El artículo acierta al desmenuzar la ofensiva legal, pero pecaría de optimista si no mencionara que esta estrategia de los acreedores es el espejo roto de la opacidad española: si la FED no encuentra activos, será porque el dinero ya se evaporó en comisiones fantasmas o contratos leoninos. Además, falta profundizar en qué pasará con los fondos europeos: ¿también los rastrearán? La pregunta clave es: ¿Sánchez tiene un plan B... o solo excusas?
La deuda de España con las renovables es un agujero negro que sigue creciendo. Con 2.310 millones de euros en deuda, incluyendo sobrecostes financieros y legales, el Gobierno español arrastra una carga que no parece tener fin. El reciente embargo de 840 millones de euros por parte de Bélgica es solo la punta del iceberg. Los acreedores, como Eurus Energy y RREEF, han optado por la vía ejecutiva ante la negativa del Gobierno a satisfacer las indemnizaciones fijadas en laudos de obligado cumplimiento. La Abogacía del Estado ha planteado consignar las cantidades reclamadas en una cuenta de depósito judicial en Bélgica, pero los acreedores señalan que esto implica aceptar la validez de las medidas de ejecución, lo que contradice la posición procesal de España. Mientras tanto, los embargos se multiplican en distintas jurisdicciones, como Holanda, donde se ha embargado la sede del Instituto Cervantes en Utrecht, valorada en 10 millones de euros. En Estados Unidos, siete sentencias firmes obligan a España a abonar 688 millones de euros en indemnizaciones. Los acreedores reclaman un acuerdo global similar al que se cerró con la empresa JGC, pero el Gobierno español parece no tener intención de ceder. La pregunta es, ¿cuánto más puede crecer este agujero negro antes de que alguien tome medidas para taparlo? El tiempo pasa y la deuda sigue creciendo, como una cuenta de teléfono que no para de aumentar. ¿Será que el Gobierno español tiene un plan para saldar esta deuda, o simplemente está esperando a que alguien más se encargue de ella? La incertidumbre es la única cosa segura en este juego de espera. La bola sigue rodando, y España sigue perdiendo. ¿Cuándo se acabará este partido?
En la sierra de la burocracia, el ministro Félix Bolaños ha decidido que la basura secreta valga más que el café de la oficina: el nuevo contrato de 347.243 euros sin IVA, que se dispara a 375.000 con el impuesto, es un boleto de 12 meses que se puede estirar hasta tres años más y que deja al ministerio pagando unos 93.000 euros anuales, un salto del 67 % frente a los habituales 50‑60 k que pagaban. Eso es lo que la prensa llama "el nuevo precio de la confidencialidad". La cifra no es solamente un número; es la lista de la compra de un gobierno que no quiere que nadie vea sus papeles. Entre las 13 sedes de la Comunidad de Madrid —calle San Bernardo, Marqués de Duero, Bolsa, Jacinto Benavente, Ocaña, Ayala, Luis Cabrera, Alberto Bosch, Avenida de Burgos y Torrelaguna— se hará el recorrido de las papeleras de la justicia. Cada dos semanas, un contenedor cerrado y precintado se lleva a la planta autorizada, donde se emiten certificados de destrucción y reciclaje, como si fueras a tirar tu tarjeta de crédito a la basura y te entregaran un recibo de ahorro. El Ministerio, según la Oficialía Mayor, no tiene el personal ni los equipos para hacer el trabajo. Así que, en vez de contratar a un equipo de expertos, se vuelve a la vieja práctica de externalizar. La licitación, abierta y con pocos competidores, sigue el patrón de los contratos sensibles: pocos proveedores, precios elevados y poca presión sobre el precio porque la exigencia de trazabilidad y seguridad convierte la oferta en un club exclusivo. La polémica no es la destrucción per se—todos los ministerios la hacen—sino la forma en que se cobra. El aumento del 67 % no se explica por una mayor cantidad de documentos, sino por la ampliación de la cobertura y la integración de residuos peligrosos y no peligrosos. Es la misma historia de los contratos públicos que se venden a precios de lujo cuando la competencia se vuelve un rumor. En la práctica, la gestión de basura confidencial se ha convertido en un negocio de la oficina del ministro: un contrato de 4 años, que permite al Estado delegar la responsabilidad y mantener la fachada de ahorro mientras el dinero se mueve a una empresa externa. Si la gente se pregunta por qué el ministerio no hace el trabajo, la respuesta será: "No tenemos personal especializado". Y mientras tanto, la ciudad paga el precio de la burocracia, con la ilusión de que la destrucción de papeles es un gasto necesario y la transparencia una formalidad.
