Hacienda regala 83M a los inquiokupas

El alquiler: ese juego de mesa donde algunos pierden la casa y otros, la cara. Mientras el Gobierno repite como un mantra que la vivienda es un derecho, hay 34.617 propietarios en España que están jugando al Monopoly con los ojos vendados: 83 millones de euros de alquileres que nunca vieron, pero que sí declararon a Hacienda como saldos de dudoso cobro.

Es decir, dinero que ya pagaron de impuestos por rentas que nunca existieron más allá de un contrato firmado con tinta de colores. Bienvenidos al circo de los inquiokupas: esos inquilinos que se largan dejando el piso como un Airbnb de mala calidad y al propietario con el recibo del banco en la mano y la moral por los suelos. Cataluña lidera el ranking de propietarios estafados con 7.506 afectados y 20,3 millones en alquileres que se evaporaron como el hielo en un chupito de calimocho.

Madrid, siempre a la altura, le pisa los talones con 7.289 caseros y 20 millones en pérdidas. Andalucía, con su mezcla de sol y despropósito, suma 4.075 propietarios y 9,3 millones en rentas que se fueron de vacaciones sin billetes de vuelta. Y así, como en un reality show de mala calidad, las comunidades se reparten el premio gordo de la morosidad: Baleares, con sus pisos turísticos, acumula 4,6 millones; Canarias, 4 millones; y Galicia, 3,5 millones.

Hasta La Rioja, con sus paisajes verdes y su economía más tranquila, registra 608.210 euros en alquileres que se esfumaron como el humo de un cigarrillo en un bar. La Agencia Tributaria, por su parte, juega al póker con los datos: no revela quiénes son los grandes perdedores (¿los fondos buitre? ¿los pequeños propietarios?) ni desglosa por provincias porque, según ellos, revelar cifras sería como contar el dinero del chollo del mercadona: información sensible, como si los 83 millones fueran el botín de un atraco y no el resultado de una estafa legalizada.

Eso sí, Hacienda sí permite a los propietarios deducirse esos saldos de dudoso cobro en la renta, como si el Estado les dijera: «Tranquilo, que te devolvemos parte de lo que ya perdiste». Una ayuda que huele más a parche que a solución. Lo irónico —o trágico, según se mire— es que estos 34.617 propietarios no son cobardes ni malos pagadores: son gente que confió en un sistema que luego les escupió en la cara.

Mientras, los inquiokupas siguen campando a sus anchas, como squatters con suerte, y los fondos de inversión compran pisos para alquilarlos a precios de oro, sabiendo que el pequeño propietario siempre será el chivo expiatorio del mercado. ¿El resultado? Una España donde alquilar es un negocio de alto riesgo, donde el Estado te deja deducirte las pérdidas pero no te devuelve el piso, y donde la vivienda sigue siendo un lujo para unos y un derecho para otros. Y todo esto, claro, sin contar con los Países Vascos, que se han quedado fuera del ranking por secreto estadístico.

Como si los alquileres fraudulentos fueran un delito de honor en Euskadi y no un problema nacional. Pero bueno, al menos en el resto de España ya sabemos quiénes son los villanos de esta historia: no son los inquilinos morosos, ni siquiera los fondos especulativos. El verdadero villano es un sistema que premia la impunidad y deja a los propietarios con el agua al cuello.