Crítica:
Título y contenido coinciden en el incumplimiento del Gobierno, pero falta detalle sobre cuándo se publicarán las ayudas. Buena cobertura de los cambios en las cuantías y presupuestos.
Título y contenido coinciden en el incumplimiento del Gobierno, pero falta detalle sobre cuándo se publicarán las ayudas. Buena cobertura de los cambios en las cuantías y presupuestos.
Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), ganó un total de 726.000 euros en 2024, según Financial Times. Esto supone un 56% más que el salario 'básico' de 466.000 euros publicado por el BCE. Lagarde recibe 135.000 euros en prestaciones sociales y 125.000 euros por su puesto en el Banco de Pagos Internacionales (BPI). Su salario total es casi cuatro veces superior al del presidente de la Reserva Federal estadounidense, Jay Powell, que gana 203.000 dólares (172.720 euros). El BCE no publica información detallada sobre las prestaciones sociales de sus miembros del comité ejecutivo ni sobre los salarios del BPI. El eurodiputado Fabio De Masi criticó la falta de transparencia del BCE en materia salarial, comparándola con la información más detallada que ofrece Deutsche Bank sobre el salario de su CEO, Christian Sewing, que ganó 9,8 millones de euros en 2024. Lagarde es la funcionaria mejor pagada de la UE, con un salario base un 21% superior al de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. La remuneración total de Lagarde podría ascender a 6,5 millones de euros durante sus ocho años como presidenta del BCE, considerando pagos adicionales y de transición. A partir de 2030, podría recibir una pensión anual de unos 178.000 euros.
La Sepi oculta el expediente del rescate de Talgo por falta de 'interés público superior'. El brazo inversor de Moncloa tomó el 7,8% de Talgo tras pagar una prima superior al 40%. El acuerdo se anunció a finales de julio y formaba parte de los compromisos adquiridos por Pedro Sánchez con Imanol Pradales, del PNV. La Sepi y un consorcio liderado por la siderúrgica vasca Clerbil S.L. adquirieron el 27,4% y el 7,8% de Talgo respectivamente. La operación supuso comprar más de 36 millones de acciones a 4,25 euros por título. La Sepi justificó la ocultación del expediente debido a cláusulas de confidencialidad y normativa de mercados de valores. El abogado Isaac Ibáñez García solicitó los informes a la Sepi, que fueron denegados. El acuerdo se consumó el 17 de diciembre tras casi dos años de negociaciones. En agosto de 2024, Moncloa vetó la opa de Magyar Vagon para quedarse con Talgo alegando riesgos para la seguridad nacional. El consejo de Talgo consideró la opa amistosa y atractiva a 5 euros por título, valorando el grupo en más de 600 millones.
La cotización adicional del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) aumentó al 0,9% desde el 1 de enero de 2026. La empresa paga el 0,75% y el trabajador el 0,15% sobre la base de cotización. Para quienes perciban el salario máximo de cotización (63.180 euros), la reducción total del trabajador rondará los 95 euros al año. Un trabajador con un salario bruto de 2.000 euros al mes verá reducida su nómina en 3 euros mensuales. La cotización aumentará progresivamente hasta el 1,2% en 2029 (1% empresa, 0,2% trabajador) y se mantendrá hasta 2050 para recaudar aproximadamente 130.000 millones de euros. Los trabajadores no necesitan hacer ningún trámite, ya que la Seguridad Social aplica la deducción automáticamente y las empresas la reflejan en la nómina mensual. El MEI entró en vigor en 2023 para financiar la hucha de las pensiones y garantizar la sostenibilidad del sistema ante el reto demográfico. El coste de la vida se ha encarecido un 22% en el último lustro, mermando el poder adquisitivo de los hogares.
La empresa pública Correos ha ofrecido a sus clientes la baliza V16 de la empresa Grandisor Internacional S.L., cuya administradora, María Cruz Díaz Mencía, no figura en registros públicos. Grandisor cerró 2024 al borde de la quiebra con 2 empleados y pérdidas de 57.000 euros. La DGT homologó casi 300 balizas V16, muchas de ellas con diferentes nombres y precios hasta triplicando los de China. Correos licitó la compra de 4.800 balizas V-16 por 172.800 euros, fijando el precio en 36 euros por unidad. La Guardia Civil hizo un pedido mínimo de 17.000 dispositivos a un rango similar. La obligatoriedad de las balizas V16 comenzó el 1 de enero de 2026, con multas para quienes no las compren. Grandisor Internacional S.L. tiene su sede en Madrid y está vinculada a una compañía de Hong Kong. Las balizas V16 han generado polémica por supuestos problemas de privacidad al geolocalizar a los conductores.
