Crítica:
La noticia presenta datos alarmantes sobre el estado de las carreteras españolas, pero podría profundizar más en las causas del déficit de asfalto y las medidas concretas para abordarlo.
Las carreteras españolas tienen un déficit de 225 millones de toneladas de asfalto, advierte Asefma
Déficit de asfalto en carreteras
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Correos y AXA: Ventas en declive
La alianza entre Correos y AXA Seguros para comercializar pólizas de seguros en exclusiva ha resultado en un rotundo fracaso. A pesar de que AXA pagó 18 millones de euros por la exclusividad, las ventas han quedado muy por debajo de las expectativas. Según los datos disponibles hasta finales de enero, solo se han cerrado 6.500 pólizas, lo que se traduce en unos ingresos de 1,5 millones de euros para Correos, muy lejos de los 21 millones de euros previstos inicialmente. Esta situación ha generado una gran controversia interna en Correos, ya que parte de la plantilla (alrededor de 1.000 trabajadores de un total de 50.000) ha sido reasignada para dedicar unas dos horas diarias a la venta de pólizas, afectando negativamente al clima laboral y a la calidad del servicio al ciudadano. El Partido Popular ha pedido explicaciones formales en el Congreso de los Diputados sobre las consecuencias económicas de este acuerdo y los datos concretos de las pólizas contratadas. La dirección de Correos está considerando aumentar en 200 efectivos la fuerza laboral dedicada a esta tarea. Mientras tanto, AXA ha destacado que a finales de enero la red de Correos producía 20 pólizas de nueva producción cada hora, lo que indica que están 'cogiendo velocidad y experiencia' en la venta de seguros.
RTVE retrasa censo informativo
La dirección de RTVE ha tardado cuatro meses en facilitar el censo a su Consejo de Informativos, un retraso que ha generado suspicacias sobre la intención de evitar huelgas contra programas polémicos como 'Malas Lenguas' de Jesús Cintora y 'Directo al grano' de Gonzalo Miró. El Consejo había anunciado en octubre su intención de realizar una encuesta entre la plantilla para determinar acciones de protesta por la proliferación de programas externos. Aunque finalmente recibieron el censo el 12 de febrero de 2026, aún faltan detalles para completar la encuesta. La dirección de RTVE argumentó inicialmente que la entrega del censo podría infringir la norma de protección de datos, pero tras negociaciones, se comprometió a utilizar Microsoft Forms para garantizar el anonimato. A pesar de esto, el proceso sigue estancado. Como respuesta, el Consejo de Informativos ha iniciado una protesta vistiendo de negro los viernes, acción que solo ha sido secundada por la CGT. Mientras tanto, RTVE ha renovado programas polémicos como el de Cintora hasta junio y el de Miró hasta marzo, con costes diarios de 44.000 y 48.000 euros respectivamente.
Cierre nuclear: Impacto económico
El cierre de Almaraz I, con sus primeros 1.000 megavatios de potencia firme, podría encarecer la vida un 23% para hogares y pymes, y un 35% para la industria, según un informe de OBS Business School. El estudio, dirigido por Víctor Ruiz Ezpeleta, advierte de un posible incremento anual de entre 150 y 250 euros para hogares y pymes. La retirada de la energía nuclear dejará un vacío de 55-60 TWh anuales, que será cubierto principalmente por el gas natural, lo que hará que el precio marginal del mercado mayorista suba entre 13 y 37 euros por MWh. Esto no solo encarecerá la electricidad, sino que también aumentará los costes de emisión de CO2. Además, la falta de inercia de los turbogeneradores nucleares podría provocar episodios de volatilidad extrema si no se despliega masivamente tecnología de almacenamiento y baterías para 2027. El informe subraya la urgencia de invertir en digitalización y almacenamiento eléctrico para mitigar riesgos económicos que podrían alcanzar miles de millones de euros en sectores clave como la industria y los servicios. La pérdida de miles de empleos de alta cualificación técnica debido al desmantelamiento nuclear es otro de los riesgos destacados.
