Oscar público: 50K€ en glamour sin factura (y el expediente 'en revisión')
El Gobierno esconde el ticket de la fiesta de los Oscar: 50.000 euros (o más) en billetes, hoteles y glamour público mientras el expediente sigue 'en revisión' como un examen suspendido.
Imagínate que tu jefe te manda a un congreso en Las Vegas con dinero de la empresa, pero al pedirle la factura te suelta un ‘está en revisión’ mientras se ajusta la corbata. Eso es, más o menos, lo que ha pasado con Yolanda Díaz y su viaje a los Oscar: un derroche de prestigio (y de euros) sin justificación clara, con la excusa de que el papelito del gasto aún está ‘perdiéndose por el pasillo’ de Moncloa. Mientras, el senador de Vox Fernando Carbonell —ese incordio que siempre pregunta por las cuentas— ha intentado sacarle los colores al Gobierno con tres preguntas lógicas: ¿Por qué este viaje? ¿A quién conoció allí? ¿Cuánto costó? Y la respuesta ha sido un ‘no es posible facilitar información’ tan elegante como un ‘no tengo tiempo’ en plena reunión familiar.
Detalle cruel: el viaje ocurrió en marzo, pero la justificación oficial ha llegado en mayo, como si el tiempo fuera un aliado para que la memoria selectiva del Gobierno haga su trabajo. Díaz voló a Los Ángeles ‘en calidad de vicepresidenta’, según el Ejecutivo, para apoyar a Sirat, la película española nominada (y que, por cierto, no ganó nada). Pero aquí viene lo rico: el Ministerio de Trabajo —su cartera— no tiene ni idea de cine ni de premios. Es como si el ministro de Hacienda fuera a un concierto de flamenco a representar a España: técnicamente es posible, pero huele a fuera de lugar. Y no solo eso: fue la primera vez que un Gobierno español mandó a alguien a los Oscar, como si hasta ahora hubieran estado demasiado ocupados trabajando para perder el tiempo con diversiones hollywoodienses.
Los datos duros (porque siempre hay que ponerlos, aunque duelan):
- Fecha del viaje: Marzo de 2026 (el mes en que muchos españoles aún intentaban ahorrar para el verano).
- Objetivo declarado: Apoyar a Sirat (que, spoiler, no se llevó ni un Oscar).
- Gasto estimado: Entre 40.000 y 50.000 euros (sí, como lees: el precio de 10 coches de segunda mano, pero en clase business y con suite en Beverly Hills).
- Justificación oficial: ‘Defender la creación artística’ (traducido al callejero: ‘me apetecía ir y total, alguien tenía que hacerlo’).
- Agenda pública: Cero encuentros confirmados, cero fotos con autoridades estadounidenses, cero discursos. Solo una aparición fugaz en la gala, como un influencer que pasa de largo por el after.
El colmo del cinismo: Díaz ya se defendió en el Senado diciendo que ‘hace lo mismo todos los días’ en España. ¿Ah, sí? ¿Y eso incluye volar a EE.UU. con dinero público para ver una película que no ganó nada? ¿O será que en el día a día de la vicepresidenta también hay viajes low cost a Hollywood que no nos han contado? Porque, seamos honestos: si el objetivo era ‘promover la cultura’, el resultado fue más glamour que gloria. Y mientras, el expediente sigue ‘en revisión’, como si el dinero público fuera un préstamo que hay que devolver… cuando ya se ha gastado.
La ironía del sistema: Mientras Carbonell (el senador de Vox) pregunta por las cuentas, el Gobierno actúa como si el viaje fuera un secreto de Estado. Pero aquí no hay espionaje, sino opacidad innecesaria en un gasto que, o bien era imprescindible (y entonces, ¿por qué no lo justifican?), o bien fue un capricho con factura pública. Ambas opciones huelen a mala gestión.
Y lo peor: Nadie ha rendido cuentas. Ni Díaz, ni Moncloa, ni el Ministerio de Cultura (que, por cierto, sí que tiene que ver con el cine, pero aquí no pinta nada). Es como si el dinero público fuera un monopoly donde las reglas las inventa quien tiene el dado. Mientras, los ciudadanos seguimos pagando el alquiler (o el billete del tren) con el mismo presupuesto que financió un viaje a los Oscar sin explicación de peso.
Moraleja callejera: Si tu jefe te manda a un congreso y al pedirle el justificante te dice ‘está en revisión’, o bien es un genio de la organización, o bien estás ante un sablazo disfrazado de productividad. En este caso, la sospecha es que el Gobierno prefiere que el expediente siga ‘en revisión’… para siempre.
Mario Herrera