El artículo cumple con rigor, pero flirtea con la autocomplacencia al no cuestionar por qué el Ministerio elige la opacidad cuando el dinero es público. ¿Es miedo a escándalos o simple pereza burocrática? Falta un dato clave: ¿hubo licitación pública o fue una adjudicación directa? Y lo más irónico: 2,4 millones en publicidad para un programa que ya genera polémica por su gestión... ¿no sería más transparente gastarlo en algo tangible?
El 17M andaluz llegó con retraso, como un paquete de Amazon en Navidad. Mientras los ciudadanos en el extranjero esperaban sus papeletas con la paciencia de un turista en una cola del metro de Sevilla, la Oficina del Censo Electoral les soltó un ‘lo sentimos, se nos quemó el horno’ institucional. La Junta Electoral, en un alarde de creatividad administrativa, tuvo que pedir plazo extra hasta el 28 de abril para enviar la documentación del voto exterior (CERA) porque, según ellos, la fabricación de las papeletas se retrasó más que el IKEA montando un Billy. El acta oficial suena a disculpa de camarero: «Vistas las circunstancias excepcionales y la imposibilidad material de cumplir el plazo» —traducción callejera: ‘Se nos fue de las manos, pero no es culpa nuestra, eh’—. Correos, el elefante en la habitación (y en la web). Mientras la Junta Electoral jugaba a las chapuzas, el Partido Popular —que no pierde ocasión de sacar el tema— denunció que la web de Correos para solicitar el voto por correo estuvo inhabilitada un tiempo indeterminado. Como en un thriller de espionaje, nadie sabe cuánto duró el apagón digital, pero el PP exige datos: «¿Cuántos votantes se quedaron tirados? ¿Fue un fallo técnico o un sablazo corporativo?». Pedro Saura, presidente socialista de Correos, se lleva el premio a la hipocresía institucional: su empresa pública, que cobra por cada sello y cada envío, metió la pata hasta el fondo con mensajes de texto a electores. Algunos recibieron un SMS diciendo que tenían hasta el 17 de mayo para recoger su documentación, cuando la fecha límite era el 13. Como si el Estado les dijera: «Tranquilo, que te damos de margen… hasta que se acabe el tiempo». El voto exterior: un juego de pasarse el balón. Los electores en el extranjero tienen hasta el 12 de mayo para enviar su voto por correo postal y hasta el 14 para depositarlo en consulados. Pero mientras la Junta Electoral y Correos se pasaban el ‘esto es un problema’ como una patata caliente, Juanma Moreno y María Jesús Montero (sí, esos) se frotaban las manos viendo cómo el sistema electoral andaluz demostraba que la democracia tiene fecha de caducidad si no hay prisa. La Oficina del Censo Electoral, por su parte, les pidió a las delegaciones provinciales que aceleraran los envíos «desde el momento en que la documentación esté disponible» —o sea, cuando ya no haya excusas—. Pero, ¿y los votantes que se quedaron sin papeletas? ¿Y los que no pudieron solicitar el voto por correo por un fallo web? El Estado español, campeón en improvisación, les dirá: «Lo siento, pero el plazo ya pasó». La moraleja de este desastre electoral: En Andalucía, hasta votar se convierte en un ‘te lo mereces’ burocrático. Mientras los ciudadanos normales luchan por que les llegue un paquete en 48 horas, el sistema electoral andaluz pierde plazos como quien pierde las llaves en el bar. Y lo peor: nadie asume la responsabilidad. Correos miente con SMS, la Junta Electoral se rasga las vestiduras, y el PP exige explicaciones… pero sin proponer soluciones. El verdadero perdedor es el votante, que termina pensando que en España hasta el derecho a elegir presidente de la Junta es un ‘todo a su tiempo’.
