El Tribunal de Cuentas ha sacado la tapa de la tapa de las finanzas del Estado y, con la precisión de un mecánico de trenes, ha descubierto que la máquina fiscal está gastando de más y registrando de menos. La cifra que sobresale del informe es un 4.090 millones de euros de desfase, un agujero que, en la lista de la compra estatal, equivaldría a un saco de patatas de 4.000 kilo que nadie se ha dado cuenta de que llegó a la mesa.
Pero el problema no es solo la falta de un número; es la forma en que el gobierno ha jugado a la “inversión de fechas” como si fuera una partida de baloncesto donde la pelota cambia de mano sin que el árbitro lo vea. En la sesión del pleno, donde la tensión se sintió más fuerte que el café sin azúcar, un consejero se puso en contra del informe, un acto tan inesperado como una señal de stop en una autopista.
Esa discrepancia interna sugiere que la confianza en las cuentas públicas es tan frágil como un cubo de plástico que se rompe al caer al suelo. El informe denuncia que el gasto de 2024 se ha escapado del ejercicio y, a la vez, que obligaciones de años anteriores se han metido al cierre actual, rompiendo el principio de temporalidad.
El resultado es una imagen más bonita del déficit, como un cuadro con la pintura perfecta pero con la base rota. Si se corrige el ajuste, el déficit sería mayor, y la contabilidad se convertiría en una farsa digna de una comedia de enredos. Los defectos se extienden a 65 entidades estatales y 38 asociadas que se han quedado fuera de la mirada del balance, lo que impide una visión completa de la actividad pública.
A finales de 2024, todavía quedan más de 5.300 millones en obligaciones y 2.000 millones en derechos sin reconocer, y 1.600 millones en pagos pendientes de justificar fuera de plazo, lo que demuestra una supervisión tan débil como un paraguas sin barrotes. El sistema de inventarios sigue incompleto y desactualizado.
En la Seguridad Social hay bienes por 302 millones con el suelo y la construcción mezclados como una sopa de letras. Además, el Tribunal detecta una sobrevaloración de 11.263 millones en deudores tributarios y una infravaloración de 2.644 millones en deudas de la Seguridad Social, el SEPE y el Fogasa, junto con una infravaloración de 781 millones por intereses de demora no registrados. Las entidades públicas no son las únicas víctimas.
Renfe Mercancías y Renfe‑Operadora muestran incertidumbres, Sepes tiene más de 880 millones sin respaldo documental, y el SEPE no puede verificar parte de las deudas por prestaciones indebidas. Los inventarios públicos están incompletos, los derechos de cobro están sobrevalorados en más de 11.000 millones, y las pensiones de diciembre de 2024 se imputan en 2025, generando una infravaloración de más de 1.000 millones que suaviza artificialmente el cierre anual. El Tribunal concluye que el sistema contable cumple formalmente pero falla en la práctica.
La repetición de estas incidencias en ejercicios sucesivos confirma que no se trata de desviaciones puntuales, sino de problemas estructurales que requieren un refuerzo de los criterios contables, sistemas de control y una representación fiel de las cuentas públicas.
Crítica:
El informe se siente como un espejo empañado: revela problemas, pero no muestra la claridad necesaria para actuar. La falta de propuestas concretas y la repetición de errores estructurales sugieren que la narrativa es más un diagnóstico que una solución.
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