Rodolfo José Reyes Rojas, empresario venezolano y expropietario de Plus Ultra Líneas Aéreas, abandonó España rumbo a Venezuela antes de las detenciones relacionadas con una investigación por presunto blanqueo de capitales. La investigación se centra en la ayuda de 53 millones de euros concedida a Plus Ultra en 2021. Reyes fue clave en la entrada de capital venezolano en la aerolínea desde 2017. La causa judicial, iniciada por la Fiscalía Anticorrupción, investiga si Plus Ultra utilizó fondos públicos para devolver préstamos vinculados a una trama de blanqueo de capitales venezolanos. Reyes y su socio Camilo Ibrahim Issa fueron acusados en 2017 por la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, de estar involucrados en una trama de desvío de fondos de los programas estatales de distribución de alimentos (CLAP). En 2021, Reyes intentó ingresar en Estados Unidos, pero fue deportado a Panamá por problemas con su visado. En diciembre de 2025, se intensificó la investigación con registros y detenciones en la sede de Plus Ultra, incluyendo al presidente Julio Martínez Sola y al consejero delegado Roberto Roselli. La investigación también implica a un prestamista neerlandés, Simon Leendert Verhoeven, y a los hermanos Baca Arbulu, vinculados a operaciones financieras sospechosas. Plus Ultra reembolsó préstamos puente rápidamente tras recibir el rescate y transfirió 5,04 millones de dólares a una cuenta en Andcapital Bank de Puerto Rico, entidad señalada por lavado de dinero vinculado a fondos venezolanos.
La Unión Europea ha aprobado una directiva de transparencia salarial que entrará en vigor en 2026. Las empresas deberán hacer públicos los sueldos de empleados y candidatos para reducir desigualdades y la brecha salarial de género. A partir de esa fecha, las empresas estarán obligadas a informar del salario o rango salarial de un puesto desde el inicio del proceso de selección. Quedará prohibido preguntar a los candidatos sobre sus salarios anteriores. Los trabajadores en activo podrán solicitar información sobre el salario medio de personas en puestos similares, con datos diferenciados por género. Las empresas con más de 250 empleados deberán presentar informes anuales sobre la brecha salarial, mientras que las empresas medianas lo harán cada tres años. Las microempresas quedarán exentas de algunas obligaciones. El impacto será significativo en el tejido empresarial europeo, suponiendo un cambio cultural importante en países donde hablar de dinero es incómodo. La medida busca promover la igualdad, justicia laboral y competitividad. En 2026, el mercado laboral europeo cambiará con las empresas adaptándose a una nueva era de transparencia y los trabajadores contando con más herramientas para defender la igualdad salarial.
La aerolínea Plus Ultra, con capital vinculado a Venezuela, enfrentaba graves problemas financieros antes de la pandemia de covid-19. En 2017, vendió dos aviones por 6.3M€ para acceder a un préstamo cuya legalidad está siendo investigada. Tras la venta, operaba solo con aviones alquilados. Informes internos discrepaban sobre la flota real: mientras Plus Ultra afirmaba tener cuatro aeronaves alquiladas, un informe del Ministerio de Transporte indicaba tres, con solo una operativa. La compañía acumulaba deudas de 10.644.826€ hasta enero de 2020. A pesar de facturar 102.775.453€ en 2019, registró pérdidas de 2.889.061€ debido a gastos de explotación de 104.465.462€. Los peritos judiciales destacaron que la crisis de Plus Ultra no comenzó con la pandemia, sino antes. El préstamo de 6.3M€ tenía parte indisponible en un banco en Dominica, lo que comprometía la liquidez. La tesorería y la flota se deterioraron desde 2017, y en 2021 operaba con un solo avión efectivo. La SEPI rescató a la aerolínea en 2021 debido a su insolvencia previa.
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