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Preocupación entre los propietarios: la nueva ley de ascensores los obligará a afrontar elevadas derramas

Derramas millonarias

economia Un edificio con un ascensor antiguo y un propietario preocupado por la derrama

La nueva ley de ascensores es como una factura sorpresa en la lista de la compra. Miles de edificios en España tendrán que realizar derramas para actualizar sus ascensores, con un coste que puede variar desde 1.000 euros hasta 40.000 euros. La entrada en vigor del Real Decreto 355/2024 ha generado preocupación entre los propietarios, ya que la normativa técnica de seguridad es más estricta y obliga a actualizar los ascensores con más de 20 años de antigüedad.

La nivelación de la cabina, la instalación de barreras fotoeléctricas y el sistema de comunicación bidireccional en la cabina son solo algunas de las reformas que se deben realizar. El impacto económico será variable, dependiendo del estado previo del ascensor. Mientras que algunos ajustes menores pueden costar alrededor de 1.000 euros, las intervenciones profundas pueden disparar la factura hasta 40.000 euros.

Esto reabre el debate sobre el reparto de gastos en las juntas de propietarios, especialmente después de los cambios legales que facilitan que un solo vecino pueda forzar la instalación o reforma de un ascensor por motivos de accesibilidad. La pregunta es, ¿quién pagará la cuenta? Los propietarios de los bajos también pueden verse afectados, dependiendo de la cuota de participación o la ausencia de exención en los estatutos.

La situación es como un sablazo en la factura, pero esta vez es la ley la que lo impone. La adaptación técnica obligatoria es como un juego de ruleta, donde algunos edificios pueden salir bien parados, mientras que otros pueden tener que pagar una gran cantidad de dinero. La seguridad es importante, pero el coste no es nada despreciable.

La ley busca unificar los estándares de seguridad y reducir los riesgos de accidentes, pero el precio es alto. Los propietarios tendrán que decidir si vale la pena pagar la derrama para asegurarse de que sus ascensores sean seguros. La respuesta no es fácil, pero una cosa es segura: la nueva ley de ascensores es un tema que generará mucha discusión en las juntas de propietarios.

Vía: libertaddigital.com coments compartir
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Crítica:

La noticia es clara, pero falta información sobre los plazos y los procedimientos para realizar las reformas. La ley es necesaria, pero el coste es excesivo.

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Inmigración en España desborda

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España en apuros

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Un campo de tomates rojos bajo el sol, un tractor medio enterrado en la tierra, un agricultor mirando una pantalla de móvil con el precio 0,80 €/kg, sin rostros visibles, con un fondo de carreteras rurales.

Tomate caro, agricultores tiran la cosecha

En la calle se dice que el tomate es el rey de la inflación, y el rey parece haber perdido la corona. 80 céntimos por kilo son la cifra que hace que la gente se pregunte si el tomate está pagando la renta o el alquiler. Pero, mientras los consumidores se resfrían con el precio más alto de la última década, los agricultores están tirando a la basura la cosecha con la misma actitud de quien deja el plato vacío porque el plato cuesta más que la comida. El caso de Clara Sarramián, agricultora riojana, se ha vuelto el “caso abierto” de la economía rural. En 2025 el margen comercial origen‑destino alcanzó 81,1 %, el segundo más alto en una década, según el Observatorio de la Junta de Andalucía. Eso es un empujón de precios de la cadena de valor que no deja de hacer reír a los contadores. Y la cifra de 0,61 €/kg del costo total del tomate, con mano de obra 0,258, semillas 0,081, estructura 0,078 y fertilizantes 0,059, contrastada con los 0,57 €/kg que se pagan al productor, proviene de un estudio de 2020 del Institut Cerdà. Los datos están claros: la diferencia es tan grande que el agricultor termina tirando la cosecha porque la mitad del precio del año anterior le cuesta más que su propio mano de obra. En la práctica, eso significa que el 25‑30 % de los costes de la agricultura se gasta en recolección, envasado y transporte, y si no se recogen, el agricultor no pierde más dinero que el que ya pagó por sembrar. Pero no es una pérdida de la cosecha que beneficia al consumidor; es una estrategia de mercado que mantiene el precio elevado, al igual que el limón y el plátano. La presión externa, especialmente la de Marruecos, y los conglomerados con doble cara hacen que el tomate se convierta en un arma de doble filo para la economía española. Cuando junio se abre la negociación de la PAC post‑2027, la pregunta que se hace es: ¿cómo salvar la industria que es la columna vertebral de la España vaciada sin que los agricultores se conviertan en víctimas de la propia política? El tomate ya es caro, pero el costo de volver a sembrar parece más barato que el precio de la fruta en el supermercado. En la última década el tomate ha demostrado ser un buen negocio para los políticos, pero un mal negocio para los que viven de la tierra.

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