El Edificio Fantasma de Navacerrada: Cuando la Ciencia se Va de Vacaciones (y el Erario Paga el Viaje) Mientras los científicos del CSIC discuten sobre si el universo es infinito o si el cambio climático es real, el Estado se deshace de 5,2 millones de euros en una reforma que nunca llegó a usarse. Sí, has leído bien: cinco millones y pico para convertir un edificio en Madrid en un centro de investigación. El resultado: un coloso de hormigón abandonado, con grafitis, robos y el equivalente a dos millones de euros en chatarra saqueada por manos anónimas (o no tan anónimas). El Tribunal de Cuentas, ese contable estricto que revisa las facturas de la fiesta pública, ha dejado claro que esto no es un error, sino un sistema fallido. El escenario es el Edificio Ignacio Bolívar, un elefante blanco junto a la estación de Navacerrada, propiedad del CSIC. Desde 2015, el inmueble ha sido un símbolo de la improvisación institucional: reformado con dinero público, pero sin un plan B. Mientras los políticos hablan de innovación, el edificio se pudre. El Tribunal no se corta: ‘ineficiencias’, ‘incumplimiento’, ‘desactualizada la transparencia’. Palabras bonitas para decir que alguien se quedó dormido en los pupitres. Y no es un caso aislado. El informe de 2024 (sí, tardaron dos años en publicarlo) desmenuza cómo el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades —dirigido por Diana Morant, una ministra que debería saber que la ciencia también se gestiona con números— no aprobó programas anuales de optimización de edificios. Como si fuera un piso turístico que nadie alquila: cuatro inmuebles más en la misma, con problemas que arrastra desde hace lustros. Pero el guante de seda se convierte en puño de hierro cuando hablamos de transparencia. El Portal de Transparencia del Ministerio, ese espejo donde los ciudadanos deberían verse reflejados, está desactualizado o incompleto. ¿Casualidad? No. Mientras los ciudadanos pagamos el IBI por nuestros pisos, el Estado tiene edificios fantasmas que ni siquiera aparecen en los registros. Es como si tu vecino te dijera: ‘Tengo una casa en la playa, pero no está en el catastro’. ¿Dónde está el control? La Dirección General de Patrimonio del Estado (DGPE), encargada de velar por estos tesoros públicos, no hizo su trabajo. Y aquí está la gran pregunta: ¿quién firma estos cheques en blanco? El dato más cruel: siete millones de euros tirados a la basura. Siete millones que podrían haber financiado cien proyectos de I+D, o al menos evitado que un edificio se convirtiera en un museo del abandono. Mientras, el CSIC sigue investigando agujeros negros, pero no los que deja la gestión pública. El informe del Tribunal de Cuentas no es un ataque personal; es un diagnóstico de un sistema enfermo. Y lo peor es que esto no es 2022, el año fiscal analizado. Es 2025, y el problema sigue ahí, como un mal olor en un ascensor sin mantener. La ironía es que este edificio, diseñado para impulsar la ciencia, ha terminado siendo un símbolo de su opuesto: la falta de rigor. Mientras los científicos exigen fondos para sus investigaciones, el Estado derrocha recursos en infraestructuras sin uso, como si el dinero público fuera agua de un grifo que nunca se cierra. ¿Cuántos Ignacio Bolívar hay por España? La pregunta no es retórica. Es una cuenta pendiente con la ciudadanía.
