La falta de transparencia en la gestión de los recursos humanos por parte de la Dirección General de la Policía es alarmante. La negativa del delegado del Gobierno a ceder a las demandas de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento es un ejemplo de la falta de voluntad política para abordar este problema.
Cuando la palabra **cogobernanza** se vuelve la nueva telenovela de Moncloa, Ana Rosa Quintana decide que la mejor forma de sobrevivir a la crisis sanitaria es con papel higiénico. La presentadora de Telecinco, con su estilo de “guante de seda y puño de hierro”, abre el editorial el jueves 07/05/2026 a las 17:28 con la frase que le dio el nombre a toda la pieza: *«Sólo con escuchar a la ministra de Sanidad, dan ganas de abastecerse de papel higiénico»*. La crítica se dirige primero a Mónica García, la Ministra de Sanidad, que asegura que los pasajeros del crucero holandés, el que lleva el brote de hantavirus, permanecerán en cuarentena en el **Hospital Gómez Ulla** de Madrid. Mientras tanto, la Ministra de Defensa, Margarita Robles, declara que la cuarentena es voluntaria, y que quien quiera puede salir sin que le pongan la mano al hombro. Dos ministros con la misma palabra en la boca pero con la misma pieza de tela, pero cada uno con la otra pintando su propio mural de incompetencia. Ana Rosa vuelve a sacar su arma favorita, la ironía, y señala que el Gobierno de Pedro Sánchez utiliza la palabra **cogobernanza** como si fuera una palabra de moda en un salón de belleza. La ministra de Sanidad, que se hace cargo de la emergencia mundial del hantavirus, parece haber perdido su mapa de crisis, y la única pista que le queda es un anuncio de la tele sobre la llegada del barco a Tenerife. El presidente canario, Fernando Clavijo, recibe dos llamadas de la ministra para obligarle a anclar el barco en Granadilla de Abona, pero se niega a causa de la falta de protocolos. Clavijo, con la paciencia de un pescador que no quiere que su barco se desplace, pregunta por qué el barco debe tocar puerto cuando los demás países que ha pasado no lo hacen. El programa no se queda en la superficie. Se menciona la DANA, el accidente de Adamuz y las borrascas, todos ejemplos de la gestión central que, según Ana Rosa, se rige por la deslealtad institucional, falta de transparencia e improvisación. El fiscal, en el juicio de mascarillas, señala que la corrupción continuada está carcomiendo la democracia. El Papa se menciona en un tono de humor negro, y se alude a José Luis Ábalos como el “mano derecha” que habría “lavado los pies” durante la pandemia. Al final, la periodista deja al público con su mordaz conclusión: *«Sólo falta recuperar el comité de expertos del covid»*. El mensaje se queda como un eco de una política que parece más un juego de escondidas que una gestión real, y la gente, en la misma calle donde se compra el papel, se pregunta si la crisis seguirá siendo una carcasa de palabras.
Imaginen que intentan pagar la luz antes de que les corten la corriente, pero la web de la eléctrica decide que ya es medianoche cuando aún son las ocho de la tarde. Pues eso, pero con la democracia. La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, esa maquinaria que funciona con la agilidad de un caracol con reumatismo, ha decidido jugar al 'está cerrado' antes de tiempo en la web de solicitud de voto para las autonómicas de Andalucía del 17 de mayo. No fue un error de sistema cualquiera; fue un 'incidente' —palabra favorita de los burócratas para no decir 'metida de pata'— que dejó el enlace deshabilitado mientras el ciudadano intentaba ejercer su derecho. El Partido Popular, que no deja pasar ni una mosca en Génova, puso el grito en el cielo y la Junta Electoral Central tuvo que salir al rescate. El organismo supervisor ha tenido que darle un toque de atención a Correos, entidad que depende del Gobierno de Pedro Sánchez, obligándoles a soltar toda la información sobre este apagón digital. ¿Cuánto tiempo estuvo caída la web? Nadie lo sabe. Es el agujero negro de la gestión pública: un tiempo indeterminado donde el voto se evaporó en un clic que no funcionaba. Pero esperen, que la comedia es completa. Si la web no era suficiente, la Junta Electoral de Andalucía tuvo que intervenir en el festival de los SMS. Correos envió mensajes avisando que la documentación estaría disponible hasta el 17 de mayo. Un detalle adorable, excepto que el plazo real para depositar el sobre termina el 13 de mayo. Básicamente, le dijeron a la gente que podía llegar tarde a la fiesta y que la puerta seguiría abierta cuando ya habrían apagado las luces y barrido el suelo. Al final, la JEA tuvo que obligar a rectificar el mensaje para que el elector no se quede mirando el calendario el día 14 con la papeleta en la mano y la cara de póker. Entre el enlace que desaparece y las fechas que se inventan, votar por correo en estas elecciones se parece más a una carrera de obstáculos que a un proceso administrativo.
