Crítica:
El artículo carece de una visión más amplia sobre las consecuencias de la subida de precios de los carburantes en la economía y la sociedad. La información sobre el impacto en el transporte y la industria es escasa.
Bruselas celebra la subida de precios de los carburantes que acelera el fin de los coches diésel
Gasóleo más caro que gasolina
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Fondos UE en riesgo
El Gobierno español se enfrenta a un desafío significativo en la gestión de los fondos de la Unión Europea (UE) destinados a proyectos sociales. Según un informe del Tribunal de Cuentas, el 64,3% de las iniciativas analizadas seguían en ejecución pese a haber superado los plazos previstos. Esto se debe a que el modelo de control y gestión previsto para estos recursos no se ha desplegado plenamente en la práctica. La falta de refuerzo en la capacidad administrativa, la ausencia de herramientas tecnológicas específicas y la no aplicación de estructuras administrativas provisionales han limitado la capacidad de supervisión y seguimiento de los proyectos. El informe también destaca que el 36,8% de los proyectos no habían alcanzado los objetivos previstos en los plazos establecidos. Todo esto plantea un problema de capacidad en la gestión de los fondos, lo que limita la evaluación del impacto de las inversiones. Con un volumen excepcional de fondos UE gestionado, la ejecución descansa en estructuras ordinarias, diseñadas para la gestión habitual y no para un volumen excepcional de fondos. La gestión de los fondos UE se produce en un entorno en el que no se han desplegado plenamente los instrumentos diseñados para reforzar la capacidad administrativa. El reto no se limita a mejorar la ejecución, sino a consolidar un sistema de gestión que permita supervisar de forma efectiva el uso de los fondos. El Instituto de las Mujeres, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y el Fondo de Garantía Salarial son algunos de los organismos que han asumido la gestión de los fondos sin un refuerzo generalizado de sus plantillas. La falta de información y la no aplicación de las estructuras administrativas provisionales han limitado la coordinación y el seguimiento transversal de los proyectos. El Tribunal de Cuentas ha destacado la dificultad para acreditar el seguimiento de los proyectos en algunos casos, lo que limita la trazabilidad, transparencia y verificación de la gestión de los fondos. En este contexto, el Gobierno español debe abordar el desafío de consolidar un sistema de gestión que permita supervisar de forma efectiva el uso de los fondos UE y evaluar el impacto de las inversiones. La distancia entre el modelo previsto y el modelo aplicado se convierte en uno de los factores clave para entender el comportamiento del sistema. El análisis del Tribunal de Cuentas apunta a un problema que trasciende la ejecución de proyectos concretos, situando el foco en el esquema administrativo que debía sostener esa ejecución. La realidad descrita en la fiscalización muestra un despliegue parcial de ese modelo, lo que plantea un reto significativo para la gestión de los fondos UE en España.
Plus Ultra evita pago
La aerolínea Plus Ultra se ha escudado en la guerra de Irán y la incertidumbre geopolítica para no devolver 19 millones de euros del rescate público que recibió en 2021. La empresa había pactado con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que se acoge a esta circunstancia excepcional para no realizar el desembolso, que debía haberse abonado la semana pasada. Las partes están trabajando en el establecimiento de un nuevo calendario para que el Estado pueda recuperar la cuantía, que podría ser en los próximos dos o tres meses. La normativa del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee) permite una adaptación de los reembolsos en función de la situación y perspectivas del mercado en el que opera el beneficiario. La guerra de Irán ha disparado el precio del petróleo, lo que supone una amenaza para la cuenta de resultados de las compañías aéreas. Plus Ultra ha satisfecho el compromiso de los intereses del crédito otorgado por la SEPI, que alcanza los 3,3 millones. La empresa se ha acogido a la excepcionalidad de la norma para evitar el desembolso de los 19 millones, y dentro de dos años tendrá que abonar los restantes 34 millones. La situación financiera de la empresa es complicada, y las últimas cuentas del cierre de 2025 ponen de manifiesto la situación en la que se encuentra. La investigación judicial sobre el rescate de la aerolínea ha pasado recientemente a la Audiencia Nacional, y ha colocado en el punto de mira al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por los trabajos realizados para Plus Ultra por parte de su amigo personal, Julio Martínez Martínez.
