Crítica:
La noticia revela una red de influencias y posibles sobornos en torno a Forestalia, pero falta más contexto sobre las implicaciones legales y éticas de estos hallazgos.
Forestalia compró empresas de ex altos cargos de Aragón y fichó a una docena de políticos
Forestalia ficha políticos para crecer
Otros artículos
Burofax mal entregado cuesta 30.000€
Una trabajadora asturiana que llevaba casi diez años en una empresa como auxiliar administrativa fue despedida en febrero de 2025 por ineptitud sobrevenida tras una larga baja por problemas de espalda y una denegación de incapacidad permanente por parte del INSS. La empresa le envió un burofax comunicando el despido el mismo día, pero este figuraba solo como 'a disposición del destinatario', sin confirmación de entrega. La trabajadora impugnó el despido al descubrir que había sido dada de baja en la Seguridad Social. Un mes después, la empresa envió un segundo burofax que sí fue recogido. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) declaró el despido improcedente porque la empresa no acreditó la correcta entrega del primer burofax. Ahora, la empresa deberá elegir entre readmitir a la trabajadora o pagar una indemnización adicional de 15.618 euros, sumada a los 16.704 euros ya abonados y 2.225 euros de finiquito. El caso podría llegar al Tribunal Supremo. La decisión judicial subraya que no basta con enviar el burofax, sino que es necesario probar su recepción.
Ayuda mensual por hijo aumenta
El Gobierno ha aprobado una prestación universal de 200 euros mensuales por hijo, enmarcada en la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, con el objetivo de apoyar a las familias y estimular la natalidad. El analista económico Marc Vidal ha criticado esta medida, argumentando que supone una transferencia directa de renta financiada por los contribuyentes y que no aborda los problemas de fondo como la carestía de la vivienda, el ahorro y la presión fiscal. Según Vidal, una deducción en el IRPF sería más efectiva que una transferencia directa, ya que no genera dependencia y no construye un electorado agradecido. El debate sobre la medida se centra en si las ayudas son la solución a la pobreza infantil o si se necesitan salarios y trabajos dignos. El coste de la prestación se estima en 9.000 millones de euros anuales, y se propone financiarlo con un gravamen del 2% a patrimonios superiores a 100 millones de euros.
España lidera gasto en intereses
La OCDE ha lanzado un jarro de agua fría a la política económica del Gobierno de España, destacando que es uno de los países desarrollados que más gasta en intereses de deuda. Según el último informe de la OCDE sobre la deuda mundial 2026, España acumulaba una deuda total de 1,699 billones de euros a cierre de 2025, después de que el presidente Pedro Sánchez disparara la deuda pública en casi 80.000 millones en ese mismo año. Este dato coloca a España en el noveno puesto entre los países de la OCDE que más gastan en el pago de intereses de deuda. El informe de la OCDE también revela que el endeudamiento bruto de los países desarrollados alcanzó un récord de 17 billones de dólares en 2025, y se proyecta que aumente a alrededor de 18 billones de dólares en 2026. Los gastos por intereses se mantienen elevados, situándose en el 3,3% del PIB para el conjunto de la OCDE, cerca del máximo de los diez años anteriores (3,4%). La OCDE advierte que los pagos de intereses aumentarán la relación en 2,5 puntos porcentuales en 2026, mientras que la inflación la reducirá en 2,4 puntos porcentuales. De los 32 países de la OCDE para los que hay datos disponibles en 2025, 22 experimentaron un aumento en los pagos de intereses en relación con el PIB. La deuda soberana en circulación en los países de la OCDE alcanzó un máximo histórico de 61 billones de dólares en 2025, impulsada en parte por la depreciación del dólar estadounidense.