En un giro inesperado, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido no compartir las estadísticas internas sobre regularizaciones con las autonomías, lo que ha generado un malestar generalizado entre las comunidades autónomas. La cifra de 200.000 inmigrantes que han solicitado acogerse al proceso de regularización masiva ha sido comunicada por la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, pero no se ha proporcionado información detallada ni desglosada por territorios. Esto ha llevado a las administraciones regionales a sentirse ignoradas y a cuestionar la transparencia del Gobierno. La falta de coordinación y de lealtad institucional es evidente, y las comunidades autónomas se quejan de no haber recibido información formal previa sobre la cifra de solicitudes. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, lamenta la ausencia de comunicación formal previa, insistiendo en que la planificación de servicios públicos como sanidad, educación o servicios sociales depende en gran medida de conocer con antelación las variaciones demográficas bruscas como esta. La regularización de migrantes es un tema delicado que requiere una coordinación efectiva entre las administraciones, pero la falta de transparencia y la ausencia de comunicación formal están generando nerviosismo en las autonomías. El Gobierno justifica la falta de información en que todavía no dispone de datos territorializados, pero la cifra de 200.000 solicitudes ha llegado a oídos de las administraciones regionales a través de los medios de comunicación. La previsión de regularizados al final del proceso es de alrededor de 500.000 personas, lo que puede tener un impacto directo en los presupuestos y los servicios públicos de las regiones. Las regiones coinciden en que el aumento de población derivado de procesos de regularización puede tener un impacto directo en sus presupuestos y desconocer el dato es peligroso para las cuentas públicas. La falta de transparencia denunciada por las comunidades autónomas concuerda con la queja lanzada por el Partido Popular, que ha denunciado que el Gobierno ha rechazado facilitar los informes internos, evaluaciones técnicas y comunicaciones entre ministerios sobre la regularización extraordinaria de migrantes. El Ejecutivo ha alegado que los documentos están clasificados como 'secretos o reservados' conforme a la Ley de Secretos Oficiales de 1968. La situación es comparable a intentar hacer la lista de la compra sin saber cuántas personas van a comer en casa. La falta de información es como un sablazo en la factura que no te esperabas, y las autonomías están empezando a perder la paciencia. La regularización de migrantes es un tema que requiere una coordinación efectiva y transparencia, pero la falta de comunicación formal y la ausencia de información detallada están generando un malestar generalizado entre las comunidades autónomas.
La ministra de Sanidad, Mónica García, se ve envuelta en una polémica por su gestión de la alerta por hantavirus. Un tuit de 2014 ha resurgido, en el que criticaba la repatriación de un enfermo de ébola, lo que contrasta con su actual decisión de trasladar a España a los pasajeros de un crucero afectado. La oposición y los usuarios en redes sociales la acusan de hipocresía y de utilizar la sanidad para su beneficio político. La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha denunciado que García está utilizando su puesto para asegurarse un cargo en la OMS. Mientras, en Canarias, el Gobierno autonómico y responsables locales han denunciado 'oscurantismo' y 'deslealtad institucional' en la gestión de la llegada del crucero. La situación ha generado malestar y críticas hacia el Ministerio de Sanidad, que se suma a la falta de coordinación y comunicación con las comunidades autónomas. La solidaridad que el Gobierno defiende ahora se ha convertido en un tema controvertido, ya que muchos cuestionan la decisión de trasladar a los pasajeros a España. La ministra García ha sido acusada de 'un caballo de Troya' que 'está reventando el sistema sanitario'. La situación es un ejemplo de cómo la política puede influir en la toma de decisiones en la sanidad, y cómo la hipocresía y la falta de transparencia pueden generar desconfianza y malestar en la población. La gestión de la alerta por hantavirus ha sido cuestionada por la falta de información y coordinación, lo que ha generado un clima de incertidumbre y desconfianza. La situación es un recordatorio de la importancia de la transparencia y la coordinación en la gestión de crisis sanitarias, y de la necesidad de que los políticos sean honestos y transparentes en sus decisiones.
La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de cambiar el modelo de control del comercio de especies protegidas en España ha generado un escenario de inseguridad jurídica y ha abierto un frente legal inquietante. El convenio Cites, que regula el comercio de animales y plantas protegidas, pasó del Ministerio de Economía al de Transición Ecológica en 2022, y desde entonces, el sistema ha dependido en gran medida del personal externo contratado a través de Tragsa. Sin embargo, solo un funcionario puede realizar inspecciones oficiales, y el personal de Tragsa no tiene la capacidad jurídica para hacerlo. Para sortear esta limitación, el nuevo sistema ha introducido el concepto de 'visitas', que en la práctica cumplen una función similar a la de las inspecciones, pero sin la autoridad necesaria. Los técnicos de Tragsa elaboran informes que se convierten en la base para conceder o denegar certificados Cites, aunque no tienen validez jurídica por sí mismos. Esto ha generado una situación de inseguridad jurídica, ya que los criadores pueden negarse a permitir la entrada de estos técnicos, pero la presencia de la Guardia Civil puede elevar la presión sobre los particulares. El Tribunal Supremo ya había establecido que Tragsatec no puede ejercer funciones de autoridad, lo que implica que no puede realizar inspecciones con efectos jurídicos. El nuevo modelo bordea constantemente este límite, lo que ha generado un nivel de inseguridad jurídica total, según denuncian los expertos. La situación es comparable a una lista de la compra, donde los artículos están incluidos, pero no se puede saber si se pueden comprar o no. O como si se intentara pagar una factura con una tarjeta que no tiene fondos suficientes. La hipocresía del sistema es similar a la de un sablazo en la factura, donde se cobra por algo que no se ha recibido. En este caso, el sistema cobra por inspecciones que no se pueden realizar de forma legal. El gasto público se ha multiplicado por cuatro, y el modelo anterior funcionaba perfectamente. El cambio ha generado un agujero contable y una desaparición de fondos que no se pueden justificar. La ingeniería financiera del sistema es similar a la de un juego de azar, donde se apuesta con dinero público sin saber si se ganará o se perderá. El CEO del sistema, en este caso, el Gobierno, ha fulminado la confianza de los criadores y ha dinamitado la estabilidad del sistema. La cifra de 2 millones de euros, que se ha gastado en el sistema, es similar a la de un sablazo en la factura, donde se cobra por algo que no se ha recibido. La ironía del sistema es que se intenta controlar el comercio de especies protegidas, pero se ha generado un sistema que es más peligroso que el tráfico ilegal que se intenta evitar. La historia es similar a la de un cuento de hadas, donde se intenta encontrar un final feliz, pero se encuentra un final inesperado. En este caso, el final inesperado es la inseguridad jurídica y la hipocresía del sistema.
