Crítica:
La noticia no profundiza lo suficiente en las causas subyacentes de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, y su impacto en la economía global. Además, no se presentan soluciones a largo plazo para abordar la crisis energética.
Lección de Portugal a Sánchez: baja el impuesto al diésel para aliviar a los conductores
Portugal reduce impuestos
Otros artículos
Guerra paraliza construcción
La guerra en Irán ha desencadenado una crisis en la construcción en España, ya que el aumento del coste de las materias primas como el petróleo, el gas, el acero, el aluminio, la madera y el asfalto pone en peligro la continuidad de miles de obras. Según Mariano Sanz, secretario general de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), sin una revisión de precios, las constructoras no tienen incentivos para seguir trabajando, ya que el margen de beneficio es muy estrecho. En los últimos cinco años, el coste de construcción de viviendas nuevas ha aumentado un 32% debido al encarecimiento de los materiales. La patronal de la construcción está recibiendo llamadas de empresas promotoras preocupadas por el aumento de los precios de la energía y los combustibles, y están valorando si continuar o no con sus proyectos. La necesidad de revisar la Ley de Desindexación es urgente, ya que la falta de actualización de precios pone en riesgo la viabilidad de los contratos y puede frenar la ejecución de las obras. La CNC recuerda que muchos materiales de construcción se han disparado más de un 45% desde 2021, y que el periodo de maduración de la ejecución de una obra va de 24 a 36 meses, lo que hace que la predictibilidad de los costes sea especialmente complicada. En este contexto, las constructoras están asustadas y valorando cómo actuar de cara a las próximas semanas, ya que parar las obras supondría enfrentarse a duras penalizaciones por no cumplir con los objetivos y plazos establecidos. La CNC insiste en que la revisión de precios es el mecanismo más fácil para intentar compensar el desastre en el que están metidos.
Globalia Impugna IVA
En un movimiento contundente, Globalia Corporación Empresarial ha decidido llevar a la Audiencia Nacional su disputa sobre una liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que data de los ejercicios 2018 y 2019, con un monto total de 2,54 millones de euros. Esta decisión se produce después de que el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) desestimara sus alegaciones en diciembre de 2025, confirmado así la deuda tributaria. Con el liderazgo de Juan José Hidalgo, Globalia busca revertir esta resolución, argumentando que la liquidación realizada por la Agencia Tributaria no se ajusta a derecho. Mientras tanto, la empresa ha solicitado medidas cautelares para evitar el pago inmediato de la deuda, ofreciendo un aval bancario como garantía. En un giro significativo, la Audiencia Nacional ha aceptado esta medida cautelar, suspendiendo el pago hasta que se resuelva el recurso contencioso-administrativo. Esta decisión se fundamenta en la doctrina fijada por el Tribunal Supremo, que establece que cuando una deuda tributaria está garantizada con un aval bancario, su suspensión en vía judicial es procedente. La aplicación de esta doctrina en el caso de Globalia marca un hito importante en la interpretación de las medidas cautelares en el ámbito contencioso-administrativo. Con la suspensión del pago, Globalia evita un perjuicio irreparable mientras se analiza el fondo del asunto, lo que puede tener implicaciones significativas para la empresa y su capacidad para operar en el mercado. La resolución final de este caso tendrá un impacto directo en la situación financiera de Globalia y sus empresas asociadas, como Air Europa, que ha recibido apoyo financiero durante la pandemia. La Audiencia Nacional ahora deberá determinar si la liquidación del impuesto practicada por la Administración es conforme a derecho, lo que podría sentar un precedente para casos similares en el futuro.
Diésel sube 22% tras bloque Ormuz
El precio del barril de Brent saltó de 71,32 a 99,3 dólares en menos de dos semanas, impulsando la gasolina y el diésel a niveles que no se veían desde 2022. Esa escalada, que se traduce en un aumento del 39,42 % en el crudo, se refleja de inmediato en la bomba: el lunes 1,664 € el litro de gasolina normal y 1,770 € el litro de diésel, cifras que se disparan de 1,495 € y 1,447 € del 1 de marzo, respectivamente. La gasolina premium sube a 1,817 € y el diésel premium a 1,864 €, contrastando con los 1,687 € y 1,549 € que mantenían el mercado el día anterior. El origen del alza no es un mero ajuste de mercado; es el resultado directo del bloqueo del estrecho de Ormuz, donde solo el 5 % del petróleo y el 2 % del gas que llega a España transitan. La ministra Sara Aagesen, en una conferencia el 2 de marzo, afirmó que la diversificación energética del país hace que la dependencia de ese estrecho sea mínima. La declaración, que buscaba calmar los temores de los conductores, parece haber sido eclipsada por la realidad: los precios de la gasolina han crecido un 11,3 % y los del diésel un 22,3 % en la última semana. España, que ha sufrido una inflación de combustibles sin precedentes desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, ahora enfrenta la perspectiva de una cadena de suministro aún más volátil. El conflicto en Oriente Medio, que no muestra señales de resolverse pronto, amenaza con arrastrar los precios al techo más alto posible, a menos que se desbloquee el estrecho o los países árabes recuperen su producción pre‑conflicto. Mientras Portugal recorta temporalmente los impuestos sobre hidrocarburos para amortiguar el golpe, el gobierno español no ha anunciado medidas concretas para aliviar a los conductores. La contradicción entre la retórica de la ministra y la realidad de los precios en la bomba pone de relieve una política energética que parece más teórica que práctica, y que deja a los usuarios con la sensación de que la dependencia energética permanece, pese a las promesas de autonomía renovable.