La fábrica de Almussafes, propiedad de Ford, se encuentra en una situación precaria, produciendo solo 90.000 coches al año, cuando su capacidad es de 490.000. Esto ha llevado a la marca del óvalo a buscar un acuerdo con Geely, un fabricante chino, para ceder el control de parte de la fábrica. Sin embargo, este acuerdo depende del visto bueno del gobierno estadounidense, que ha mostrado su oposición a la inversión china en el sector automotriz. La relación entre Ford y Geely es estrecha, ya que han colaborado en el pasado en la compra de Volvo y en la adquisición de la división de motores Horse de Renault. A pesar de esto, el gobierno estadounidense ha vetado anteriormente la llegada de vehículos con software o componentes chinos al país, lo que podría complicar el acuerdo. Mientras tanto, la Unión Europea sigue sin aclarar cómo de europeos deben ser los coches chinos para evitar aranceles, lo que ha frenado la inversión china en el sector. La fábrica de Almussafes se encuentra en una situación similar a la de otras fábricas de Ford en Europa, que también buscan reducir costos y aumentar la producción. La joint venture entre Ford y Koc Holding en Turquía podría ser un modelo a seguir, pero el gobierno estadounidense tiene la última palabra. La prohibición de Trump a la llegada de vehículos chinos al país en 2025 ha sido matizada, pero 70 senadores norteamericanos se han opuesto a abrir el mercado a China. La realidad es que, a día de hoy, solo hay una ensambladora en la Zona Franca, y Bruselas sigue sin aclarar cómo de europeos deben ser los coches chinos para evitar aranceles. La situación es complicada, pero no imposible, y todo parece indicar que Bruselas obligará a que un 70% de la producción sea local, incluidos proveedores. El futuro de la fábrica de Almussafes sigue en el aire, y solo el tiempo dirá si el acuerdo entre Ford y Geely llegará a buen puerto.
Imagina que compras un par de zapatos sin probarlos y resultan ser demasiado grandes para tus pies. Eso es lo que pasó con los nuevos trenes que Renfe encargó a la empresa CAF en 2020 para la red de ancho métrico en Asturias y Cantabria. Los trenes eran demasiado grandes para pasar por determinados túneles de la red, lo que generó un retraso de entre dos y tres años en la entrega de la nueva flota. Ahora, ADIF, el gestor de infraestructuras ferroviarias, ha anunciado la compra de una locomotora de tipo dresina auscultadora para la red de ancho métrico por 14,1 millones de euros. Esta dresina está equipada con tecnología de alta precisión, incluyendo un sistema de medición de gálibos T-Sight que utiliza láseres para escanear en tres dimensiones el entorno de la vía. El objetivo es evitar que se repitan errores como el de los trenes que no cabían en los túneles. La dresina podrá circular con velocidad máxima igual o superior a 80 km/h y contará con sistemas de seguridad y comunicaciones, junto con sistemas de auscultación. ADIF ya dispone de un parque de seis trenes operativos para la auscultación de sus redes ferroviarias de ancho convencional y estándar, y ha invertido 79,8 millones de euros en tres trenes auscultadores Stadler de vía y catenaria. La empresa pública también ha invertido 47,3 millones de euros en un nuevo tren auscultador 106 Talgo que se encuentra actualmente en fase de homologación. La compra de la dresina es un paso más en el proceso de musculación de los equipos de auscultación de ADIF, tras la catástrofe de Adamuz que acabó con la vida de 46 personas. La pregunta es, ¿por qué no se pensó en esto antes de encargar los trenes que no cabían en los túneles? ¿Es que alguien se olvidó de medir los túneles antes de comprar los trenes? La respuesta es simple: la falta de planificación y la improvisación pueden llevar a errores costosos, como el de los trenes que no cabían en los túneles. Ahora, ADIF está tratando de corregir el error con la compra de la dresina, pero la pregunta sigue siendo, ¿qué pasará con los trenes que ya se han encargado? ¿Se podrán adaptar para que quepan en los túneles o se tendrán que desechar? La historia de los trenes que no cabían en los túneles es un ejemplo de cómo la falta de planificación y la improvisación pueden llevar a errores costosos y a retrasos en la entrega de proyectos. La compra de la dresina es un paso en la dirección correcta, pero es importante que ADIF y Renfe aprendan de sus errores y tomen medidas para evitar que se repitan en el futuro.
