Crítica:
La noticia es alarmante, pero no sorprende. La falta de transparencia y control en la gestión de las finanzas públicas es un problema crónico que requiere una solución urgente.
El Tribunal de Cuentas detecta un desfase de 4.000 millones en las finanzas del Estado
Desfalco del Estado
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Presión Fiscal: 8.500 millones y nada
Mientras el gobierno cuenta las monedas, la UE vigila el cajón de la banca. El Gobierno de España, al filo de la medianoche del jueves 1 de mayo, ha enviado a Bruselas su hoja de ruta para 2026 con la promesa de elevar la presión fiscal en 8 500 millones de euros. Ese número, que se traduce en un medio punto de PIB, sube el peso de los ingresos del 41,7 % al 42,2 % y el gasto del 44,1 % al 44,2 %. En otras palabras, el estado quiere que la balanza pese más, aunque la balanza se ha vuelto un poco más ligera desde la rebaja tributaria por la guerra en Irán. El plan no es un simple ajuste de cifras. El Ministerio de Hacienda ha decidido que la recaudación crezca gracias a un ejército de impuestos: IRPF, patrimonial, especiales y, sobre todo, el Impuesto de Sociedades. La partida de IRPF se mantiene sin deflactar, aportando cerca de 2 300 millones anuales. El nuevo impuesto mínimo global del 15 % sobre las multinacionales, con una facturación superior a 750 millones, se proyecta en 1 708 millones. El Ejecutivo, adelantándose al Pilar II de la OCDE, ha creado un tipo mínimo nacional del 15 % para empresas con más de 20 millones, que le dará 621 millones más. Las pymes no se quedan afuera; el tipo marginal pasa al 23 %, generando una “rebaja” fiscal de 307 millones para las que facturan menos de 10 millones. Y, de la vieja escuela, se reactivan las subidas fiscales de 2016 de Montoro, recuperando 2 629 millones. En el IRPF, la subida del tipo marginal sobre el ahorro al 30 % (para rentas superiores a 300 000 €) generará 472 millones. El impuesto especial sobre el tabaco añadirá 466 millones y el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas, junto con el Impuesto sobre Patrimonio, aportará 623 millones. Con todo esto, el Gobierno planea limitar el incremento neto de gasto computable al 4,2 % y reducir el déficit del 2,4 % al 2,1 % del PIB (del 2 % al 1,5 % sin contar gastos extraordinarios). Se trata de una promesa para “reducir los beneficios fiscales” de al menos 0,1 % del PIB, equivalente a casi 1 700 millones. La crisis energética y la guerra en Irán se convierten en excusas para tardar en aprobar cambios que, según el plan, deberían haberse hecho antes de 2025. En resumen, España está jugando a la lotería fiscal: por cada euro que espera recaudar de impuestos, el gobierno pretende que la balanza pública se mantenga equilibrada, mientras las grandes empresas y las pymes se deslizan por la misma regla de la ruleta rusa de la economía.
