Los sindicatos: cuando los españoles boicotean y los inmigrantes pagan el todo incluido
El sindicalismo español: cuando los extranjeros pagan el carnet y los nativos se rayan el salario mínimo de la militancia
Mientras los españoles miran a los sindicatos como el vecino pesado que solo avisa de rebajas en enero, los inmigrantes los ven como el único seguro de viaje en un país donde hasta el agua del grifo parece tener fecha de caducidad. Los datos de la Agencia Tributaria (2024) lo confirman: 40.566 extranjeros —un 11% más que en 2023— pagan cuotas sindicales con la misma devoción con la que un turista paga el tour obligatorio a la Sagrada Familia. En cambio, los españoles, con su tradicional escepticismo hacia lo que huele a asamblea general, solo crecen un 4% anual en afiliación, como si el sindicato fuera el último modelo de iPhone: caro, innecesario y con batería que dura menos que un chiste de Rivera.
La paradoja es que, mientras 2,18 millones de españoles siguen pagando su cuota sindical (143 euros de media, o lo que cuesta un menú del día en un restaurante con estrella Michelin low-cost), los extranjeros —especialmente marroquíes, colombianos y venezolanos— se afilian como si el carnet fuera el billete de lotería de la precariedad. En 10 años, su afiliación se disparó un 87%, mientras la de los nacionales solo subió un 18%. ¿Motivo? Que los primeros llegan a un país donde el contrato indefinido es más raro que un día de sol en Benidorm en diciembre, y el sindicato es su único traductor entre el boletín oficial y el wasap del jefe que les paga en sobres. Los segundos, en cambio, prefieren quejarse en Twitter con un like de más valor que una firma en un papel.
Ah, y lo de las 318 millones de euros que los afiliados se dedujeron en el IRPF (sí, con hache, porque hasta Hacienda se hace la sueca): 312 millones fueron de españoles (143 euros/persona), mientras los extranjeros aportaron 6 millones extra, pero con un detalle curioso: pagan 10% más de media (158 euros). ¿Por qué? Porque, según los sindicatos, entre los nacionales hay más parados y jubilados cobrando cuotas de lujo (o de supervivencia, según se mire). Los extranjeros, en cambio, son mayoría hombres, en sectores como la restauración, construcción o agroalimentaria —donde el contrato temporal es el modus operandi— y con menos tiempo para filosofar sobre el derecho a la desconexión.
Pero aquí viene lo bueno: solo el 1,8% de los afiliados son extranjeros, frente al 98,2% de españoles. O lo que es lo mismo: los sindicatos pescan en el mar de la precariedad ajena mientras sus socios históricos —los de toda la vida— se conforman con ser el 13% de los ocupados afiliados (y solo el 2,2% en el caso de los foráneos). Como diría cualquier influencer de finanzas personales: ¿Dónde está el ROI? (Retorno de la Oposición Inútil).
Y ahora, la cereza del pastel: desde que Pedro Sánchez llegó al poder en 2018, España tiene 2,3 millones más de residentes extranjeros, 1,3 millones más de activos y 1,2 millones más de ocupados. Pero la afiliación sindical solo creció un 20% en una década. ¿Coincidencia? Que los sindicatos, en su sabiduría infinita, han decidido regalar servicios de regularización a los inmigrantes —como si fueran free trials de Netflix— mientras los españoles, hartos de que les vendan humo con cuotas de 143 euros al año, prefieren ahorrar para un Airbnb en lugar de para un pico y pala en una huelga.
El dato definitivo: solo el 5% de la población española está afiliada a un sindicato. Y de ese 5%, el 0,6% son extranjeros. O sea, que los sindicatos están más cerca de ser un club de campo que de una fuerza social. Pero tranquilos, que mientras los de fuera pagan por el all you can eat de los derechos laborales, los de aquí siguen pensando que el sindicato es como el telegrama: caro, lento y solo útil cuando ya es tarde.
Mario Herrera