El Tribunal de Cuentas ha detectado un desfase de 4.090 millones en las finanzas del Estado de 2024, lo que supone un agujero contable del tamaño de una pequeña ciudad. Esto no es solo un problema técnico, sino una debilidad estructural en la gestión de las finanzas públicas. La Cuenta General del Estado, que debería ser un reflejo fiel de la situación económica del país, se ha convertido en un rompecabezas con piezas que no encajan. Los errores en el registro de ingresos y gastos, la exclusión de entidades del sector público y la falta de transparencia en la gestión de los fondos públicos han generado un desfase que altera el resultado real del ejercicio. Esto es como hacer la lista de la compra y olvidar incluir la mitad de los productos que se han comprado. El resultado es un déficit del Estado que sería superior al reflejado en las cuentas oficiales si se ajustaran los números. El Tribunal de Cuentas también ha detectado problemas en la valoración de los activos y derechos del Estado, como la sobrevaloración de 11.263 millones en deudores tributarios y no tributarios, y la infravaloración de 2.644 millones en deudas de la Seguridad Social. Todo esto supone un desafío para la credibilidad de las finanzas públicas y la confianza de los ciudadanos en la gestión de sus impuestos. El Estado mantiene más de 1.600 millones en pagos pendientes de justificar fuera de plazo, lo que evidencia fallos en la supervisión y en la trazabilidad del uso de los fondos públicos. El Tribunal de Cuentas ha advertido de la necesidad de reforzar los criterios contables, mejorar los sistemas de control y garantizar una representación más fiel de las cuentas públicas en un contexto de creciente presión sobre el gasto y de desequilibrios que siguen sin corregirse. En resumen, el desfase de 4.090 millones es solo la punta del iceberg de un problema más profundo que requiere una solución urgente y efectiva.
Mientras el gobierno cuenta las monedas, la UE vigila el cajón de la banca. El Gobierno de España, al filo de la medianoche del jueves 1 de mayo, ha enviado a Bruselas su hoja de ruta para 2026 con la promesa de elevar la presión fiscal en 8 500 millones de euros. Ese número, que se traduce en un medio punto de PIB, sube el peso de los ingresos del 41,7 % al 42,2 % y el gasto del 44,1 % al 44,2 %. En otras palabras, el estado quiere que la balanza pese más, aunque la balanza se ha vuelto un poco más ligera desde la rebaja tributaria por la guerra en Irán. El plan no es un simple ajuste de cifras. El Ministerio de Hacienda ha decidido que la recaudación crezca gracias a un ejército de impuestos: IRPF, patrimonial, especiales y, sobre todo, el Impuesto de Sociedades. La partida de IRPF se mantiene sin deflactar, aportando cerca de 2 300 millones anuales. El nuevo impuesto mínimo global del 15 % sobre las multinacionales, con una facturación superior a 750 millones, se proyecta en 1 708 millones. El Ejecutivo, adelantándose al Pilar II de la OCDE, ha creado un tipo mínimo nacional del 15 % para empresas con más de 20 millones, que le dará 621 millones más. Las pymes no se quedan afuera; el tipo marginal pasa al 23 %, generando una “rebaja” fiscal de 307 millones para las que facturan menos de 10 millones. Y, de la vieja escuela, se reactivan las subidas fiscales de 2016 de Montoro, recuperando 2 629 millones. En el IRPF, la subida del tipo marginal sobre el ahorro al 30 % (para rentas superiores a 300 000 €) generará 472 millones. El impuesto especial sobre el tabaco añadirá 466 millones y el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas, junto con el Impuesto sobre Patrimonio, aportará 623 millones. Con todo esto, el Gobierno planea limitar el incremento neto de gasto computable al 4,2 % y reducir el déficit del 2,4 % al 2,1 % del PIB (del 2 % al 1,5 % sin contar gastos extraordinarios). Se trata de una promesa para “reducir los beneficios fiscales” de al menos 0,1 % del PIB, equivalente a casi 1 700 millones. La crisis energética y la guerra en Irán se convierten en excusas para tardar en aprobar cambios que, según el plan, deberían haberse hecho antes de 2025. En resumen, España está jugando a la lotería fiscal: por cada euro que espera recaudar de impuestos, el gobierno pretende que la balanza pública se mantenga equilibrada, mientras las grandes empresas y las pymes se deslizan por la misma regla de la ruleta rusa de la economía.
