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Las renovables cercan al Gobierno: de las primas de Zapatero a los favores a Forestalia

Renovables en juego

economia Una imagen de una turbina eólica en el mar, con un barco en el fondo y un cielo nublado.

La decisión de Mariano Rajoy de retirar las primas a las energías renovables en 2013 ha generado un escenario de crisis para el Gobierno. Los tribunales de arbitraje internacionales han reconocido indemnizaciones que superan los 2.300 millones de euros a favor de las empresas afectadas, lo que pone en riesgo los bienes españoles en el extranjero.

El Ministerio de Transición Ecológica planea iniciar la subasta de la eólica marina para atraer inversiones superiores a los 20.000 millones de euros, pero el sector teme que la aversión de Trump a la eólica marina contagie a otros países. La Asociación Empresarial Eólica prevé que la apuesta por esta energía renovable incremente un punto el PIB en los próximos años y cree más de 40.000 empleos.

Sin embargo, el caso Forestalia ha salpicado a Transición Ecológica, con acusaciones de tratos de favor a la empresa de Fernando Samper. El exsubdirector de Calidad y Evaluación Ambiental Eugenio Domínguez habría ideado un sistema de tramitación paralelo para beneficiar a Forestalia, lo que ha generado una investigación por parte de la Guardia Civil.

La secretaría de Estado de Energía ha efectuado una consulta pública para desarrollar una orden ministerial que establezca el modelo de subasta, pero el sector teme que los trámites comiencen en horas bajas para Transición Ecológica. Con un precio de salida de 147 millones de euros, concedidos con cargo a los fondos europeos, el Gobierno busca atraer inversores, pero el sector sigue con la incertidumbre de si la subasta será un éxito o un fracaso.

La intención de Transición Ecológica de impulsar la eólica marina llega en plena contraofensiva de la Administración Trump para bloquearla en Estados Unidos, lo que ha supuesto frenar varios proyectos, entre los que se encuentran dos de Iberdrola, ambos en Massachusetts. El Departamento de Interior alegó que tomaba esa decisión tras identificar supuestos riesgos para la seguridad nacional.

La factura de las indemnizaciones reconocidas a las empresas de energías renovables crece cada día, lo que pone en riesgo los bienes españoles en el extranjero. Reino Unido, Bélgica, Australia y Estados Unidos han abierto la puerta a embargar activos españoles, lo que ha generado una gran preocupación en el sector.

La Abogacía del Estado lleva años defendiendo que el derecho comunitario europeo no permite el pago de indemnizaciones decretadas en los arbitrajes internacionales que surgieron tras la retirada retroactiva a las renovables, lo que ha generado un gran debate en el sector. Los afectados sostienen que los laudos emitidos a su favor tienen plena cobertura legal, lo que ha llevado a los tribunales ordinarios a abrir la puerta a embargar activos españoles.

La lista de posibles bienes a confiscar se encuentra en sedes del Instituto Cervantes, colegios, cuentas bancarias y empresas y edificios públicos. Los consulados y las embajadas no se pueden embargar, ya que gozan de inmunidad diplomática. El Índice de Cumplimiento de Laudos Arbitrales, elaborado por el académico Nikos Lavranos, sitúa a España como el país con mayor número de sentencias de arbitraje pendientes de pago, al mismo nivel que Venezuela y por delante de Rusia.

La situación es crítica y el sector sigue con la incertidumbre de si la subasta de la eólica marina será un éxito o un fracaso. La intención de Transición Ecológica de impulsar la eólica marina es ambiciosa, pero el sector teme que la aversión de Trump a la eólica marina contagie a otros países.

La Asociación Empresarial Eólica prevé que la apuesta por esta energía renovable incremente un punto el PIB en los próximos años y cree más de 40.000 empleos, lo que sería un gran beneficio para el país. Sin embargo, el caso Forestalia ha salpicado a Transición Ecológica, lo que ha generado una gran preocupación en el sector.

