Mientras el gobierno cuenta las monedas, la UE vigila el cajón de la banca. El Gobierno de España, al filo de la medianoche del jueves 1 de mayo, ha enviado a Bruselas su hoja de ruta para 2026 con la promesa de elevar la presión fiscal en 8 500 millones de euros. Ese número, que se traduce en un medio punto de PIB, sube el peso de los ingresos del 41,7 % al 42,2 % y el gasto del 44,1 % al 44,2 %.
En otras palabras, el estado quiere que la balanza pese más, aunque la balanza se ha vuelto un poco más ligera desde la rebaja tributaria por la guerra en Irán. El plan no es un simple ajuste de cifras. El Ministerio de Hacienda ha decidido que la recaudación crezca gracias a un ejército de impuestos: IRPF, patrimonial, especiales y, sobre todo, el Impuesto de Sociedades.
La partida de IRPF se mantiene sin deflactar, aportando cerca de 2 300 millones anuales. El nuevo impuesto mínimo global del 15 % sobre las multinacionales, con una facturación superior a 750 millones, se proyecta en 1 708 millones. El Ejecutivo, adelantándose al Pilar II de la OCDE, ha creado un tipo mínimo nacional del 15 % para empresas con más de 20 millones, que le dará 621 millones más. Las pymes no se quedan afuera; el tipo marginal pasa al 23 %, generando una “rebaja” fiscal de 307 millones para las que facturan menos de 10 millones.
Y, de la vieja escuela, se reactivan las subidas fiscales de 2016 de Montoro, recuperando 2 629 millones. En el IRPF, la subida del tipo marginal sobre el ahorro al 30 % (para rentas superiores a 300 000 €) generará 472 millones. El impuesto especial sobre el tabaco añadirá 466 millones y el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas, junto con el Impuesto sobre Patrimonio, aportará 623 millones. Con todo esto, el Gobierno planea limitar el incremento neto de gasto computable al 4,2 % y reducir el déficit del 2,4 % al 2,1 % del PIB (del 2 % al 1,5 % sin contar gastos extraordinarios).
Se trata de una promesa para “reducir los beneficios fiscales” de al menos 0,1 % del PIB, equivalente a casi 1 700 millones. La crisis energética y la guerra en Irán se convierten en excusas para tardar en aprobar cambios que, según el plan, deberían haberse hecho antes de 2025. En resumen, España está jugando a la lotería fiscal: por cada euro que espera recaudar de impuestos, el gobierno pretende que la balanza pública se mantenga equilibrada, mientras las grandes empresas y las pymes se deslizan por la misma regla de la ruleta rusa de la economía.
Crítica:
El titular promete cifras, pero el cuerpo se pierde en un laberinto de números sin aclarar cómo se aplicarán. Falta transparencia sobre la relación entre la subida de impuestos y la reducción del déficit.
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