Cuentas que se deslizan 4k millones
El Tribunal de Cuentas ha sacado la tapa de la tapa de las finanzas del Estado y, con la precisión de un mecánico de trenes, ha descubierto que la máquina fiscal está gastando de más y registrando de menos. La cifra que sobresale del informe es un 4.090 millones de euros de desfase, un agujero que, en la lista de la compra estatal, equivaldría a un saco de patatas de 4.000 kilo que nadie se ha dado cuenta de que llegó a la mesa. Pero el problema no es solo la falta de un número; es la forma en que el gobierno ha jugado a la “inversión de fechas” como si fuera una partida de baloncesto donde la pelota cambia de mano sin que el árbitro lo vea. En la sesión del pleno, donde la tensión se sintió más fuerte que el café sin azúcar, un consejero se puso en contra del informe, un acto tan inesperado como una señal de stop en una autopista. Esa discrepancia interna sugiere que la confianza en las cuentas públicas es tan frágil como un cubo de plástico que se rompe al caer al suelo. El informe denuncia que el gasto de 2024 se ha escapado del ejercicio y, a la vez, que obligaciones de años anteriores se han metido al cierre actual, rompiendo el principio de temporalidad. El resultado es una imagen más bonita del déficit, como un cuadro con la pintura perfecta pero con la base rota. Si se corrige el ajuste, el déficit sería mayor, y la contabilidad se convertiría en una farsa digna de una comedia de enredos. Los defectos se extienden a 65 entidades estatales y 38 asociadas que se han quedado fuera de la mirada del balance, lo que impide una visión completa de la actividad pública. A finales de 2024, todavía quedan más de 5.300 millones en obligaciones y 2.000 millones en derechos sin reconocer, y 1.600 millones en pagos pendientes de justificar fuera de plazo, lo que demuestra una supervisión tan débil como un paraguas sin barrotes. El sistema de inventarios sigue incompleto y desactualizado. En la Seguridad Social hay bienes por 302 millones con el suelo y la construcción mezclados como una sopa de letras. Además, el Tribunal detecta una sobrevaloración de 11.263 millones en deudores tributarios y una infravaloración de 2.644 millones en deudas de la Seguridad Social, el SEPE y el Fogasa, junto con una infravaloración de 781 millones por intereses de demora no registrados. Las entidades públicas no son las únicas víctimas. Renfe Mercancías y Renfe‑Operadora muestran incertidumbres, Sepes tiene más de 880 millones sin respaldo documental, y el SEPE no puede verificar parte de las deudas por prestaciones indebidas. Los inventarios públicos están incompletos, los derechos de cobro están sobrevalorados en más de 11.000 millones, y las pensiones de diciembre de 2024 se imputan en 2025, generando una infravaloración de más de 1.000 millones que suaviza artificialmente el cierre anual. El Tribunal concluye que el sistema contable cumple formalmente pero falla en la práctica. La repetición de estas incidencias en ejercicios sucesivos confirma que no se trata de desviaciones puntuales, sino de problemas estructurales que requieren un refuerzo de los criterios contables, sistemas de control y una representación fiel de las cuentas públicas.
Adif ahorra y ahorra: mantenimiento se esconde
El tren que arrasa con la red de ferrocarriles no es el de la locomotora, sino el de los billetes que se derrumban en las oficinas de Adif. En enero‑marzo de 2025, mientras la compañía oficializó 719 millones de euros en licitaciones de mantenimiento, el saldo de los tres primeros meses del año anterior sumó apenas 184,1 millones. Esa cifra, un disparo de 74,5 % que se parece a un golpe de balón en la retaguardia del sistema, se alinea con el hecho de que el 18 de enero, un tren de alta velocidad se estrelló frente a Adamuz, Córdoba, y dejó 48 muertos. El accidente, que se convirtió en un punto de inflexión, obligó al ministro de Transportes, Óscar Puente, a declarar que “la línea Madrid‑Andalucía ya se ha rehabilitado con más de 700 millones de euros”. Sin embargo, la misma oficina ha estado priorizando la obra nueva, con 934,4 millones de euros en contratos de construcción frente a 634,8 millones el año pasado, mientras que la inversión en mantenimiento se ha recortado 17,4 % en el primer trimestre, con 1 118 millones de euros frente a 1 354 millones. A nivel estatal, la licitación general subió 7,3 % a 8 343 millones, gracias a un 16 % de aumento en municipios y un 15,5 % en la Administración General, aunque el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que supervisa a Adif, bajó 0,6 %. El Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico también redujo 11,7 %. Entre los sectores, Aena disparó sus contratos en un 89 % a 149 millones, y el sector portuario subió 38 % a 179 millones. Seitt, la empresa de autopistas, duplicó su gasto a 44 millones. El plan de choque 2026‑2030 promete un refuerzo de 1 000 millones adicionales, con 846 millones extra para la red convencional y 238 millones para la alta velocidad, pero todo esto se queda en la línea de cálculo mientras la red se hunde como un barco sin casco. La ironía de la situación es que la contabilidad de Adif, con sus 934 millones de obra nueva, sigue siendo la misma que la que deja la pista en el suelo y los muertos en la estación. La frase que más se repite en los informes es: “no se debió a falta de inversión”. Y la respuesta de la población es que la falta de inversión se ve en los trenes que se caen, no en los billetes que se venden.