El exsubdirector de Calidad y Evaluación Ambiental Eugenio Domínguez habría ideado un sistema de tramitación paralelo para beneficiar a Forestalia, lo que ha llevado a una investigación por parte de la Guardia Civil. La secretaría de Estado de Energía ha efectuado una consulta pública para desarrollar una orden ministerial que establezca el modelo de subasta, pero el sector sigue con la incertidumbre de si la subasta será un éxito o un fracaso.

La situación es crítica y el sector sigue con la incertidumbre de si la subasta de la eólica marina será un éxito o un fracaso. Con un precio de salida de 147 millones de euros, concedidos con cargo a los fondos europeos, el Gobierno busca atraer inversores, pero el sector teme que la aversión de Trump a la eólica marina contagie a otros países.

La intención de Transición Ecológica de impulsar la eólica marina es ambiciosa, pero el sector teme que la aversión de Trump a la eólica marina contagie a otros países. La Asociación Empresarial Eólica prevé que la apuesta por esta energía renovable incremente un punto el PIB en los próximos años y cree más de 40.000 empleos, lo que sería un gran beneficio para el país.

La situación es crítica y el sector sigue con la incertidumbre de si la subasta de la eólica marina será un éxito o un fracaso.

Vía: theobjective.com coments compartir
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Crítica:

La noticia carece de objetividad y se centra demasiado en el caso Forestalia, lo que puede generar una visión sesgada del tema. Además, la falta de datos concretos y estadísticas puede hacer que la noticia sea menos creíble.

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La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon) ha detectado un total de 27.881 recursos presentados por empresas contra decisiones administrativas sobre contratos públicos desde 2019. Esto refleja un cuestionamiento constante de las decisiones adoptadas en los procesos de adjudicación, principalmente. Sin embargo, buena parte de los recursos y reclamaciones son finalmente no admitidos, lo que deja más de siete de cada diez reclamaciones sin efecto práctico o sin llegar siquiera a analizarse en profundidad. Solo alrededor de tres de cada diez logra modificar total o parcialmente la decisión inicial. Las impugnaciones afectan a los momentos clave del procedimiento, como adjudicaciones, exclusiones y pliegos, y se concentran en la fase de preparación de los contratos, la adjudicación y la ejecución. La OIReScon identifica un número significativo de incidencias a lo largo de toda la cadena de contratación, lo que refuerza la idea de que los problemas no son puntuales ni aislados, sino estructurales y distribuidos en todo el proceso. La decisión final de quién gana un contrato depende no solo de criterios automáticos como el precio, sino también de criterios subjetivos basados en valoraciones técnicas o cualitativas, lo que introduce un margen de discrecionalidad. Además, una parte relevante de los contratos públicos se adjudica con un único licitador, lo que reduce la competencia y limita la capacidad del mercado para ajustar precios o mejorar condiciones. La falta de homogeneidad en la aplicación de las normas y la variabilidad en la interpretación de las reglas también introducen incertidumbre para las empresas. La ejecución de los contratos es otro punto crítico, ya que el control es más débil y se permiten introducir modificaciones posteriores. La OIReScon detecta problemas en el seguimiento que permiten introducir modificaciones posteriores, lo que puede afectar al precio, a los plazos o al contenido del contrato. En resumen, la contratación pública sigue siendo una herramienta clave del gasto público, pero los problemas detectados por el supervisor no son menores y afectan a cómo se diseñan los contratos, cómo se adjudican y cómo se ejecutan.

