La adjudicación del contrato a Blu Castle Iberia SL genera dudas sobre la transparencia y la idoneidad debido a su estructura societaria compleja y antecedentes de embargos. La falta de detalles sobre la producción y externalización en Asia añade opacidad.
La negativa del Gobierno a deflactar el IRPF ha provocado una subida silenciosa de impuestos que afecta especialmente a las rentas medias y bajas. Desde 2018, la inflación acumulada supera el 23%, pero los tramos y mínimos del impuesto permanecen congelados, intensificando la progresividad en frío. Según el Instituto Juan de Mariana, un matrimonio con dos hijos y un salario de 30.000 euros sufre una pérdida de renta neta de 1.200 euros anuales debido a este fenómeno. La calculadora del IJM revela que, para un salario de 18.000 euros, la tributación aumenta un 179,9%, mientras que para uno de 50.000 euros, la subida es del 12,9%. El tipo efectivo para rentas de 32.000 euros sube un 15,3%, y para rentas de 90.000 euros, la subida es del 9,5%.
En los cuatro años desde que comenzó la liberalización ferroviaria en España, los ingresos de ADIF AV por el alquiler de las vías de alta velocidad han crecido el doble que la inversión en su mantenimiento. En 2025, se espera que ADIF AV ingrese unos 820 millones de euros, de los cuales 678 millones corresponden al canon por utilización de la red ferroviaria de interés general. Sin embargo, la inversión en mantenimiento de la red de alta velocidad apenas alcanzó los 437 millones ese mismo año. Entre 2022 y 2023, el canon por uso de las vías aumentó un 45,3%, mientras que la inversión en mantenimiento solo creció un 19,4%. Esta disparidad genera preocupación sobre la sostenibilidad de la red ferroviaria de alta velocidad, especialmente considerando que algunas vías tienen más de 30 años de antigüedad. Los operadores privados, como Ouigo e Iryo, han denunciado que el cálculo del canon es desproporcionadamente elevado en comparación con el resto de Europa, lo que les ha supuesto un sobrecoste del 40% desde su entrada en el mercado español.
La Comisión Europea ha lanzado una advertencia contundente a España: si no corrige su política respecto al IVA para autónomos en ventas intracomunitarias, llevará el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La normativa comunitaria, aprobada en 2020 y prevista para entrar en vigor el 1 de enero de 2025, obliga a los Estados miembros a eximir a los autónomos de repercutir el IVA a sus clientes de otros países de la UE. España, junto con otros cambios fiscales, ha incluido esta medida en un proyecto de ley que actualmente tramita el Congreso. Sin embargo, es el único país de la UE que aún no ha transpuesto esta directiva. La Comisión ha confirmado que no tiene constancia de que España haya cumplido con esta obligación y ha advertido que, de persistir el incumplimiento, elevará el caso al TJUE. La directiva también ofrece la opción de eliminar el IVA a autónomos con ingresos anuales inferiores a 85.000 euros, una posibilidad que España ha rechazado. La Asociación de Empresarios y Trabajadores Autónomos (ATA) ya denunció esta decisión ante la Comisión en diciembre.
La creación descontrolada de deuda está erosionando las monedas tradicionales, provocando una pérdida de confianza en los inversores y agentes económicos. El oro, la plata y otros activos tangibles están experimentando una subida vertiginosa, mientras que el dólar y otras divisas fiat se debilitan. Los economistas advierten que la dominancia fiscal y la monetización de la deuda pueden llevar a una inflación galopante. Los bancos centrales, paradójicamente, están comprando oro para protegerse de la devaluación de sus propias monedas. La situación es especialmente grave en economías con altos niveles de deuda pública, mientras que países con poca deuda, como Suecia, Noruega y Suiza, se perfilan como refugios seguros. El orden monetario global podría estar desmoronándose, según Ray Dalio, fundador de Bridgewater Associates.
La derogación del decreto ómnibus ha reactivado 60.000 desahucios paralizados. La medida, vigente desde marzo de 2020, protegía a inquilinos vulnerables de la crisis del Covid-19. Ahora, los propietarios pueden reanudar las demandas de desahucio. Carlos Muñoz, CEO de CIM Tax & Legal, explica que los jueces darán un plazo de dos meses a servicios sociales para buscar alternativas habitacionales. Los grandes tenedores deberán acreditar intentos de conciliación previos. La Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) denuncia que España es el único país occidental que extendió esta medida más allá de la crisis sanitaria, dejando a 58.000 caseros sin recuperar sus viviendas. El proceso de desahucio se reanudará con distintos plazos según el juzgado y la situación del procedimiento. Los propietarios afectados podrán solicitar compensaciones a las CCAA por los impagos sufridos, con un plazo que vence el 2 de febrero de 2026. Asval destaca que el 80% de las viviendas recuperadas en 2024 se lograron mediante acuerdos extrajudiciales, generalmente con pago de incentivos a los ocupantes.
El Gobierno destinó 1.900 millones de euros a RTVE y Correos en 2024, casi el triple que los 683 millones asignados al mantenimiento de la red ferroviaria española. Informes técnicos y sindicatos coinciden en señalar deficiencias en la conservación de vías y sistemas de seguridad como factores clave del deterioro del servicio ferroviario. La red ferroviaria española, dependiente de ADIF, recibió un 16% del gasto total en infraestructuras ferroviarias para mantenimiento, lo que refleja un claro predominio de la inversión en nuevas líneas frente a la conservación del sistema existente. El Tribunal de Cuentas ha criticado la falta de control en el gasto de RTVE, mientras que Correos arrastra pérdidas recurrentes debido al declive del negocio postal tradicional. El mantenimiento ferroviario es preventivo y técnico, e incluye la conservación de vías, señalización y sistemas de seguridad, cuyo descuido puede tener impactos acumulativos graves.
La Unión Europea ha dado luz verde a una controvertida modificación en las reglas de origen que permite etiquetar como 'marroquíes' los productos agrícolas cultivados en el Sáhara Occidental. Esta decisión, publicada el 28 de enero en el Diario Oficial de la UE, tiene efecto retroactivo desde el 3 de octubre, fecha en que la UE y Marruecos pactaron ampliar su acuerdo comercial. El cambio busca sortear la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que declaraba ilegal esta práctica. Los agricultores españoles, agrupados en Asaja, denuncian 'competencia desleal' y 'abandono' por parte de sus representantes políticos, y han convocado movilizaciones para el 29 de enero. Según Asaja, el Gobierno español, con sus votos en Bruselas, permitió que esta situación saliera adelante pese al rechazo mayoritario del sector. El Parlamento Europeo votó una objeción para frenar este reglamento el 26 de noviembre, pero se perdió por un solo voto, con el PSOE votando en contra. Los agrarios critican que se 'ocultan' los productos bajo regiones marroquíes como Dajla o El Aaiún, y que se ha priorizado la estabilidad diplomática con Rabat sobre la supervivencia de las explotaciones familiares españolas.
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