La noticia de que Consuelo Femenía, esposa del exministro Pedro Duque, ha sido premiada con su tercera embajada consecutiva, esta vez en Brasil, ha generado un gran revuelo en el ámbito político. Femenía, que ya había sido embajadora en Malta y Países Bajos, ha sido objeto de polémica debido a denuncias de acoso laboral y abuso de autoridad en su paso por la legación española en La Haya. A pesar de estas acusaciones, el Ministerio de Asuntos Exteriores, liderado por José Manuel Albares, ha decidido premiarla con un nuevo cargo. Esto ha generado sospechas de intercambio de favores entre Albares y Duque, especialmente después de que la pareja de Albares, Therese Jamaa, fuera nombrada para el consejo de administración de Hispasat, una compañía pública dirigida por Duque. La situación ha sido calificada de 'hipocresía' y 'uso de dinero público' por algunos críticos. La embajada en Países Bajos, bajo el liderazgo de Femenía, ha estado envuelta en conflictos laborales, con varios empleados denunciando acoso y abuso de autoridad. La inspección de servicio que se llevó a cabo en 2023 para investigar estas denuncias fue suspendida y finalmente archivada, lo que ha generado más preguntas sobre la gestión de personal en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Con esta nueva designación, Femenía se convierte en una de las diplomáticas con más experiencia en el servicio exterior, pero también en una de las más polémicas. La pregunta es, ¿qué hay detrás de esta decisión y qué implicaciones tendrá para la política exterior española?
En la oficina del ministro Bolaños, la burocracia se transforma en un juego de cuentas que parece sacado de una novela de suspense financiero: 347.243 euros sin IVA, 375.000 con impuestos, y un contrato que se extiende de 12 a 48 meses. El 67 % de aumento no es un simple ajuste; es la diferencia entre un café de dos euros y el precio de un coche de lujo que se ha escondido en la sala de reuniones. La Secretaría de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes decide que la gestión de residuos de sus 13 sedes —desde la calle San Bernardo hasta la Avenida de Burgos, pasando por el callejón de Marqués de Duero— necesita una mano externa. La cifra anual de 93.000 euros, que sobrepasa los 50‑60.000 de años anteriores, es el billete que pagará la administración en cada retiro quincenal de papeles sensibles. No es un simple servicio de reciclaje; es la custodia de información clasificada, con contenedores sellados, trazabilidad completa y certificados de destrucción. El decreto, redactado en la Subsecretaría y firmado por la Dirección General de Servicios y la Oficialía Mayor, se presenta como un “esencial” para cumplir la normativa de residuos y protección de datos. Pero la cláusula de “falta de personal y recursos propios” sugiere una dependencia estructural de proveedores externos, algo que no se había visto en contratos anteriores que se centraban solo en la destrucción puntual. Mientras la contratación se lleva a cabo bajo un procedimiento abierto, la experiencia en la administración muestra que la competencia se reduce cuando la oferta está limitada a un puñado de operadores con la capacidad de manejar residuos peligrosos y no peligrosos. El resultado es un sobrecoste que, aunque justificado por la complejidad técnica, deja al ciudadano preguntándose si el 67 % de aumento es una inversión o una fuga de fondos. En medio de investigaciones sobre sobrecostes y adjudicaciones dudosas en otros ministerios, la traza de este expediente se vuelve una pieza clave del rompecabezas de la transparencia pública. El ministro se presenta como un gestor que necesita externalizar, pero la narrativa oficial no revela quién paga realmente la factura ni cómo se controla el gasto. El mensaje, si lo hay, es claro: la política de la oficina de Bolaños ha convertido la gestión de documentos confidenciales en un negocio de alta tecnología, con precios que reflejan más la inflación de la burocracia que la verdadera necesidad de seguridad.
Comentarios