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El absentismo laboral en España se ha convertido en un problema económico de primer orden, con un coste para la economía de 81.000 millones de euros, un 50% más que antes de la pandemia. Los datos más recientes indican que el absentismo ya alcanza el 7 por 100 de las horas pactadas, y un 20 por 100 de las ausencias diarias no cuentan con baja médica. El sector de la hostelería es uno de los más afectados, con un absentismo del 11 por 100, según José Barreiro, que está al frente de una cadena de hoteles en Canarias. La influencia del contrato indefinido también es un factor clave, ya que el cambio de un contrato temporal a uno indefinido eleva un 62% los días de baja por incapacidad temporal, según un informe de la AIReF. La experta económica Pilar García de la Granja ha analizado este informe y ha subrayado la contundencia de los datos, afirmando que la mayor estabilidad laboral incrementa la probabilidad de iniciar un proceso de incapacidad temporal. El perfil con más probabilidades de ausentarse es un empleado que ya tuvo una incapacidad el año anterior, trabaja en una empresa grande, tiene un nivel salarial medio y un contrato indefinido. Ante esta problemática, que supone que 1,2 millones de personas no se presentan a trabajar cada día, surgen voces que apuntan a la gestión como solución. José Canseco, experto en recursos humanos y gestión de talento, ha señalado la importancia de una doble aproximación para atajar el problema: gestionar bien la parte sanitaria y de prestación, y crear valor en lo que las empresas ya hacen. Globalmente, los mayores picos de absentismo se localizan en sectores clave para la economía como son las industrias, servicios y construcción, lo que agrava aún más el impacto general en la productividad del país.

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Pymes en riesgo por morosidad

La morosidad en España ha alcanzado un punto crítico, con un período medio de pago de casi 80 días, muy por encima del límite legal de 60 días y de la media de la UE. Esto está poniendo en riesgo la supervivencia de miles de pymes, que representan el 99,8% del tejido empresarial y generan más del 60% del empleo en el país. A pesar de los decretos y ayudas prometidos por el gobierno, el verdadero problema persiste. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha hecho mención constante a las pymes, pero esto parece no haber sido suficiente para las asociaciones que protegen los intereses de las pequeñas y medianas empresas en España. La ley que tiene por objeto la mejora de la regulación y del clima de negocios podría no estar contando con los problemas estructurales que lastran a las pymes. El CEO de Impulsa CFO, John Belalcázar, señala que el control real del flujo de caja es el único factor que determina la supervivencia a corto plazo de las pymes. Mientras el foco se pone en el Boletín Oficial del Estado, muchas pymes pasan por alto el control real del flujo de caja. El Gobierno ignora a las pymes, y el empresario no puede decidir quién gobierna, pero sí puede prever si tiene caja suficiente para pagar nóminas dentro de 60 o 90 días. El problema es que en periodos de ruido político se habla de reformas futuras y se ignora que los costes operativos han subido más de un 25% en los últimos años y que el dinero tarda más que nunca en entrar. La caja es el escudo a la incertidumbre, y las pymes deben planificar su cashflow para mantenerse en el mercado más allá de impulsos y reformas del Gobierno que no resuelven los problemas de liquidez de las empresas. El experto recomienda planificar la tesorería periódicamente, al menos dos veces al mes, asumiendo que el entorno no va a mejorar. Si mejora el negocio, será un bono; si no, el negocio seguirá en pie de forma autónoma. Belalcázar también señala la necesidad de controlar los márgenes reales con la inflación y los costes laborales al alza, ya que facturar más ya no garantiza ganar dinero. En este sentido es vital que el empresario identifique su punto de equilibrio, es decir, la cifra de ventas mínima que tiene que generar para no perder dinero y cubrir toda su estructura operativa. La anticipación sobre la reacción es clave, y los préstamos o líneas de crédito se negocian cuando la empresa tiene salud, no cuando ya falta caja. Negociar con tiempo permite gestionar con más facilidad los tiempos difíciles, evitando recurrir a soluciones de urgencia. Con un precio de salida de 80 días, fijado para hoy, las empresas buscan soluciones para sobrevivir en un entorno incierto. La morosidad es un problema estructural que requiere soluciones a largo plazo, y no solo medidas paliativas. El gobierno debe tomar medidas para reducir la morosidad y mejorar el clima de negocios, pero también las empresas deben tomar medidas para protegerse a sí mismas. La caja es el escudo a la incertidumbre, y las pymes deben planificar su cashflow para mantenerse en el mercado. La incertidumbre política es un factor que puede afectar la economía, pero las empresas no pueden permitir que esto les impida planificar para el futuro. La planificación es clave para sobrevivir en un entorno incierto, y las pymes deben tomar medidas para protegerse a sí mismas. La caja es el escudo a la incertidumbre, y las pymes deben planificar su cashflow para mantenerse en el mercado. La morosidad es un problema estructural que requiere soluciones a largo plazo, y no solo medidas paliativas. El gobierno debe tomar medidas para reducir la morosidad y mejorar el clima de negocios, pero también las empresas deben tomar medidas para protegerse a sí mismas. Con un período medio de pago de casi 80 días, las pymes están en riesgo de no poder pagar sus nóminas, lo que puede llevar a la quiebra. La incertidumbre política es un factor que puede afectar la economía, pero las empresas no pueden permitir que esto les impida planificar para el futuro. La planificación es clave para sobrevivir en un entorno incierto, y las pymes deben tomar medidas para protegerse a sí mismas. La caja es el escudo a la incertidumbre, y las pymes deben planificar su cashflow para mantenerse en el mercado. La morosidad es un problema estructural que requiere soluciones a largo plazo, y no solo medidas paliativas. El gobierno debe tomar medidas para reducir la morosidad y mejorar el clima de negocios, pero también las empresas deben tomar medidas para protegerse a sí mismas. La incertidumbre política es un factor que puede afectar la economía, pero las empresas no pueden permitir que esto les impida planificar para el futuro. La planificación es clave para sobrevivir en un entorno incierto, y las pymes deben tomar medidas para protegerse a sí mismas.