Europa apuesta nuclear
En un giro inesperado, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado un cambio de rumbo en la política energética de la Unión Europea. Después de años de oposición a la energía nuclear, la CE ahora busca invertir 200 millones de euros en tecnologías nucleares innovadoras. Von der Leyen ha reconocido que Europa cometió un error estratégico al alejarse de esta fuente de energía baja en emisiones y ha expresado su ambición de convertir a Europa en un polo mundial de la energía nuclear de nueva generación. Esta decisión va en contra de las políticas de la exministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, quien ha sido una firme opositora a la energía nuclear. La estrategia de la CE incluye la creación de entornos de pruebas regulatorios para probar tecnologías innovadoras y la colaboración de los Estados miembros para armonizar las normas. La presidenta de la CE ha destacado que la UE ya cuenta con importantes ventajas en el sector nuclear, como medio millón de trabajadores altamente cualificados y una posición de liderazgo en innovación relacionada con los reactores modulares. Sin embargo, la guerra en Oriente Medio ha recordado a Europa sus vulnerabilidades con respecto a las energías fósiles. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha defendido la energía nuclear como clave para la independencia, la soberanía energética y la descarbonización. La noticia ha generado un debate entre Ribera y Von der Leyen, con Ribera advirtiendo que es peligroso cuestionar el derecho internacional y Von der Leyen insistiendo en la necesidad de invertir en la energía nuclear. La UE busca establecer una posición común sobre la cuestión y se reunirá la semana que viene para discutir la estrategia energética. La decisión de la CE ha sido bien recibida por algunos, quienes ven en la energía nuclear una oportunidad para reducir la dependencia de las energías fósiles y mitigar el cambio climático. Sin embargo, otros han expresado su preocupación por los riesgos asociados a la energía nuclear y la falta de transparencia en la toma de decisiones. La cuestión de la energía nuclear se ha convertido en un tema clave en la política energética de la UE, con implicaciones importantes para el futuro de la región. La CE debe equilibrar los intereses de los diferentes Estados miembros y encontrar una solución que sea beneficiosa para todos. La inversión en la energía nuclear es un paso importante hacia la descarbonización y la independencia energética, pero también requiere una evaluación cuidadosa de los riesgos y beneficios. La UE debe trabajar juntos para encontrar una solución que sea justa y sostenible para todos.
Sardinas marroquíes, problema español
La decisión de Marruecos de prohibir la exportación de sardinas congeladas ha generado una tormenta en la industria conservera española, especialmente en Galicia, que depende en gran medida de las importaciones marroquíes. Con un precio de la sardina que ha subido como la espuma, las fábricas conserveras españolas se enfrentan a una escasez de existencias y confían en que la reanudación de la pesca de superficie en la costa española les permita obtener suficiente suministro. Roberto Alonso, secretario general de la Asociación Española de Industrias Conserveras de Pescado Anfaco-CYTMA, afirmó que los profesionales esperan que las cuotas anuales de pesca de este año sean buenas para adaptarse a la ausencia de producto marroquí. La prohibición de Marruecos de exportar sardina congelada podría durar al menos un año, según Alonso, lo que ha generado una gran presión en las fábricas conserveras. Las importaciones de sardinas congeladas procedentes de Marruecos ascendieron a más de 27.000 toneladas en los diez primeros meses del año pasado, lo que representa el 94% del total de las importaciones españolas a este nivel procedentes de países fuera de la Unión Europea. Los conserveros españoles se han puesto en contacto con Marruecos para expresar su preocupación por la decisión y destacaron la importancia de la cooperación entre las instituciones marroquíes y españolas en el ámbito de las poblaciones de peces sostenibles.
Forestalia regala luz a pueblos
Forestalia, el gigante de las energías renovables, diseñó una estrategia para acallar críticas y contentar a los municipios de Aragón donde instalaba sus parques eólicos: consumo de luz gratis para todos los vecinos. La empresa, ahora bajo investigación por presunto soborno a funcionarios públicos y altos cargos del Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera, ofreció una cuota diaria gratuita de 22 kilovatios (kW) por hogar, tres veces más que la media del consumo eléctrico de un hogar español. El plan alcanzó a más de un centenar de municipios en Zaragoza y Teruel, justo después de que el Ministerio otorgara licencias y permisos medioambientales clave para 13 parques eólicos. Sin embargo, la medida no se concretó en muchos casos debido a reveses administrativos o reventa a otras compañías. El negocio real de Forestalia eran las licencias, no los parques eólicos. La empresa logró una plusvalía de unos 500 millones de euros con la reventa de derechos de explotación en el Maestrazgo. La investigación actual revela un laberinto de pequeñas firmas sin trabajadores detrás de la estructura de Forestalia, con Eugenio Domínguez, exsubdirector de Calidad y Evaluación Ambiental, detenido por presunta recepción de sobornos.
España atrasa exención IVA autónomos
La Comisión Europea ha abierto un expediente sancionador a España por no trasponer a tiempo la directiva 2020/285, que permite eximir del IVA a pequeños autónomos con un límite de facturación anual de hasta 85.000 euros. Entre 1,5 y 2 millones de profesionales se ven afectados por esta decisión. El Gobierno español teme un impacto recaudatorio de entre 3.000 y 5.000 millones de euros, mientras que expertos como Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí, argumentan que la simplificación burocrática podría hacer aflorar economía sumergida y apoyar al tejido productivo más vulnerable. Otros países como Alemania, Francia e Italia ya aplican esta exención, lo que pone a los autónomos españoles en desventaja competitiva. La situación podría acabar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si España no rectifica.
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