El artículo presenta una visión clara de la importancia de la energía nuclear en España, pero podría profundizar más en las implicaciones políticas y económicas de cerrar las centrales nucleares. El título es directo y refleja el mensaje principal.
La tasa de paro en España cerró 2025 en el 9,9%, según la Encuesta de Población Activa (EPA), pero esta cifra oculta una realidad más cruda. La reforma laboral impulsada por Yolanda Díaz alteró la forma de computar el paro, excluyendo a los fijos discontinuos inactivos. En 2025, alrededor de 850.000 personas con contrato fijo discontinuo estaban inscritas en las oficinas de empleo sin trabajar, pero no computaban como parados. Si se incluyeran, el paro real ascendería a 3,37 millones, elevando la tasa al 13,5%. Entre 2022 y 2025, el paro oficial se redujo en más de 700.000 personas, pero la caída real fue de apenas 130.000. El Gobierno maquilla las cifras, ya que más del 94% de la supuesta mejora se debe a cambios estadísticos, no a un aumento real del empleo. El número de fijos discontinuos ha crecido de 300.000 en 2019 a más de 900.000 en 2025, sustituyendo al contrato temporal como mecanismo de ajuste, pero con el efecto de 'desaparecer' el paro de las estadísticas.
El sistema eléctrico español sufrió un nuevo apagón parcial el 28 de enero, afectando a la gran industria durante dos horas. Este incidente pone de relieve la vulnerabilidad del sistema en un contexto de creciente dependencia del gas natural procedente de EEUU, que representa el 44% del consumo nacional. El ingeniero Juan Franco ha analizado la situación y concluye que el sistema no está adaptado a la realidad energética actual, siendo vulnerable debido a la regulación europea y las exigencias adicionales del Gobierno de Pedro Sánchez. La transición hacia un modelo 100% renovable está erosionando la seguridad del suministro debido a la sustitución de generación síncrona convencional por fuentes renovables no gestionables. Para abordar estos desafíos, se necesitan tecnologías de almacenamiento y estabilización de red, como volantes de inercia y centrales de bombeo hidráulico reversible. El estudio de Franco destaca la urgencia de acelerar los trámites administrativos para nuevas centrales de bombeo, la necesidad de inercia explícita y la hibridación tecnológica para garantizar la estabilidad del sistema.
Forestalia, el gigante energético aragonés liderado por Fernando Samper, ha estado contratando a una docena de políticos y exaltos cargos para impulsar sus proyectos. Entre ellos figuran el exministro de Industria José Manuel Soria, los exconsejeros catalanes Felip Puig y Josep Grau, y el exconsejero de Medio Ambiente de Aragón Alfredo Boné. La Guardia Civil investiga presuntos sobornos relacionados con la adquisición de empresas vinculadas a estos políticos, como Viadós, que facturó un millón de euros en 2018 y fue adquirida por una filial de Forestalia por más de cuatro millones. Los investigadores sospechan que el pago incluía un sobreprecio por servicios prestados anteriormente por los exdirigentes. Forestalia también ha fichado a otros políticos y exfuncionarios, como Carlos Ontañón, Pere Palacín y Mercè Rius, para allanar el camino a sus proyectos energéticos.
Una trabajadora asturiana que llevaba casi diez años en una empresa como auxiliar administrativa fue despedida en febrero de 2025 por ineptitud sobrevenida tras una larga baja por problemas de espalda y una denegación de incapacidad permanente por parte del INSS. La empresa le envió un burofax comunicando el despido el mismo día, pero este figuraba solo como 'a disposición del destinatario', sin confirmación de entrega. La trabajadora impugnó el despido al descubrir que había sido dada de baja en la Seguridad Social. Un mes después, la empresa envió un segundo burofax que sí fue recogido. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) declaró el despido improcedente porque la empresa no acreditó la correcta entrega del primer burofax. Ahora, la empresa deberá elegir entre readmitir a la trabajadora o pagar una indemnización adicional de 15.618 euros, sumada a los 16.704 euros ya abonados y 2.225 euros de finiquito. El caso podría llegar al Tribunal Supremo. La decisión judicial subraya que no basta con enviar el burofax, sino que es necesario probar su recepción.