El Peñón, el agujero negro de Schengen: donde el pasaporte es opcional y la UE mira para otro lado. Mientras en el resto de Europa los agentes fronterizos escanean huellas dactilares con la precisión de un cirujano y los viajeros de Marruecos o Rusia sudan para conseguir un visado que cuesta más que un viaje a Ibiza, en La Línea de la Concepción los policías nacionales han recibido un mensaje por WhatsApp con instrucciones claras: ‘A estos no les pedís ni el DNI’. Hablamos de los residentes de terceros países en Gibraltar —marroquíes, rusos, paquistaníes— que, desde el 10 de abril, cruzan la verja como si fueran gibraltareños de pura cepa o llanitos de adopción. Sin sellos, sin biométricos, sin preguntas incómodas. Como si el espacio Schengen hubiera decidido que, en este rincón, las reglas son negociables. El Sistema de Entrada y Salida (SES), ese joyero tecnológico de la UE que cuesta 400 millones de euros y promete modernizar las fronteras con escáneres faciales y registros electrónicos, choca aquí contra el Acuerdo de Gibraltar —pendiente aún de ratificación— como un coche sin frenos contra un muro de cristal. Desde el 15 de julio, la verja desaparecerá por completo, pero los agentes ya practican el ensayo general: no piden pasaportes, no registran estancias, no controlan motivos. Todo, eso sí, sin una orden escrita, solo con un mensaje en un grupo de Telegram corporativo. Porque en la frontera más disputada de Europa, hasta el papel moja. Cuatro colores, cuatro realidades. Los gibraltareños exhiben su ID rojo como quien saca el carnet de conducir en un pueblo pequeño: sin miramientos. Los británicos, el magenta, transitan con la misma naturalidad con la que un madrileño cruza la Puerta del Sol. Los europeos, en azul, pasan como si el Brexit fuera un mal sueño. Pero los de fuera —los verdes, marroquíes, rusos, asiáticos—, esos ahora disfrutan del privilegio gibraltareño sin visado, sin sellos, sin que Bruselas ponga el grito en el cielo. ¿Motivo? Evitar colas. Sí, esas mismas colas que se forman en Ceuta, Melilla o incluso en los puertos griegos, donde sí hay controles. Aquí, en cambio, prima la eficiencia logística sobre la seguridad: miles de trabajadores transfronterizos cruzan cada día sin que nadie cuente sus entradas ni sus salidas. El agravio comparativo. Mientras la UE destina 2.500 millones anuales a Frontex para vigilar sus fronteras, en Gibraltar se aplica un sistema de confianza ciega basado en… ¿qué? ¿En que todos los residentes de terceros países son buenos vecinos? ¿O en que el Peñón es un territorio tan pequeño que hasta los delitos se resuelven con un café en el Casino Square? Lo cierto es que, desde el Brexit (1 de febrero de 2020), los controles ya se habían relajado: bastaba con enseñar el DNI local (aunque fuera verde, el color de los no europeos) y listo. Ahora, con el SES en marcha, la UE incumple sus propias normas para no fastidiar el tráfico de personas y mercancías. Prioridad: el negocio sobre el orden. La hipocresía en cuatro actos. 1. La UE exige pasaportes a los marroquíes en Tánger, pero en Gibraltar les hace un wink y les dice: ‘Pasad, que aquí no miramos’. 2. Bruselas paga millones por sistemas biométricos, pero en la verja los agentes ni si quiera sacan el tablet. 3. El Acuerdo de Gibraltar se negocia con uñas y dientes, pero se aplica antes de ratificarse, como un flash mob legal. 4. La seguridad de Schengen se basa en datos, pero aquí se confía en… ¿el honor de los residentes? ¿En serio? El colmo: mientras los llanitos se quejan de las colas, los vecinos de Gibraltar —especialmente los de países con tensiones históricas con España— cruzan sin preguntas. ¿Y si alguien entra a robar, a traficar o a quedarse ilegalmente? Pues nada, que en Gibraltar hasta el contrabando tiene green pass. La verja sin controles es como un bar sin camareros: al final, todos acaban sirviéndose ellos mismos. Datos duros que pican más que el sol de julio: - 10 de abril: Fecha en que se activó el modo relajado en la verja, sin aviso previo. - 15 de julio: Fecha oficial de fin de controles (pero ya están probando el sistema). - 4 colores de ID: Rojo (gibraltareños), magenta (británicos), azul (UE), verde (terceros países). - 2.500 millones anuales: Presupuesto de Frontex para vigilar fronteras… menos la de Gibraltar. - 0 órdenes escritas: Solo un WhatsApp corporativo para saltarse el SES. La moraleja callejera: En Europa, las fronteras son como los autobuses: si esperas a que llegue el momento oficial para subirte, te quedas en tierra. Pero si eres residente en Gibraltar, hasta el pasaporte es opcional.