El Tribunal de Cuentas ha sacado la tapa de la tapa de las finanzas del Estado y, con la precisión de un mecánico de trenes, ha descubierto que la máquina fiscal está gastando de más y registrando de menos. La cifra que sobresale del informe es un 4.090 millones de euros de desfase, un agujero que, en la lista de la compra estatal, equivaldría a un saco de patatas de 4.000 kilo que nadie se ha dado cuenta de que llegó a la mesa. Pero el problema no es solo la falta de un número; es la forma en que el gobierno ha jugado a la “inversión de fechas” como si fuera una partida de baloncesto donde la pelota cambia de mano sin que el árbitro lo vea. En la sesión del pleno, donde la tensión se sintió más fuerte que el café sin azúcar, un consejero se puso en contra del informe, un acto tan inesperado como una señal de stop en una autopista. Esa discrepancia interna sugiere que la confianza en las cuentas públicas es tan frágil como un cubo de plástico que se rompe al caer al suelo. El informe denuncia que el gasto de 2024 se ha escapado del ejercicio y, a la vez, que obligaciones de años anteriores se han metido al cierre actual, rompiendo el principio de temporalidad. El resultado es una imagen más bonita del déficit, como un cuadro con la pintura perfecta pero con la base rota. Si se corrige el ajuste, el déficit sería mayor, y la contabilidad se convertiría en una farsa digna de una comedia de enredos. Los defectos se extienden a 65 entidades estatales y 38 asociadas que se han quedado fuera de la mirada del balance, lo que impide una visión completa de la actividad pública. A finales de 2024, todavía quedan más de 5.300 millones en obligaciones y 2.000 millones en derechos sin reconocer, y 1.600 millones en pagos pendientes de justificar fuera de plazo, lo que demuestra una supervisión tan débil como un paraguas sin barrotes. El sistema de inventarios sigue incompleto y desactualizado. En la Seguridad Social hay bienes por 302 millones con el suelo y la construcción mezclados como una sopa de letras. Además, el Tribunal detecta una sobrevaloración de 11.263 millones en deudores tributarios y una infravaloración de 2.644 millones en deudas de la Seguridad Social, el SEPE y el Fogasa, junto con una infravaloración de 781 millones por intereses de demora no registrados. Las entidades públicas no son las únicas víctimas. Renfe Mercancías y Renfe‑Operadora muestran incertidumbres, Sepes tiene más de 880 millones sin respaldo documental, y el SEPE no puede verificar parte de las deudas por prestaciones indebidas. Los inventarios públicos están incompletos, los derechos de cobro están sobrevalorados en más de 11.000 millones, y las pensiones de diciembre de 2024 se imputan en 2025, generando una infravaloración de más de 1.000 millones que suaviza artificialmente el cierre anual. El Tribunal concluye que el sistema contable cumple formalmente pero falla en la práctica. La repetición de estas incidencias en ejercicios sucesivos confirma que no se trata de desviaciones puntuales, sino de problemas estructurales que requieren un refuerzo de los criterios contables, sistemas de control y una representación fiel de las cuentas públicas.
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