Un goteo incesante que estrecha los márgenes en las explotaciones nacionales hasta el punto de condenarlas a su desaparición. Así es el eco que llega desde las tierras dedicadas a la mandarina en España, a pocos meses de cumplir diez años de convivencia con el acuerdo preferencial para los cítricos de Sudáfrica.
El saldo con el país africano es trágico para los intereses españoles: 640 alertas en frontera por la detección de plagas o enfermedades, un 83% más de importaciones de cítricos y un 303% de aumento en la compra de mandarinas sudafricanas desde octubre de 2016. Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en 2015, antes de comenzar la alianza que ha reducido progresivamente las barreras comerciales de Sudáfrica con la Unión Europea (UE), España contaba con 111.467 hectáreas de mandarino.
La referencia de 2024, la más reciente disponible, indica que las hectáreas dedicadas a la mandarina en el país son 97.054, 14.413 menos que al inicio del trato. La Unió, una organización que representa a los productores, exige la aplicación estricta de los instrumentos jurídicos que la propia Unión Europea contempla en el artículo 34 del Acuerdo UE–SADC y en el Reglamento (UE) 2015/478.
La apertura comercial no puede implicar la desprotección de un sector estratégico para España, afirman. La ventana para favorecer las importaciones de cítricos de Sudáfrica se abre ininterrumpidamente del 16 de octubre al 30 de noviembre desde 2016, en coincidencia con el inicio de la campaña de recolección de cítricos en España.
Los productores apuntan a que este incremento de la compra de mandarina de Sudáfrica tiene un efecto letal en su rentabilidad, ya que provoca un hundimiento de los precios en origen que lastra sus opciones de aprovechamiento de la campaña. Carles Peris, secretario general de La Unió, reclama una aplicación real de las cláusulas de salvaguardia, herramienta que para este caso permanece en el discurso y no se implementa para resolver las dificultades del primer eslabón de la cadena de producción.
Los datos son objetivos y encajan plenamente en los criterios de 'daño grave' o, como mínimo, de amenaza de daño grave que prevé la normativa europea. Hay que trabajar de forma previa una vez que los datos son contundentes y no esperar a la petición de la aplicación de la cláusula de salvaguardia una vez empezada la campaña, ya que en productos frescos si no se aplican medidas correctoras con antelación cuando el mecanismo se pone en marcha es tarde y el daño está hecho.
Crítica:
El artículo carece de una postura crítica hacia la Unión Europea, que parece ser la principal responsable de la situación. La falta de medidas concretas para abordar el problema es alarmante.
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