Crítica:
La norma puede encarecer la contratación de becarios y limitar su capacidad para realizar tareas significativas, lo que podría perjudicar su desarrollo profesional.
La norma puede encarecer la contratación de becarios y limitar su capacidad para realizar tareas significativas, lo que podría perjudicar su desarrollo profesional.
La Comisión Europea ha abierto un expediente sancionador a España por no trasponer a tiempo la directiva 2020/285, que permite eximir del IVA a pequeños autónomos con un límite de facturación anual de hasta 85.000 euros. Entre 1,5 y 2 millones de profesionales se ven afectados por esta decisión. El Gobierno español teme un impacto recaudatorio de entre 3.000 y 5.000 millones de euros, mientras que expertos como Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí, argumentan que la simplificación burocrática podría hacer aflorar economía sumergida y apoyar al tejido productivo más vulnerable. Otros países como Alemania, Francia e Italia ya aplican esta exención, lo que pone a los autónomos españoles en desventaja competitiva. La situación podría acabar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si España no rectifica.
En 2025, el Gobierno adjudicó un récord de 23.116 millones de euros mediante contratos a dedo, un procedimiento que permite formalizar contratos sin licitación abierta. Este volumen convierte a 2025 en el ejercicio con mayor importe adjudicado por esta vía dentro de la serie histórica. El aumento del último ejercicio eleva el total acumulado desde 2021 a 36.727 millones de euros adjudicados mediante el proceso negociado sin publicidad. La Administración General del Estado ha formalizado 15.721 contratos o lotes a dedo entre 2021 y 2025, con un volumen total superior a 36.700 millones de euros. Las compras de armamento por parte de Defensa han tenido especial incidencia en este espectacular aumento. La Comisión Europea y el Tribunal de Cuentas Europeo han advertido que la falta de competencia en contratación pública puede afectar a la eficiencia del gasto. El procedimiento negociado sin publicidad está regulado como un procedimiento excepcional dentro del sistema de contratación pública en España.
La tasa de paro en España cerró 2025 en el 9,9%, según la Encuesta de Población Activa (EPA), pero esta cifra oculta una realidad más cruda. La reforma laboral impulsada por Yolanda Díaz alteró la forma de computar el paro, excluyendo a los fijos discontinuos inactivos. En 2025, alrededor de 850.000 personas con contrato fijo discontinuo estaban inscritas en las oficinas de empleo sin trabajar, pero no computaban como parados. Si se incluyeran, el paro real ascendería a 3,37 millones, elevando la tasa al 13,5%. Entre 2022 y 2025, el paro oficial se redujo en más de 700.000 personas, pero la caída real fue de apenas 130.000. El Gobierno maquilla las cifras, ya que más del 94% de la supuesta mejora se debe a cambios estadísticos, no a un aumento real del empleo. El número de fijos discontinuos ha crecido de 300.000 en 2019 a más de 900.000 en 2025, sustituyendo al contrato temporal como mecanismo de ajuste, pero con el efecto de 'desaparecer' el paro de las estadísticas.
En un contexto de máxima incertidumbre energética debido a la ofensiva contra Irán, que ha disparado un 100 % el precio del gas, la industria nuclear española defiende su papel crucial en la estabilidad del sistema eléctrico y la reducción de emisiones. Las centrales nucleares españolas aportaron el 19,7 % de la electricidad en 2025 con solo el 5 % de la potencia instalada, operando más horas a plena potencia que cualquier otra fuente energética. El presidente de la Sociedad Nuclear Española, Paulo Domingues, destacó que la nuclear contribuye de manera decisiva a la seguridad del suministro y no depende de mercados spot o diarios, lo que la hace menos vulnerable a variaciones inmediatas de precios. El sector advierte que prescindir de la nuclear en el contexto actual es 'jugar con fuego'. El director de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, también recomendó a la UE apostar por la energía nuclear junto con las renovables como pilares del sistema eléctrico europeo. Mientras tanto, varias centrales nucleares españolas están paradas debido a la baja demanda y la alta fiscalidad, lo que genera ineficiencias en el sistema eléctrico.
El sistema eléctrico español sufrió un nuevo apagón parcial el 28 de enero, afectando a la gran industria durante dos horas. Este incidente pone de relieve la vulnerabilidad del sistema en un contexto de creciente dependencia del gas natural procedente de EEUU, que representa el 44% del consumo nacional. El ingeniero Juan Franco ha analizado la situación y concluye que el sistema no está adaptado a la realidad energética actual, siendo vulnerable debido a la regulación europea y las exigencias adicionales del Gobierno de Pedro Sánchez. La transición hacia un modelo 100% renovable está erosionando la seguridad del suministro debido a la sustitución de generación síncrona convencional por fuentes renovables no gestionables. Para abordar estos desafíos, se necesitan tecnologías de almacenamiento y estabilización de red, como volantes de inercia y centrales de bombeo hidráulico reversible. El estudio de Franco destaca la urgencia de acelerar los trámites administrativos para nuevas centrales de bombeo, la necesidad de inercia explícita y la hibridación tecnológica para garantizar la estabilidad del sistema.
Forestalia, el gigante energético aragonés liderado por Fernando Samper, ha estado contratando a una docena de políticos y exaltos cargos para impulsar sus proyectos. Entre ellos figuran el exministro de Industria José Manuel Soria, los exconsejeros catalanes Felip Puig y Josep Grau, y el exconsejero de Medio Ambiente de Aragón Alfredo Boné. La Guardia Civil investiga presuntos sobornos relacionados con la adquisición de empresas vinculadas a estos políticos, como Viadós, que facturó un millón de euros en 2018 y fue adquirida por una filial de Forestalia por más de cuatro millones. Los investigadores sospechan que el pago incluía un sobreprecio por servicios prestados anteriormente por los exdirigentes. Forestalia también ha fichado a otros políticos y exfuncionarios, como Carlos Ontañón, Pere Palacín y Mercè Rius, para allanar el camino a sus proyectos energéticos.
Una trabajadora asturiana que llevaba casi diez años en una empresa como auxiliar administrativa fue despedida en febrero de 2025 por ineptitud sobrevenida tras una larga baja por problemas de espalda y una denegación de incapacidad permanente por parte del INSS. La empresa le envió un burofax comunicando el despido el mismo día, pero este figuraba solo como 'a disposición del destinatario', sin confirmación de entrega. La trabajadora impugnó el despido al descubrir que había sido dada de baja en la Seguridad Social. Un mes después, la empresa envió un segundo burofax que sí fue recogido. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) declaró el despido improcedente porque la empresa no acreditó la correcta entrega del primer burofax. Ahora, la empresa deberá elegir entre readmitir a la trabajadora o pagar una indemnización adicional de 15.618 euros, sumada a los 16.704 euros ya abonados y 2.225 euros de finiquito. El caso podría llegar al Tribunal Supremo. La decisión judicial subraya que no basta con enviar el burofax, sino que es necesario probar su recepción.
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