Inflación: el mejor aliado
La inflación, ese fantasma que acecha en cada esquina, se ha convertido en el mejor aliado del Gobierno para cuadrar el déficit. Mientras los precios suben como la espuma, los ingresos del Estado por impuestos también van en aumento, permitiendo al ejecutivo cumplir con los compromisos adquiridos con Bruselas sin necesidad de adoptar medidas adicionales. Los últimos datos de la Contabilidad Nacional revelan que los recursos no financieros del Estado se situaron en 72.157 millones, un crecimiento del 4,4% respecto a finales de marzo de 2025, y un nuevo récord histórico tras el estallido del conflicto en Irán. De este importe, los ingresos del Estado por impuestos alcanzaron los 62.474 millones, el 86,6% del total de los recursos, tras crecer un 5,4%, es decir, 3.216 millones más que en el mismo período del año anterior. Esto es como si, en lugar de ahorrar para la crisis, decidieras tirar de tarjeta y dejar que la inflación se coma tus ahorros. La factura es salada: 2.294 millones de euros en 2025, solo por no deflactar la tarifa del IRPF. Ese dinero es como el sablazo en la factura de la luz, pero en lugar de ser una sorpresa desagradable, es un ingreso adicional para el Estado. Los ingresos por IVA también han aumentado un 4,9%, hasta los 31.855 millones, y los ingresos por IRPF han subido un 4,3%, hasta los 19.443 millones. Todo esto mientras el déficit del Estado cierra el primer trimestre de 2026 con 3.944 millones, un 32,1% más respecto al mismo período de 2025. Es como si el Gobierno hubiera encontrado la fórmula para hacer que la inflación sea su mejor amiga, pero a costa de nuestros bolsillos. La pregunta es, ¿quién paga la cuenta? La respuesta es simple: todos nosotros, con cada compra, con cada factura, con cada impuesto. La inflación es como un juego de suma cero, donde el Estado gana y nosotros perdemos. Pero, al menos, el Gobierno puede decir que ha cumplido con sus compromisos, aunque sea a costa de nuestra economía. El informe presentado a Bruselas detalla el plan fiscal estructural 2025-2028 y cuenta ya en sus previsiones con incrementar la recaudación de forma permanente en un 0,3% del PIB, al que espera sumar un 0,1% del PIB adicional. Esa décima extra se lograría «a través de la no deflactación de las bases tributarias» del IRPF, que reportó los citados 2.294 millones (0,14% del PIB). El Gobierno se comprometió a mantener ese incremento adicional de recaudación hasta el cuarto trimestre de 2028, pero no detalla cuántos ingresos reportará la no deflactación de la tarifa hasta entonces. Es como si el Gobierno estuviera jugando con fuego, utilizando la inflación como un arma para cumplir con sus objetivos, pero sin pensar en las consecuencias a largo plazo. La pregunta es, ¿qué pasará cuando la inflación se descontrole? ¿Quién pagará la cuenta entonces? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura: la inflación es un juego peligroso, y el Gobierno está jugando con fuego.
China, dueña del futuro
El estrecho de Ormuz es el cuello de botella energético de hoy, pero China lo será mañana. En 20 años, la economía global ya no dependerá tanto del petróleo, gracias a la electrificación. Sin embargo, la transición energética también crea nuevas dependencias, como la de los minerales críticos y los elementos de tierras raras (REE). China ya controla casi el 60% de la producción global de REE y tiene el 90% de la capacidad de procesamiento de estos minerales. Esto le da a China un poder significativo en la economía global, similar al que tenía el petróleo en el pasado. La pregunta es, ¿podrán otros países como EE. UU. cerrar la brecha y reducir su dependencia de China en este sentido? La respuesta es complicada, ya que la infraestructura para procesar estos minerales es compleja y costosa de desarrollar. Mientras tanto, China sigue adelante con su estrategia a largo plazo, adquiriendo proyectos de minerales críticos en todo el mundo y consolidando su posición como líder en la transición energética. El futuro de la energía está lleno de incertidumbres, pero una cosa es segura: el mundo está cambiando y los países deben adaptarse para no quedar atrás. La carrera por los minerales críticos y los REE ya ha comenzado, y solo el tiempo dirá quién saldrá victorioso. La economía global se está transformando, y los que no se adapten podrían quedar atrapados en un cuello de botella energético del que no podrán escapar.
