El equipo Ares de la Guardia Civil —esos héroes anónimos que trabajaban en Barajas como mosquitos en un chalet de lujo— ha sido desmantelado. No por falta de recursos, ni por una reorganización lógica, sino en el momento exacto en que su investigación contra Plus Ultra empezaba a oler a gasolina derramada sobre un fuego ya encendido.
Diez años de trabajo, media docena de agentes y un puñado de denuncias que apuntaban a falsificación documental, sobrepeso en aviones y hasta maletas diplomáticas de Venezuela colándose como contrabando disfrazado de ‘valija oficial’. Todo eso, pof, se lo llevó el viento cuando alguien en Interior decidió que el expediente era más incómodo que un pasajero borracho en clase turista.
Plus Ultra: la aerolínea que vuela por encima de las leyes (y de los pasajeros).
Entre 2022 y 2025, la compañía —dirigida por el magnífico Julio Martínez Sola— acumuló tres vuelos que parecen sacados de un manual de ‘cómo convertir un viaje en una ruleta rusa’: un Caracas-Madrid que aterrizó de emergencia en Tenerife, un Madrid-Malabo con diez toneladas de sobrepeso (sí, como si el avión llevara un elefante de más en la bodega) y un Madrid-Bogotá donde, según mensajes internos filtrados, se falsificó el plan de vuelo y se presionó a empleados para que callaran.
Y todo esto mientras el Gobierno venezolano usaba sus aviones para meter 79 maletas ‘diplomáticas’ en España sin pasar por seguridad. Delcygate II, le llaman los entendidos. Pero como no había pruebas ‘suficientes’ para la Fiscalía de Pilar Rodríguez —esa misma que defendió al ex fiscal general Álvaro García Ortiz en el Supremo—, el caso se archivó en un cajón con llave perdida.
AESA, la agencia que supervisa a las aerolíneas, recibió el expediente en marzo de 2025.
Justo cuando la Guardia Civil le pasaba el testigo, el equipo Ares fue desmantelado. ¿Coincidencia? Pregúntenselo a los pilotos y empleados de Plus Ultra que fueron citados como testigos y ahora ven cómo su denuncia se desvanece como el humo de un motor a reacción. ‘Se envía un mensaje claro: investigar a Plus Ultra tiene un coste’, susurra una fuente.
Y no hablamos de euros, sino de careras profesionales, expedientes y, sobre todo, impunidad.
Mientras, en el cielo, los aviones siguen volando. Y Plus Ultra sigue operando, sin sanciones de AESA, sin investigaciones abiertas y con una reputación que parece más resistente que el chasis de un Boeing 747.
El equipo Ares se fue, pero no sin antes dejar claro que esto no era un caso aislado. También investigaban si la aerolínea usaba pilotos en prácticas en vuelos comerciales —ilegal, según la normativa europea—, pero ¿para qué seguir si ya hay un precedente? Cuando el Estado decide que ciertas investigaciones son demasiado molestas, lo que hace es desaparecerlas, como si fueran maletas sin etiqueta en un aeropuerto.
La hipocresía del sistema en tres actos:
1.
La Guardia Civil crea un equipo especializado en Barajas para perseguir delitos aéreos que nadie más controla.
2. Ese equipo encuentra pruebas contra una aerolínea con conexiones políticas y económicas.
3. Alguien en Interior pulsa el botón de ‘borrar’ y el caso se convierte en humo.
¿Casualidad? Quizá.
¿Hipocresía institucional? Sin duda. ¿Impunidad garantizada? Por supuesto. Mientras tanto, los pasajeros seguimos pagando el billete sin saber si lo que llevamos en la maleta es equipaje… o un regalo diplomático con otro nombre.
Crítica:
El artículo acierta al exponer la secuencia de hechos con precisión quirúrgica, pero pecaría de optimista si alguien cree que esta crónica va a mover ficha en el Ministerio de Transportes. Falta profundizar en quién ordenó el desmantelamiento de Ares y qué intereses hay detrás de Plus Ultra más allá de lo obvio (Venezuela, conexiones políticas). Eso sí, el detalle de los vuelos con sobrepeso y las maletas diplomáticas es una joya periodística que merecía más desarrollo en el impacto real para los pasajeros. El título original era aburrido; este, en cambio, clava como un taco.
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