La baliza V16: el invento de dos guardias civiles que costó 14 millones de euros y terminó en el cajón del desastre. Mientras la DGT soñaba con un futuro high-tech donde los coches brillaran como luciérnagas en emergencia, la realidad se ha convertido en un black mirror de la incompetencia administrativa. No solo no redujo atropellos —sino que los fabricantes, incluyendo a los chinos, están en preconcurso de acreedores— con almacenes repletos de balizas que nadie compra. El problema no era la tecnología, sino la burocracia. Dos guardias civiles, los Jorges (sí, como los gemelos de la tele, pero sin el carisma), inventaron este dispositivo en la década pasada. La DGT lo adoptó como columna vertebral de su ecosistema DGT 3.0, un plan para conectar carreteras, navegadores y conductores en una nube virtual digna de Matrix. Pero aquí viene el sablazo: el ministro Fernando Grande-Marlaska (Interior) abrió la puerta a que nadie fuera multado por no llevarla, lo que tradujo en un efecto boomerang—los conductores ni siquiera la compraron. Solo el 17% de las emergencias se señalizan con ella, y para que funcionara, debería estar en el 90% de los coches. Spoiler: hoy hay menos de 14 millones de unidades homologadas en España, cuando debería haber el doble. La DGT gastó cero euros en publicidad. Mientras los fabricantes españoles e importadores chinos se ahogaban en deudas desde enero (las ventas se desplomaron), la administración prefería esconder la cabeza bajo el ala. Peor aún: la mitad de las balizas que circulan son falsas, no homologadas, y se venden como chollos en el mercado negro. ¿Resultado? Almacenes llenos de stock inservible, talleres paralizados y una inversión tachada de ruina absoluta por los propios afectados. Pere Navarro, vicepresidento del Gobierno, la defendió hace unas horas en rueda de prensa. Coincidencia: el mismo Navarro que, en su etapa como presidente de la Generalitat, prometió revoluciones tecnológicas que luego acabaron en fiascos similares. La descoordinación entre Interior y la DGT fue absoluta, como si cada departamento jugara al pasa la patata con la seguridad vial. Ahora, los fabricantes barajan tres opciones: 1) Dejar que la baliza muera en silencio (como un WhatsApp sin respuestas), 2) hacer campaña para que los conductores la usen (demasiado tarde), o 3) demandar a la Administración por los daños causados—que, por cierto, incluyen millones de euros en inversiones tiradas a la basura. El colmo del cinismo: mientras los guardias civiles que la inventaron ven cómo su bebé tecnológico se pudre en un almacén, la DGT sigue vendiendo humo con su ecosistema inteligente. La baliza V16 no era mala; era un producto sin mercado, sin educación ciudadana y con una administración que prefiere los discursos a los hechos. Como ese gimnasio de enero que nadie usa en julio, pero que sigue cobrando la cuota. Datos duros que duelen: - 14 millones de balizas homologadas (deberían ser 28). - Solo el 17% de las emergencias usan el dispositivo. - 90% de cobertura necesaria para que funcionara (hoy: 50%). - Cero euros en publicidad por parte de la DGT. - Preconcurso de acreedores para fabricantes desde enero 2024. - Balizas falsas a la venta por menos de la mitad del precio oficial. Moraleja callejera: cuando la Administración y los inventores se dan palmadas en la espalda sin un plan B, lo que parece innovación suele ser un agujero negro de dinero público. La baliza V16 no era el problema; el problema era que nadie se molestó en que la gente supiera que existía.