Nueva TV afín con CNN España
En un movimiento estratégico que redefine el panorama televisivo español, un grupo de empresarios afines a Moncloa, liderados por Andrés Varela Entrecanales, consejero y accionista de Prisa, y Adolfo Utor, dueño de Balearia, están ultimando los detalles para lanzar 'La Siete', el nuevo canal de TDT que podría revolucionar la información en España. Con la vista puesta en las elecciones autonómicas y generales de 2027, estos empresarios han estado en contacto con Mario Ferreira, propietario de la portuguesa Media Capital, que ostenta la licencia de CNN para España y Portugal, con el objetivo de incorporar la prestigiosa marca al proyecto. Aunque Ferreira ha mostrado interés, finalmente declinó la oferta de invertir en el capital de la empresa y tomar una participación accionarial. A pesar de este revés, el grupo sigue adelante con su plan, que cuenta con el respaldo tácito del Gobierno, cuyo ministro de Transformación Digital, Óscar López, tiene la potestad de adjudicar la licencia. El concurso, en el que también participa Mediaset, presidida por la exministra socialista Cristina Garmendia, está previsto que se resuelva antes del verano. Una vez adjudicada, la licencia tiene una vigencia de 15 años, renovables. El proyecto 'La Siete' surge en un contexto donde la información televisiva se prepara para un cambio significativo, con CNN regresando al panorama español tras doce años de ausencia. La decisión de Ferreira de no invertir directamente en 'La Siete' pero sí colaborar con CNN en España abre un abanico de posibilidades para el futuro de la televisión informativa en el país.
Gasolineras suben precios diésel
En un giro inesperado, las gasolineras españolas han subido los precios del combustible en un solo día, pese a que el suministro actual llegó hace semanas. El diésel se ha encarecido seis céntimos de media, mientras que la gasolina ha subido solo dos céntimos. Este incremento coincide con la escalada del conflicto entre Irán y Occidente, que ha disparado el precio del petróleo Brent hasta un 3,03% en un solo día, situándose en 83,9 dólares por barril. La OCU advierte que el impacto real del conflicto en los precios del combustible tardará aún días o incluso hasta dos semanas en notarse, anticipando posibles subidas de 8 a 10 céntimos por litro. Las gasolineras de marcas como BP ya han aplicado estos incrementos: el Diésel Plus ha pasado de 1,52 a 1,58 euros por litro, y el Ultimate Diésel de 1,62 a 1,68 euros. En el caso de la gasolina, el Euro Super ha subido de 1,57 a 1,59 euros, y el Ultimate Gasolina de 1,72 a 1,74 euros. Estos movimientos sugieren que las gasolineras están adelantando sus precios a la espera de futuras subidas del petróleo.
Forestalia logra venta millonaria
En un giro inesperado, Forestalia, el gigante de la energía eólica, cerró 2024 con la venta de su megaproyecto Clúster del Maestrazgo a un fondo de inversión danés por 500 millones de euros. Este proyecto, que contempla la instalación de 122 aerogeneradores en Teruel y Castellón, fue autorizado por el Consejo de Ministros en julio de 2024 pese a un informe ambiental negativo de la Comunidad Valenciana. La empresa, ahora bajo investigación por corrupción, había obtenido previamente numerosas licencias ambientales controvertidas bajo el mandato de Teresa Ribera en el Ministerio de Transición Ecológica. El negocio de Forestalia se centraba en obtener estas licencias para luego venderlas a otras empresas, generando potencialmente miles de millones en ganancias. La Guardia Civil ha solicitado paralizar las obras debido a sospechas de sobornos en la concesión de licencias.
Embargo Reino Unido a España
La Justicia británica está apretando las tuercas al Gobierno español para que pague indemnizaciones pendientes por valor de 110 millones más intereses de demora. El origen de la disputa se remonta a la decisión del Ejecutivo de Mariano Rajoy de aplicar un recorte retroactivo a las inversiones en energías renovables en 2011. Esta medida desencadenó numerosos procesos de arbitraje que se están dirimiendo en distintos países, incluyendo Reino Unido. Ahora, el Tribunal Supremo británico ha dictaminado que España no puede invocar 'inmunidad soberana' para bloquear la ejecución de los laudos arbitrales del CIADI, lo que allana el camino para embargos definitivos de bienes del Estado español en territorio británico. El Instituto Vicente Cañada Blanch en Londres, un inmueble histórico ubicado en Portobello Road y propiedad del Estado español, está en el punto de mira. La sentencia refuerza la ejecución internacional de laudos contra Estados y pone en riesgo activos públicos españoles en jurisdicciones extranjeras como Australia, Bélgica o Estados Unidos. En este último país ya hay siete fallos que suman casi 700 millones en indemnizaciones pendientes.
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