Crítica:
El artículo presenta una visión clara del impacto de las amenazas de Trump en el comercio entre España y EEUU, aunque podría profundizar más en las posibles consecuencias a largo plazo de este aumento de pedidos.
El artículo presenta una visión clara del impacto de las amenazas de Trump en el comercio entre España y EEUU, aunque podría profundizar más en las posibles consecuencias a largo plazo de este aumento de pedidos.
La juez Esperanza Collazos, titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, se mostró 'escandalizada' tras los hallazgos de la investigación sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra, que podría estar vinculado a una trama de blanqueo de capitales de dimensión internacional. La investigación, que comenzó en 2021 con la concesión de un rescate de 53 millones de euros a la aerolínea a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, ha dado un giro inesperado con la inhibición del juzgado en favor de la Audiencia Nacional. La decisión se tomó tras analizar la documentación incautada en los registros practicados por la Policía y los informes elaborados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que apuntan a movimientos financieros que traspasan las fronteras españolas. El caso ha sido asumido por el magistrado José Luis Calama, quien ha decidido mantener el secreto de sumario y reclamar todas las actuaciones practicadas hasta la fecha. La investigación ha revelado indicios de una posible trama financiera vinculada a la corrupción venezolana y ha llevado a la detención de varios implicados, entre ellos el presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, y el consejero delegado, Roberto Roselli.
La decisión de Marruecos de prohibir la exportación de sardinas congeladas ha generado una tormenta en la industria conservera española, especialmente en Galicia, que depende en gran medida de las importaciones marroquíes. Con un precio de la sardina que ha subido como la espuma, las fábricas conserveras españolas se enfrentan a una escasez de existencias y confían en que la reanudación de la pesca de superficie en la costa española les permita obtener suficiente suministro. Roberto Alonso, secretario general de la Asociación Española de Industrias Conserveras de Pescado Anfaco-CYTMA, afirmó que los profesionales esperan que las cuotas anuales de pesca de este año sean buenas para adaptarse a la ausencia de producto marroquí. La prohibición de Marruecos de exportar sardina congelada podría durar al menos un año, según Alonso, lo que ha generado una gran presión en las fábricas conserveras. Las importaciones de sardinas congeladas procedentes de Marruecos ascendieron a más de 27.000 toneladas en los diez primeros meses del año pasado, lo que representa el 94% del total de las importaciones españolas a este nivel procedentes de países fuera de la Unión Europea. Los conserveros españoles se han puesto en contacto con Marruecos para expresar su preocupación por la decisión y destacaron la importancia de la cooperación entre las instituciones marroquíes y españolas en el ámbito de las poblaciones de peces sostenibles.
Forestalia, el gigante de las energías renovables, diseñó una estrategia para acallar críticas y contentar a los municipios de Aragón donde instalaba sus parques eólicos: consumo de luz gratis para todos los vecinos. La empresa, ahora bajo investigación por presunto soborno a funcionarios públicos y altos cargos del Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera, ofreció una cuota diaria gratuita de 22 kilovatios (kW) por hogar, tres veces más que la media del consumo eléctrico de un hogar español. El plan alcanzó a más de un centenar de municipios en Zaragoza y Teruel, justo después de que el Ministerio otorgara licencias y permisos medioambientales clave para 13 parques eólicos. Sin embargo, la medida no se concretó en muchos casos debido a reveses administrativos o reventa a otras compañías. El negocio real de Forestalia eran las licencias, no los parques eólicos. La empresa logró una plusvalía de unos 500 millones de euros con la reventa de derechos de explotación en el Maestrazgo. La investigación actual revela un laberinto de pequeñas firmas sin trabajadores detrás de la estructura de Forestalia, con Eugenio Domínguez, exsubdirector de Calidad y Evaluación Ambiental, detenido por presunta recepción de sobornos.
La Comisión Europea ha abierto un expediente sancionador a España por no trasponer a tiempo la directiva 2020/285, que permite eximir del IVA a pequeños autónomos con un límite de facturación anual de hasta 85.000 euros. Entre 1,5 y 2 millones de profesionales se ven afectados por esta decisión. El Gobierno español teme un impacto recaudatorio de entre 3.000 y 5.000 millones de euros, mientras que expertos como Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí, argumentan que la simplificación burocrática podría hacer aflorar economía sumergida y apoyar al tejido productivo más vulnerable. Otros países como Alemania, Francia e Italia ya aplican esta exención, lo que pone a los autónomos españoles en desventaja competitiva. La situación podría acabar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si España no rectifica.
La ministra Yolanda Díaz ha anunciado el Estatuto de las Personas en Formación Práctica No Laboral, que incluye multas de hasta 250.000 euros para empresas que incumplan las normas sobre becarios. La norma busca proteger a los jóvenes en prácticas, pero ha generado críticas por parte de empresarios y expertos, que la ven como un obstáculo para la contratación de becarios y un freno a la innovación. Díaz defiende que la medida fomentará la contratación indefinida de los becarios después de sus prácticas. Sin embargo, muchos dudan de que esta legislación sea efectiva en un contexto de creciente automatización y uso de la inteligencia artificial en el mercado laboral. La medida se produce en un momento en que la prensa económica internacional alerta sobre el impacto de la IA en el empleo de los jóvenes, especialmente en puestos de entrada.
En 2025, el Gobierno adjudicó un récord de 23.116 millones de euros mediante contratos a dedo, un procedimiento que permite formalizar contratos sin licitación abierta. Este volumen convierte a 2025 en el ejercicio con mayor importe adjudicado por esta vía dentro de la serie histórica. El aumento del último ejercicio eleva el total acumulado desde 2021 a 36.727 millones de euros adjudicados mediante el proceso negociado sin publicidad. La Administración General del Estado ha formalizado 15.721 contratos o lotes a dedo entre 2021 y 2025, con un volumen total superior a 36.700 millones de euros. Las compras de armamento por parte de Defensa han tenido especial incidencia en este espectacular aumento. La Comisión Europea y el Tribunal de Cuentas Europeo han advertido que la falta de competencia en contratación pública puede afectar a la eficiencia del gasto. El procedimiento negociado sin publicidad está regulado como un procedimiento excepcional dentro del sistema de contratación pública en España.
La tasa de paro en España cerró 2025 en el 9,9%, según la Encuesta de Población Activa (EPA), pero esta cifra oculta una realidad más cruda. La reforma laboral impulsada por Yolanda Díaz alteró la forma de computar el paro, excluyendo a los fijos discontinuos inactivos. En 2025, alrededor de 850.000 personas con contrato fijo discontinuo estaban inscritas en las oficinas de empleo sin trabajar, pero no computaban como parados. Si se incluyeran, el paro real ascendería a 3,37 millones, elevando la tasa al 13,5%. Entre 2022 y 2025, el paro oficial se redujo en más de 700.000 personas, pero la caída real fue de apenas 130.000. El Gobierno maquilla las cifras, ya que más del 94% de la supuesta mejora se debe a cambios estadísticos, no a un aumento real del empleo. El número de fijos discontinuos ha crecido de 300.000 en 2019 a más de 900.000 en 2025, sustituyendo al contrato temporal como mecanismo de ajuste, pero con el efecto de 'desaparecer' el paro de las estadísticas.
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