Campamento sin calendario
La Operación Campamento, un proyecto que lleva casi 40 años en desarrollo, no cuenta con un calendario oficial. El Gobierno de Pedro Sánchez ha reconocido que no existe un documento que establezca los pasos a seguir para la ejecución del proyecto. Esto resulta llamativo, especialmente si se considera que el proyecto ha recibido más de 662,54 millones de euros en financiación y que se espera que la inversión total alcance los 883,39 millones de euros. La falta de planificación es aún más sorprendente si se compara con otros proyectos de vivienda, como la Operación Chamartín, que cuenta con un cronograma detallado. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, había asegurado que no podía iniciar la construcción de los bloques de casas debido a la falta de documentación por parte del Ejecutivo. Sin embargo, el Gobierno asegura que ha dado todos los pasos necesarios y culpa al Ayuntamiento de la tardanza. La verdad es que, después de 36 años, el proyecto sigue sin tener un calendario oficial y no se ha construido ni una sola vivienda. Esto plantea serias preguntas sobre la gestión del proyecto y la utilización de los fondos públicos. La Operación Campamento se ha convertido en un ejemplo de cómo la falta de planificación y la burocracia pueden retrasar y obstaculizar proyectos importantes. La situación es aún más preocupante si se considera que el proyecto se ha degradado de una 'nueva ciudad' a un simple 'barrio', lo que refleja la crisis de acceso a la vivienda y el empobrecimiento social que afecta al país.
Derramas millonarias
La nueva ley de ascensores es como una factura sorpresa en la lista de la compra. Miles de edificios en España tendrán que realizar derramas para actualizar sus ascensores, con un coste que puede variar desde 1.000 euros hasta 40.000 euros. La entrada en vigor del Real Decreto 355/2024 ha generado preocupación entre los propietarios, ya que la normativa técnica de seguridad es más estricta y obliga a actualizar los ascensores con más de 20 años de antigüedad. La nivelación de la cabina, la instalación de barreras fotoeléctricas y el sistema de comunicación bidireccional en la cabina son solo algunas de las reformas que se deben realizar. El impacto económico será variable, dependiendo del estado previo del ascensor. Mientras que algunos ajustes menores pueden costar alrededor de 1.000 euros, las intervenciones profundas pueden disparar la factura hasta 40.000 euros. Esto reabre el debate sobre el reparto de gastos en las juntas de propietarios, especialmente después de los cambios legales que facilitan que un solo vecino pueda forzar la instalación o reforma de un ascensor por motivos de accesibilidad. La pregunta es, ¿quién pagará la cuenta? Los propietarios de los bajos también pueden verse afectados, dependiendo de la cuota de participación o la ausencia de exención en los estatutos. La situación es como un sablazo en la factura, pero esta vez es la ley la que lo impone. La adaptación técnica obligatoria es como un juego de ruleta, donde algunos edificios pueden salir bien parados, mientras que otros pueden tener que pagar una gran cantidad de dinero. La seguridad es importante, pero el coste no es nada despreciable. La ley busca unificar los estándares de seguridad y reducir los riesgos de accidentes, pero el precio es alto. Los propietarios tendrán que decidir si vale la pena pagar la derrama para asegurarse de que sus ascensores sean seguros. La respuesta no es fácil, pero una cosa es segura: la nueva ley de ascensores es un tema que generará mucha discusión en las juntas de propietarios.
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