Salario mínimo ilusorio
La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) es una medida que genera adhesión inmediata, pero detrás de esta decisión política se esconden varios mecanismos que convierten este aumento en una ilusión financiera. El Estado anuncia el incremento del SMI, y el trabajador percibe un aumento directo de su renta, pero el salario mínimo no es el salario neto, y se erosiona mediante cotizaciones, retenciones y precios más altos. Además, el coste de este aumento no es asumido por el Estado, sino por las empresas y los ciudadanos a través de la repercusión de precios. La ilusión del SMI se sustenta en la confusión entre el número y la realidad, y en la falta de visibilidad de los costes invisibles que conlleva. El SMI solo protege a quienes ya tienen empleo, mientras que quienes no lo tienen pueden quedar excluidos del mercado laboral sin que nadie perciba su sacrificio. La subida del SMI también genera un efecto de contagio salarial, que arrastra hacia arriba a los salarios inmediatamente superiores, lo que a su vez aumenta los precios y los costes laborales. El Estado se beneficia de esta medida a través del aumento de la recaudación de impuestos, mientras que el trabajador cree que gana más, pero su poder adquisitivo no aumenta en la misma proporción. En resumen, la subida del SMI es una ilusión financiera perfecta, que convierte un beneficio visible en un sacrificio invisible, y que refuerza la legitimidad del Estado sin mejorar la productividad, la competitividad o la redistribución de la riqueza.
Vivienda protegida en crisis
La crisis de vivienda en España se agudiza, con una caída del 22,7% en la construcción de viviendas protegidas en 2025, según datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Esto supone un total de 11.104 viviendas protegidas, muy lejos de las 700.000 necesarias para cubrir la brecha entre la demanda y la oferta. Los elevados costes de producción y la carga burocrática son los principales obstáculos para los constructores, que piden una simplificación de los trámites y una mayor seguridad jurídica. La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) y la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCEspaña) coinciden en que la vivienda protegida solo se produce de forma sostenida cuando existe un marco de viabilidad económica estable. Sin embargo, este marco sigue siendo frágil, con precios máximos que no se actualizan con suficiente agilidad para reflejar la evolución real de los costes de construcción. La escasez de suelo finalista también es un problema importante, ya que el desarrollo urbanístico tarda años en estar preparado, lo que retrasa la oferta de suelo para vivienda protegida. Los promotores inmobiliarios piden que se acelere el proceso de desarrollo urbanístico y que se eliminen los trámites burocráticos innecesarios. La situación es aún más grave si se considera que los niveles de producción están un 84% por debajo de los datos de antes de la burbuja inmobiliaria. Para explicar este desplome, hay que echar la vista atrás a los años 2010 y 2013, cuando los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy acabaron con las ayudas que beneficiaban a la promoción de vivienda protegida. La escasa inversión en viviendas de protección social, con solo 34 euros por habitante entre 2007 y 2021, también es un factor importante. Sin embargo, desde APCEspaña consideran que el Plan Estatal de Vivienda, pendiente de aprobación, puede desempeñar un papel muy importante, ya que se prevén 2.800 millones solo para oferta de vivienda protegida, lo que ayudará a movilizar más vivienda e inversión privada y aumentar de forma significativa la oferta.
Compra inversa: 20% menos en la compra
Cuando la última factura llega, la puerta del supermercado se abre como un portal a la incertidumbre financiera. La familia que gasta 500 € al mes en alimentación, sin planificar, termina perdiendo 100 € al mes. Con la guerra de Irán acercándose y la inflación golpeando la cesta de la compra, los consumidores buscan un nuevo mapa. La Cuponera, plataforma de cashback, presenta la compra inversa, una técnica que promete hasta un 20 % de ahorro. Si el gasto se reduce a 400 € al mes, el ahorro se traduce en un billete extra en el bolsillo. La idea es sencilla: antes de salir, escanear la despensa, el frigorífico y el congelador, anotando cada producto y su fecha de caducidad. Los artículos que están próximos a caducar se marcan con rotuladores fluorescentes, y la lista de la compra se organiza en orden de vencimiento. Luego, se diseña el menú semanal a partir de esos ingredientes, priorizando los que deben consumirse primero. El método, que comparte raíces con el batch cooking y la cocina de aprovechamiento de antaño, se centra en la reducción del desperdicio. La Cuponera explica que, aunque la cifra de ahorro varía según el hogar, el cálculo es simple: 20 % de lo que se gastó antes. En el caso de la familia de 500 € de gasto mensual, eso equivale a 100 € de ahorro. La estrategia no solo ahorra dinero; también optimiza el tiempo, pues la planificación evita compras impulsivas y la necesidad de reabastecerse antes de que los productos se echen a perder. Para ponerlo en práctica, los pasos son claros: inventario, anotación de fechas, planificación de comidas, elaboración de la lista y organización por caducidad. Cada decisión se basa en la realidad de lo que ya posee, y la compra se convierte en un acto de economía y respeto por los recursos. Así, la compra inversa rompe el esquema tradicional de ir al súper sin rumbo, ofreciendo una forma de sobrevivir al entorno inflacionario sin sacrificar la calidad de la dieta.
