerio de Transición Ecológica.
Leire Díez firmó un contrato para comercializar balizas de emergencia V16 en Correos en 2023. La venta de estas balizas será obligatoria en vehículos desde el 1 de enero de 2026. Correos comercializa estas balizas a 49,90 euros, casi el doble que en Aliexpress (26,50 euros). La empresa pública acelera la venta de un paquete de balizas que será ilegal a partir de 2026 por no cumplir con la regulación de 12 años de conectividad. El contrato se firmó cuando Díez era directora de Filatelia y Antonio Rueda era director de Operaciones. Juan Manuel Serrano era presidente de Correos desde 2018, cercano a Pedro Sánchez. El negocio de balizas en Correos supone 1.500 millones de euros. El Real Decreto exige que la fecha de caducidad figure en el envase y en el dispositivo. Correos declinó hacer declaraciones sobre el contrato y la diferencia de precios. Díez no fue localizada para comentar.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detuvo el jueves 5 de Enero al dueño, Julio Martínez, y al CEO, Roberto Roselli, de la aerolínea Plus Ultra. La operación se produjo en el marco de una investigación por presunto delito de blanqueo de capitales. Los agentes registraron la sede de la aerolínea venezolana y accedieron a archivos internos, sistemas informáticos y realizaron volcados de datos de móviles y equipos. La investigación se centra en posibles movimientos económicos sospechosos vinculados a la gestión y uso de dinero público. El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid instruye la causa bajo secreto de sumario. En enero de 2023, este mismo juzgado archivó una causa relacionada con el rescate de 53 millones de euros concedidos a Plus Ultra durante la pandemia, pero la ha reabierto tras recibir nuevas aportaciones y documentación relevante. La jueza Esperanza Collazos había dictado el sobreseimiento inicial debido a la falta de pruebas concluyentes y porque la aprobación del rescate correspondió al Consejo de Ministros.
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