El Gobierno ha aprobado una prestación universal de 200 euros mensuales por hijo, enmarcada en la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, con el objetivo de apoyar a las familias y estimular la natalidad. El analista económico Marc Vidal ha criticado esta medida, argumentando que supone una transferencia directa de renta financiada por los contribuyentes y que no aborda los problemas de fondo como la carestía de la vivienda, el ahorro y la presión fiscal. Según Vidal, una deducción en el IRPF sería más efectiva que una transferencia directa, ya que no genera dependencia y no construye un electorado agradecido. El debate sobre la medida se centra en si las ayudas son la solución a la pobreza infantil o si se necesitan salarios y trabajos dignos. El coste de la prestación se estima en 9.000 millones de euros anuales, y se propone financiarlo con un gravamen del 2% a patrimonios superiores a 100 millones de euros.
La OCDE ha lanzado un jarro de agua fría a la política económica del Gobierno de España, destacando que es uno de los países desarrollados que más gasta en intereses de deuda. Según el último informe de la OCDE sobre la deuda mundial 2026, España acumulaba una deuda total de 1,699 billones de euros a cierre de 2025, después de que el presidente Pedro Sánchez disparara la deuda pública en casi 80.000 millones en ese mismo año. Este dato coloca a España en el noveno puesto entre los países de la OCDE que más gastan en el pago de intereses de deuda. El informe de la OCDE también revela que el endeudamiento bruto de los países desarrollados alcanzó un récord de 17 billones de dólares en 2025, y se proyecta que aumente a alrededor de 18 billones de dólares en 2026. Los gastos por intereses se mantienen elevados, situándose en el 3,3% del PIB para el conjunto de la OCDE, cerca del máximo de los diez años anteriores (3,4%). La OCDE advierte que los pagos de intereses aumentarán la relación en 2,5 puntos porcentuales en 2026, mientras que la inflación la reducirá en 2,4 puntos porcentuales. De los 32 países de la OCDE para los que hay datos disponibles en 2025, 22 experimentaron un aumento en los pagos de intereses en relación con el PIB. La deuda soberana en circulación en los países de la OCDE alcanzó un máximo histórico de 61 billones de dólares en 2025, impulsada en parte por la depreciación del dólar estadounidense.
En un movimiento estratégico que redefine el panorama televisivo español, un grupo de empresarios afines a Moncloa, liderados por Andrés Varela Entrecanales, consejero y accionista de Prisa, y Adolfo Utor, dueño de Balearia, están ultimando los detalles para lanzar 'La Siete', el nuevo canal de TDT que podría revolucionar la información en España. Con la vista puesta en las elecciones autonómicas y generales de 2027, estos empresarios han estado en contacto con Mario Ferreira, propietario de la portuguesa Media Capital, que ostenta la licencia de CNN para España y Portugal, con el objetivo de incorporar la prestigiosa marca al proyecto. Aunque Ferreira ha mostrado interés, finalmente declinó la oferta de invertir en el capital de la empresa y tomar una participación accionarial. A pesar de este revés, el grupo sigue adelante con su plan, que cuenta con el respaldo tácito del Gobierno, cuyo ministro de Transformación Digital, Óscar López, tiene la potestad de adjudicar la licencia. El concurso, en el que también participa Mediaset, presidida por la exministra socialista Cristina Garmendia, está previsto que se resuelva antes del verano. Una vez adjudicada, la licencia tiene una vigencia de 15 años, renovables. El proyecto 'La Siete' surge en un contexto donde la información televisiva se prepara para un cambio significativo, con CNN regresando al panorama español tras doce años de ausencia. La decisión de Ferreira de no invertir directamente en 'La Siete' pero sí colaborar con CNN en España abre un abanico de posibilidades para el futuro de la televisión informativa en el país.
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