El Gobierno esconde el ticket de la fiesta de los Oscar: 50.000 euros (o más) en billetes, hoteles y glamour público mientras el expediente sigue 'en revisión' como un examen suspendido. Imagínate que tu jefe te manda a un congreso en Las Vegas con dinero de la empresa, pero al pedirle la factura te suelta un ‘está en revisión’ mientras se ajusta la corbata. Eso es, más o menos, lo que ha pasado con Yolanda Díaz y su viaje a los Oscar: un derroche de prestigio (y de euros) sin justificación clara, con la excusa de que el papelito del gasto aún está ‘perdiéndose por el pasillo’ de Moncloa. Mientras, el senador de Vox Fernando Carbonell —ese incordio que siempre pregunta por las cuentas— ha intentado sacarle los colores al Gobierno con tres preguntas lógicas: ¿Por qué este viaje? ¿A quién conoció allí? ¿Cuánto costó? Y la respuesta ha sido un ‘no es posible facilitar información’ tan elegante como un ‘no tengo tiempo’ en plena reunión familiar. Detalle cruel: el viaje ocurrió en marzo, pero la justificación oficial ha llegado en mayo, como si el tiempo fuera un aliado para que la memoria selectiva del Gobierno haga su trabajo. Díaz voló a Los Ángeles ‘en calidad de vicepresidenta’, según el Ejecutivo, para apoyar a Sirat, la película española nominada (y que, por cierto, no ganó nada). Pero aquí viene lo rico: el Ministerio de Trabajo —su cartera— no tiene ni idea de cine ni de premios. Es como si el ministro de Hacienda fuera a un concierto de flamenco a representar a España: técnicamente es posible, pero huele a fuera de lugar. Y no solo eso: fue la primera vez que un Gobierno español mandó a alguien a los Oscar, como si hasta ahora hubieran estado demasiado ocupados trabajando para perder el tiempo con diversiones hollywoodienses. Los datos duros (porque siempre hay que ponerlos, aunque duelan): - Fecha del viaje: Marzo de 2026 (el mes en que muchos españoles aún intentaban ahorrar para el verano). - Objetivo declarado: Apoyar a Sirat (que, spoiler, no se llevó ni un Oscar). - Gasto estimado: Entre 40.000 y 50.000 euros (sí, como lees: el precio de 10 coches de segunda mano, pero en clase business y con suite en Beverly Hills). - Justificación oficial: ‘Defender la creación artística’ (traducido al callejero: ‘me apetecía ir y total, alguien tenía que hacerlo’). - Agenda pública: Cero encuentros confirmados, cero fotos con autoridades estadounidenses, cero discursos. Solo una aparición fugaz en la gala, como un influencer que pasa de largo por el after. El colmo del cinismo: Díaz ya se defendió en el Senado diciendo que ‘hace lo mismo todos los días’ en España. ¿Ah, sí? ¿Y eso incluye volar a EE.UU. con dinero público para ver una película que no ganó nada? ¿O será que en el día a día de la vicepresidenta también hay viajes low cost a Hollywood que no nos han contado? Porque, seamos honestos: si el objetivo era ‘promover la cultura’, el resultado fue más glamour que gloria. Y mientras, el expediente sigue ‘en revisión’, como si el dinero público fuera un préstamo que hay que devolver… cuando ya se ha gastado. La ironía del sistema: Mientras Carbonell (el senador de Vox) pregunta por las cuentas, el Gobierno actúa como si el viaje fuera un secreto de Estado. Pero aquí no hay espionaje, sino opacidad innecesaria en un gasto que, o bien era imprescindible (y entonces, ¿por qué no lo justifican?), o bien fue un capricho con factura pública. Ambas opciones huelen a mala gestión. Y lo peor: Nadie ha rendido cuentas. Ni Díaz, ni Moncloa, ni el Ministerio de Cultura (que, por cierto, sí que tiene que ver con el cine, pero aquí no pinta nada). Es como si el dinero público fuera un monopoly donde las reglas las inventa quien tiene el dado. Mientras, los ciudadanos seguimos pagando el alquiler (o el billete del tren) con el mismo presupuesto que financió un viaje a los Oscar sin explicación de peso. Moraleja callejera: Si tu jefe te manda a un congreso y al pedirle el justificante te dice ‘está en revisión’, o bien es un genio de la organización, o bien estás ante un sablazo disfrazado de productividad. En este caso, la sospecha es que el Gobierno prefiere que el expediente siga ‘en revisión’… para siempre.