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Frutas tropicales verdes, aguacate y mango, sobre un mapa de Europa con líneas que indican rutas de exportación, fondo de hojas verdes y texturas de hojas tropicales, estilo artístico realista sin rostros reconocibles

España domina aguacate y mango

El aguacate, esa fruta verde que ha conquistado las mesas europeas, se ha convertido en el rey indiscutible de España. El país concentra cerca del 80 % de toda la producción europea de aguacate y mango, convirtiéndose en proveedor esencial para Francia, Italia y Reino Unido. Este dominio no es fortuito: en cinco años el consumo de aguacate en los hogares españoles se duplicó, pasando de 229,7 millones de euros en 2019 a 443,8 millones en 2024, mientras el 80 % de los hogares ya compra la fruta y el consumo medio alcanza los dos kilos por persona al año. El mango sigue la misma trayectoria, siendo ya parte de la mitad de los hogares. Para sostener este auge, España ha ampliado su superficie cultivada: 24 800 hectáreas destina al aguacate y más de 6 000 hectáreas al mango. Gracias a ello, el país no solo satisface la demanda interna, sino que exportó en 2025 más de 76 000 toneladas de aguacate y 21 800 toneladas de mango a los mercados de referencia, mientras que las importaciones de aguacate alcanzaron 20 441 toneladas valoradas en 45,62 millones de euros, principalmente desde Marruecos. Los mangos, por su parte, llegaron en 7 866 toneladas por 13,49 millones de euros, provenientes de Perú y Brasil, y se exportaron 3 871 toneladas (6,93 millones) a los mismos destinos europeas. Entre estos hechos, Intertropic, con el respaldo de la Unión Europea, lanzó la campaña “Aguacate y Mango de Europa: Frutas con Corazón”, financiada con 9 millones de euros hasta 2028. La UE aporta el 75 % (casi 7 millones), mientras que el resto recae en productores y comercializadores. La estrategia busca reforzar la visibilidad del origen europeo antes de que el acuerdo de libre comercio con Mercosur, que entrará en vigor provisionalmente, elimine los aranceles y aumente la competencia. La proximidad logística se convierte en la ventaja clave: la fruta puede estar en los puntos de venta en 48‑72 horas, preservando calidad y sabor, algo que las importaciones más lejanas podrían perder. Así, mientras el mercado se abre, España apuesta por su rapidez y frescura para mantener su liderazgo, aunque la amenaza de precios más bajos y mayor oferta del Mercosur no deja de ser una realidad que exige vigilancia constante.

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