35 Horas: Nuevo Ritmo Laboral
La primera quincena de abril marcará un hito en la gestión pública española. La Administración General del Estado firmó, hoy, un acuerdo definitivo que fija una jornada laboral de 35 horas semanales en todos los organismos, ministerios e instituciones del poder central. El pacto, fruto de negociaciones que se remontan a 2022 y que culminaron con la firma del Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía en noviembre, incluye a 246.500 funcionarios cuyo horario cambiará de forma irrevocable. El documento, que no excluye a ninguna rama de la AGE, también extiende la medida a las agencias públicas y a las empresas públicas vinculadas. Además, adapta las jornadas de especial dedicación, que antes eran de 40 horas, a 37 horas y media, y revisa la jornada intensiva de verano. En las unidades con requisitos propios—como las Instituciones Penitenciarias—la aplicación se negociará mediante mesas de trabajo específicas, garantizando que la prestación de servicios no sufra ninguna brecha. El sindicato CSIF, pieza clave en el desbloqueo del acuerdo, declaró que su interlocución fue “fundamental para lograr este acuerdo que estaba pendiente de aplicación desde 2022”. Por su parte, Óscar López, ministro de Transformación Digital y Función Pública, confirmó en una entrevista que “en la AGE se aplicará las 35 horas en la primera quincena de abril”, aunque reconoció que “algunas comunidades ya la implementan, otras no”. UGT dio el visto bueno al pacto; CC OO aún evalúa la propuesta, y el sindicato ha pedido la inclusión de más colectivos. El Ministerio de Función Pública deberá publicar una resolución sobre jornada y horarios en un plazo máximo de quince días. Con el acuerdo firmado, la AGE se dispone a suscribir la nota de protocolo y a iniciar los trámites de adaptación en cada ámbito, marcando el inicio de una nueva era laboral para el sector público.
RTVE enfrenta demanda por publicidad
La patronal de las televisiones privadas, UTECA, ha lanzado un requerimiento formal a RTVE para que cese la comercialización de espacios publicitarios sin límites del Mundial de Fútbol 2026, considerándolo una acción comercial ilegal y constitutiva de competencia desleal. Con un precio de salida de 55 millones de euros por los derechos de emisión, RTVE ha incumplido, según UTECA, la ley de financiación que regula el ente público, específicamente la Ley 8/2009, de 28 de agosto, que establece que Radio Televisión Española no puede obtener ingresos que procedan de actividades de publicidad. La asociación, que representa a grupos como Atresmedia y Mediaset, exige el fin de la comercialización de estos espacios a todo tipo de anunciantes y el cumplimiento de la ley que regula el ente público, limitando su oferta comercial exclusivamente a los patrocinadores oficiales incluidos en los derechos de emisión. UTECA ha advertido que si RTVE no retira la propuesta comercial, cesará la comercialización del Mundial a todos los anunciantes y rescindirá los acuerdos firmados con aquellos que no sean patrocinadores oficiales del torneo, y presentará una demanda por competencia desleal. La Unión de Televisiones Comerciales en Abierto deja asimismo constancia en el requerimiento que la financiación de RTVE, que incluye fondos de los Presupuestos Generales del Estado, aportaciones extraordinarias del Gobierno y las propias aportaciones de los operadores de televisión privados, permite a la corporación realizar desembolsos de llamativa cuantía en condiciones de ventaja. La ley de financiación únicamente permite la comercialización publicitaria de aquellos contenidos deportivos con contrato de patrocinio incorporado en el origen u otras formas de comunicación comercial asociadas a dichos patrocinios. La situación ha generado un debate sobre el régimen privilegiado de financiación de RTVE y su impacto en la competencia en el mercado de la televisión. La patronal de las televisiones privadas ha señalado que la acción de RTVE es un abuso de su régimen privilegiado de financiación y que está dispuesta a tomar medidas legales para proteger los intereses de sus miembros. El futuro del Mundial de Fútbol 2026 en RTVE está en juego, y la resolución de este conflicto puede tener un impacto significativo en el mercado de la televisión en España.
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