El artículo es claro y bien documentado, pero falta más contexto sobre las implicaciones de la operación para el sector de Defensa y la posible reacción de otros accionistas. El título puede ser considerado engañoso al sugerir que Moncloa pagará con edificios del Estado sin mencionar la complejidad de la operación.
La central nuclear de Almaraz se encuentra en el centro de una batalla energética crucial para 2026. Expertos cercanos al Gobierno han elaborado informes que, pese a reconocer que prolongar su vida útil hasta 2030 reduciría el precio de la luz, defienden su cierre para no penalizar el desarrollo de energías renovables. Natalia Fabra, consejera de Redeia y ex consejera de Enagás, admite en su estudio que retrasar el cierre del reactor 2 de 2027 a 2030 reduciría los precios energéticos un 8,44% en 2028, un 14,52% en 2029 y un 12,65% en 2030, manteniendo las inversiones previstas en el Plan Nacional de Energía y Clima. Sin embargo, argumenta que esto enviaría una señal negativa a los inversores en renovables, lo que a largo plazo encarecería la factura. Otro informe de la Universidad Rey Juan Carlos y la Politécnica de Cataluña, coordinado por Eloy Sanz y encargado por Greenpeace, también reconoce un alivio «transitorio» en la factura eléctrica entre 2028 y 2030 si Almaraz permanece operativa. Ambos estudios concluyen que conviene cerrar Almaraz cuanto antes, ya que su operación desincentivaría nuevas inversiones en renovables al reducir sus precios capturados entre un 12 y un 23% en solar y un 5 y un 13% en eólica. No obstante, fuentes del sector energético cuestionan esta lectura, argumentando que si se espera que los precios futuros subirán, el incentivo para invertir en renovables no disminuye, sino que aumenta. Además, señalan que la estimación del impacto en renovables es excesiva y que herramientas como contratos por diferencia y pagos por capacidad pueden sostener la inversión incluso con precios capturados bajos. La clave está en que Almaraz permite depender menos del gas importado y reduce emisiones de CO2. El «efecto escalón» por el cierre simultáneo de otros reactores en 2030 y 2031 podría implicar un repunte de precios del 11% en 2031 y de emisiones del 24%, según Fabra. Sin embargo, otras fuentes indican que el riesgo no está en extender Almaraz, sino en cerrarla sin suavizar la curva de cierres y sin desplegar la red y flexibilidad necesarias. La solución, según estas fuentes, pasa por más demanda, más red y más flexibilidad, no por apagar capacidad firme.
Pese al crecimiento económico de España, superior al de las grandes economías europeas, la productividad sigue estancada y en declive. Desde 2018, el salario mínimo interprofesional (SMI) ha subido un 60%, pero la remuneración real por trabajador ajustada a la inflación sigue por debajo de los niveles previos a la pandemia. Según BBVA Research, entre finales de 2019 y 2025, el PIB por ocupado ha descendido un 0,3%, mientras que la remuneración real por asalariado lo ha hecho un 0,2%. El retroceso en la productividad por hora trabajada en el cuarto trimestre de 2025 ha vuelto a situarse en terreno negativo. Las pymes son las que más han incrementado salarios entre 2007 y 2025, pero los aumentos se han ralentizado en 2025. Los expertos advierten que subir salarios sin elevar la productividad podría ser perjudicial para las empresas, que en muchos casos ya han alcanzado sus límites financieros. El Gobierno ha anunciado la subida del SMI y la creación de un Observatorio de la Incapacidad Temporal para abordar el creciente absentismo laboral, que afecta negativamente a la productividad.
La fusión entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) está en un punto crítico, poniendo en jaque el ambicioso plan del Ministerio de Defensa para aumentar el gasto militar. El Gobierno busca crear un 'campeón nacional' de la defensa con Indra como punta de lanza, pero la compañía necesita absorber grandes inversiones, de entre 20.000 y 30.000 millones anuales solo en 2025, y la única opción viable es adquirir EM&E. Sin embargo, la integración está paralizada por la lucha por el control de Indra y las presiones del Gobierno para apartar a su presidente, Ángel Escribano, fundador de EM&E. La situación se complica con la batalla legal iniciada por General Dynamics (Santa Bárbara) contra la concesión de 3.000 millones en préstamos a tipo cero a una UTE entre Indra y EM&E, lo que podría sentar un precedente y afectar a los Programas Especiales de Modernización (PEM) valorados en más de 30.000 millones. Mientras tanto, EM&E sigue creciendo sin Indra, anunciando un acuerdo con GMV para desarrollar programas de modernización. La tensión entre el Gobierno y los Escribano sigue sin resolverse, y la 'vía Oughourlian' -esperar a un cambio de gobierno- no parece una solución viable a corto plazo.