Impuestos ahogan herencias en España
Más de 53.000 españoles renunciaron a la herencia de sus padres en 2023 debido a la elevada carga fiscal asociada a la transmisión de bienes. La experta económica Pilar García de la Granja analizó en 'Herrera en COPE' cómo las diferencias fiscales entre comunidades autónomas pueden suponer una brecha de hasta 100.000 euros en herencias de un millón de euros. Mientras que regiones como Andalucía o Baleares prácticamente eximen del pago, otras como Asturias o Cataluña llegan a exigir más de 100.000 euros. La experta denuncia una 'doble fiscalidad' sobre los mismos bienes, ya que los herederos deben pagar impuestos sobre bienes que ya fueron gravados cuando el difunto los adquirió. La situación ha llevado a muchos herederos a renunciar a herencias de hasta 200.000 euros debido a la imposibilidad de asumir los impuestos correspondientes.
Subsidio paro sube 1.260 millones
En un giro inesperado, el subsidio por desempleo en España ha aumentado un 5,44% en 2025, alcanzando los 24.421 millones de euros, pese a una reducción del 5,94% en el número de parados registrados. A diciembre de 2025, el SEPE reportó 2.560.718 desempleados, un incremento de 152.048 respecto al año anterior. Sin embargo, el número de beneficiarios de prestaciones apenas varió, pasando de 1.783.205 a 1.788.185. Esta discrepancia se debe en parte a que quienes perdieron su empleo en 2025 tenían historiales de cotización más largos, lo que resulta en prestaciones más elevadas. El gasto mensual promedio en prestaciones por desempleo se situó en 2.035 millones de euros, con un máximo de 2.215 millones en enero y un mínimo de 1.852 millones en junio. El coste medio por beneficiario experimentó un aumento significativo, pasando de 1.117 euros mensuales en 2024 a 1.465 euros en octubre de 2025, lo que representa un incremento del 31,12%.
Teletrabajo récord en funcionarios públicos
El teletrabajo en la Administración General del Estado (AGE) ha alcanzado un máximo histórico, con más de 90.000 funcionarios trabajando a distancia al menos una vez por semana. Esto representa más del 50% de los empleados públicos estatales, una cifra que triplica la tasa observada en el sector privado, donde solo el 14,8% de los asalariados teletrabaja. La diferencia se debe en gran medida a la naturaleza de los puestos y al grado de digitalización de las tareas en la Administración estatal, donde predominan funciones administrativas y técnicas que pueden desarrollarse mediante sistemas electrónicos. La extensión del expediente digital y la firma electrónica han permitido trasladar parte del trabajo fuera de la oficina sin alterar la continuidad del servicio público. En el sector privado, la adopción del teletrabajo es limitada fuera de nichos específicos como tecnología, consultoría y finanzas, donde la flexibilidad laboral funciona como herramienta de atracción de talento. El modelo híbrido se ha consolidado en la AGE, permitiendo optimizar el uso de edificios administrativos y ajustar consumos energéticos, aunque parte del coste se traslada al ámbito doméstico.
Fraude del pescado al descubierto
En el vasto y complejo mercado mundial de la pesca, valorado en casi 200.000 millones de dólares, el engaño se ha convertido en una práctica habitual. La Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO) estima que uno de cada cinco productos pesqueros y de acuicultura que se comercializan es fraudulento. Esto no solo afecta al consumidor, sino que también amenaza la biodiversidad y la credibilidad de toda la cadena alimentaria. El informe de la FAO revela un panorama inquietante que incluye adulteración con colorantes, sustituciones de especies de alto valor por otras más baratas, falsificación de productos y ocultación del origen geográfico real del pescado. La complejidad del mercado, con más de 12.000 especies comercializadas globalmente, muchas con apariencias similares una vez procesadas, convierte el sector en un terreno fértil para el engaño. Entre las prácticas más habituales está la sustitución de especies, como vender tilapia como pargo rojo o salmón de piscifactoría como si fuera salvaje, lo que puede generar un beneficio adicional de hasta 10 dólares por kilo. El fraude no se limita a tiendas y supermercados, sino que también se aprecia en restaurantes, donde hasta el 30% de los productos de mar servidos podrían estar mal etiquetados. La FAO propone armonizar los requisitos de etiquetado a nivel internacional, exigir el nombre científico de las especies y reforzar los sistemas de trazabilidad para frenar estas prácticas. El uso de modelos de aprendizaje automático para detectar anomalías en los flujos comerciales también se destaca como una herramienta emergente para combatir el fraude.
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