La noticia revela un entramado de corrupción y sobornos en torno a Forestalia y el Ministerio de Transición Ecológica. La falta de transparencia en la concesión de licencias y la estructura laberíntica de la empresa suscitan serias dudas sobre la integridad del sector de las renovables en España.
La decisión de Marruecos de prohibir la exportación de sardinas congeladas ha generado una tormenta en la industria conservera española, especialmente en Galicia, que depende en gran medida de las importaciones marroquíes. Con un precio de la sardina que ha subido como la espuma, las fábricas conserveras españolas se enfrentan a una escasez de existencias y confían en que la reanudación de la pesca de superficie en la costa española les permita obtener suficiente suministro. Roberto Alonso, secretario general de la Asociación Española de Industrias Conserveras de Pescado Anfaco-CYTMA, afirmó que los profesionales esperan que las cuotas anuales de pesca de este año sean buenas para adaptarse a la ausencia de producto marroquí. La prohibición de Marruecos de exportar sardina congelada podría durar al menos un año, según Alonso, lo que ha generado una gran presión en las fábricas conserveras. Las importaciones de sardinas congeladas procedentes de Marruecos ascendieron a más de 27.000 toneladas en los diez primeros meses del año pasado, lo que representa el 94% del total de las importaciones españolas a este nivel procedentes de países fuera de la Unión Europea. Los conserveros españoles se han puesto en contacto con Marruecos para expresar su preocupación por la decisión y destacaron la importancia de la cooperación entre las instituciones marroquíes y españolas en el ámbito de las poblaciones de peces sostenibles.
La Comisión Europea ha abierto un expediente sancionador a España por no trasponer a tiempo la directiva 2020/285, que permite eximir del IVA a pequeños autónomos con un límite de facturación anual de hasta 85.000 euros. Entre 1,5 y 2 millones de profesionales se ven afectados por esta decisión. El Gobierno español teme un impacto recaudatorio de entre 3.000 y 5.000 millones de euros, mientras que expertos como Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí, argumentan que la simplificación burocrática podría hacer aflorar economía sumergida y apoyar al tejido productivo más vulnerable. Otros países como Alemania, Francia e Italia ya aplican esta exención, lo que pone a los autónomos españoles en desventaja competitiva. La situación podría acabar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si España no rectifica.
La ministra Yolanda Díaz ha anunciado el Estatuto de las Personas en Formación Práctica No Laboral, que incluye multas de hasta 250.000 euros para empresas que incumplan las normas sobre becarios. La norma busca proteger a los jóvenes en prácticas, pero ha generado críticas por parte de empresarios y expertos, que la ven como un obstáculo para la contratación de becarios y un freno a la innovación. Díaz defiende que la medida fomentará la contratación indefinida de los becarios después de sus prácticas. Sin embargo, muchos dudan de que esta legislación sea efectiva en un contexto de creciente automatización y uso de la inteligencia artificial en el mercado laboral. La medida se produce en un momento en que la prensa económica internacional alerta sobre el impacto de la IA en el empleo de los jóvenes, especialmente en puestos de entrada.
En 2025, el Gobierno adjudicó un récord de 23.116 millones de euros mediante contratos a dedo, un procedimiento que permite formalizar contratos sin licitación abierta. Este volumen convierte a 2025 en el ejercicio con mayor importe adjudicado por esta vía dentro de la serie histórica. El aumento del último ejercicio eleva el total acumulado desde 2021 a 36.727 millones de euros adjudicados mediante el proceso negociado sin publicidad. La Administración General del Estado ha formalizado 15.721 contratos o lotes a dedo entre 2021 y 2025, con un volumen total superior a 36.700 millones de euros. Las compras de armamento por parte de Defensa han tenido especial incidencia en este espectacular aumento. La Comisión Europea y el Tribunal de Cuentas Europeo han advertido que la falta de competencia en contratación pública puede afectar a la eficiencia del gasto. El procedimiento negociado sin publicidad está regulado como un procedimiento excepcional dentro del sistema de contratación pública en España.
La tasa de paro en España cerró 2025 en el 9,9%, según la Encuesta de Población Activa (EPA), pero esta cifra oculta una realidad más cruda. La reforma laboral impulsada por Yolanda Díaz alteró la forma de computar el paro, excluyendo a los fijos discontinuos inactivos. En 2025, alrededor de 850.000 personas con contrato fijo discontinuo estaban inscritas en las oficinas de empleo sin trabajar, pero no computaban como parados. Si se incluyeran, el paro real ascendería a 3,37 millones, elevando la tasa al 13,5%. Entre 2022 y 2025, el paro oficial se redujo en más de 700.000 personas, pero la caída real fue de apenas 130.000. El Gobierno maquilla las cifras, ya que más del 94% de la supuesta mejora se debe a cambios estadísticos, no a un aumento real del empleo. El número de fijos discontinuos ha crecido de 300.000 en 2019 a más de 900.000 en 2025, sustituyendo al contrato temporal como mecanismo de ajuste, pero con el efecto de 'desaparecer' el paro de las estadísticas.
En un contexto de máxima incertidumbre energética debido a la ofensiva contra Irán, que ha disparado un 100 % el precio del gas, la industria nuclear española defiende su papel crucial en la estabilidad del sistema eléctrico y la reducción de emisiones. Las centrales nucleares españolas aportaron el 19,7 % de la electricidad en 2025 con solo el 5 % de la potencia instalada, operando más horas a plena potencia que cualquier otra fuente energética. El presidente de la Sociedad Nuclear Española, Paulo Domingues, destacó que la nuclear contribuye de manera decisiva a la seguridad del suministro y no depende de mercados spot o diarios, lo que la hace menos vulnerable a variaciones inmediatas de precios. El sector advierte que prescindir de la nuclear en el contexto actual es 'jugar con fuego'. El director de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, también recomendó a la UE apostar por la energía nuclear junto con las renovables como pilares del sistema eléctrico europeo. Mientras tanto, varias centrales nucleares españolas están paradas debido a la baja demanda y la alta fiscalidad, lo que genera ineficiencias en el sistema eléctrico.
El sistema eléctrico español sufrió un nuevo apagón parcial el 28 de enero, afectando a la gran industria durante dos horas. Este incidente pone de relieve la vulnerabilidad del sistema en un contexto de creciente dependencia del gas natural procedente de EEUU, que representa el 44% del consumo nacional. El ingeniero Juan Franco ha analizado la situación y concluye que el sistema no está adaptado a la realidad energética actual, siendo vulnerable debido a la regulación europea y las exigencias adicionales del Gobierno de Pedro Sánchez. La transición hacia un modelo 100% renovable está erosionando la seguridad del suministro debido a la sustitución de generación síncrona convencional por fuentes renovables no gestionables. Para abordar estos desafíos, se necesitan tecnologías de almacenamiento y estabilización de red, como volantes de inercia y centrales de bombeo hidráulico reversible. El estudio de Franco destaca la urgencia de acelerar los trámites administrativos para nuevas centrales de bombeo, la necesidad de inercia explícita y la hibridación tecnológica para garantizar la estabilidad del sistema.
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