El absentismo laboral en el sector de la construcción ha alcanzado un máximo histórico en 2025, con 113 horas de trabajo perdidas por asalariado, el doble que en 2018. Según el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Pedro Fernández Alén, la ausencia de un solo trabajador puede paralizar una obra entera, provocando un incremento directo en los costes debido a la detención de los trabajos y las penalizaciones asociadas. El informe de la CNC revela que la incapacidad temporal derivada de enfermedad común o accidente no laboral es la principal causa del absentismo, con un aumento del 110% en la última década, pasando de 45 a 94 horas anuales por trabajador. Las pymes son las más afectadas, con un coste medio de 16.000 euros en 2025, un 129% más que en 2018. El impacto económico total del absentismo en el sector alcanzó un coste medio de 3.400 euros anuales por trabajador en 2025, con un total de 25.000 euros por empresa. Además, los costes indirectos asociados al absentismo también se han duplicado, alcanzando una media de 2.825 euros por asalariado en 2025.
La huelga ferroviaria en España ha llegado a su fin después de solo un día de paros gracias a un acuerdo 'histórico' alcanzado entre los sindicatos y el Ministerio de Transportes. El pacto incluye un aumento significativo en la inversión en mantenimiento e infraestructuras, así como la contratación de más personal. El acuerdo contempla un incremento del 38% en el gasto anual de mantenimiento en la red convencional y hasta un 44% en la de alta velocidad, con una inversión total que superará los 800 millones de euros anuales. Además, se han pactado 1.200 nuevas contrataciones para Renfe y 2.400 plazas adicionales para Adif hasta 2030. Sin embargo, la noticia también ha destacado una situación controvertida: decenas de trabajadores de Renfe que se dedican a auscultar las vías llevan dos años cobrando 2.500 euros al mes sin trabajar. El acuerdo ha sido celebrado por los sindicatos y el Ministerio de Transportes, pero también ha generado críticas debido a la falta de presupuestos generales del Estado y la viabilidad de las promesas de inversión.
Un informe reciente de la Energy & Climate Intelligence Unit (ECIU) revela que el 92% del PIB mundial ha logrado desacoplar su crecimiento económico de las emisiones de CO₂ entre 2015 y 2023. Este desacoplamiento, tanto absoluto como relativo, desafía la narrativa climática dominante que aboga por el decrecimiento económico como única vía para reducir las emisiones. El estudio, que analizó a 113 países que representan más del 97% del PIB mundial y el 93% de las emisiones globales, muestra un aumento significativo en el número de economías que han logrado reducir sus emisiones mientras crecen. De hecho, el porcentaje del PIB mundial generado por economías con desacoplamiento absoluto pasó del 38% antes de 2015 al 46% en el periodo estudiado. Este cambio se observa principalmente en economías avanzadas, incluyendo la mayoría de los países de la Unión Europea y Estados Unidos, así como en algunas economías de América Latina. La innovación tecnológica, la mejora de la eficiencia y el despliegue de energías limpias son señalados como los principales factores detrás de este fenómeno, lo que sugiere que políticas climáticas centradas en la innovación y la eficiencia energética pueden ser más efectivas y menos costosas que las actuales políticas de decrecimiento.
Acciona y Moeve avanzan en sus proyectos de hidrógeno verde en Marruecos tras firmar acuerdos preliminares con el Gobierno marroquí para asegurar terrenos específicos. Moeve, junto con Taqa Morocco, desarrollará un proyecto de producción de amoníaco verde en el Puerto de Jorf Lasfar, cerca de Casablanca, aprovechando la energía renovable suministrada por Taqa. Por su parte, Acciona, a través del consorcio ORNX junto con Nordex y Ortus, implementará un proyecto de producción de amoníaco renovable en El Aaiún, con una inversión estimada de 4.500 millones de dólares. Ambos proyectos se enmarcan en la 'Offre Maroc', iniciativa del Gobierno marroquí para convertir al país en un hub de hidrógeno verde, con planes de invertir hasta 29.500 millones de euros en el desarrollo de proyectos de hidrógeno. Las autoridades marroquíes han preseleccionado seis propuestas de un total de 50 presentadas por empresas de 17 países, incluyendo las dos iniciativas españolas.
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