El artículo ofrece una visión detallada del incremento del gasto en prestaciones por desempleo, pero podría profundizar más en las implicaciones a largo plazo de estas políticas. La falta de una crítica más directa a las decisiones del Gobierno resta mordacidad al análisis.
En un giro inesperado, la empresa canadiense Colliers ha adquirido Ayesa Ingeniería, la compañía responsable de inspeccionar las vías del tramo Adamuz (Córdoba) donde un accidente ferroviario reciente se cobró 46 vidas. La venta, valorada en unos 600 millones de euros, se produce en plena investigación sobre el siniestro. Ayesa había sido contratada por el Ministerio de Transportes para revisar las soldaduras de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, precisamente en el tramo donde ocurrió el descarrilamiento. La CIAF apunta a una soldadura defectuosa como posible causa del accidente. La operación de compraventa no será efectiva hasta el segundo semestre de este año, momento en el que Colliers tomará el control total de Ayesa. Los actuales propietarios, A&M Capital Europe y la familia Manzanares, dejarán de controlar la empresa que ha estado en el ojo del huracán por su papel en la inspección de las vías. La venta ha generado controversia en el sector debido a su sincronía con la investigación en curso.
La línea de alta velocidad Madrid-Barcelona está en crisis. Trenes retrasados, precios de vuelos disparados y empresas afectadas por la falta de mercancías. Todo comenzó tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) el 18 de enero, que dejó 45 fallecidos y desencadenó una revisión exhaustiva de las vías. Los maquinistas han estado reportando vibraciones y problemas de seguridad, lo que ha llevado a Adif a imponer restricciones de velocidad temporales. La situación ha colapsado tanto el transporte ferroviario como aéreo, con un aumento del 130% en la demanda de BlaBlaCar y precios de vuelos que han llegado a 300 euros antes de que Iberia limitara su Puente Aéreo a 99 euros por trayecto. Empresas como Inovyn en Martorell han tenido que parar producción debido a la falta de materias primas, evidenciando el impacto económico de esta crisis.
Telefónica ha cerrado la primera fase de su ERE en España con 5.124 trabajadores apuntados, superando las 4.772 plazas disponibles. Los sindicatos están preocupados por el exceso de solicitudes y piden prioridad para los rechazados en el ERE anterior. La operadora busca reducir su plantilla un 26,2% en siete filiales, con un mínimo de 4.525 salidas pactadas. Mientras que en algunas filiales hay más voluntarios que plazas, en otras habrá que recurrir a despidos forzosos.
Las empresas españolas han comenzado a modificar sus políticas de complementos salariales para empleados en baja por enfermedad, reduciendo o condicionando estos extras para frenar el creciente absentismo laboral. CEOE y Cepyme lideran el cambio, reflejado en recientes convenios colectivos como los de Pescanova, Bosch y Consum. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) respalda estas medidas, destacando que casi el 50% de los convenios sectoriales y el 65% de los de empresa incluyen mejoras en la prestación por incapacidad temporal. Las nuevas cláusulas establecen condiciones como límites de absentismo, reconocimientos médicos obligatorios y penalizaciones por bajas prolongadas. El objetivo es transformar los complementos en incentivos que fomenten la reincorporación laboral y reduzcan la incidencia de bajas médicas.
El Gobierno cuenta con más de 40.000 viviendas vacías a través de la entidad pública Casa 47, procedentes de Sareb, suficientes para realojar a más del 50% de los okupas considerados 'vulnerables'. Actualmente, hay más de 80.000 personas ocupando viviendas ajenas sin una alternativa habitacional proporcionada por la Administración en los últimos seis años. La Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (ASVAL) denuncia que los Servicios Sociales no han intervenido en el 99% de los casos por falta de recursos. La Plataforma de Afectados por la Okupación critica que el Gobierno repite fórmulas ineficaces y no ofrece soluciones reales, dejando a los propietarios en un limbo legal y económico. El nuevo decreto antidesahucios, que se votará fuera del Ómnibus, dejará sin blindaje a los okupas y a pequeños caseros con una sola vivienda en alquiler, afectando al 93,4% de los propietarios.
El sector del transporte en España se encuentra en una situación crítica. La huelga de trenes convocada para los días 9, 10 y 11 de febrero por los sindicatos de maquinistas (SEMAF, CCOO y UGT) tras una reunión con el ministro de Transportes, Óscar Puente, pone de relieve los problemas estructurales de seguridad y calidad en el ferrocarril. Mientras tanto, el estado de las carreteras españolas sigue siendo un tema preocupante. Carmelo González, presidente de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), denuncia que el sector aporta cerca de 21.000 millones de euros en impuestos, pero apenas se destinan 2.000 millones a mantenimiento. La falta de inversión en infraestructuras viales y ferroviarias está provocando un aumento en los costes operativos y poniendo en riesgo la cadena de suministro. Además, el sector sufre una grave falta de mano de obra, con una necesidad de 30.000 profesionales, y enfrenta problemas de inseguridad como robos de mercancías y amenazas a los conductores.
La Comisión Europea ha admitido que ha perdido el control de las importaciones de tomate marroquí, cuyos envíos siguen llegando a los mercados europeos pese a haber desaparecido de las estadísticas oficiales. La COAG ha denunciado esta situación como «inaceptable» y ha responsabilizado a las aduanas de algunos Estados miembros de la falta de transparencia. El comisario europeo de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, ha reconocido la existencia de graves problemas de transparencia en una reunión con la Coordinadora Europea Vía Campesina. Las cifras de importaciones han dejado de actualizarse en la web de la Dirección General de Agricultura de Bruselas, que señala que los volúmenes importados estarían muy por debajo de lo habitual, algo que contradice la realidad del mercado. Los precios no se han disparado debido a la fuerte presencia del tomate marroquí en la UE. La COAG ha reclamado explicaciones a las aduanas españolas y a la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera (DG TAXUD). El problema se agrava por la reciente modificación de las normas de comercialización que permite a Marruecos emitir certificados de conformidad para productos del Sáhara Occidental sin indicar el país de origen. Mientras tanto, la UE avanza en la liberalización comercial con Marruecos.
Comentarios