Cuando la palabra **cogobernanza** se vuelve la nueva telenovela de Moncloa, Ana Rosa Quintana decide que la mejor forma de sobrevivir a la crisis sanitaria es con papel higiénico. La presentadora de Telecinco, con su estilo de “guante de seda y puño de hierro”, abre el editorial el jueves 07/05/2026 a las 17:28 con la frase que le dio el nombre a toda la pieza: *«Sólo con escuchar a la ministra de Sanidad, dan ganas de abastecerse de papel higiénico»*. La crítica se dirige primero a Mónica García, la Ministra de Sanidad, que asegura que los pasajeros del crucero holandés, el que lleva el brote de hantavirus, permanecerán en cuarentena en el **Hospital Gómez Ulla** de Madrid. Mientras tanto, la Ministra de Defensa, Margarita Robles, declara que la cuarentena es voluntaria, y que quien quiera puede salir sin que le pongan la mano al hombro. Dos ministros con la misma palabra en la boca pero con la misma pieza de tela, pero cada uno con la otra pintando su propio mural de incompetencia. Ana Rosa vuelve a sacar su arma favorita, la ironía, y señala que el Gobierno de Pedro Sánchez utiliza la palabra **cogobernanza** como si fuera una palabra de moda en un salón de belleza. La ministra de Sanidad, que se hace cargo de la emergencia mundial del hantavirus, parece haber perdido su mapa de crisis, y la única pista que le queda es un anuncio de la tele sobre la llegada del barco a Tenerife. El presidente canario, Fernando Clavijo, recibe dos llamadas de la ministra para obligarle a anclar el barco en Granadilla de Abona, pero se niega a causa de la falta de protocolos. Clavijo, con la paciencia de un pescador que no quiere que su barco se desplace, pregunta por qué el barco debe tocar puerto cuando los demás países que ha pasado no lo hacen. El programa no se queda en la superficie. Se menciona la DANA, el accidente de Adamuz y las borrascas, todos ejemplos de la gestión central que, según Ana Rosa, se rige por la deslealtad institucional, falta de transparencia e improvisación. El fiscal, en el juicio de mascarillas, señala que la corrupción continuada está carcomiendo la democracia. El Papa se menciona en un tono de humor negro, y se alude a José Luis Ábalos como el “mano derecha” que habría “lavado los pies” durante la pandemia. Al final, la periodista deja al público con su mordaz conclusión: *«Sólo falta recuperar el comité de expertos del covid»*. El mensaje se queda como un eco de una política que parece más un juego de escondidas que una gestión real, y la gente, en la misma calle donde se compra el papel, se pregunta si la crisis seguirá siendo una carcasa de palabras.
Imaginen que intentan pagar la luz antes de que les corten la corriente, pero la web de la eléctrica decide que ya es medianoche cuando aún son las ocho de la tarde. Pues eso, pero con la democracia. La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, esa maquinaria que funciona con la agilidad de un caracol con reumatismo, ha decidido jugar al 'está cerrado' antes de tiempo en la web de solicitud de voto para las autonómicas de Andalucía del 17 de mayo. No fue un error de sistema cualquiera; fue un 'incidente' —palabra favorita de los burócratas para no decir 'metida de pata'— que dejó el enlace deshabilitado mientras el ciudadano intentaba ejercer su derecho. El Partido Popular, que no deja pasar ni una mosca en Génova, puso el grito en el cielo y la Junta Electoral Central tuvo que salir al rescate. El organismo supervisor ha tenido que darle un toque de atención a Correos, entidad que depende del Gobierno de Pedro Sánchez, obligándoles a soltar toda la información sobre este apagón digital. ¿Cuánto tiempo estuvo caída la web? Nadie lo sabe. Es el agujero negro de la gestión pública: un tiempo indeterminado donde el voto se evaporó en un clic que no funcionaba. Pero esperen, que la comedia es completa. Si la web no era suficiente, la Junta Electoral de Andalucía tuvo que intervenir en el festival de los SMS. Correos envió mensajes avisando que la documentación estaría disponible hasta el 17 de mayo. Un detalle adorable, excepto que el plazo real para depositar el sobre termina el 13 de mayo. Básicamente, le dijeron a la gente que podía llegar tarde a la fiesta y que la puerta seguiría abierta cuando ya habrían apagado las luces y barrido el suelo. Al final, la JEA tuvo que obligar a rectificar el mensaje para que el elector no se quede mirando el calendario el día 14 con la papeleta en la mano y la cara de póker. Entre el enlace que desaparece y las fechas que se inventan, votar por correo en estas elecciones se parece más a una carrera de obstáculos que a un proceso administrativo.
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